Acudir a la llamada de las selecciones nacionales puede dejar de ser en el futuro una obligación que lleve aparejada duras sanciones en caso de negativa, para convertirse en una libre elección de los deportistas españoles. El Congreso dio el primer paso para que ese escenario se haga realidad al aprobar la proposición de ley del Grupo Republicano con 177 votos favorables y 169 en contra, los de PP y Vox. El cambio de postura del grupo parlamentario socialista, que parecía estar en contra de la iniciativa presentada, como manifestó hace unos días la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha abierto un camino al que aún le quedan varios trámites para su aprobación definitiva.

La propuesta es una antigua reivindicación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que retomó el pasado mes de septiembre cuando 20 jugadoras se vieron obligadas a acudir a la convocatoria de la selección femenina de fútbol, a pesar de manifestar públicamente su deseo de no ser convocadas si no se producían cambios en la estructura de la Federación Española, tras el caso del beso del expresidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Pocos días después, Aitana Bonmatí, ganadora del último Balón de Oro, manifestaba en el programa Salvados: “No entiendo que haya una ley que te obligue a ir con la selección si una o uno en un momento determinado no se siente bien para ir”. Cuando la tensión entre las jugadoras y la Federación subió al máximo, el expresidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, afirmó en la SER que no cerraba la puerta totalmente a una posible sanción a las futbolistas: “Desde luego, no nos gustaría tener que sancionar a las jugadoras. Para nosotros sería el peor escenario. Pero si no se presentan, el Gobierno tendrá que aplicar la ley”.

Las sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones son considerables

La actual Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, recoge en su artículo 23.2c que “es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente”. Y en el artículo 104.1c define como una infracción muy grave “la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas”. Las sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones son considerables. Están recogidas en el artículo 108, que estipula multas económicas que van desde los 3.000 a los 30.000 euros y la suspensión de la licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por un periodo comprendido entre los dos y los quince años.

ERC considera esta ley “un mecanismo de coerción contra las y los deportistas, que, al decidir practicar un deporte, pierden cualquier capacidad de elección respecto a su participación en los equipos de las federaciones, con las implicaciones simbólicas y políticas que esto conlleva”. También afirma en el redactado de su proposición que “la convocatoria en las respectivas selecciones debe ser considerada por las y los profesionales como un premio a su trayectoria, y por tanto su participación en las respectivas federaciones debería motivarle suficientemente para que la ley no le impusiera la obligación de su asistencia”. Asimismo señala en el texto que “la responsabilidad del poder legislativo de cualquier Estado es conquistar y blindar los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía, esto incluye el absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de las y los deportistas”.

Por eso propone modificar el apartado 2 del artículo 22 para que quede de la siguiente manera: “Es un derecho de las personas deportistas acudir o renunciar a las convocatorias de las selecciones a su libre elección, en los términos que se establezcan reglamentariamente”, solicitando que se suprima el artículo 23.2c, citado anteriormente. También reclama cambiar el artículo 51i, dentro del apartado de funciones propias de las federaciones, para que en lugar de poner “elegir las personas deportistas que han de integrar las selecciones españolas”, como ocurre actualmente, diga lo siguiente: “Elegir las personas deportistas que podrán integrar las selecciones españolas”. Y requiere adecuar el reglamento sancionador en relación al artículo 104, para que solo se considere falta muy grave la no asistencia final a una convocatoria cuando la persona deportista sí hubiera optado por acudir a la misma.

España es uno de los dos países europeos, junto a Chipre, que obliga por ley a los deportistas a acudir a las convocatorias de las selecciones con amenaza de castigo en caso de no asistencia. Esta imposición se estableció originalmente en la antigua Ley del Deporte, la de 1990, y su motivación tenía más relación con temas económicos que políticos, aunque muchos consideren lo contrario. Se eliminaba así la posibilidad de que hubiera deportistas que chantajearan a las federaciones solicitando una cantidad de dinero determinada, una prima elevada, por ir convocado con una selección. De esa forma, la posición dominante la seguían manteniendo las federaciones.

Es cierto que ha habido algunos futbolistas (pocos) que no han querido ir con la selección española por motivos ideológicos. En esos casos, se prefirió respetar el deseo de los implicados, y evitar ponerles entre la espada y la pared. Así ocurrió, por ejemplo, con el lateral gallego Nacho Fernández, que estaba entre los futuribles para disputar la Eurocopa de Inglaterra de 1996, pero en una entrevista en TVG afirmó que “ni me interesa ni me apetece. Pienso que no valgo para ese tipo de cosas. Creo que hay gente en este Estado español que lo puede hacer muy bien y que se identifica con la selección española, lo que me parece fenomenal. Desde luego, mi ambición no es esa. Prefiero estar así, me encuentro más a gusto”. El entonces seleccionador, Javier Clemente, habló con él y, tras conocer su postura, no le llegó a convocar. Algo parecido ocurrió con el catalán Oleguer Presas. El defensa del Barcelona participó en alguna concentración de la selección. Sin embargo, habló con Luis Aragonés para manifestarle que no quería volver, una voluntad que el seleccionador respetó. En la revista Panenka explicó años después que no se sentía “con este compromiso para una selección nacional que no me representa de ninguna manera. Al contrario, que me genera rechazo y aversión por lo que representa”.

Hemos visto numerosos casos de deportistas que han renunciado a ser convocados con la selección

En los últimos años hemos visto numerosos casos de deportistas, como tenistas o baloncestistas, que han renunciado a ser convocados con la selección en momentos determinados de la temporada por no encontrarse en plenitud física o mental, o por no venirles bien de cara a la preparación de otros objetivos deportivos, y los responsables federativos han optado por no llamarles, evitando situaciones conflictivas. ERC entiende que existe un doble rasero en la aplicación de la norma: “Nos encontramos en una situación en que, si un deportista de renombre internacional y con la simpatía de su federación deportiva decide renunciar a participar en la selección, no se plantea ningún tipo de problema. Sin embargo, si un deportista o grupo de deportistas arguyen motivos políticos, sociales o sindicales para tomar la misma decisión (no acudir a la selección), resultan amenazados con la aplicación del desproporcionado e inasumible régimen sancionador de la Ley del Deporte estatal”.

Por norma general, no se llega a sancionar a un deportista que manifieste en un momento determinado su voluntad de no atender una convocatoria de la selección. Pero sí ha habido algún caso. La jugadora de voleibol Sara González rechazó ir con el equipo nacional en 2010, después de haber jugado 177 partidos con la selección, por una oferta de trabajo laboral y por tener que hacer unas prácticas de enfermera en un hospital. Una justificación que no le impidió ser sancionada por la Federación Española con tres meses sin poder jugar con su equipo, el Universidad de Burgos. González presentó un recurso al Comité Español de Disciplina Deportiva, que dio la razón a la Federación. La jugadora llevó el caso a la justicia, pero su lentitud a la hora de emitir una sentencia propició que llegara antes su retirada.

Ha habido algunas voces que señalan que sería injusto que un deportista que se haya beneficiado durante su carrera de ayudas públicas en forma de becas o de poder entrenar en centros de alto rendimiento, pueda oponerse a ir a una selección nacional. ERC contestaba a esta cuestión, en el medio digital Relevo, que “esa situación no puede suponer un chantaje al deportista. Tanto si ha participado en programas públicos de apoyo al deporte como si no, debe ser libre de decidir si quiere formar parte de las selecciones deportivas del Estado al que pertenezca”.

Puede parecer una medida más simbólica que práctica en la actualidad, pero ERC y el resto de las fuerzas políticas que han apoyado la proposición de ley no esconden que tiene un trasfondo: blindar la libertad de elección de los deportistas ante la posibilidad de que en el futuro las selecciones deportivas de Catalunya, País Vasco o Galicia puedan participar a nivel internacional y haya personas que prefieran competir con ellas antes que con la selección española.

A la proposición de ley le queda un camino que recorrer antes de ser aprobada. Ahora se remitirá a la comisión competente, donde se abrirá el plazo para enmiendas. Si se presentaran enmiendas a la totalidad del texto alternativo, se celebrará el debate de totalidad. En el caso de que estas fueran rechazadas, la iniciativa continuaría su tramitación en ponencia y comisión. Posteriormente, el texto aprobado por el Congreso se remitiría al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.