El día siguiente a la votación de la ley de amnistía en el Congreso lo que parecía no tener consenso, lo tuvo. Basta con ojear la prensa, oír los editoriales, echar un ojo a las tertulias (monográficas en su mayoría), de derechas o de izquierdas, para notar que no hay muchas distancias. Lo que une Puigdemont no lo desune nadie. El adversario es uno sólo y la presión contra Junts, la formación política que él lidera y que con su “no” hizo caer una ley de amnistía que ellos mismos pusieron como condición para permitir la investidura de Pedro Sánchez, promete ser comparable sólo con la que hemos visto sobre, por ejemplo, Podemos cuando fueron llamados de todo por exigir entrar en el Consejo de Ministros tras cuatro resultados electorales que así lo exigían. La presión mediática siempre ha sido un elemento clave para entender cómo opera el juego político.

No seré yo la que defienda a Puigdemont, ni a Junts. Pero me resisto a ser una voz más en el coro monocorde de las últimas horas. Cualquier análisis político que obvie el contexto en que se toman decisiones políticas –se compartan o no– es ciertamente limitado. Y su limitación lo hace impreciso. Me temo que esa imprecisión abunda en salas de redacción y tertulias en los últimos días.

Hay racionalidad y política en la decisión de Junts de rechazar la ley de amnistía

Hay racionalidad y política en la decisión de Junts de rechazar la ley de amnistía. Claro que existe un interés –legítimo, por cierto– de proteger a su líder a través de los escaños (votos) con los que cuentan tras el resultado de las urnas, pero ese interés se explica también por una operación judicial de alto nivel cuyo objetivo es sacar a Carles Puigdemont como sea de la ley de amnistía, que es el cimiento del Gobierno actual. Dicho de otro modo, atacar a Puigdemont no es un ejercicio superficial ni personal por parte de Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre, es una estrategia política que tampoco tiene en Puigdemont a su principal objetivo, sino que es la vía para derrocar al Gobierno que estos representantes de ciertos poderes no querían ver en Moncloa desde antes del 23 de julio. Atacar a Puigdemont es la táctica para hacer caer la amnistía. Y la amnistía es el camino, pero no el fin. Poner al proyecto reaccionario en La Moncloa es el destino. Y en ese camino vale todo.

Lo hemos comprobado con creces en los últimos meses. Desde comunicados alertando sobre una ley que no estaba aún escrita, el bloqueo inconstitucional de una institución como el Consejo General del Poder Judicial, la utilización de Europa para denunciar que España se rompe, la instrumentalización del “terrorismo” como concepto baúl para incluir en él desde los independentistas que lideraron un procés que fue mayoritariamente popular hasta activistas de Futuro Vegetal –ya que estamos– y, más recientemente, la reapertura de una suerte de “trama rusa”, porque pocas cosas resultan más rentables que meter a Putin en el ajo y vincularlo a Puigdemont. Aznar y Feijóo se han encargado de darle altavoz a esa unión.

Pero perder de vista que Puigdemont es parte del camino, pero no el destino final, resulta irresponsable políticamente. Por eso el contexto es tan importante, porque de lo contrario podemos caer en la tentación –a veces convenida– de creer que todo se explica en la ambición, egoísmo, individualismo y cualquier adjetivo que hemos oído estos días dirigido a Junts y su líder. Aquí lo que tenemos es una respuesta política a una acción concreta de representantes de los poderes del Estado. Una respuesta con la que se puede estar o no de acuerdo, pero que tiene muy poco de capricho y mucho de política. Se trata de una respuesta a las acciones golpistas que están protagonizando jueces con influencia y poder, y que son amplificadas por un poder mediático, ya sea para avalar sus acciones (derecha mediática) o para socorrer al PSOE (progresía mediática). De ahí que en las últimas semanas viéramos a quienes defendían que nadie se podía meter con los jueces, ni decir algo tan cierto como que había jueces machistas, hablar directamente de lawfare y de jueces concretos como García Castellón. El problema es que, incluso en este contexto, el PSOE avanza con una timidez preocupante y la progresía mediática hace lo propio. Sostiene el pulso con estos jueces, pero no para denunciar en clave democrática sus acciones, sino para responder a la presión desde el bloque reaccionario. A la defensiva. Desde la derrota.

La separación de poderes es hoy una hermosa fantasía

Y aquí está el nudo del problema. En este contexto de arremetida antidemocrática toca tomar partido necesariamente, pero en lugar de hacerlo contra estas amenazas desde el poder judicial, político y mediático, lo que parece haber es otro consenso. Se toma partido contra Junts que, insisto, más allá de si tiene o no razón para sostener el pulso, lo cierto es que se está atreviendo a decir una verdad que pocas formaciones se han atrevido a decir con contundencia, dada la consecuente soledad que ello supone: desde el poder judicial se está haciendo política y, con ello, se está interviniendo antidemocráticamente en España. La separación de poderes es hoy una hermosa fantasía. El régimen está desnudo.

Mientras el PSOE, y Pedro Sánchez en particular, sigan apostando a pactar, acordar, dialogar y negociar con el Partido Popular que lidera el bloque reaccionario –y por tanto esta ofensiva golpista–, en lugar de hacerlo con el bloque plurinacional y democrático que le dio la investidura y sostiene su Gobierno, no habrá ni capacidad de respuesta ni posibilidad de detener esta asonada. El Pedro Sánchez que sigue afirmando que pactará con los liberales en Europa vuelve a equivocarse. El Pedro Sánchez que acepta negociar con el PP el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial gracias a una mediación europea, horas antes de que Feijóo vuelva a darle calabazas y a confirmar que no desbloqueará nada, vuelve a equivocarse y, por cierto, evidencia mucha cobardía política. La compleja aritmética parlamentaria con la que cuenta Sánchez puede ser una debilidad o una oportunidad. De momento sólo es lo primero. Una debilidad porque el PSOE sigue apostando a ser lo que es en lugar de lo que debe ser en este momento político. Ya no hay espacio para ser el partido del régimen si no se subsume en el proyecto reaccionario. Ya no hay espacio para ser un nostálgico del bipartidismo que no volverá. Ya no hay espacio para intentar moderar a un PP que se ha entregado a la reacción. Pero sí hay espacio para abordar una agenda crucial por la democratización de los poderes del Estado. Eso supone enfrentarse al partido judicial. Y los números dan. Es la falta de valentía del PSOE lo que está deteniendo esta posibilidad. Y se va acabando el tiempo.