ABC, la COPE, Diario Crítico, Diario Ya, Dirigentes, Elcierredigital, El Debate, El Economista, El Español, El Independiente, El Liberal, El Mundo, El Confidencial, El confidencialdigital, EdATv, ElToroTV, Esradio, La Lupa, La Razón, Libertad Digital, Madriddiario, Merca2, Moncloa.com, Nuevo Imparcial, OkDiario, Onda Cero, PeriodistaDigital, Preferente, Vozpópuli, Telemadrid, The Objective. Todos estos medios de la fachosfera forman parte de la próspera industria del bulo en España. Todos ellos se reparten millones de euros de dinero público de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño (cerca de 60 millones entre 2022 y 2023), y algunos de ellos, los más conocidos, obtienen también campañas de publicidad institucional del Gobierno central y de otros entes estatales, regionales, provinciales y locales. 

Aunque el portal de transparencia de Moncloa no revela la identidad de los medios que en 2022 se repartieron campañas estatales por valor de 102 millones de euros, uno de los criterios básicos para entrar en ese reparto es la audiencia. Y los medios de la derecha tienen unas audiencias espectaculares. Según la OJD Interactiva, El Español tuvo en febrero 55 millones de navegadores únicos (gente que pinchó al menos una vez una noticia). La Razón, 22 millones. Okdiario, 17 millones. El Debate, 15 millones. El Independiente, 3,7 millones. The Objective, 3,5 millones. 

Es sabido que los bulos son un cebo irresistible para mucha gente, y que el votante de derechas está bastante más movilizado que el de izquierdas, pero así y todo las cifras parecen un poco exageradas. Si fueran reales, casi habría más lectores de digitales ultras que habitantes en España. 

¿Pero son realmente lectores o son pinchazos? Veamos el detalle de El Español, líder de la prensa digital ultra. En febrero tuvo de media 3,7 millones de usuarios diarios, que interactuaron en la web durante 1 minuto y 55 segundos de media. Esos 3,7 millones de internautas visitaron 1,32 páginas de media, para un total mensual de 138 millones de visitas y 182 millones de páginas vistas. Impresionante, sin duda. La pregunta es: ¿leer poco más de un minuto es leer? Si el tiempo de interacción medio es de 1 minuto y 7 segundos, ¿cuántos ven el titular, cierran la página y se van y cuántos leen 5 o 10 minutos? No se sabe.

Algunos datos más: El Español, que declara 55 millones de lectores diarios, tiene 515.000 seguidores en X. The Guardian tiene 10,9 millones de seguidores y 22 millones de lectores. The Objective afirma haber obtenido en marzo los mejores datos de audiencia de su historia: 5,7 millones de usuarios únicos y una media diaria de 400.000 lectores. En la red X tiene 166.000 seguidores. El Debate, editado por la Asociación de Propagandistas Católicos, afirma haber llegado a 15 millones de lectores en marzo. En X, tiene 58.000 seguidores. Milagro. 

La publicidad institucional se ha convertido en una vía de financiación de portales creados por miembros de las Cloacas S.A. y/o trepas afines al poder

La Ley de Publicidad Institucional de 2005, y otras normas autonómicas que se han ido aprobando después, han fijado que los criterios de adjudicación de las campañas a medios deben ser “la eficiencia, la difusión y audiencia, el alcance territorial, la implantación social, la rentabilidad, el uso de soportes respetuosos con el medio ambiente o a la adecuación al público objetivo”. Estos criterios objetivos eran seguramente útiles en el mundo previo a Internet, dominado por las televisiones privadas y por 4 o 5 grupos oligopólicos que se repartían el pastel de una forma más o menos equitativa, en secreto y sin molestar a nadie. 

Con el tiempo, la publicidad institucional se ha convertido en una vía fundamental de financiación de todo tipo de chiringuitos y portales creados por sobrecogedores, miembros de las Cloacas S.A. y/o trepas afines al poder. Algunos de ellos, como La Lupa, no tenían siquiera plantilla de periodistas declarada ni cuentas activas en Redes Sociales. Otros, como Libertad Digital, llevan años recibiendo ayudas públicas, declarando pérdidas y repartiendo dividendos entre sus socios, mientras incumplen de forma sistemática las más básicas reglas deontológicas. 

La derecha se ha quitado ya todos los complejos, y Ayuso y Almeida eligen básicamente a medios afines para repartir el dinero de los impuestos que pagamos todas y todas.  

Sólo cabe exigir al Gobierno que al menos deje de financiar con nuestros impuestos a los medios que convierten cada día la esfera pública en un estercolero

Esta práctica alegal o ilegal (el TC declaró en 2014 que es inconstitucional discriminar a medios, y hay otras sentencias posteriores similares), supone que las cabeceras más molestas para el PP y Vox, como CTXT, Público, Infolibre, El Salto o La Marea, han sido excluidos de casi todas las campañas publicadas desde 2020 en adelante, y que los medios progresistas que sí reciben ayudas, como PRISA o elDiario.es, lo hagan en menor medida que sus competidores conservadores. 

El Gobierno progresista lleva años prometiendo que va a cambiar el sistema de reparto para crear una agencia pública de medios y complementar el criterio de la audiencia (tantas veces falseado a base de trucos y trampas como los bots o incluso la redirección a páginas porno) con métricas de calidad como el tiempo de lectura, la transparencia en las cuentas o la ausencia de condenas por mentiras o difamación. 

Llegados a este punto, sólo cabe exigir al Gobierno central que, si no es capaz de reformar un sistema tan inicuo y de defender la pluralidad mediática (el índice más fiable de salud democrática), al menos deje de financiar con nuestros impuestos a los medios y grupos que han convertido y convierten cada día la esfera pública en un estercolero.