Los desequilibrios actuales ponen en peligro a la
democracia, enferman a la sociedad, perjudican a la economía y degradan el medioambiente.

Lucas Chancel

La desigualdad tiene muchos rostros. Las estadísticas oficiales son útiles para entender la situación general de un país, la melodía de fondo de una sociedad, pero no tienen la textura de un aviso de impago, de una sala de espera, de una frontera sin pasaporte o de una mirada de odio. La vivencia de las desigualdades no cabe en una base de datos, aunque deja una marca profunda en las personas: en su salud, en sus oportunidades, en sus miedos, en su capacidad de ser y de vivir con dignidad.

Como señaló el profesor de Cambridge Göran Therborn, la desigualdad constituye una “violación de la dignidad humana, una negación de la posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas […] Es un orden sociocultural que reduce nuestra capacidad (la de la mayoría de las personas) para funcionar como seres humanos, nuestra salud, la autoestima, nuestra percepción del yo, así como nuestros recursos para actuar y participar en el mundo”. Es precisamente esta noción de “orden sociocultural” la que nos interesa aquí. Entender que la desigualdad se despliega también como imaginario, percepción, narrativa social. 

Y para entender bien estas percepciones tenemos que saber escucharlas: escuchar a quienes experimentan las desigualdades con mayor intensidad; saber cómo se enfrentan a ellas día tras día y cómo creen que podrían erradicarse; poner palabras a las marcas que dejan el agotamiento laboral y la incertidumbre ante el futuro; ir más allá de las cifras macroeconómicas, a menudo incomprensibles para la ciudadanía y que, persiguiendo una objetividad siempre imperfecta, se centran excesivamente en las cuestiones materiales y son incapaces de capturar la experiencia humana.

Con el objetivo de ampliar la comprensión de las desigualdades, en Oxfam Intermón hemos llevado a cabo una primera Encuesta de Desigualdades Múltiples en España a más de 4.000 personas. Un proceso de análisis de vivencias y percepciones con el que hemos querido ofrecer una imagen más compleja. Para ello, se ha aplicado un enfoque interseccional, entendiendo que una misma persona o grupo social puede sufrir de forma simultánea distintos tipos de desigualdad, lo cual multiplica la intensidad de sus efectos. 

¿Y cuáles han sido los principales hallazgos en términos de percepción de la desigualdad? Sinteticemos en diez ideas lo que la ciudadanía ha respondido. 

Primero. Ocho de cada diez personas (el 81,4%) creen que en España existen muchas desigualdades sociales. Esta percepción es mayor a medida que aumenta la edad y es ligeramente superior entre las mujeres que entre los hombres. La nota positiva es que dos de cada tres personas (63,7%) creen que las desigualdades se pueden erradicar. 

Segundo. La desigualdad entre personas ricas y pobres es la más visible para la población. Le siguen la desigualdad entre las personas migrantes en situación irregular y el resto de la población, y la que existe en las condiciones de vida de los barrios más y menos favorecidos de las grandes ciudades. Las mujeres señalan la desigualdad de género notablemente más que los hombres.

Tercero. La lucha contra la desigualdad es una responsabilidad compartida. Cuando se pregunta a la ciudadanía qué actores y organismos tienen la capacidad de combatirla, las instituciones públicas ocupan las primeras posiciones. Más del 70% de la población cree que el Gobierno central, la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por este orden, pueden actuar para reducir las brechas sociales. Les siguen muy de cerca las empresas, los movimientos sociales y los medios de comunicación (estos últimos se consideran imprescindibles para visibilizar situaciones de vulnerabilidad o discriminación).

Más de la mitad de la población está insatisfecha con su situación económica (54,4%) y más del 40% no está contenta con su vida laboral

Cuarto. Más de la mitad de la población está insatisfecha con su situación económica (54,4%) y más del 40% no está contenta con su vida laboral. En ambos casos, las cifras son notablemente peores entre las mujeres. También hay grandes diferencias en función del nivel socioeconómico: a mayor nivel, mayor satisfacción con la situación financiera y laboral. La insatisfacción entre las personas racializadas es entre 10 y 15 puntos superior a la media. Estos datos son cruciales para entender que la mejora en las cifras de ocupación no se corresponde necesariamente con la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del empleo (remuneración, jornada, seguridad, conciliación, etc.). Por ejemplo, 1 de cada 4 personas (el 27%) asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna.

Quinto. Para combatir las desigualdades materiales, las medidas que la población considera más efectivas son promover el empleo de calidad (el 54,4% de las personas lo mencionan) y asegurar el acceso a una vivienda digna (35,5%). De nuevo, las mujeres ponen más el acento en la calidad del empleo. La sanidad y la educación públicas ocupan, muy de cerca, el tercer y cuarto lugar. Para mejorar sus oportunidades, casi la mitad de la población asegura que habría querido seguir estudiando (48,2%) pero tuvo que dejar de hacerlo (la necesidad de trabajar para tener ingresos y el coste económico de la formación se arguyen como principales razones para ello). Las responsabilidades familiares y de cuidados causan mayores renuncias en las mujeres que en los hombres, y la presión familiar es un factor significativo entre las personas LGTBIQ+.

La mitad de las personas con hipoteca y más del 60% de las que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda

Sexto. La mitad de las personas con hipoteca y más del 60% de las que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. En concreto, entre quienes alquilan, 1 de cada 5 gasta más del 50% de sus ingresos. Las personas racializadas tienen que hacer, de media, mayores esfuerzos que las demás, y las personas jóvenes han tenido que retrasar o interrumpir el pago del alquiler algún mes en mayor medida que el resto de la población. Casi la mitad de la población (45,7%) ha reducido sus gastos de electricidad, calefacción y agua debido a la inflación. 

Séptimo. Las grandes fortunas, las clases altas y las grandes empresas pagan pocos impuestos, según la mayoría de la población. Asimismo, más del 60% opina que las personas trabajadoras (tanto asalariadas como autónomas) pagan demasiados impuestos, en comparación con aquellas. La población percibe claramente la utilidad de los impuestos para poder tener servicios públicos, pero no siente que el sistema fiscal esté repartiendo la riqueza de forma justa. 

Octavo. Las renuncias cotidianas son un fenómeno extendido. El año pasado, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes significativos en la cesta de la compra y en los gastos de ropa, calzado y ocio. Un 40% afirma haber reducido la adquisición de carne y pescado y no poder irse de vacaciones al menos una semana al año. Similar es el porcentaje (38,2%) de quienes aseguran que no podrían afrontar gastos imprevistos superiores a 600 euros. Las mujeres y las personas racializadas presentan, de media, mayores tasas de renuncia en todas las categorías, y entre las personas de bajo nivel socioeconómico los recortes se disparan hasta 10 puntos por encima de la media de la población (en la compra de fruta y verdura, carne y pescado, leche y huevos, y ropa y calzado). 

Noveno. En el último año, más del 40% de la población ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo. Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra roza el 70%. Lo más común es renunciar al dentista, a ponerse prótesis dentales, gafas y/o audífonos, no acudir a fisioterapia o rehabilitación y no recibir tratamiento psicológico. De media, las mujeres han afrontado mayores recortes que los hombres, y las cifras aumentan aún más entre las personas racializadas y las de menor nivel socioeconómico. Por otro lado, 1 de cada 5 jóvenes (16-24 años) asegura que su salud mental es mala o muy mala (el doble que la media de la población). Para hacer frente a situaciones de malestar físico o emocional, más del 10% de la población consume con frecuencia analgésicos o ansiolíticos, pero hay importantes diferencias por grupos: las mujeres toman más medicación de este tipo (frente al mayor consumo de alcohol de los hombres) y las personas que no llegan a fin de mes consumen casi el doble de psicofármacos y analgésicos que la población en su conjunto.

 En el último año, más del 40% de la población ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo

Décimo. La gran mayoría de la población (el 82,1%) considera que la democracia es el mejor sistema posible. De media, no existen grandes diferencias por origen y género, pero sí entre grupos de edad: el apoyo es notablemente menor entre las personas de 16-17 años (69,9%), de 18-24 años (74,6%) y de 25-34 años (76,5%), frente a las mayores de 65 años (89,4% de respaldo). Los grupos con menor nivel socioeconómico son también ligeramente más escépticos en la valoración de la democracia. Además, el 73,7% de la población siente que los actores políticos prestan poca atención a sus preocupaciones. La juventud, de nuevo, presenta mayores cifras de desafección. 

Ante esta realidad, solo cabe hacer un llamado a las principales instituciones públicas para que luchen decididamente contra las desigualdades. No será por falta de propuestas. Tanto la sociedad civil como la ciudadanía en su conjunto lo han dicho alto y claro. 

Debemos seguir mejorando la calidad de los empleos y los salarios, reorientando estratégicamente las políticas activas de empleo. Es vital seguir reforzando los sistemas públicos de educación y sanidad desde una óptica de universalidad e igualdad de oportunidades. Urge apostar por el carácter redistributivo del Estado y luchar contra la pobreza, mediante una mejora del sistema de protección social. Es imprescindible dotar a este país de un sistema público integral de cuidados basado en el reconocimiento del derecho al cuidado. Se hace necesario impulsar una política migratoria que no vulnere derechos y tenga un fuerte compromiso antirracista. Se necesita un cambio de paradigma en el abordaje del problema de la vivienda, implementando en nuestro país una política inclusiva y con un enfoque de derechos. 

Las medidas fiscales excepcionales de los últimos años deben consolidarse

Ahora bien, ninguna de estas medidas sería viable sin un instrumento financiero sólido que permita desplegar políticas públicas ambiciosas en materia de lucha contra las desigualdades. Precisamente por ello, desde Oxfam Intermón venimos reivindicando desde hace tiempo la necesidad de impulsar una reforma tributaria justa que garantice la progresividad y la sostenibilidad de las arcas públicas en el nuevo contexto de disciplina fiscal europea. Las medidas fiscales excepcionales de los últimos años deben consolidarse. Los impuestos a los beneficios extraordinarios deben hacerse permanentes, tiene que revisarse la tributación sobre la riqueza y las rentas de capital, y ha de acometerse una reforma profunda del impuesto de sociedades, en particular de las grandes empresas internacionalizadas. Asimismo, resulta vital evitar el desplazamiento artificial de beneficios hacia guaridas fiscales, para lo cual es necesario impulsar un marco de armonización fiscal de la UE que evite la competencia desleal y actualizar el listado de guaridas fiscales. De igual forma, por último, hace falta mejorar la progresividad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En resumen, es el momento de ser valientes y encarar las desigualdades en toda su complejidad. Solo así se podrá construir un horizonte de justicia y equidad para nuestro país.

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Ernesto García López (Programa Desigualdad Cero – Oxfam Intermón)