No proteger a la población frente a los riesgos que implica el cambio climático supone una violación de los derechos humanos. Esta es la contundente conclusión sobre la que se sustenta la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la que el pasado 9 de abril abrían sus ediciones medios de todo el mundo. Junto al adjetivo “histórico”, el más repetido en los titulares de jornada, la imagen de la celebración de un grupo de mujeres mayores de 65 años a las puertas del tribunal quebraba la idea preconcebida del perfil de jóvenes activistas al que solemos asociar la lucha contra la crisis climática.

Ellas, la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz), acababan de lograr lo que hasta el momento nadie había conseguido: que un tribunal internacional especializado en derechos humanos como el de Estrasburgo condene por primera vez a un Estado –el suizo– por poner en riesgo a su población al no cumplir sus obligaciones en materia medioambiental. Una sentencia con la que culminaban nueve años de trabajo y compromiso de una asociación que aglutina los esfuerzos de más de 2.500 mujeres con una edad media de 73 años.

Al frente de todo este proceso está la abogada jefa de la asociación, Cordelia Bähr (St. Gallen, 1981), que ha dedicado casi una década a analizar y poner en práctica la fórmula judicial más efectiva que ha permitido que la lucha de las apenas 150 mujeres que empezaron este trayecto en los tribunales suizos en 2016 haya llegado a Estrasburgo. Esta victoria colectiva marca la senda legal para condenar la inacción de los gobiernos de todo el mundo frente a un riesgo para la salud, el del aumento de las temperaturas a causa del calentamiento global, que ya causa más de 60.000 muertes al año en toda Europa.

¿Por qué es histórica esta sentencia y cuál es el principal cambio de paradigma que marca?

Esta es sin duda una sentencia histórica porque por primera vez un tribunal internacional especializado en DD.HH., como es el Tribunal de Estrasburgo, ha concluido que la protección del clima es un derecho humano. Otras instancias judiciales lo habían hecho ya –como en el caso de Alemania– pero esta es la primera vez que un tribunal internacional lo confirma. Es un gran paso. Además, esta sentencia es ahora válida para los 46 Estados miembros del Consejo de Europa.

Esta sentencia es ahora válida para los 46 Estados miembros del Consejo de Europa

También es un hito histórico porque el tribunal no sólo ha declarado que se trata de una violación de DD.HH., sino que también ha establecido un método para alcanzar los objetivos climáticos. Una receta, recogida en el párrafo 550 de la sentencia, que ahora todos los Estados del Consejo de Europa pueden revisar y comprobar si sus propios objetivos climáticos se han elaborado de acuerdo con ella.

¿Qué supone el precedente creado por esta sentencia para todos los procesos judiciales del mismo tipo que se están llevando a cabo en cada uno de los 46 países afectados? ¿Y para el resto del mundo?

Esta sentencia va más allá de Europa, es también una señal para todo el mundo, no solo a esos 46 países. Hay muchos tribunales a nivel global que tienen que tratar el problema de las violaciones de los derechos humanos en el ámbito del cambio climático. Para ellos también es una sentencia importante, aunque no es un precedente directo, pero, aun así, los jueces y los tribunales de todo el mundo están ya dialogando sobre ella y siguiendo sus argumentos. Estoy segura de que esta sentencia será recogida por tribunales de otras jurisdicciones fuera de Europa.

Para entender el precedente hay una distinción importante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece dos estándares diferentes para las víctimas. Así, según la sentencia, para los demandantes individuales, el umbral para ser considerada víctima de derechos humanos causados por las consecuencias del cambio climático es más alto que para las organizaciones.

Aunque el tribunal no ha sido claro al 100%, sí que lo es al afirmar que las organizaciones no tienen por qué estar compuestas por personas consideradas víctimas por sí mismas. Por lo tanto, el umbral es claramente inferior para los miembros de una asociación y para una asociación que afirme ser una víctima.

Según yo interpreto la sentencia, una asociación tiene que ser capaz de demostrar que puede considerarse realmente cualificada para actuar en nombre de sus miembros u otros individuos afectados que estén dentro de la resolución, y por tanto estos individuos afectados no tienen que estarlo tanto como para cumplir los requisitos de víctima por sí mismos.

¿Cree que el éxito que han conseguido como asociación, el ejemplo de que estas denuncias sirven para algo, puede promover una oleada de nuevas denuncias similares en todos los países?

Creo que la implicación con el clima y los derechos medioambientales está ya muy presente. Desde el Acuerdo de París hay más de 2.000 casos de esta naturaleza abiertos en todo el mundo y esta sentencia es un paso muy importante para todos ellos. De lo que estoy segura es de que a partir de ahora veremos un aumento en la creación de asociaciones que tendrán el estatus de víctimas y perseguirán estas implicaciones climáticas contra los Estados, especialmente cuando estos Estados no alcancen sus propios objetivos de emisiones o no sigan esta receta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido.

Desde el Acuerdo de París hay más de 2.000 casos de esta naturaleza abiertos en todo el mundo

¿Y de cara a futuras demandas de la sociedad civil contra grandes empresas, cuál puede ser la utilidad de una sentencia como esta?

Hay algunos aspectos en la sentencia que sin duda también son válidos y útiles para los litigios climáticos contra empresas. Por ejemplo, en lo que respecta a la causalidad, los tribunales dejaron muy claro que existe una relación causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Pero, por supuesto, cada caso tiene que ser analizado por sí mismo, en cada jurisdicción las leyes nacionales son diferentes. Realmente tiene que ser un análisis para cada caso específico.

En cualquier caso, el efecto indirecto es seguro, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que cada Estado debe tener un presupuesto de carbono y fijar sus objetivos climáticos de emisiones de acuerdo con ese presupuesto. Esto probablemente conducirá a objetivos climáticos más estrictos, y a que todos los actores dentro de un Estado se vean afectados por ello, por lo que también las empresas tendrán que reducir sus emisiones más rápidamente.

El Tribunal de Estrasburgo aceptó este caso en noviembre de 2020, pero en realidad el proceso judicial comenzó a nivel nacional en 2016. ¿Cómo ha sido este trayecto de nueve años de lucha junto a la asociación?

El punto de partida fueron los acuerdos alcanzados en la COP21, en diciembre de 2015. Greenpeace vino a mí y a mi excompañera, también abogada ambiental, para tantear si podría haber un caso contra el Estado suizo. En Suiza se establecieron algunos requisitos para acudir a los tribunales: se pide que el denunciante sea alguien particularmente afectado en comparación con el resto de la sociedad, no en el futuro, sino en el momento actual. Fue entonces cuando acudimos a diversos estudios e informes y nos dimos cuenta de que las personas mayores, y en concreto las mujeres, son las más afectadas aquí y ahora por las consecuencias del cambio climático, y que tenemos la mejor base de pruebas científicas para demostrarlo.

Las personas mayores, y en concreto las mujeres, son las más afectadas por las consecuencias del cambio climático aquí y ahora

Tras consultar una opinión experta, surgió la idea de crear una asociación con todas estas mujeres, además de estudiar a estas demandantes individuales. En ese momento aún no sabíamos si sería más exitosa una denuncia de una asociación o de demandantes individuales, así que lo mejor era combinarlo. Fue entonces, en 2016, cuando se creó la asociación y Greenpeace comenzó a buscar a todas las mujeres que querían estar en contacto con ella. Con el tiempo, la asociación se ha vuelto cada vez más fuerte e independiente hasta llegar a los más de 2.500 miembros de hoy.

Para mí ha sido increíble trabajar con estas mujeres mayores tan fuertes y dedicar tanto tiempo a presentar junto a ellas este caso allá donde pudiéramos (medios, conferencias, charlas, etc.) para dejar claro que los efectos del cambio climático violan sus derechos humanos. Ha servido para mostrar a todas las personas mayores que no están solas y que no es una sensación subjetiva: el calor realmente tiene consecuencias graves sobre la salud y miles de personas han muerto por esta causa. Es muy importante que esto se haya comunicado en público, no solo por todas esas personas mayores, sino también por sus nietos y sus hijos. No sólo quieren protegerse a sí mismas, aunque, obviamente, esta es la razón principal de ser de esta asociación: defender su propia vulnerabilidad.

¿Cómo han vivido desde dentro todo el impacto mediático y social que ha tenido la sentencia?

Ha sido histórico y un momento único en la vida. Fue realmente asombroso y sobrecogedor, recibí cientos de felicitaciones. Es complicado medir la acogida a nivel social, pero todo lo que hemos recibido ha sido muy positivo.

Es cierto que en Suiza también ha habido algunas reacciones negativas. No hacia mí personalmente, pero ciertos sectores políticos no han recibido bien la noticia. Es normal; básicamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dicho que no han hecho sus deberes. Su trabajo es hacer política climática y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que esta sentencia demuestra que el Consejo Federal y el Parlamento no habrían hecho su trabajo.

Algunos parlamentarios de derechas hicieron un llamamiento a abandonar el Consejo de Europa después de calificar la sentencia de “inaceptable” y “escandalosa”. Es una postura totalmente equivocada; ahora el debate debe centrarse en cómo remediar la violación de DD.HH. y cómo establecer una estrategia climática adecuada en línea con lo que el Tribunal de Estrasburgo ha dicho. Es una reacción infantil, como la de un niño con malas notas que dijera: “Ya no quiero ir más a la escuela”.

¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos a los que se enfrenta este proceso a nivel nacional?

Nuestro trabajo ya está hecho. Hemos logrado una sentencia que dice que esta inacción es una violación de los DD.HH. y ahora Suiza tiene que remediar esta violación. Es el Comité de Ministros del Consejo de Europa el que debe supervisar que el Estado suizo está ejecutando la sentencia a nivel nacional.

Ahora le corresponde al Gobierno de Suiza calcular el presupuesto límite y desarrollar, basándose en él, un nuevo objetivo climático para presentarlo al Parlamento, debatirlo y proponer una nueva ley climática. Por lo tanto, ahora son ellos los que tienen que ejecutar la sentencia y no los demandantes. Pero, por supuesto, seguiremos de cerca este proceso y, si pensamos que Suiza no está haciendo lo suficiente, nos dirigiremos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que supervisa la aplicación de la sentencia.