El editor de La Directa, el periodista Jesús Rodríguez Luesma (Santa Coloma de Granollers, 1974), nos atiende online desde Suiza, donde se encuentra exiliado. Hablamos con él sobre su imputación por un presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y las implicaciones de este hecho para las garantías democráticas y del derecho a la información en el Estado Español. 

Rodríguez lleva dos décadas al frente de La Directa, un medio de comunicación en catalán, de base asamblearia y activista, que funciona como una cooperativa. Con una trayectoria consolidada y una base de más de 3.800 suscriptores, nació, según sus fundadores, para “contribuir a la transformación social”. A lo largo de los últimos veinte años, la redacción de La Directa se ha destacado por denunciar las cloacas policiales que actúan contra los movimientos sociales y las movilizaciones a raíz del referéndum de independencia en Cataluña.

Hace seis meses que está en el exilio. ¿Por qué decidió irse y por qué a Suiza?

En un momento del proceso judicial entiendo que no hay ninguna garantía, que se está instrumentalizando por razones políticas y que hay una voluntad muy clara del juez de intentar, a través de este proceso, boicotear o reventar la ley de amnistía. Me siento en peligro y totalmente vulnerable y tomo la decisión de irme a un lugar donde considero que voy a tener la posibilidad de defenderme, explicarme, hacer entrevistas y contactar con organizaciones internacionales. 

Suiza es un país donde tenemos las garantías de que no se va a producir una colaboración con esta causa judicial. Porque ya hay tres antecedentes de petición de colaboración por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que solicita, a través de Comisión Rogatoria al Gobierno suizo, a la Oficina Federal de Justicia que colabore en esta causa, y la Oficina Federal hace una lectura de los hechos. Y a partir de esa lectura, considera que no pueden ser considerados terrorismo. Aún va más allá y le dice al juez de la Audiencia Nacional que, detrás de su relato y de las explicaciones que él da, se ve que es una causa por razones políticas. Textualmente dicen eso en su respuesta; por estos precedentes es por los que tomo la decisión de ir a Suiza, además de que allí ya existe una red de apoyo y solidaridad con otras personas exiliadas de Cataluña desde 2017.

Suiza es un país donde tenemos las garantías de que no se va a producir una colaboración con esta causa judicial

¿Cómo le ha afectado personal y profesionalmente?

La decisión fue bastante improvisada y eso conlleva que hubiera que encontrar soluciones sobre la marcha: buscar una vivienda, una manutención, un seguro sanitario obligatorio, porque aquí no hay sanidad pública. Unos gastos que, en Suiza, por el coste de la vida, son muy superiores a los que tenía en Barcelona, prácticamente el triple. Esto me lleva a tener que pedir solidaridad a través del grupo de apoyo para poder sufragar estos gastos durante los meses que llevamos aquí. 

Se le acusa de tener información previa sobre las protestas del Tsunami Democràtic y por este hecho se le imputa por terrorismo. En su caso, surge de un mensaje extraído del teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de prensa de Puigdemont. 

Son tres o cuatro mensajes en los que yo explico que se va a producir una presentación en público de los actos previstos por la campaña del Tsunami Democràtic y que hay grupos que van a colgar unas pancartas en diferentes lugares de Cataluña. El hecho de que yo se lo comunique a Alay y él después traslade el mensaje a Puigdemont, le sirve al juez para decir que yo soy una persona que tiene información previa y eso me sitúa en un grado de conocimiento, de participación o colaboración con esta supuesta organización terrorista que es el Tsunami Democràtic. Eso es del todo surrealista, porque si ya damos el salto cualitativo de calificar esas manifestaciones como terrorismo después lo otro viene encadenado. Es decir, a cualquiera que tenga contacto con una organización terrorista se le considera copartícipe o colaborador con la organización.

¿Cómo conoce usted que estaba investigado? 

Supe que estaba siendo investigado a través de una información en el periódico El Mundo, en abril de 2023

A través de una información en el periódico El Mundo, en abril de 2023, en la que se dice que hay diversas personas que están siendo investigadas y en la que se dice textualmente que al periodista Jesús Rodríguez se le está investigando por haber tenido contacto con Josep Lluís Alay. Entonces mi abogado se pone en contacto con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, le comunica que hemos tenido conocimiento de esa información publicada y si el juzgado puede confirmar o desmentir si estoy siendo investigado, imputado o en qué momento procesal me encuentro. Y la respuesta del juez. por escrito, con el sello del juzgado y con la firma del juez, es que eso es una información periodística que no encaja con el contenido de la investigación, que yo no estoy siendo investigado y que no estoy en calidad ni de imputado ni de procesado y por tanto no se me permite personarme en la causa, ni a mí ni a mi abogado. Justo en ese momento, se levanta el secreto de sumario y todos los abogados de las diferentes partes acceden a las actuaciones. Y se puede comprobar cómo en el informe de la Guardia Civil donde se hacen las imputaciones concretas, yo no aparezco. ¿Qué pasa después de eso? Que llegan las elecciones del 23 de julio y la aritmética electoral lleva a que Junts y ERC negocien con el gobierno del PSOE para aprobar la Ley de Amnistía. La última semana de octubre hay un cruce de documentos publicado en varios medios, donde se habla de las excepciones que incluirá ese redactado de la Ley de Amnistía, excepciones acotadas a los delitos de terrorismo. Después de que la fiscalía le diga al juez que no considera que esos hechos sean un delito de terrorismo, el juez le pide a la Guardia Civil que acelere el informe final de la causa, porque había solicitado otro informe final después del que se había presentado en el mes de abril. En ese informe final se incorpora como persona imputada por terrorismo a Carles Puigdemont, a Marta Rovira y a mí, junto con otras tres personas que tampoco estaban. La característica común de estas nuevas imputaciones es que todos nosotros tenemos algún mensaje que el juez considera que la recepción de ese mensaje a través de terceros por parte de Puigdemont o de Rovira nos sitúa en un lugar de conocimiento de las actuaciones del Tsunami y, por tanto, nos acusa también de terrorismo por conocer que se iban a producir unas movilizaciones y no habernos desmarcado o no haber pedido que no se realizaran. O sea, una actitud pasiva ante las manifestaciones lleva al juez a imputarnos por terrorismo. Paradójicamente, el mensaje que yo envío a Alay y que llega a Puigdemont es el nexo que lleva a la imputación de Puigdemont y a mi propia imputación.

¿Qué opina de la instrucción del caso desde el 6 de noviembre?

Es que es todo un esperpento. Se están vulnerando todas las garantías y todos los elementos mínimos de proporcionalidad, de derecho a la defensa, de todo lo que se establece en un procedimiento judicial de un Estado democrático, y se está vulnerando de manera sistemática. No hay ni siquiera la prudencia por parte del juez de no manifestar sus opiniones personales en eventos públicos. Ha expresado en actos donde lo han homenajeado de manera clara sus opiniones políticas incluso sobre la causa que está investigando. Se ha entrado en una dinámica en la que, explícitamente, los jueces que están en contacto con esta causa intentan subvertir la separación de poderes al intentar entrar como actores del poder legislativo, ejecutivo y no del judicial. Por tanto, hay una perversión absoluta de lo que sería un Estado de derecho normal, en el que el poder legislativo está tramitando la ley de amnistía. Estaremos o no de acuerdo con ella, cada uno tendrá su opinión, pero es un proceso legislativo que tiene una voluntad muy clara y tiene un preámbulo, que creo que es donde se expresa la voluntad de los legisladores, que son los representantes del voto popular. Una parte de los jueces de la cúpula del Poder Judicial quiere pervertir ese proceso legislativo suplantando a los legisladores y al Congreso de los Diputados. Es una situación surrealista que recuerda a cosas que han pasado en Polonia o en Turquía, pero poco equiparable a cualquier Estado democrático con separación de poderes. No tienen ni la más mínima vergüenza de mostrar esa voluntad explícita de suplantar al poder político a través de las decisiones judiciales.

En el sumario hay miles de conversaciones telefónicas. ¿Qué impacto tiene esto en el derecho a la intimidad de las personas, algunas investigadas y muchas que no? ¿Quién tiene acceso a esas transcripciones?

Esto es una de las cosas más sorprendentes de este proceso. Cuando la fiscalía acuerda que no hay delito de terrorismo y envía la causa a un juzgado ordinario de Barcelona para investigar un delito de desórdenes públicos, el juez decide incorporar a la causa a Vox y a Dignidad y Justicia, una asociación cercana a la extrema derecha. Una clara confluencia de intereses entre estas organizaciones y el juez, que las necesita como acusaciones populares para poder tirar la causa adelante y que no haya un archivo o para que no se lleve a un juzgado de Barcelona. El juez no puede caminar solo en la causa y los necesita. De esos intereses cruzados entre el juez y las acusaciones populares se acaban derivando una serie de actuaciones que son irregulares y graves. Como el hecho de que la Guardia Civil intercepte las comunicaciones e investigue a unas 300 personas en el conjunto de la causa durante estos cuatro años de instrucción. Hay 240.000 páginas de sumario transcritas de conversaciones de todo tipo entre estas 300 personas, entre las que hay representantes de partidos políticos, cargos electos, miembros de organizaciones sociales y culturales, activistas de calle y periodistas. No soy el único periodista investigado, aparecen otros 26 nombres de periodistas en ella. En estas comunicaciones –entre las que constan, por ejemplo, diálogos entre cargos electos de diferentes partidos que están hablando sobre sus criterios y posicionamientos a la hora de investir, por ejemplo, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o al presidente de la Generalitat–, hay informaciones sobre la salud de algunas personas, sobre relaciones sentimentales, el listado sería inacabable. Todo ello –sin ningún criterio por parte de los guardias civiles– se vuelca en un disco duro y se pasa copia a todas las partes, también a Vox. Vox, un partido de extrema derecha que es oposición a los partidos y líderes políticos investigados en esta causa, tiene información personal de todos ellos, opiniones, agendas de teléfono particulares, correos electrónicos, en definitiva, información absolutamente reservada. Se han cruzado todas las líneas rojas. La Guardia Civil y el juez están obligados por ley a no incorporar en la causa judicial nada que no tenga que ver estrictamente con lo que se está investigando. Y en este caso ese criterio no se ha respetado en absoluto. Todo lo contrario, da la sensación de que ha habido un interés en mostrar comunicaciones personales y políticas para dar al adversario de extrema derecha elementos de conocimiento sobre qué pensaban o hablaban sus contrincantes políticos. Y eso lo ha decidido un juez.

Hemos visto ya a líderes del PP asegurar que controlan a la Sala Penal del Supremo desde atrás

¿Se puede recibir un juicio justo en el Estado español con la actual judicatura?

El problema se sitúa en la cúpula del Poder Judicial. Algunos jueces respetan la separación de poderes y las garantías y derechos de los acusados. Pero vemos que hay una cúpula del Poder Judicial, que está sobre todo en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en ciertos tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, que es una cúpula designada directamente –no toda ella, pero parcialmente sí– a dedo por parte del Consejo General del Poder Judicial. En esa cúpula ni ellos mismos esconden que tiene unas directrices políticas. Hemos visto ya a líderes del PP asegurar que controlan a la Sala Penal del Supremo desde atrás, o cómo es la batalla por el control de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que actualmente tiene una mayoría conservadora que controla el PP. O cómo la composición de la Junta de Fiscales del Supremo o la composición de la cúpula del Tribunal Supremo también es afín a los intereses del PP y en los últimos tiempos hasta de Vox. Esa adscripción política tan clara de los jueces te lleva a desconfiar absolutamente de que se pueda tener un juicio justo. Lo que parece haber es una carrera de algunos jueces de cara a que los líderes de algunos partidos políticos los tengan en cuenta para ficharlos cuando lleguen al poder, como en otros momentos de la política española, cuando altos cargos de la judicatura acaban de ministros o de directores generales de algunos ministerios. 

Es uno de los temas pendientes de la democracia española. Sin ese cambio estructural del funcionamiento de cómo se escoge a la cúpula del Poder Judicial, difícilmente vamos a tener la sensación, los ciudadanos, de una justicia justa.

¿Confía en la aplicación de la ley de amnistía? ¿Cree que lo veremos pronto?

Dudo que se me aplique la semana que viene, porque las asociaciones del sector conservador de los jueces, a través de un canal oficial del propio Consejo General del Poder Judicial, ya han enviado un correo electrónico a todos los jueces de España con un manual para intentar subvertir o inaplicar la Ley de Amnistía. Lo van a intentar a través de prejudiciales en Luxemburgo, con cuestiones de inconstitucionalidad o simplemente con la inaplicación de la amnistía. Esto nos llevaría, a los encausados, a pedir que la fiscalía intervenga de oficio y que solicite esta aplicación y lleguemos al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y se nos tenga que aplicar a través del Tribunal Constitucional. Pero eso llevará unos cuantos meses. Veremos si durante esos meses los jueces se atreven a dictar medidas cautelares, a mantener órdenes de detención o a dictar cárceles preventivas, a pesar de que la ley de amnistía esté ya publicada en el BOE, cosa que tendría que pasar a lo largo de la semana que viene. Veremos cuál es ese recorrido, pero tardará unos meses y durante esos meses pueden pasar muchas cosas. 

Uno de los objetivos de esa cúpula del Poder Judicial, o del PP y Vox, es hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez

Uno de los objetivos de esa cúpula del Poder Judicial, o del PP y Vox, es hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez. Si cayera el gobierno, una de las potestades que sólo tiene el ejecutivo es la presentación de recursos al Tribunal Constitucional –que tienen la capacidad de paralizar las leyes–. Si la ley estuviera empantanada en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y se produjera una paralización a petición del propio gobierno y posteriormente cambiara las mayorías del Tribunal Constitucional –con dos jueces conservadores en vez de los dos progresistas que están a punto de jubilarse– en unos meses podríamos ver un escenario de inaplicación, o que el propio Constitucional tumbara por inconstitucional la ley de amnistía. Todos los escenarios están abiertos, incluida la aplicación en pocos meses, en caso de que haya una respuesta positiva por parte del Constitucional en un tiempo corto, una hipótesis que según nuestros abogados no es muy probable. No lo sabemos y la incertidumbre es una de las cosas que más nos está afectando personalmente. Esta sensación de que no sabes cómo estabilizar tu vida y cómo enfocarla laboralmente a cientos de kilómetros de tu ciudad. Todo ello genera mucha incertidumbre e inestabilidad emocional y personal.

Usted ya se enfrentó a denuncias que buscaban la censura de reportajes de periodismo de investigación de La Directa y ha investigado los abusos de los cuerpos policiales y el espionaje del Estado. El último, destapando la identidad de los policías infiltrados en los movimientos sociales. ¿Cree que su imputación va ligada a esa publicación? 

Me han preguntado muchas veces si tiene relación una cosa con la otra y yo, la verdad, no puedo decir si hay una relación directa. La cronología de los hechos de las investigaciones que hemos llevado a cabo desde La Directa y la cronología de la imputación y la acusación de terrorismo se solapan. En un mismo año se producen las dos cosas, si está relacionado o no... No tengo la certeza absoluta. Creo que mi imputación tiene más que ver con el hecho de que se busca la imputación de líderes de Junts y de ERC y todo aquel que hubiera tenido algún contacto, aunque fuera indirecto, a través de terceras personas con ellos, y ese mensaje que yo envío les sirve como excusa para esa imputación. Pero a nadie se le escapa que son los mismos mandos de información de la policía los que han sido cuestionados y no han dado ninguna respuesta clara en relación a las investigaciones que hemos publicado en La Directa sobre los agentes infiltrados. Policías infiltrados de manera absolutamente irregular, sin ninguna cobertura judicial, sin ningún marco normativo que les permita hacer este tipo de infiltraciones que vulneran derechos fundamentales claramente porque entran dentro del entorno de la intimidad personal de activistas y de organizaciones. Esos mismos mandos de información de la policía son los que después acabarán decidiendo sobre mi imputación en la causa del Tsunami. No lo puedo afirmar taxativamente, pero bueno, tal como se están produciendo los hechos, no es descartable que tenga relación. 

¿Es normal que los jueces puedan espuriamente establecer que determinadas acciones de protesta cívica son “terrorismo” y así tener la excusa para perseguir penalmente a quien quieran acusar? ¿Esto sucede en otras partes de Europa?

En España tenemos un problema de fondo: la definición de terrorismo que hay en el Código Penal. Es vaga y da mucho margen de interpretación

En España tenemos un problema de fondo, que es la definición de terrorismo que hay en el Código Penal. Esa definición es vaga y da mucho margen de interpretación a todo aquello que se considere está poniendo en cuestión el orden constitucional. Es un elemento que no consta en las definiciones de terrorismo de otros países europeos y tampoco en la directiva de terrorismo de la UE. Y por eso vemos, no solo en el caso del Tsunami, sino en otros casos derivados de huelgas generales, de activistas contra el cambio climático y de otros perfiles, que hay jueces que se atreven a aplicar el delito de terrorismo porque la definición del Código Penal es tan vaga que se lo permite. Es un problema que en algún momento se tendrá que afrontar. Una decisión difícil, porque los pasos atrás que se dan en la vulneración de derechos fundamentales con las modificaciones del Código Penal cuando manda la derecha, después cuando llegan gobiernos de izquierda difícilmente se reescriben o derogan. En algunos países europeos, sobre todo en los últimos años y en las derivas de mayor presencia en las instituciones de partidos de extrema derecha, se está yendo un poco por el mismo camino. Hay un pulso fuerte de la extrema derecha que se refleja en las actuaciones de algunos jueces y en la modificación de algunos criterios de actuación por parte de los gobiernos europeos que van en esta misma dirección. Una característica específica del Estado español podría ser que el hecho de tener un historial de legislación antiterrorista de tantas décadas ha normalizado ciertas actuaciones. Y la respuesta a las actuaciones del gobierno cuando se aplica la legislación antiterrorista creo que son de miedo, de prudencia. Quizás todas las personas víctimas de estos abusos tendrían que coordinarse para una campaña conjunta, un intento de proceso legislativo de modificación del Código Penal por parte de la gente organizada en el entorno del cambio climático, trabajadores que han visto que en huelgas se les ha criminalizado... O en este caso, el conjunto de las movilizaciones sociales en Cataluña que también ven que, de manera muy indiscriminada y con perfiles muy diferenciados de activistas o de profesionales, como mi caso del periodismo, pueden quedar atrapados en esta maraña jurídica perversa de acusación de terrorismo. 

¿Cree que los periodistas son conscientes de lo que supone este atropello judicial?

Creo que mi imputación y la aparición en el sumario del nombre de otros 26 periodistas que no han sido imputados es un mensaje para intentar atemorizar. La imputación en mi caso ha sido muy pública, pero el hecho de que consten en el sumario otros 26 periodistas es un elemento que está latente ya que todos ellos saben que su nombre está en este sumario judicial y eso funciona como una herramienta de autocensura y autocontrol de los periodistas. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y el miedo y la sensación de vulnerabilidad también les ha llegado. Uno de los objetivos es que nos sintamos como periodistas vulnerables cuando ejercemos el contacto con fuentes, cuando decidimos qué contenidos publicamos en nuestros medios de comunicación y qué tipo de investigaciones elaboramos en relación a las actuaciones de los grupos policiales o de la justicia. Este cuestionamiento del funcionamiento de los grandes poderes del Estado ha molestado y es una advertencia. Un aviso a navegantes que en la práctica les ha sido útil, porque un cierto grado de autocensura a la hora de contactar con algunas fuentes o a la hora de dar voz a algún tipo de movilización, yo creo que sí han conseguido. 

Por último ¿cómo está yendo la campaña que se ha puesto en marcha en solidaridad con usted? 

Se hacen actos en diversas ciudades, con charlas con gente del grupo de apoyo, juristas y periodistas. Se ha abierto una página web con recogidas de apoyos de gente personalmente o de colectivos que se pueden sumar al manifiesto. Hay miles de firmas ya, muchas organizaciones del ámbito del periodismo y una gran cantidad de apoyos internacionales. También hemos aportado información a los relatores de Naciones Unidas, a través del Relator contra el uso abusivo de la legislación antiterrorista, el Relator del Derecho a la Información y el Relator del Derecho a la protesta y la manifestación que han incorporado nuestros casos en sus informes.