Vox se ha lanzado a una nueva aventura de incierto final: la ruptura de los gobiernos regionales en los que sostenía al Partido Popular porque se niega a acoger a algunas decenas de niños migrantes llegados a Canarias. Los gobiernos populares de Valencia, Castilla y León, Murcia, Aragón y Extremadura tendrán que decidir en los próximos meses si se mantienen en solitario o adelantan elecciones; quizás algunos se vean enfrentados a mociones de censura.

La decisión ha provocado una tormenta en el partido ultra. Tras las peleas internas y las caras largas ya nadie puede ocultar el vértigo a un futuro fiasco electoral. Buena parte del aparato mediático de la derecha ha visto la ruptura como una pataleta de su cúpula, que ha impuesto su criterio manu militari a buena parte de sus direcciones regionales, en especial a las de Extremadura y Valencia. Las posibles consecuencias apuntan a escenarios de alto riesgo para Vox: vuelcos hacia gobiernos de izquierdas en algunas de estas comunidades, pérdida de votos que volverían quizás al PP o se irían a la nueva propuesta de Alvise Pérez, o incluso el puro desencanto. Todas estas opciones podrían darse y producirían una tormenta perfecta contra los estrategas Abascal, Buxadé y Cabanas. Pero son tiempos de jugadas arriesgadas y golpes de efecto en la política española.

No podemos saber cómo terminará este órdago, pero, a simple vista, perder posiciones de gobierno que aumentaban la capacidad de influencia política y económica del partido parece una maniobra estúpida. ¿Qué les ha llevado a apostar por esta aventura de alto riesgo? ¿Y qué se juega de fondo en esta cuestión de los niños migrantes?

Se Acabó La Fiesta y la lucha por el electorado ultra

Sabemos que la extrema derecha patria se bifurca. El fuerte apoyo recibido por el nuevo partido de Alvise Pérez inicia una nueva competencia que sin duda resta apoyos a Vox. Pérez, que antes de fundar Se Acabó La Fiesta fue miembro del partido de Abascal, irrumpió en las elecciones europeas con unos sorprendentes 880.000 votos y un elemento político clave que sirve para entender la ruptura de gobiernos: la renovación de las posiciones mediáticas y su escoramiento hacia el extremo. Esto ha puesto nervioso a Abascal, que ve cómo parte de su electorado se fuga a la nueva propuesta. Si se juega a la radicalidad, siempre pueden aparecer espacios que vayan más allá y parece que el convulso terreno de juego lo permite. No en vano, una buena parte de los mensajes del canal de Telegram de Alvise –con 590.000 seguidores– se dirigen contra Vox.

Si se juega a la radicalidad, siempre pueden aparecer espacios que vayan más allá

Este hecho ha sacudido al partido de Abascal de su posición acomodada y le ha puesto ante una nueva disyuntiva. Se trata de elegir entre ser un partido que da la batalla mediática, cultural e ideológica, que estira su radicalidad desde su aparato mediático o, en el otro extremo, profundizar en la posición de partido de gobierno, obligado a pactos y a amoldarse a su devenir institucional como consorte minorizado del PP. Parece que Vox ha decidido cambiar de estrategia y abrazar la primera opción, la de la radicalización y la guerra total.

Aunque esta no deja de ser una ruptura a medias, pues los pactos municipales de Vox y PP siguen activos. Para llevarla adelante ha elegido su tema estrella, el verdadero eje vertebrador de todo su programa y el único compartido plenamente y sin fisuras por toda la derecha radical europea: la inmigración y el nativismo. (Muchos partidos de ultraderecha defienden políticas sexuales de tipo conservador, pero muy variables y moldeadas por los consensos locales, que hacen que sus propuestas y discursos en estos temas sean extremadamente cambiantes). Los menores no acompañados condensan bien la temática migratoria y nativista porque esos niños que viajan solos nos enfrentan a nuestra propia carencia de niños “nacionales”, según el ideario ultra. Además son la diana que permite vincular las migraciones a su autoritarismo, ya que ellos serían los culpables del aumento de la delincuencia e incluso de las agresiones sexuales.

Pero ¿por qué las migraciones? Sencillamente porque de todos sus temas centrales es el único que toca hueso, el que va al corazón de los miedos subterráneos de nuestras sociedades. Se trata de una cuestión con la que interpelan a un sentido común político ampliamente compartido más allá de las diferentes posiciones ideológicas; un tema que afecta a la materialidad de la larga crisis en la que estamos insertas. Si el escenario político está fuertemente dividido en asuntos que polarizan y que se consideran de izquierdas o de derechas, el nativismo –eso que la derecha neonazi española resumía en su lema “Los españoles primero”– se ha convertido en un eje crítico y transversal de todo el electorado, aunque desde algunas posiciones se verbalice lo contrario. Independientemente de cómo se explique a nivel discursivo o ideológico, está presente en todas –o casi todas– las posiciones como un consenso subyacente: que hay algo nuestro que no se puede repartir con el mundo, que para mantener nuestro nivel de vida hay que cerrar fronteras. Solo así se explica el escaso revuelo que generan las constantes e implacables muertes en la frontera, solo así podemos entender que decenas de muertes provocadas, como las que tuvieron lugar en Melilla en el 2022 –algunas directamente en territorio español–, hayan tenido coste cero para el Gobierno progresista que incluía a la “extrema” izquierda, que tampoco se movió excesivamente por esta cuestión.

La táctica utilizada por Vox en esta última maniobra ha sido arriesgada y puede que lleve al desastre, pero la cuestión que señala es una apuesta que, a la larga, creen que puede ser acertada. El nativismo como elemento transversal de las sociedades europeas está institucionalmente anclado en la gobernanza del territorio común y es una cuestión que la izquierda solo sabe abordar poniéndose de perfil. Las extremas derechas, sin embargo, lo asumen plenamente, ofreciendo la coherencia que permite vincular las políticas de extranjería realmente existentes en la Unión Europea con el discurso islamófobo y racista que estos partidos ofertan en sus campañas. Vox dice lo que las políticas europeas ya hacen en las fronteras.

Progresistas en la frontera

“Me ha encantado estar aquí, querida Giorgia. Y a seguir trabajando en esta tarea tan difícil y tan compleja que nos ha tocado vivir”. Con estas palabras se despedía Pedro Sánchez en su encuentro con Giorgia Meloni de marzo de 2023. Allí empezaba un acuerdo aparentemente sencillo y sin evidentes dificultades entre un gobierno progresista y uno de derecha radical en materia migratoria.

La coincidencia que expresaron Giorgia Meloni y Pedro Sánchez no era retórica

Esta escenificación tuvo su concreción en el nuevo Pacto Europeo de migración y asilo firmado en mayo de este mismo año y que apuesta por un endurecimiento de la gestión de los flujos migratorios y la limitación del derecho al asilo –durante mucho tiempo, seña de identidad europea; hoy ya no–. Estas medidas tenían que ver con la aceleración de las expulsiones, la externalización y militarización de las fronteras y el control más severo de las personas migrantes, especialmente los y las menores. Todo ello, dotando de un refuerzo a los poderes de Frontex –la agencia europea de guardia de frontera y de costas–, una entidad independiente, opaca y sin control democrático que verá aumentados sus recursos por encima de los 850 millones de euros de presupuesto con los que ya cuenta en la actualidad.

La gran contradicción a la que asistimos en materia migratoria es que las políticas de frontera que se atribuirían a la derecha radical, son también aplicadas por gobiernos que pertenecen a los denominados “cordones de seguridad contra estas derechas”. ¿Qué es lo que se está acordonando? La coincidencia que expresaron Giorgia Meloni y Pedro Sánchez no era retórica sino que ha sido y será la tónica general de los próximos años. En ese pacto el concepto central era el del “mecanismo de solidaridad”, es decir, cada país tiene dos opciones: acoger a personas migrantes que llegan a través de los países fronterizos o aportar más fondos para que se les pueda expulsar de las fronteras europeas.

Parece, pues, que el gran consenso en materia migratoria tiene que ver con elegir entre dos opciones: políticas de derecha radical explicadas mediante discursos de derecha radical, que despiertan miedo entre los votantes progresistas y justifican la activación del voto; o, por el contrario, políticas atribuibles teóricamente a la derecha radical que se presentan con discursos progresistas, como hace históricamente el PSOE en el caso español, herencia recogida por los recientes gobiernos. Cabe recordar que la Ley de Extranjería en 1985, los CIEs, las redadas racistas masivas en 2008-2010, los procesos de externalización de fronteras en Marruecos, Mauritania o Senegal llevaron el sello socialista. Y lo mismo sucede hoy día, cuando en los primeros seis meses del año han muerto más de 5.000 personas en las rutas migratorias que llegan a España, según los informes de Caminando Fronteras.

La gran baza de la izquierda para movilizar al electorado estos últimos años ha sido un llamado a frenar a la extrema derecha. Contra ese espacio se piden cordones sanitarios, tratamientos de excepción y medidas especiales. Sus propuestas, se dice, se salen del marco democrático. Sin embargo, si las políticas de frontera, migratorias y de asilo son el eje central de los partidos ultras, no siempre es tan fácil ver las diferencias entre ellos, excepto las puramente discursivas. La Unión Europea lleva años aplicando políticas de frontera que encajarían perfectamente en cualquier programa de extrema derecha de los partidos hermanados con Abascal, Meloni o Le Pen.

La UE lleva años aplicando políticas de frontera que encajarían perfectamente en cualquier programa de extrema derecha

La gestión de fronteras no es un cajón más de la gestión gubernamental. En ella se concentran siglos de sistema capitalista y colonial del mundo. En estas políticas están incluidas tanto las viejas relaciones entre las metrópolis europeas con sus antiguas colonias como la gestión de esas colonias en las mismas fronteras de la UE. Se trata de perpetuar flujos de mano de obra que permitan un gobierno diferencial de las poblaciones en materia laboral, social o sanitaria. Se trata de que las personas que viven con un grado inferior de ciudadanía o incluso de no-ciudadanía –sin papeles–, tengan menos derechos que el resto de trabajadores. Esto permite abaratar los costes de producción de los sectores donde este tipo de mano de obra es mayoría, y también que quienes consumen lo hagan a menor precio. Servicios de cuidados y domésticos, la agricultura, los mataderos o la construcción son algunos de ellos. Las figuras de esta precariedad impuesta por la frontera son las de los jornaleros y jornaleras de Almería, Murcia o Granada en condiciones de hiperexplotación, las mujeres en tareas de cuidados que realizan por salarios miserables en jornadas de diez horas o 24/7 cuando son internas, o todos ellos, que gastan buena parte de sus miserables salarios en pagar alquileres desorbitados a propietarios principalmente nativos.

Por eso se puede afirmar que de este estatus de discriminación y explotación, cuando no de criminalización y persecución, depende una parte de nuestros actuales niveles de consumo, así como los estándares de bienestar en el centro capitalista y una parte de su sociedad nativa. Esto es lo que está en juego materialmente en la cuestión migrante.

La derecha radical se ha convertido en un resorte fantasmagórico y muy efectista. No faltan razones para seguir pensando cómo generar respuestas políticas antifascistas –que vayan más allá de las propias definiciones habituales de lo que se considera extrema derecha–. Pero la cuestión de las fronteras nos enseña algo: no se puede decir “que viene el coco”, porque el coco lleva aquí desde hace mucho tiempo.