Una pareja de jóvenes teletrabajadores se muda a uno de los nuevos rascacielos que se erigen, solitarios, en distintos puntos de las densas barriadas de los años sesenta que conforman gran parte de la ciudad de Málaga. Reciben todo lo necesario para equipar su nuevo hogar en paquetes de la gran tienda online estadounidense. Han llegado atraídos por la promesa de sol, playa, buenas comunicaciones y “calidad de vida” a un precio asequible para ellos. Sin embargo, pronto se verán obligados a lidiar con algo inesperado: están, de hecho, en Málaga.

Esta es la premisa del cortometraje La Banda, dirigido por Leo Jiménez y Delia Márquez, con guion de Simona Frabotta y estrenado este año en el Festival de Málaga. “Ellos también están siendo engañados”, recalcan las creadoras del corto, que comparten un desconcierto habitual entre los malagueños por el acelerado proceso de gentrificación que está viviendo su ciudad, vinculado a la industria turística y sus derivados. Les resulta chocante, por ejemplo, que se hayan edificado y vendido pisos por dos millones de euros en el litoral oeste.

En los vídeos promocionales de las Málaga Towers de Metrovacesa, protagonizados por Antonio Banderas, la playa de la Misericordia tiene una arena limpia y clara y es ocupada por personas jóvenes, de belleza canónica, que se divierten solas, en pareja o en pequeños grupos.

Poco que ver con la realidad que habrán encontrado sus primeros habitantes: una playa salpicada de piedras, que aún alberga residuos de la antigua fundición de plomo, donde las familias de la zona acuden a pasar el día equipadas con sillas, mesas, altavoces, bolsas y neveritas. Una playa cuyas fuentes y duchas se cortaron el verano pasado por la sequía y está por ver si volverán a activarse en algún momento.

“Los nuevos desarrollos inmobiliarios en Málaga incluyen inmuebles a 600.000 y 700.000 euros que se venden muy rápidamente. Pensamos que aquí hay un desplazamiento de población”, dice Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga. “La población que trabaja en la ciudad no puede acceder a la vivienda, pero la población que viene a disfrutar del sector turístico sí, porque tiene un mayor poder adquisitivo. Se está desplazando a los trabajadores a las periferias, donde no hay suficiente vivienda y los precios se han vuelto ya abiertamente obscenos. Es un problema al que se ve poca salida sin una intervención política”.

“Se está desplazando a los trabajadores a las periferias”

“Irte a vivir a Álora, Cártama o Alhaurín no me parece un drama. Son pueblos muy bonitos, donde se puede tener una calidad de vida estupenda”, dijo la concejala de Digitalización del PP, Alicia Izquierdo, en el reciente encuentro Sun&Tech Meet Now, organizado por el Diario Sur. Esta declaración se produjo en un contexto extraño, porque el director del diario, Manolo Castillo, preguntó a la concejala por una supuesta expulsión de los vecinos debida a la pujanza de la industria tecnológica, y ella comparó el centro de Málaga con la Castellana de Madrid, llena de oficinas de grandes empresas, cuando este, hoy por hoy, recuerda más bien a la puerta del Sol y sus alrededores, llenos de bares orientados al turismo.

El 29 de junio, el Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir”, con el apoyo de 55 organizaciones sociales de diverso tamaño y naturaleza, desde Comisiones Obreras hasta la Asociación de Paraguayos en Málaga, de Oxfam Intermón a las Kellys, de la Delegación Diocesana de Migraciones a la CNT. El mismo día se salió a la calle también en Cádiz, que afronta una problemática similar respecto a la vivienda.

A la manifestación en Málaga acudieron cerca de 5.000 personas según la Policía Nacional, y unas 25.000 según la organización. ¿Muchas?, ¿pocas? Entre los más veteranos del activismo y la militancia en la ciudad las sensaciones eran de satisfacción y alivio al verse rodeados de jóvenes y caras nuevas.

Fueron suficientes para que el alcalde, Francisco de la Torre –señalado por los manifestantes con el cántico “¿Dónde está Paquito? ¿Paquito dónde está? ¡Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad!”–, haya publicado un tuit en el que pide responsabilidades al Gobierno central por la vivienda turística: “Ha tardado seis años el gobierno actual @desdelamoncloa en plantearse qué puede hacer para que la oferta de viviendas turísticas no incremente el actual problema de vivienda para la población española, problema especialmente grave para nuestros jóvenes. Nosotros estamos en ello. FTP”.

“Es evidente que el problema de la vivienda va mucho más allá de los apartamentos turísticos. Ahora bien, en el caso de Málaga, esta casuística es central y estructural”, argumenta Machuca. El portavoz del Sindicato de Inquilinas añade que “a diferencia de otras cuestiones, es algo en lo que el Ayuntamiento tiene competencias, y su reacción ha sido defender lo que desde nuestro punto de vista es indefendible”.

En febrero, la Junta de Andalucía emitió un decreto que concede potestades a los ayuntamientos para regular los pisos turísticos. En él se establece, entre otros requisitos, que estos deben tener un punto de acceso independiente al de las viviendas, para lo cual el Ayuntamiento de Málaga ha emitido una instrucción que aplicará a las nuevas licencias. “Ellos dicen que no podían hacer nada antes del decreto de la Junta, pero el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 ya consignaba esos requerimientos. Hay miles de viviendas turísticas ilegales según la propia normativa municipal”, dice Machuca.

“Lo que ponemos sobre la mesa es que, independientemente del mercado inmobiliario, todas esas viviendas se han sustraído del uso residencial, y además generan problemas de convivencia, porque las personas que visitan Málaga en este tipo de alojamientos lo hacen como si estuvieran en un hotel, es a lo que vienen y es lo que se les dice”, continúa Machuca. Mientras tanto, “la oferta de alquiler de larga temporada es prácticamente inexistente y a unos precios desorbitados”.

Los datos oficiales de la Junta indican que 30.000 de los 223.000 hogares censados en Málaga viven de alquiler. Airbnb tiene más de 7.000 anuncios de viviendas turísticas en la ciudad, según la web Inside Airbnb. La cifra se ha duplicado desde 2018. En Idealista, en el momento de escribir este artículo, hay 1.269 ofertas de vivienda en alquiler, de las cuales solo 23 piden menos de 700 euros mensuales. El salario medio anual bruto en el municipio ronda los 20.000 euros y se ha mantenido estable mientras el precio del metro cuadrado pasaba de unos 1.400 euros en 2017 a más de 2.200 en 2023, según Tinsa. Quizás estos datos no constituyen un reflejo fiel de la realidad, pero dan pistas.

Según Inside Airbnb hay más de 7.000 viviendas turísticas en la ciudad

Entre los inquilinos en apuros hay estudiantes, funcionarios y otros trabajadores de los servicios públicos, jóvenes como los que sirven las copas y migrantes como los que levantan los rascacielos. También personas mayores de escasas rentas.

“Los salarios no sirven para el nivel al que han llegado las rentas de los alquileres que ofrece el mercado”, dicen en el Sindicato de Inquilinas. En las asambleas previas a la manifestación, realizadas en los barrios y en la universidad, aseguran haber encontrado “casos de todo tipo, desde alumnado que renuncia a volver a matricularse porque no puede pagar, no puede volver un curso más, hasta profesores de la universidad o de los institutos que tienen que vivir en autocaravanas o simplemente renunciar al destino. Hay personas con trabajos estables que no pueden desarrollar vidas más plenas porque les cambian los contratos cada dos por tres. La ley no lo permite, pero las inmobiliarias, que acumulan cada vez más parque de alquiler, propio o gestionado, se sienten fuertes, se sienten impunes”.

La manifestación fue larga –más de dos horas– y recorrió un centro histórico dedicado casi completamente al turismo. Pasó junto a oficinas de inmobiliarias y de fondos de inversión. Las terrazas que ocupan gran parte de la calle Alcazabilla a la altura del cine Albéniz obligan a todas las multitudes a estrecharse como los persas en las Termópilas. Las expresiones de camareros y dependientes –la hostelería y el comercio generan el 15% del empleo en la ciudad, la sanidad y la educación, el 18%– eran difíciles de descifrar. Los turistas observaban con la leve curiosidad con la que se observa todo como turista.

El paso por la calle Carretería resultó simbólico. Casi todos los bajos están ocupados por el negocio turístico: restaurantes de ramen, sushi o bagels, una pastelería especializada en tartas de queso, taquillas para guardar las maletas, casas de cambio de divisas, alquiler de bicicletas. Los edificios renovados, ocupados en gran parte por apartamentos turísticos, contrastan con otros en evidente estado de deterioro, desde cuyas ventanas miraban con cautela algunos niños. En lo alto de un edificio claro y reluciente, una pareja mayor salió a aplaudir a la manifestación y esta se detuvo para devolver los aplausos con entusiasmo: “¡La resistencia!”. En el centro histórico de Málaga hay unos 4.000 vecinos censados y más de 1.000 apartamentos turísticos, por lo que es probable que el número de turistas sea superior al de residentes.

Curro Machuca califica la protesta como “un éxito, porque abre un nuevo ciclo para abordar el problema de la vivienda, que se ha evidenciado ya como algo central en la ciudad de Málaga y en todo el Estado”. El Sindicato de Inquilinas propone la “prohibición inmediata de los pisos turísticos y regulación del precio del alquiler”. “Los factores son múltiples y complejos, pero sus efectos son de una sencillez aplastante: dificultan o impiden el ejercicio de derechos fundamentales”, dice el manifiesto de apoyo a la protesta firmado por 55 organizaciones sociales. “Solo mediante el diálogo y el compromiso entre diferentes actores garantizaremos una Málaga que merezca la pena”.