“¿También tú te has propuesto perseguirme?”, decía a su amigo el protagonista de Crimen y castigo, la afamada novela de Dostoyevski, haciendo evidente el sentimiento de hostigamiento que vivía después del crimen cometido. Este pasaje recuerda al discurso de la ultraderecha a nivel global y, particularmente, al de las élites que hoy la apoyan. La manía persecutoria la exponen públicamente en forma de migrante al acecho (del delito, de nuestras propiedades, de nuestro trabajo), aunque para las élites es un Estado policial el que lleva décadas acusándolos, como expresan sus máximos representates: Milei, Trump o Ayuso. En esa tesis se cimienta la reciente unión entre el presidente de Estados Unidos y el CEO de Tesla y ahora jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En su primera conversación conocida, retransmitida en X después del atentado sufrido por Trump, Musk no dejó de agitar el fantasma de la conspiración del Estado: “¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo dejaron que ocurriera?”.

La manía persecutoria no es pura ideología, sino que está basada en un hecho empírico. Algunos incluso les ponen cifras: 4.095 casos judiciales. En el documental Trump: an American dream se expone la vida del hoy presidente de Estados Unidos y sus problemas judiciales a lo largo de cinco décadas como empresario en el sector inmobiliario y del entretenimiento. Problemas que comenzaron con sus primeras edificaciones en Nueva York, por evasión de impuestos, falta de permisos administrativos o incumplimiento de contratos y pagos. En muchos de los casos le defendió el abogado que después se convertiría en alcalde de Nueva York (1994-2001), Rudy Giuliani (hoy enfrentado con Trump). Desde el Ayuntamiento, se encargó de cerrar muchas de las causas abiertas y darle vía libre a su emporio inmobiliario en la ciudad de los rascacielos. Las más numerosas de esas causas, unas 1.863, se refieren a su negocio más lucrativo, los casinos, que se remontan a la década de los ochenta con sus primeros negocios y terminan en 2016, tras su victoria en las urnas frente a Hilary Clinton. Las sentencias destacan que los casinos de Trump no hacían lo suficiente para evitar convertirse en tapaderas de lavado de dinero y evasión de impuestos. Apostar en el casino una parte de dinero “negro” en metálico y luego hacer efectivo lo demás es una práctica habitual de lavado de dinero. Simplemente se hace caja de lo restante y se puede depositar el cheque en cualquier banco de EEUU. Esta práctica, según algunos medios y personas que conocen el entorno del presidente, sería lo que más le acerca a cualquier trama rusa, y no su contacto con esferas del Kremlin, como sugería la investigación del Senado de EEUU.

Uno de los quebraderos de cabeza para Trump ha sido el Casino Trump Taj Mahal de Atlantic City. En pleno paseo marítimo de la ciudad de New Jersey (al estilo de la serie Boardwalk Empire), este casino de reminiscencias hindúes y estilo recargado ha sido uno de los más emblemáticos del imperio Trump. Tiene 2.600 máquinas, 204 tableros de póker, 18 restaurantes, bares, piscinas y 2.248 habitaciones. En 2004 se declaró por primera vez en bancarrota y Trump cedió la mayoría de su accionariado, aunque se quedó con una participación minoritaria. Desde entonces y hasta 2014, fueron once veces las que se declaró en bancarrota, junto con el resto de sociedades del imperio Trump. En el estado de Delaware, donde radican la mayoría de sus sociedades, la declaración de bancarrota permite eliminar obligaciones legales de pago de deudas, y evitar la confiscación de bienes para el pago de las mismas. En 2015, la unidad de investigación de delitos financieros (FinCen) determinó que desde 2003 el casino había violado cuatro requerimientos de Bank Secrecy Act, como la falta de medidas contra el lavado de dinero, que incluyen la comunicación de actividades financieras fraudulentas en su interior, la comunicación de transacciones financieras, o la existencia de un registro de clientes y actividades.

El mismo estado, conocido por la baja presión fiscal sobre empresas y la permisividad de las regulaciones, ha sido hasta fechas recientes la sede de las empresas de Musk y todavía lo es de otras de Silicon Valley como Alphabet (Google) o Meta (Facebook). Esta luna de miel entre Delaware y las compañías más ricas del país empezó a comienzos del milenio (es la sede del 70% de las 500 empresas estadounidenses con más ingresos) y duró hasta que su Corte de Justicia paralizó una megacompensación de Tesla a Elon Musk (consejero y CEO de la misma) en 2018 por valor de 56.000 millones de dólares en acciones de la empresa (que hoy valdrían 100.000 millones de dólares). Esa misma operación fue autorizada por el consejo de administración de Tesla como parte de un programa de remuneración al CEO de la empresa por determinados resultados de la compañía (superar los 650.000 millones de capitalización). En enero de 2024, meses antes de que Musk diera su apoyo a Trump, la Corte del estado de Delaware se pronunció a favor de eliminar dicha compensación alegando que fue aceptada por un consejo de administración afín y en contra de los intereses de otros accionistas, y exigió a Tesla el pago de una multa de 345 millones de dólares a la defensa legal de los demandantes. Desde entonces, una ola de empresas amenaza con abandonar Delaware, y Musk ha sido el primero en domiciliar en Texas las de su propiedad (SpaceX, Xai o Tesla). Debido a la presión, legisladores del estado han impulsado una batería de medidas que impidan a los accionistas algunos derechos de litigación o el acceso a información de la compañía.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) investigaba a las empresas de Musk por vulneración de derechos del consumidor y publicidad engañosa en sus vehículos Tesla. Además, el Departamento de Trabajo del Gobierno Federal de EEUU tiene abiertas 54 investigaciones a Tesla por siniestralidad laboral que han derivado en multas por valor de 235 millones de dólares. Sus fábricas en Fremont (California) y Austin (Texas) tienen una siniestralidad laboral muy por encima de lo habitual en la industria. El último caso investigado sucedió el 1 de agosto de 2024, cuando un electricista subcontratado en la planta de Texas murió electrocutado en sus instalaciones. Otras investigaciones se refieren a despidos fraudulentos o vulneración de derechos laborales (no está permitida la sindicación en sus empresas). Desde su posición como jefe del Departamento de Estado de Eficiencia de la Administración (DOGE en inglés), Musk ha cerrado la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y ha solicitado el acceso a información del Departamento de Trabajo. Estas medidas han llevado a sus trabajadores a protestar frente a su sede el pasado 4 de febrero, y ha puesto en pie a la mayoría de sindicatos que mantienen litigios contra Trump por vulneración de derechos de los trabajadores.

A pesar de las desavenencias que puede haber entre ellos, Elon Musk y otros inversores que rodean a Trump coinciden en tener una animadversión por la rendición de cuentas, sea ante la empresa o ante el Estado. O lo que es lo mismo: que la empresa rinda cuentas (fiscales, políticas o laborales; o lo que se llegó a denominar los criterios de Responsabilidad Corporativa ESG) entra en colisión con los intereses del inversor. Musk ha llevado esta política más lejos que sus adversarios, bloqueando y subordinando dentro y fuera de sus empresas a los cuerpos directivos y empleados. La diferencia frente a un inversor común radica en el concepto y naturaleza del poder sobre el que se asientan: un grupo pequeño, que dirige y condiciona el campo financiero y tecnológico global, bajo una práctica que torpedea todas las normas clásicas del mundo corporativo, asimilando empresas competidoras y dominando personalmente el conglomerado que poseen. Esta práctica no se aleja mucho del concepto de mafia o de crimen organizado por su desafío a las leyes vigentes. Edwin Sutherland, en su famoso libro El delito de cuello blanco (1978), decía que “los hombres de negocios generalmente sienten desprecio hacia la ley. En este sentido, se asemejan a los ladrones profesionales, quienes desprecian a la ley, los policías, los fiscales y los jueces”.

Esta máxima nos remite al origen del mundo tecnológico de Silicon Valley. Si recuerdan el nombre de Bernard Madoff no será como el primer presidente de Nasdaq, el índice bursátil que reúne a las tecnológicas, sino por ser el gran estafador del siglo XX a través de un esquema Ponzi de inversión piramidal. Los beneficios prometidos a sus clientes (del 10% al 20%) se pagaban con nuevos inversores y una estrategia de inversión sobre el índice (apostar a la subida o bajada del valor del índice bursátil y no el de una empresa; que hoy se replica con los fondos indexados ETF). Gracias al relato de una denuncia anónima, se destapó un fraude que llegó a los 50.000 millones de dólares y afectó a grandes y pequeños inversores de todo el mundo, entre ellos el Banco Santander y el BBVA.

Antes de ser borrado de todos los registros oficiales del Nasdaq, Madoff era el líder espiritual del mundo tecnológico y quien atrajo al mundo financiero al Valle de Silicio. El concepto bajo el que reunía a los inversores era el de “red social”, el mismo sobre el que se asentó Facebook: un grupo de conocidos que se vinculan entre sí por redes de afinidad y confianza. Así empezó la burbuja de las punto com a fines de los noventa (entre otros, gracias al entorno financiero de Bernie Madoff) y así surgió la camada de empresarios de las redes sociales a partir de 2004, de la que emergen los actuales líderes tecnológicos: Zuckerberg (Facebook), Sergei Brin y Larry Page (Google), o Brian Chesky (Airbnb). Un sector asociado a los hedge funds o capital riesgo, cuya diferencia con un inversor es la apuesta sobre riesgos elevados de empresas emergentes. Es decir, sobre una expectativa de crecimiento de la inversión o caída de elevado riesgo. De ahí que los depósitos de los inversores tengan que permanecer más tiempo de lo habitual. Este mecanismo de funcionamiento como “red pequeña” es algo propio del sector tecnológico, y nada habitual en el mundo empresarial general.

Como ejemplos de este ecosistema siempre aparecen los fundadores de Paypal (inicialmente llamada X), a los que después se denominó Paypal Mafia, formada por Elon Musk y otros ejecutivos como Reid Hoffman (inversor inicial y cofundador de Linkedin) o Peter Thiel (inversor inicial de Facebook y miembro de su consejo y fundador de Palantir, la compañía de software conocida por suministrar vigilancia controlada por IA a Estados Unidos e Israel). Thiel es un reconocido donante del Partido Republicano y Trump, y quien acercó a Musk a este último en una de las primeras citas. Ha empleado al hoy vicepresidente de EEUU, JD Vance, en una de sus compañías, y financió la carrera de este al Senado en 2022. Otro actor a considerar en este ecosistema es Robert Mercer, presidente y fundador del fondo de capital riesgo Renaissance Technologies. Esta empresa tiene 4.940.233 acciones de Facebook de Clase A (a 20 de septiembre de 2019) por valor de 879 millones de dólares, además de ser uno de los accionistas principales (con un 6%, por detrás de Vanguard, que tiene un 8,76%) de la empresa de sistemas de seguridad Palo Alto Networks, que proporciona sistemas de protección (firewall) a las principales compañías estadounidenses. Es también socio fundador de Cambridge Analytica, junto al activista ultraconservador Steve Bannon (asesor de Donald Trump y de Mateo Salvini).

Facebook ha sido investigada en varias sedes parlamentarias de EEUU y Gran Bretaña por formar parte de un entramado de empresas que colaboró en campañas como el Brexit o la victoria de Trump en 2016, a través de un esquema de control de datos confidenciales de usuarios que se alejaba de los parámetros legales de uso para campañas electorales. El comité del Parlamento británico concluyó en 2019 que “AIQ usó los datos recabados por Aleksandr Kogan para apuntar a votantes en las elecciones estadounidenses” y que “por las evidencias recabadas, parece que hay mayor relación entre AIQ/Cambridge Analytica/SCL de la que normalmente se consideraría en una relación estrictamente contractual. AIQ trabajó en las elecciones primarias presidenciales de EEUU y para las organizaciones pro-brexit”.

Los datos evidencian que el mundo de las nuevas finanzas ha conectado bien con Silicon Valley y con nuevos actores políticos asociados a la ultraderecha. ¿Por qué? Quizá por algo que mencionaba también Sutherland, de cómo “el desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el ladrón profesional, surge del hecho de que la ley obstruye su comportamiento”.