Tras algunos regates del presidente Rajoy e insólitas negaciones de la realidad de Montoro al ser confrontado por los datos de distintos informes de entidades sociales y organismos internacionales, es posible que ya no quede nadie en España que niegue que la desigualdad y la pobreza han aumentado. Y lo han hecho mucho.

Para hacernos una idea de cuánto es mucho, el siguiente gráfico compara los ritmos de crecimiento de la desigualdad entre 2007 y 2012 en España, con la evolución del índice de Gini (el valor 0 se corresponde con la perfecta igualdad, mientras que el valor 100 significaría que un solo individuo concentra toda la renta) en dos países y periodos históricos donde a nadie le cabe duda de que se incrementó la desigualdad: Estados Unidos en los primeros cinco años de mandato del Gobierno neoliberal de Reagan, y Gran Bretaña tras la llegada de la dama de hierro Margaret Thatcher al Gobierno. Se incluyen también los valores del indicador hasta tres años antes de su llegada al Gobierno (valores negativos en el eje horizontal) para dejar constancia de la posible tendencia de la serie temporal. Con independencia de cuál sea la lectura que pueda hacerse de las causas de estos cambios, es poco dudoso que la desigualdad se incrementa a mayor velocidad en España.

La evolución de la desigualdad se corresponde en España con el aumento de las dificultades económicas y la crisis laboral. Pero estas dificultades no zanjan la explicación de por qué la desigualdad ha crecido tanto y de la manera que lo ha hecho. En España, al igual que sucede en los demás países europeos que sufren de forma especialmente virulenta los azotes de la crisis, la desigualdad provocada por el mercado (es decir, por los intercambios económicos que se producen al margen de la acción correctora del Estado a través de transferencias monetarias) se incrementa. En el siguiente gráfico podemos observar cómo en todos los países la desigualdad antes de transferencias sociales aumenta notablemente, con la excepción de Italia, donde este incremento es suave.

Sin embargo, éste no es el retrato de la desigualdad final. Las sociedades modernas se han dotado de mecanismos que corrigen, en mayor o menor medida, la desigualdad provocada por el mercado. Gracias a ellos, la desigualdad se atempera, normalmente como resultado de políticas que apoyan primordialmente a colectivos desfavorecidos. La capacidad de un Estado de corregir la desigualdad es un indicador de su eficacia redistributiva.

Durante los años de crisis, en la mayoría de los países del sur de Europa (además de Irlanda) la desigualdad después de transferencias apenas ha aumentado. Con una única excepción: España. Como podemos observar en el gráfico, España destaca por presentar durante el periodo tasas de desigualdad al alza después de transferencias.

Dicho de otro modo, en nuestro país la eficacia del Estado en la reducción de la desigualdad no ha cambiado. Esto, en una situación de mayor desigualdad provocada por el mercado, se traduce en cotas más altas de desigualdad final. En Irlanda, por citar un caso significativo, también crece la desigualdad antes de transferencias pero gracias a la acción correctora del Estado (que mejora durante estos años) esa evolución no se refleja en mayor desigualdad final. Al contrario.

La incapacidad del Estado de Bienestar en España de aliviar la desigualdad ha sido denunciada recientemente en informes de la OCDE. En ellos, se constata la relativa generosidad de las políticas sociales con colectivos de rentas elevadas, que reciben del Estado transferencias totales por un valor superior a su peso demográfico. En cambio, los segmentos con nivel socioeconómico más bajo obtienen un volumen de transferencias inferior al que le correspondería.

Esta situación se debe, en gran parte, al alto peso de las prestaciones contributivas en el sistema de prestaciones públicas españolas (por desempleo, incapacidad, maternidad, pensiones u otras) y a su bajo grado de cobertura (proporción de beneficiarios con respecto a la población total). Los derechos adquiridos dependen en gran medida de las contribuciones realizadas por los trabajadores a la Seguridad Social. Las trayectorias laborales resultan así determinantes. Hacerse acreedor al derecho exige un mínimo de cotización,  y su generosidad depende de la cuantía de las aportaciones realizadas previamente.

Cuando las carreras laborales son cortas, intermitentes o se desarrollan en la economía informal no existe la protección, o si se tiene, se agota rápidamente, dejando al trabajador a la intemperie. Por ejemplo, según cálculos de Enrique Negueruela para la Fundación Primero de mayo, en una crisis laboral de una magnitud como la que estamos sufriendo, menos de una tercera parte de la población desempleada tiene protección por desempleo.

Para complicar la situación de los miles de personas y hogares que no disfrutan de prestaciones contributivas, en nuestro país las políticas no contributivas que podrían tener un alto impacto redistributivo (como son las prestaciones complementarias a las rentas salariales de los trabajadores pobres, las ayudas focalizadas al alquiler de viviendas, las políticas de apoyo a familias con niños o las rentas mínimas de inserción) no existen, están insuficientemente dotadas o tienen escaso impacto protector.

La configuración de la protección social contribuye a explicar no solo por qué en España ha aumentado tanto la desigualdad, sino la estructura y perfil de esta desigualdad. En España se han empobrecido los más pobres (los hogares situados en las dos, a lo sumo, tres primeras decilas de ingreso), abandonados a su suerte por un Estado que no tenía previstas políticas para dar respuesta al empeoramiento de sus condiciones de vida. En esta situación, a cargos y representantes políticos se les ha ocurrido poco más que apoyar la acción paliativa de las organizaciones del tercer sector social.

Por ello resulta especialmente insidioso el relato que desde la esfera política, pero también desde la sociedad civil y los medios, insiste machaconamente (y con evidencia anecdótica) en el sufrimiento de las clases medias en esta crisis. Las clases medias aquejadas por la crisis han gozado, en su inmensa mayoría, de un sistema de protección adecuado, que ha amortiguado los golpes recibidos. La crisis ha truncado muchas de las expectativas de bienestar que abrigaron en los años de bonanza y ha ensombrecido horizontes de ascenso social (especialmente los de los hijos de la clase media, a los que les está costando reproducir el estatus social de sus padres). Pero éste no es su momento. Es el momento de poner el foco y rescatar a los verdaderos olvidados de esta crisis.

Pau Marí-Klose  (@pmklose)  es sociólogo, autor de diversos estudios sobre la pobreza, la infancia y el Estado de Bienestar. Forma parte de los grupos de investigación Analysis of Inequality and New Social Risks (AINSR), y Política Social y Estado de Bienestar (POSEB) del CSIC.