Llum Oliver perdió su fe en la política y en el activismo cuando todavía era muy joven. Fue hace tres décadas, con apenas 16 años. Entonces el Gobierno de Felipe González dio un giro de 180 grados respecto a la posición que había mantenido sobre la participación de España en la OTAN. "Al final nos metieron el gol que nos metieron y ahí dejé de interesarme por la política", recuerda.

Con el movimiento del 15-M comenzó a recuperar la esperanza, pero el punto de inflexión definitivo tuvo lugar hace dos años, cuando se acercó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona.

Se acababa de separar de su pareja y se había quedado sola con una hipoteca de 600 euros mensuales que no podía cubrir. Negoció con el banco, pero no le ofrecieron ninguna alternativa viable. "Me encontré muy estafada, engañada”, cuenta. La situación era delicada porque había puesto la casa de su madre como aval.

A raíz de su participación en la PAH consiguió que el banco aceptara la dación de su casa en pago por la hipoteca. “Cuando fui a firmarla, llevaba tal cabreo y tanta frustración que me dije: ‘A la mierda, si no tengo donde vivir, vivo de okupa’. Ya sé que es un poco radical, pero pensé que era una opción más coherente con mi activismo”.

Desde entonces compatibiliza su trabajo como jardinera con la participación en varios colectivos ciudadanos que han surgido a raíz de la crisis, de los que la PAH es el más moderado: Cooperativa Integral Catalana, la Asociación 500x20, otro grupo barrial de apoyo a los desahuciados…

Lo que le ha motivado, afirma, es el cambio que percibía en la gente cuando acudía a las asambleas de la PAH: “Es brutal, es como una pastilla mágica. La gente llega superangustiada porque realmente es todo una montaña encima de su cabeza. Pero cuando ven que realmente el banco ya no es ese que te puede aplastar, sino que entre todos le podemos aplastar, la gente se crece. Es lo que llaman el empoderamiento”.

La PAH surgió en 2009 en Barcelona como reacción a la Ley de Ejecución Hipotecaria, que permitía a las entidades financieras privar a sus deudores de sus casas por mora y a la vez mantener íntegra la deuda.

“Nos hemos organizado para autotutelar nuestros derechos, desobedeciendo leyes que consideramos injustas… bueno, que son injustas”, afirma Carlos Macías, portavoz de la plataforma.

Mediante la combinación de movilizaciones, negociación con los bancos y acciones de presión contra estos y contra los poderes públicos, reivindican haber conseguido parar 1.135 desahucios y haber realojado a 1.180 personas que se habían quedado sin vivienda, en pisos de alquiler social o, más recientemente, mediante la “recuperación” (en realidad una “ocupación”) de edificios vacíos.

Además, han ayudado a miles de personas a desembarazarse de una deuda que amenazaba con estrangularles de por vida. ˝Siempre logramos la condonación. A veces cuesta más, otras menos, pero si la persona que viene se conciencia de lo que tiene que hacer y se vincula, yo no conozco a nadie que no lo haya conseguido”, asegura.

La PAH, que se ha ido extendiendo hasta alcanzar los 230 núcleos en todo el país, es sólo un ejemplo, el más visible quizás, de las muchas organizaciones ciudadanas que han proliferado desde el inicio de la crisis para afrontar desde lo colectivo en vez de desde lo individual situaciones a menudo dramáticas.

La mayoría de los colectivos son mucho más locales, como el grupo de Apoyo Mutuo conformado en la Ciudad Escuela de Muchachos de Leganés, una institución que acoge a niños que no pueden vivir en sus hogares, que además cuenta con un colegio de educación concertada.

El grupo surgió tras advertir algunos profesores que tenían alumnos que iban a clase sin haber comido o con la zapatillas o la ropa rotas. Se lo contaron a un grupo de madres que estaban particularmente implicadas en la vida de la escuela y decidieron poner en marcha una iniciativa para proporcionar alimentos a las familias que estaban pasando por una mala racha económica.

“Antes había unas becas de comedor muy específicas, que se cambiaron a un precio  reducido de comedor (41 euros, la mitad del precio sin beca). Había niños que no iban al comedor porque no tenían esa beca y muchas familias que, aunque se la concediesen, ni siquiera podían pagarlo”, cuenta María Pilar Lavado, una de las coordinadoras del grupo.

En un principio atendieron a una treintena de familias. El centro cuenta con  300 alumnos, la mitad de origen extranjero. “Pero en este curso son 40 y 45 siempre. Todos los meses hay una o dos personas más”, añade Cristina Peinado, otra de las implicadas.

Los alimentos llegan a través de donaciones, colectas en empresas de Leganés o campañas de recogida de las propias madres en grandes superficies. Con eso reparten una vez al mes una cesta con alimentos no perecederos y productos higiénicos para cada familia que lo requiere.

No piden ningún tipo de justificante o condición a los beneficiados. Saben que cuando ya no lo necesiten, dejarán de pedirlo.

Muchas de estas redes ciudadanas han resurgido en zonas donde ya antes habían tenido experiencias de asociacionismo pero que, con la bonanza económica, se habían desactivado. En Fontarrón, un combativo barrio obrero del distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, nació en 2012 una Asamblea de Parados ante el dramático ascenso del paro en el vecindario, dedicado en gran parte a la construcción.

Fernando Rico, uno de los miembros más activos de esta Asamblea y con amplia experiencia en iniciativas ciudadanas que surgieron en Vallecas a finales de los años 70 y principios de los 80, cuenta que el movimiento “nace porque alrededor del 70% de habitantes de Fontarrón están en el paro”.

“Son parados y paradas de larga duración, y estamos hablando de edades de 45 años para arriba. Y nace también en contra de una reforma laboral leonina que instaura este Gobierno”, agrega.

Se reúnen una vez a la semana en el local de la asociación de vecinos y han llevado a cabo desde acampadas de protesta, hasta recogidas de alimentos, pasando por talleres de formación para el empleo.

“Este verano vamos a hacer un campamento urbano en las vacaciones escolares para que los niños de tres a 12 años tengan por lo menos la comida del mediodía garantizada. Y también para reivindicar que no cierren el único colegio en la colonia”,  lo que está previsto para el próximo curso.

“Somos una serie de personas que tenemos un problema similar. Quieras que no, por lo menos encuentras el apoyo solidario de tus compañeros y no te encierras en casa. Tratamos de estar activos en la medida de lo posible”.