Tras el pacto PSOE-C's, la formación de Pablo Iglesias se levantaba de la mesa de negociación iniciada con el PSOE al entender que el acuerdo firmado con el partido de Albert Rivera es “incompatible” con sus políticas. Íñigo Errejón, en una rueda de prensa desde el Congreso, afirmó que el texto había sido redactado "pensando en el PP” y anunció que “aboca a una investidura fallida, salvo que el PP favorezca con su abstención”. "Con esta elección se ha frustrado por el momento una oportunidad histórica. El PSOE ha manifestado que quiere figurantes y no socios. El PSOE no quiere gobernar con nosotros y poner en práctica políticas al servicio de la mayoría y ha realizado una elección incompatible", afirmaba el número dos del partido, “decepcionado” y “defraudado” con la decisión de Sánchez.

A pesar de estas declaraciones, Errejón añadió que siguen "con la mano tendida para formar un gobierno de cambio”, aunque matizó que tendrá que ser “después de la investidura”. 

Por su parte, Pablo Iglesias escribió en su cuenta de twitter: “El PSOE ha elegido la política económica que quiere el Ibex35. Nosotros seguiremos trabajando por un Gobierno que defienda la justicia social”.

Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, explicó a CTXT sus motivos para rechazar el acuerdo: "Es un pacto inasumible para quien pretenda revertir los duros efectos que ha causado la crisis y las políticas de recortes sobre la mayoría social del país. El pacto consolida los efectos de estas medidas, al no consagrar financiación alguna para revertir los recortes y seguir insistiendo en un cumplimiento muy estricto de los objetivos de déficit marcados por Bruselas. Se mantienen además elementos muy lesivos de la pasada reforma laboral, y se avanza en una suerte de contrato único encubierto, que incluso descausaliza la contratación temporal".

Fuentes de Podemos que participaron en las reuniones a cuatro con PSOE, Compromís e IU criticaron desde un principio que los socialistas no aceptaran en las negociaciones una flexibilización en los marcos que atan a las administraciones para poder impulsar el gasto social: el artículo 135 de la Constitución --pactado con el PP en verano de 2011-- y la Ley de Estabilidad.

Una actitud más intransigente, según comentaban, que la que había llegado a manifestar el propio Luis Garicano, responsable de política económica de Ciudadanos, quien hablaba de la necesidad de pedir a Bruselas unos mayores márgenes para el déficit.

Juan Moreno Yagüe, representante de Podemos en la mesa del Parlamento de Andalucía, calificó el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos como absurdo. “¿Si no tienen escaños para investir a Pedro Sánchez, cómo se plantean reformar la Constitución, que necesita 2/3?”.

Muchos compañeros de Pedro Sánchez en Andalucía están enfadados con el giro a la derecha de su programa electoral, así como la inclusión de medidas ridículas como la supresión de las Diputaciones: “No tienen ni idea de lo que están hablando, ni de la gestión de los pueblos”, afirmaba Moreno Yagüe, quien no ve opciones de que Podemos se abstenga para facilitar un Gobierno PSOE-C’s y asegura que, conociendo la experiencia andaluza, “se opone enérgicamente”.

Moreno cree que Ciudadanos es el “hazmerreír mundial de los partidos bisagra porque, aparte de palabras, a la hora de la política no sacan nada”, haciendo referencia a la experiencia andaluza en los temas relacionados con corrupción. Aunque el parlamentario andaluz de Podemos ve como horizonte más probable la repetición de elecciones, alegando que “la abstención del PP sería la muerte política de Rajoy”, no se fía: “Si uno es mal pensado, desde el minuto uno, desde la composición de la mesa del Parlamento, todo parece un plan trazado para un gobierno constituido, por acción o por omisión, por PP, PSOE y C’s”.

Sin embargo, parece bastante improbable que la formación naranja acerque posturas con Podemos. De hecho, fuentes del Partido Socialista de Cataluña (PSC) afirmaron que Albert Rivera ya amenazó anteriormente con abandonar el gobierno de Andalucía si se aliaban con la formación morada. "Esto es Cánovas y Castelar en 1931/una peli de zombies", dijeron esas fuentes.

Al igual que Podemos, Izquierda Unida (IU), que aportaría dos escaños a la votación de investidura, se niega a dar el sí al tándem compuesto por Sánchez y Rivera:

“Con este acuerdo en la mesa, no nos dejaremos seducir por el PSOE. No nos importa lo que hagan Podemos o Compromís. No compartiremos proyecto con Ciudadanos”, anotaron fuentes del partido. Alberto Garzón, portavoz de la formación en el Parlamento, tuiteó desde su cuenta: “El acuerdo es muy regresivo y contrario a los intereses de las clases populares. No apoyaremos algo así”.

Otro tuit firmado por Garzón, sin embargo, seguía anhelando un giro de los socialistas: “Creemos que hay que agotar todas las posibilidades desde la izquierda”.

Más dudas surgieron en torno a la posición de Compromís respecto al acuerdo de Gobierno PSOE - C’s, debido en parte a las declaraciones que realizó su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, quien afirmó que su partido “no se cierra a apoyar un Gobierno del socialista Pedro Sánchez por el hecho de que éste haya pactado con Ciudadanos”.

Sin embargo, desde Compromís desmienten que vayan a apoyar un pacto de Gobierno PSOE- C’s aunque afirman que “no van a negarse a escuchar” y “seguirán sentándose a la mesa para hablar de política” aunque haya “medidas de Ciudadanos con las que no están de acuerdo”. 

Diferencias en el pacto sobre sanidad

En el ámbito de la salud, la organización Médicos del Mundo dijo sentirse satisfecha con el acuerdo ya que éste “restituye un derecho que nos habían quitado”. El texto, dicen, “coincide con la propuesta de ley que presentó el PSOE el 14 de enero que supone en realidad “el retorno a la situación anterior al decreto-ley impulsado por la exministra de Sanidad, Ana Mato”. Subrayan además que el hecho de que Ciudadanos haya suscrito ese documento supone una “noticia positiva” porque la formación naranja no había firmado el pacto político sobre sanidad pública respaldado por todos los partidos salvo el PP el pasado mes de marzo.

En todo caso, Médicos del Mundo seguirá peleando porque el requisito de empadronarse para recibir la tarjeta sanitaria pueda ser sustituido por el informe de un trabajador social como ya ocurre en algunas comunidades autónomas. La ONG considera la obligación de empadronamiento “una barrera administrativa” que incide, sobre todo, en los colectivos más vulnerables por la dificultad de proveer todos los documentos necesarios para solventar ese trámite.   

En contraste, este mismo texto alabado por Médicos del Mundo trae consigo la queja de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. El motivo es que, a pesar de que el PSOE se comprometió a derogar el RD Ley 16/2012 “con carácter inmediato a la llegada al Gobierno”, según recogía textualmente el programa socialista, el pacto sanitario que incluye el acuerdo con Ciudadanos no rompe con el cambio de modelo impuesto por el PP. Éste finiquitó la asistencia sanitaria como servicio público universal y lo transformó en un sistema de aseguramiento, diversificando además éste en varias carteras de servicios.

Yo Sí Sanidad Universal advierte de la “alarmante falta de precisión” de las propuestas, pues, a pesar de que se pone de manifiesto la vuelta a la universalización, posteriormente hablan de derechos para las mujeres embarazadas o lo establecido en los tratados con los países de origen. Un solapamiento que anticipa, a juicio de la plataforma, futuras cláusulas que perpetúen “la segregación o la exclusión” de determinados servicios.

Respecto a la tarjeta sanitaria, tanto esta plataforma como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) critican la vaguedad de lo pactado, que habla de recuperar “la Tarjeta Sanitaria en los plazos anteriores al Real Decreto”. “La única forma de recuperar la cuasi universalidad –estaban excluidas las rentas más altas—era derogar el RD-Ley 16/2012. Vincularlo a una decisión municipal, el empadronamiento, es algo arriesgado, vistas las dificultades que se han planteado en muchos ayuntamientos para otorgar el padrón a los inmigrantes”, apuntan desde CAS

Economía y reforma laboral

En cuanto a las reformas económicas, Pepe Fernández-Albertos, politólogo del CSIC, opina que “si hubiera un acuerdo económico que pudiera aglutinar a los tres partidos, sería éste. Y se podría firmar sin problemas”. Aunque hay temas, como el contrato único, que ha supuesto un debate agitado y demasiado dogmático:

“Esta reforma en principio me gusta, pero no creo en las varitas mágicas. Y aunque hay cosas que sean costosas de tragar, no me parece un programa abiertamente regresivo. Hay muchos compromisos de gasto, 7.000 millones de ingreso mínimo vital, inversión pública, permisos de paternidad… He contabilizado 30 puntos que corresponden a nuevas partidas de gasto. Hay también algunas rebajas fiscales, la más importante la que se refiere al IVA cultural”.

“Lo que no hay es una propuesta ambiciosa de cómo se va a financiar ese gasto. No hay nada concreto en cuanto a ingresos, es algo incierto, ambiguo. Hay algo referente a un impuesto a las grandes fortunas, una parte del IVA se reduce y el IRPF hay intención de rebajarlo cuando se den las circunstancias”.

Pero él mismo afirma que “todo no se va a poder cumplir”.

“Es un plan en el que no existen las malas noticias, poco realista. No me parece sesgado a la derecha. Pero parece más un programa de cara a adelanto de elecciones. Hay mucho compromiso de gasto y poco de ingreso”. 

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Información elaborada con aportaciones de Mónica Andrade, Ángeles Caballero, Gerardo Tecé, Guillem Martínez, Marina Lobo, Álex Moreno.