El cierre de las emisiones de Canal 9, ejecutado el 29 de noviembre de 2013, a las 12:19, y retransmitido en directo por sus trabajadores, supuso un hito en la historia reciente del sistema televisivo español. Por primera vez, un gobierno tomaba la decisión de finiquitar de manera unilateral las emisiones de un medio audiovisual público. Ese preciso momento, que tuvo una gran carga emotiva y simbólica, puso fin a 24 años de servicio de radio y televisión públicas de ámbito autonómico en territorio valenciano y abrió una herida en la sociedad que todavía supura. Con el fundido a negro de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) los ciudadanos dejaron de disponer de un bien público, un instrumento fundamental de su autogobierno y del dispositivo más representativo del espacio comunicativo propio. Las razones que adujo el entonces presidente valenciano, Alberto Fabra, para su cierre fueron de índole estrictamente económica. Ante la nulidad judicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa, el más grande acometido por una administración pública en España, y la tesitura de readmitir a los más de 1.100 trabajadores despedidos, el gobierno del PP proclamó que prefería conceder esos millones de euros a educación y sanidad. La obligación de iniciar los trámites para hacer nuevamente el ERE bajo criterios objetivos y eficientes, tal como pidieron sindicatos y partidos de la oposición y quedó recogido en la sentencia del juez, fue la excusa perfecta para ensayar el desmantelamiento de una parte sustancial de la administración pública. En un escenario de profunda crisis económica, con recortes por doquier del llamado Estado del bienestar, los medios audiovisuales públicos de carácter autonómico se encontraban por aquel entonces en la diana política y social. Muchas eran las voces, fundamentalmente conservadoras, que clamaban por la privatización de una parte de la parrilla de los canales autonómicos o de toda ella, su integración en una única plataforma televisiva de ámbito español con desconexiones o, directamente, su desaparición en tanto que gasto superfluo.

Ciertamente, RTVV se había ganado a pulso tanto recelo. Con más de 1.200 millones de euros de déficit, una plantilla sobredimensionada que rozó los 1.700 trabajadores entre fijos y contratados, una credibilidad por los suelos debido a una grotesca manipulación informativa y una falta de pluralidad lacerante, y una audiencia bajo mínimos, la situación era insostenible. Urgía actuar, qué duda cabe, pero no parece que las decisiones tomadas por el gobierno de Fabra estuvieran destinadas a garantizar el servicio público de radio y televisión, así como a promover una democratización de su funcionamiento. Aprovechando la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual efectuada por el gobierno central en 2012, que, entre otras cosas, impedía a las televisiones autonómicas seguir endeudándose, el Parlamento valenciano, con los votos favorables del PP en solitario, decidió aprobar una nueva ley para RTVV en la que se diluían las diferentes empresas públicas de comunicación (radio, televisión y ente), que pasaban a integrarse en la nueva RTVV SAU, mientras la Generalitat se hacía cargo de la deuda. Entre las medidas más polémicas que incorporaba el texto se encontraba la puesta en marcha de un ERE que preveía inicialmente el despido de 1.300 trabajadores y la consecuente externalización, por concurso público, de 1.400 horas de programación divididas en tres lotes, lo que para muchos suponía la privatización encubierta de la televisión pública. El ERE fue aprobado en una reunión polémica del Consejo de Administración unos días más tarde y, desde ese momento, inició un largo camino judicial con el final consabido. Aunque existía un amplio consenso sobre la necesidad de readecuar los recursos humanos de la radio y la televisión públicas a la nueva situación económica, el ERE siempre tuvo una fuerte oposición por parte de la mayoría de los trabajadores y de una parte significativa de la sociedad, que lo consideraban desproporcionado y tendencioso. No sólo por la magnitud de los despidos y el cambio de modelo que traía consigo, sino porque el ERE se había realizado de manera injusta, con unas indemnizaciones a la baja, en sintonía con la última reforma laboral, y sin la voluntad por parte de la empresa de negociar con los sindicatos prejubilaciones, renuncias voluntarias o rebajas salariales que pudieran compensar el número de despidos previsto y que hubieran podido mantener, según varias opiniones autorizadas, la viabilidad de los medios públicos. Pero también porque se aplicaron unos criterios de selección arbitrarios y confusos, hechos a medida de la empresa para actuar sin transparencia alguna y de espalda a los afectados. 

Con más de 1.200 millones de euros de déficit, una plantilla sobredimensionada que rozó los 1.700 trabajadores, una credibilidad por los suelos debido a una grotesca manipulación informativa y una falta de pluralidad lacerante, y una audiencia bajo mínimos, la situación era insostenible

Así pues, los principales responsables de los desmanes acaecidos en RTVV presentaron un chantaje en toda regla: o se aceptaban estas condiciones, o se cerraban los medios públicos. Ya sabemos qué acabó sucediendo. Lo cierto es que, si nos atenemos exclusivamente a los números, las cuentas tampoco salen y no sólo el gobierno valenciano no se ahorró ni un céntimo, sino que el disparate terminó resultando oneroso para las arcas públicas valencianas, lo que da pie a suponer que las intenciones últimas estaban tomadas de antemano. De hecho, se cerraron los medios públicos pero tampoco llegaron los hospitales y muchos escolares todavía siguieron estudiando en barracones, en contra de lo que prometió demagógicamente el presidente. En consecuencia, todo hace pensar que el cierre de RTVV tuvo más de estrategia política que de voluntad real por reforzar un servicio público esencial. En medio de una escalada por adelgazar lo público, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pidió la cabeza de la televisión pública valenciana y Fabra se la ofreció en bandeja, esperando que muchas otras comunidades le imitaran en una decisión de indudable riesgo político. Al final nadie le secundó, dejando al descubierto las miserias del PP valenciano, que parece haber perdido ese halo de imbatibilidad electoral con que se enseñoreaba, sumido como está en un mar de casos de corrupción, no sólo a título personal sino estructuralmente, con la financiación ilegal del mismo partido en primer término.

El gobierno progresista actual (PSOE-Compromís, con apoyo de Podemos) anunció la reapertura de los medios audiovisuales públicos de carácter autonómico como una de sus propuestas estrella, que debería materializarse durante esta legislatura. Fue uno de los muchos compromisos que estas formaciones asumieron por separado desde el momento en que se cerró RTVV. De hecho, durante los meses previos a la cita electoral, sobre todo en campaña, la recuperación de la radio y la televisión públicas tuvo un especial protagonismo, hasta el punto de capitalizar la agenda política en numerosas ocasiones. Para los nuevos gestores disponer de unos medios audiovisuales públicos que cumplan con su cometido siempre ha sido una cuestión prioritaria, porque entienden que repercute en el bienestar comunicativo de cualquier sociedad. Sin embargo, una vez en el gobierno, los pasos efectuados hasta la fecha no parecen concitar demasiado entusiasmo, habida cuenta de la cautela o dilación con la que se está abordando este tema y la aparente ausencia del modelo a implementar, para desesperación de antiguos trabajadores, universidades y sector audiovisual en su conjunto. En todo caso, a la espera de resolver el galimatías judicial y laboral pendiente, que permita al Parlamento valenciano liquidar la antigua sociedad y elaborar una nueva ley que suponga la cuenta atrás definitiva de la nueva empresa, habría dos aspectos, como mínimo, sobre los cuales construir el futuro. Uno de ellos es la sostenibilidad económica y el otro la despolitización, tanto de la gestión como de los contenidos, con el nombramiento de un equipo directivo elegido con el máximo consenso político y social, y con una redacción blindada y ajena a las presiones que puedan ejercerse desde arriba. El derecho a recibir una información rigurosa y libre es fundamental para el desarrollo de sociedades en plenitud democrática. Por lo tanto, el derecho a la información no puede depender de una lógica marcada por el beneficio económico, pero tampoco debe estar sujeto a las directrices de los políticos de turno. Una circunstancia que ha sido una constante a lo largo de la historia de RTVV, sobre todo desde que el PP se hizo con la presidencia de la Generalitat en 1995 y empezó a utilizarla como un instrumento de propaganda más.

El gobierno progresista actual (PSOE-Compromís, con apoyo de Podemos) anunció la reapertura de los medios audiovisuales públicos de carácter autonómico como una de sus propuestas estrella

De la etapa socialista (1989-1995), con Amadeu Fabregat como director general, son varias las voces que consideran que fue en este periodo cuando se pusieron las bases de un modelo débil y sucursalista que se agudizó hasta el paroxismo con el PP y que destacaba por unos contenidos excesivamente comerciales con los que competir por la audiencia con las cadenas privadas españolas y por unos informativos definidos por una orientación claramente institucional y oficialista, que, a pesar de algunas críticas puntuales, consiguieron mantener, junto con la programación infantil, los estándares del servicio público de televisión durante aquellos años. Con esta mezcla y un presupuesto ajustado, la cadena alcanzó audiencias muy altas que la situaron justo detrás de TVE en un momento en el que las cadenas privadas generalistas empezaban sus emisiones en abierto. Así, cuando el PP se hace cargo del gobierno valenciano, Canal 9 ofrece un modelo de programación con el que se siente particularmente cómodo. Eso no es óbice para que, desde entonces, esta manera de entender la televisión pública haya sido corregida y aumentada por los conservadores, que siempre han pensado que los medios públicos les pertenecen y que, por eso mismo, debían convertirlos en el espejo de su propuesta política, económica, social e identitaria para los valencianos. 

Entre otras cuestiones, desde el punto de vista económico, el PP entiende la televisión pública como un instrumento para hacer negocio y favorecer a los suyos con la adjudicación de contratos cuantiosos sin pasar por ningún concurso público. Desde la vertiente informativa, el control político se hace cada vez más asfixiante, con los nombramientos de Jesús Sánchez-Carrascosa, antiguo jefe de campaña de Eduardo Zaplana, como director general de RTVV entre 1996 y 1997, o de Genoveva Reig, antigua jefa de prensa del mismo Zaplana cuando fue alcalde de Benidorm, que ocupó el mismo cargo que Sánchez-Carrascosa entre 1998 y 2004, entre otros. En aquellos años se empieza a crear una redacción paralela que aparta a los profesionales “desafectos” de la primera línea informativa y se dan consignas tan peregrinas como las de grabar al presidente Zaplana sólo desde su “perfil bueno”. No toda la redacción fue dócil con el poder, ni mucho menos. Hay que destacar que Canal 9 y Ràdio 9 fueron los primeros medios públicos del Estado en disponer de un Estatuto de Redacción, y fueron los trabajadores, a través del Comité encargado de velar por el cumplimiento de dicho Estatuto, los que denunciaron en varios informes redactados entre 1997 y 2003 los numerosos casos de manipulación y censura que tuvieron lugar en aquellos años. Incluso lo hicieron público en sendas comparecencias en las Cortes valencianas, delante del gobierno y del resto de diputados. Lamentablemente, estas denuncias cayeron en saco roto y finalmente el Comité de Redacción fue desactivado al no conseguir el porcentaje de votos necesario para su puesta en funcionamiento bajo coacciones de todo tipo por parte de los directivos de la cadena. Canal 9, en definitiva, fue utilizada como lanzadera para la carrera política de Zaplana, que siempre había aspirado a cotas más altas. De ese modo, los programas de debate y las tertulias informativas se llenaron de periodistas conservadores de la esfera política española con la intención de alabar sin complejos en radios y periódicos como El Mundo, ABC o La Razón las decisiones del PP valenciano y, en especial, la figura de su presidente. Los aduladores mediáticos edificaron una imagen triunfalista de Zaplana en medio de un ciclo expansivo de la economía basado en un modelo productivo que se centraba en el urbanismo especulativo, del que Zaplana y su gobierno eran sus principales valedores.

Canal 9 fue utilizada como lanzadera para la carrera política de Zaplana, que siempre había aspirado a cotas más altas

La gestión de RTVV durante el periodo de Francisco Camps como presidente de la Generalitat (2003-2011) profundizó en los antiguos vicios e incorporó algunos nuevos, como el traslado de la megalomanía con que concibió su cargo a la pantalla televisiva. Canal 9 dio cobertura a todos los fastos organizados por el PP valenciano durante aquellos años: la visita del papa Benedicto XVI en julio de 2006, la Copa del América de vela y el circuito urbano de Fórmula 1 fueron algunos de los acontecimientos en los que la radiotelevisión pública participó de manera activa, muchos de los cuales están siendo investigados judicialmente. Sin ir más lejos, Pedro García, exdirector general del ente (2004-2009), que había sido el jefe de prensa de Camps y responsable de comunicación de su gobierno, está imputado por los delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude fiscal por haber concedido sin mediar concurso a una empresa vinculada a la trama Gürtel, la constructora Teconsa, el contrato del montaje de los equipos de imagen y sonido de la visita del Papa por el doble de su precio de mercado, dinero que se habrían repartido los cabecillas de la trama. Junto a García, otros tres cargos de RTVV han sido también imputados. Como consecuencia de esta política de despilfarro, el déficit creció exponencialmente mientras la audiencia se desplomó, en un escenario de enorme fragmentación de la oferta televisiva como consecuencia de la irrupción de la TDT. Además, Canal 9 continuaba siendo sectaria políticamente, el seguidismo hacia la figura de Camps era constante y la manipulación informativa alcanzaba cotas insospechadas. Para las hemerotecas quedará el bochornoso seguimiento que la cadena pública hizo del accidente de metro que tuvo lugar en Valencia un día antes de la llegada de Benedicto XVI, en el que fallecieron 43 personas, y del asunto de “los trajes”, que afectaba directamente al presidente de la Generalitat, así como, en general, de los casos de corrupción que poco a poco iban saliendo a la luz y que apuntaban a la cúpula del PP valenciano. El control de la redacción traspasó cualquier barrera conocida cuando varias periodistas denunciaron al secretario general de la entidad, Vicente Sanz, que se encargaba personalmente de las contrataciones, por abusos sexuales y extorsión.

En ese ambiente, que para muchos tuvo que ser irrespirable, no se hacía periodismo, evidentemente, si entendemos el periodismo como una forma de plantear dudas, de disentir o de indagar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Con una plantilla sometida a tremendas presiones laborales, se acataban órdenes sin rechistar y los que optaban por no hacerlo eran apartados y relegados de sus funciones. El control político puede acabar distorsionando el sentido de servicio público de los medios. El ejemplo de RTVV fue paradigmático en ese sentido, convirtiéndose en una referencia negativa en toda España. No fue el único, lamentablemente. En todo caso, el periodismo de baja calidad no es propio de los medios públicos. También lo encontramos a menudo en el sector privado, aunque parece lógico que exijamos más a unos que a otros. Por ese motivo, si los nuevos medios públicos valencianos no consiguen diseñar un modelo basado en criterios profesionales, que sean los únicos que organicen, estructuren y ejecuten el funcionamiento de los servicios informativos, al margen de injerencias políticas, continuarán sin ser útiles a los ciudadanos y pondrán en riesgo de nuevo su razón de ser. En consecuencia, ahora que se está construyendo el modelo desde cero, nos encontramos ante una oportunidad inmejorable, tal vez única, para que los medios audiovisuales públicos valencianos del futuro se conviertan en un ejemplo de profesionalidad y profundización democrática, en un momento de zozobra y cuestionamiento del modelo público de comunicación. Habrá que estar muy atentos a lo que suceda en los próximos meses.

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Àlvar Peris Blanes es profesor de Comunicación Audiovisual. Universitat de València.