La avalancha luce imparable y protagoniza titulares de prensa cada mañana. La Justicia Federal argentina, que hibernó durante los últimos doce años, parece haber entrado en el ritmo febril de una clase de cross-fit. Esta semana se decidió el procesamiento y prisión preventiva del empresario kirchnerista Lázaro Báez --socio de la familia Kirchner en el negocio hotelero y un intocable de otros días-- en la causa conocida como "La ruta del dinero K", en la cual se investiga el lavado de millones de pesos por sobreprecios en la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

De ese caso, que determinó el martes la captura internacional de Jorge Chueco, abogado ligado a Báez, apresado en Paraguay tras una fallida fuga, y de otras investigaciones que involucran a políticos tiran quienes han empezado a hablar del "mani pulite argentino". El reciente llamado a indagatoria de la expresidenta Kirchner por la causa de venta de dólar futuro, el de su exministro de Planificación, Julio De Vido, hoy diputado peronista por la tragedia de Once (un accidente ferroviario que costó la vida de 51 personas) o la investigación de las declaraciones juradas del presidente Mauricio Macri en relación con sociedades offshore mencionadas en los Panama Papers son reflujos de la misma marea.

El proceso es revelador del cambio de aire en la política argentina, pero sobre todo, de la metamorfosis de una Justicia hasta ahora cómplice por omisión del estado de cosas anterior, en el cual el poder jamás rendía cuentas (hay incluso politólogos como Sergio Berensztein que hablan de "cleptocracia" al analizar el régimen anterior). "Nuestra primera denuncia fue en 2008", declaró esta semana en relación con el caso Báez el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez. "Cuánto nos habríamos ahorrado, en todo sentido, si hubieran investigado entonces".

Hubo quienes sí lo hicieron y su ejemplo cunde en estas horas: con Cristina Kirchner en el poder, el fiscal José María Campagnoli y su equipo se atrevieron a investigar a Lázaro Báez y fueron perseguidos por hacerlo. En diciembre de 2013 el funcionario fue suspendido con reducción de su salario y sometido a un juicio político que jamás llegó a sentencia, en medio de un escándalo público. Mucho de lo que Campagnoli decía entonces está siendo corroborado por las investigaciones actuales. Pero rebobinemos el caso, para entenderlo mejor.

Camiones de dinero negro

La ruta del dinero K, nave insignia de este efecto dominó, es noticia desde abril de 2013 y se inició tras una investigación de Periodismo para todos (PPT), el programa televisivo de Jorge Lanata en el 13, una emisora del Grupo Clarín. La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello (a quien el periodista llamaba "tortuga", por su injustificable inercia investigativa durante el kirchnerismo), se reavivó hace poco más de un mes y salpica incluso a Ricardo Echegaray, exadministrador de Ingresos Públicos y actual titular de la Auditoría General de la Nación, citado a indagatoria para el próximo 3 de mayo, a quien se le ha prohibido salir del país.

Casanello cita a Echegaray como posible responsable del delito precedente que se necesita para probar el lavado de dinero. Debe explicar su inacción, pues la operatoria de Austral Construcciones, la empresa madre de Báez, incluyó, además de facturas por gastos inexistentes, repatriaciones sospechosas de millones cuya cifra final está investigándose (33 millones de dólares en bonos argentinos obran ya en la causa). Situaciones ante las cuales la AFIP, a cargo entonces de Echegaray, no hizo reclamo alguno, a pesar de que se encendieron luces rojas en distintos niveles de control del organismo público.

Del escrito del juez Casanello, de 122 páginas, surgen estos datos: la provincia de Santa Cruz, de donde los Kirchner y Báez son oriundos, concentró durante las presidencias K 51 obras que equivalen al 11% del total de la obra pública nacional, por un total de 16.386 millones de pesos (unos 964 millones de euros). Veintitrés de esas obras registran plazos incumplidos de ejecución; a pesar de ello, la demora en percibir los pagos del Estado era sólo de 34 días, mientras que otras empresas constructoras debían esperar 231. Ese dato basta para comprobar que Báez gozaba de una situación de privilegio.

Según surge también del expediente, por cada peso que Báez recibió, gastó $4,33, algo que va en contra de cualquier lógica de sana administración. Son gastos presuntamente falsos (otra de sus empresas, por ejemplo, le vendía combustible a sus transportes a un precio notoriamente mayor al que se comercializaba en las estaciones de servicio) que le habrían permitido hacerse del dinero que fugó al exterior mediante un complejo entramado jurídico. En esa ingeniería financiera, la Justicia investiga ahora el rol de cuatro bancos extranjeros (Lombard Odier, Credit Suisse, Ubs y el Sabadell español) y nueve financieras locales.  

Esta semana, mientras los programas periodísticos hervían al ritmo de las novedades, el juez Casanello decidió el embargo de los bienes de Lázaro Báez por 100 millones de pesos (unos seis millones de euros) y de otros procesados: entre ellos, su hijo mayor, Martín, su contador, Daniel Pérez Gadín, y el titular de la empresa de aviones a bordo de los cuales se transportaban bolsos con fajos de billetes que la sociedad argentina vio contar por televisión, al filtrarse el 14 de marzo vídeos de seguridad de la financiera SGI, apodada La Rosadita (en alusión a la Casa Rosada, sede del gobierno federal), que los Báez usaban como puerta de salida del dinero al exterior.

El jueves, escuchas telefónicas incorporadas a la causa revelaron que también se transportaba dinero en camiones desde Santa Cruz hasta la provincia de Chaco (situada a unos 3.300 kilómetros al norte), donde Báez tiene otra empresa. Imaginar esa montaña de billetes birlados al Estado envenena a cualquiera.

El arrepentido      

Los vídeos de SGI difundidos en marzo aceleraron el proceso. Esas imágenes fueron como ácido en la piel para la opinión pública. Mientras el exjefe de gabinete, Aníbal Fernández, se preguntaba si era ilegal contar dinero en la Argentina, la indignación social --que las redes viralizaron-- obligaba a Casanello a admitir los vídeos como prueba y a concretar las indagatorias.

Una de ellas fue especialmente fructífera y derivó en arrestos, embargos y nuevas citaciones: la del exvalijero de Báez, Leonardo Fariña, un personaje asociado a la farándula por su matrimonio con la modelo Karina Jelinek (de quien hoy se encuentra divorciado), cuyos dichos en una cámara oculta de PPT detonaron la investigación en 2013 (entonces habló, dicen, para protegerse: sus jefes sospechaban que entre tanto trasiego de millones se había quedado con una vuelta millonaria).

Fariña, que tras la publicidad de aquellas declaraciones se encontraba en prisión desde hacía dos años por evasión impositiva, se acogió el 8 de abril pasado a la figura de "arrepentido" --vigente en la legislación argentina para casos de lavado-- y aportó a la causa, a cambio de mejorar su situación, una serie de datos cruciales (nombres, números telefónicos, descripciones y detalles de la estructura financiera usada para lavar el dinero, etcétera), que derivaron en su excarcelación y en las detenciones y procesamiento de Lázaro Báez y su núcleo íntimo. La detención de Chueco, el cerebro jurídico de este armado, era obligada tras su declaración.    

Ver que la justicia hace su trabajo convierte en más llevadero el arduo momento actual. Mientras el Gobierno de Macri atraviesa el que dicen será el trimestre más difícil del año (hay precios nuevos de bienes y servicios contra salarios viejos, pues la mayoría de los gremios no ha terminado sus negociaciones y la inflación no baja del 4% mensual), dos encuestas recientes que midieron el "humor social" afirman que la corrupción está al tope de las preocupaciones, tras desplazar a la inseguridad y al aumento de precios generalizado.

Según la consultora Analogías, que encuestó durante la primera quincena de abril a 2.200 personas de entre 16 y 74 años, el 31 % eligió la corrupción como el tema que más le preocupa (en febrero el 18,3% la había situado como el mayor problema ). Un estudio de Ibarómetro, realizado en el mismo periodo, confirma esta percepción: de 1.200 personas consultadas, el 24,4 % la consideró el tema más preocupante (en febrero la corrupción era elegida como el mayor problema por el 20,7%).

En todos los foros hay ecos de estos aires. El jueves, en su discurso de apertura de la 42ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Alberto Manguel, flamante director designado de la Biblioteca Nacional, puso el acento en la honestidad: "Don Quijote insiste en que el principal deber de un lector es actuar en el mundo con honestidad moral e intelectual, sin dejarse convencer por eslóganes tentadores y exabruptos emotivos, ni creer sin examinar noticias aparentemente veraces".

Habrá que tomar nota de la lección de Cervantes y leer ejercitando el sentido crítico los nuevos capítulos de esta historia, que cada día se parece más a Buenos muchachos, la peli de Scorsese.