“Con la Constitución en la mano”, era la frase predilecta de Hugo Chávez. Pero queda cada vez más claro que la Constitución brasileña está en el bolsillo de la élite. Como el MBA de Harvard del niño de papá billonario del barrio de Leblon, solo sirve para disfrazar el ejercicio brutal del poder. O sea, dotarle de la legitimidad de la que carece. De modo que cuando el nuevo presidente de la Cámara, Waldir Maranhão, sorprendió a todos al declarar que el proceso de impeachment de Dilma Rousseff se había suspendido debido al comportamiento anticonstitucional de los miembros de la Cámara, los poderes fácticos en los medios, las grandes sedes empresariales y bancarias en la Avenida Paulista, y las federaciones de terratenientes agroindustriales –algunos de ellos investigados por contratar mano de obra esclava-- dieron instrucciones a sus abogados y jueces para que aclarasen al pueblo que el presidente de  la Cámara ya no puede frenar el proceso. Lo dice la Constitución. Bajo no se sabe qué presiones, Maranhão revocó su propia decisión tomada sólo siete horas antes.

Es decir que este impeachment va a ser ratificado sí o sí. Pese al argumento legítimo de Maranhão de que no es legítimo constitucionalmente destituir a una presidenta elegida hace 18 meses si los verdugos han anunciado antes que van a votar contra Dilma porque es “bolivariana” o si dedican su voto a sus hijas o a sus abuelos o al torturador de Dilma durante los años de la Junta Militar (1964 a 1985). Pese a que Dilma, según su propio compañero de partido Humberto Costa, “tiene dificultad para dialogar” y “no se adapta al modo nacional de hacer política”, lo cual en clave interna quiere decir que la presidenta es demasiado honrada para buscar un modus vivendi con un Congreso corrupto hasta la médula; pese a que el motivo de la destitución, la llamada pedalada fiscal, el uso de bancos públicos para maquillar provisionalmente el déficit estatal, es una práctica habitual en Brasil; Dilma se irá. Michel Temer será presidente y su partido, el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), conocido como el partido de alquiler en Brasil por su oportunismo y vicios clientelistas, será el que mande.

Por si alguien sospecha de la legitimidad del proceso, el miércoles 11 habrá grandes manifestaciones en favor de la destitución de Rousseff organizadas con el apoyo y el dinero de la poderosa federación de la industria de São Paulo (FIESP) y coordinadas por organizaciones de la nueva derecha --ultraliberal o ultracristiana-- como Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre o Revoltados oline, todos apoyados por FIESP y otras asociaciones de la patronal y vinculados, en algunos casos, a think tanks neoconservadores en EE.UU., como el Atlas Research Foundation de los hermanos Koch o, en el caso de MBL con Paulo Figueiredo, nieto de João Figueiredo --el último presidente del régimen militar brasileño-- y socio de Donald Trump en la promoción de un enorme hotel en el barrio olímpico de Barra de Tijuca, construido sobre una laguna turbia y pestilente en un centro urbano en el que es habitual la corrupción y el blanqueo de dinero, tal y como demostró el antecesor de Maranhão en la presidencia de la Cámara, Eduardo Cunha, destituido la semana pasada por su implicación en el caso de sobornos Lava Jato, el escándalo de corrupción en torno a la petrolera Petrobras, y residente en la zona.

Dilma tiene que irse y se irá. Pero queda un problema que los poderes que manejan Brasil en cuartos oscuros no pueden resolver mediante una nueva lectura de la Constitución: la crisis fiscal permanecerá. Y hay motivos para pensar que el nuevo gobierno puede tener más problemas a la hora de afrontarla de lo que muchos piensan. En medio de la peor recesión de la historia de Brasil –el PIB habrá caído el 7,5% entre 2015 y 2016, según el FMI--, la cruda realidad de la crisis fiscal puede imponerse al teatro político, al permanente sesgo mediático y al sofisma de los expertos de Derecho Constitucional. Con un déficit del 10%, la deuda brasileña ha subido del 63% al 73% del PIB en sólo un año. Incluso tras descontar el coste desorbitado de los intereses sobre la deuda, el Estado federal registra un déficit primario del 1% del PIB. Puesto que el Banco Central ha subido los tipos de interés hasta el 12% para controlar la inflación, que oscila en torno al 9%, el peligro de una dinámica descontrolada de deuda ascendente es real.

Las agencias de calificación de deuda  parecen haberse dado cuenta.  Fitch  rebajó el viernes la deuda brasileña hasta dos puntos por debajo del llamado grado de inversión. Citó la recesión y “un elevado nivel de incertidumbre política”. Esa incertidumbre sube y no baja con la destitución de Rousseff. Aunque los mercados de bonos no suelen preocuparse por cosillas como golpes de Estado, varios analistas han destacado que la escasa legitimidad del nuevo gobierno debilitará su capacidad política para realizar el ajuste. En la oposición, el PT recuperará, quizás, su pasado de lucha limpia, y hay indicios de que movimientos sociales como el movimiento de trabajadores sin techo están dispuestos a hacer la vida muy difícil a Michel Temer.

El reto para el nuevo ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, puede ser aún más grande que para su antecesores. FIESP --que financiaba las manifestaciones contra Dilma en la Avenida Paulista-- ha dejado muy claro en conversaciones con Temer que no admitirá ninguna subida de impuestos. Temer ya ha dejado entrever que anulará las nuevas medidas del Gobierno de Rousseff, que habrían elevado el impuesto a determinadas rentas empresariales así como un nuevo tributo sobre sucesiones.

Sin contar con más ingresos tributarios habrá que ampliar la batería de recortes del gasto social. Y difícilmente no entrará en los recortes el programa de combate a la pobreza. Pero hay señales ya de que Temer y Meirelles pueden tener que lidiar con otro movimiento de protesta. En estos momentos, decenas de miles de estudiantes han ocupado cientos de escuelas en Río y São Paulo para protestar contra los recortes. “El Congreso es un chiste de mal gusto”, dijo una estudiante de 17 años tras dar una lección ejemplar de democracia durante la asamblea diaria en su escuela ocupada en Río. Cabe recordar, en este sentido, que los congresistas del PMDB rechazaron la propuesta del ministro de Finanzas de Dilma, Joaquim Levy, en favor de  cobrar una matrícula a los estudiantes universitarios, por miedo a su impacto en la calle.