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En 2006 se aprueba y se vota en referéndum lo que queda del Estatut. En 2010 se publica la sentencia del Tribunal Constitucional. Son muchos años. Demasiados, entre una fecha y otra. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón para que el Tribunal Constitucional haya tardado tanto? Y aquí se debe apuntar que, si bien la rapidez es una de las garantías y características de la justicia, y que si bien esa prueba del algodón de la justicia no es una seña de identidad de la justicia española, cuatro años es, incluso aquí, y en este negociado, mucho tiempo. Tanto que resultó determinante para que la sociedad catalana emitiera una respuesta planificada, espectacular y no prevista, como ya veremos. Entre 2006 y 2010, en Catalunya, básicamente y de hecho, se planificó la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional. Razón de más para preguntarse, otra vez, el porqué del retraso de la sentencia. Quizás la explicación más plausible es que el Tribunal Constitucional no elaboró antes su sentencia porque, sencillamente, se estaba muriendo.

El Tribunal Constitucional se reveló, tras ser plasmado en el texto constitucional de 1978, como un gran invento. Era una figura planteada en la Constitución española de 1932, incorporada del novedoso y fresco constitucionalismo austriaco de la época, y que se recuperó en la Transición. En los primeros años de la democracia posfranquista, funcionó. Bien o muy bien. Es decir, aparte de otras valoraciones, cumplió su cometido con cierta rapidez y efectividad, y con un grado de polémica muy templado. Quizás su funcionamiento positivo supuso el principio de su fin. El Tribunal Constitucional fue asumiendo querellas y soluciones de conflictos en un número cada vez más llamativo. Que, con el paso del tiempo, pasaron a ser querellas y conflictos que, en otras democracias, respondían a problemas que tal vez no hubieran llegado a existir, pues hubieran sido opiniones contrapuestas que se habrían negociado y solucionado en el Parlamento. El Tribunal Constitucional llegó a ser, así, un trámite más del desacuerdo, la última instancia o táctica para la solución de un problema político, antes que constitucional. Esto, a su vez, supuso una patología en el trance de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. En tanto que la institución se volvió una prolongación de la política, por otros medios, y dejó de ser un ente autónomo, independiente y libre de presiones, la selección de sus miembros se fue haciendo cada vez más por motivos políticos y de fidelidad, antes que por motivos académicos o profesionales. De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional eran fruto de un pacto entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. En caso de mayoría de uno de esos partidos, su representación podía llegar a ser ma- yor. Y dado que el mandato de los magistrados no coincide necesariamente con una legislatura, eso provocaba situaciones y sentencias sorprendentes y fuera de la lógica política del momento. Todo ese funcionamiento, toda esa serie de «patías» políticas y democráticas, quedaron reflejadas y acompañaron todo el proceso de sentencia del Estatut.

En el periodo 2006-2010 el partido gobernante era el PSOE, sin mayoría absoluta. El Tribunal Constitucional estaba formado, en el momento de la recepción del Estatut, por seis miembros (llamémosles) cercanos al PP, y seis miembros (llamémosles) cercanos al PSOE. En tanto que emisor de sentencias políticas, eso dificultaba y ralentizaba la sentencia. Si bien los posicionamientos de las dos escuelas de pensamiento representadas en el Tribunal Constitucional no diferían mucho en su opinión sobre el Estatut. El periodista político Pep Campabadal matiza así las diferencias: «Unos, el PP, estaban por la amputación. Otros, los del PSOE, por la castración química». Una mayor castración química, o una ma- yor amputación, pues el Estatut, recuerden, había sido sometido a tratamiento químico y tijeretazo en el Congreso. Para hacer amigos, asegurarse una sentencia beligerante en su dirección, sacar beneficio político y acabar de liarla, el PP recusó a uno de los jueces, Pablo Pérez Tremp, llamémosle cercano al PSOE, por considerarlo incompatible para establecer sentencia, alegando que, en el pasado, había realizado algún informe jurídico para la Genera- litat. Para orientar sobre la honestidad de fondo y el celo republicano y legalista del PP se debe considerar que el actual magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, llamémosle cercano al PP, era, en el momento de su nombramiento y hasta que se descubrió, militante del PP, algo absolutamente prohibido para acceder al cargo y que, en otra democracia, hubiera supuesto su expulsión inmediata de la institución. Tras ese ejercicio de democracia, la mayoría PP cortaba el bacalao en el Tribunal Constitucional. Es decir, en la sentencia sobre el Estatut. Era previsible, por tanto, una sentencia sangrante. En eso, la Divina Providencia intervino. Un magistrado, llamémosle cercano al PP, falleció, con lo que se volvió al empate técnico eterno, con prevalencia del PSOE, al ser la presidenta, llamémosle cercana al PSOE, poseedora de voto cualificado, quien podría decantar el posicionamiento. Siempre sería castración, pero, recuerden, po- día ser química o violenta. La violenta duele mucho y hace mucho ruido.

Si bien la sentencia fue la esperada, finalmente resultó más alejada de la química de lo previsible. A aquel Estatut invalidado, fracasado, recortado, no le quedó ni el honor, ni la sombra de satisfacción de alguno de los aspectos que se había propuesto solucionar. Fue troceado de una forma divertida y creativa. No sólo en lo obvio —el concepto nación, que aparecía por los pelos en el preámbulo, la equiparación del catalán, o la asunción de mayores competencias en justicia—, sino también en detalle y más allá del deber. Por ejemplo, se declararon inconstitucionales lógicas y artículos copiados, casi literalmente, en los estatutos, recientemente reformados, del País Valenciano y de Andalucía. Catalu- nya, la sensación era ésa, había sido castigada. La sensación es que se castigaba una conducta, un atrevimiento, un punto de vista, por lo que se le privaba de artículos que en otras comunidades eran absolutamente válidos.

Más detalladamente, se castigaba la esencia del Estatut. El Estatut partía de la lógica de que la Transición era un periodo finalizado en el que la democracia, tras una dictadura fascista, y con los militares vigilantes, no jugaba en casa. Aquellas leyes e instituciones creadas bajo presión militar debían liberarse de esa presión, de esa ideología, y actualizarse y normalizarse. No se proponía, en ese sentido, una ruptura, sino una interpretación constitucional posible, y no necesariamente arriesgada. Una interpretación de la época, cercana a varias generaciones de personas que habían nacido tras la Transición. Esa interpretación, no obstante, no llegó a producirse en el PSOE. El Estatut no era un objeto inconsciente ni suicida. Sus redactores sabían que ese aggiornamento propuesto era difícil, si no imposible, en el Estado. Sabían que —y esta frase me la han repetido diversos políticos del Tripartit, pero también de CDC—, en aquel momento histórico, el Estado ni siquiera hubiera concedido un Estatut como el de 1979, sino que más bien lo hubiera negado. Por eso mismo, el Tripartit se limitaba a reformar un Estatut, con mucho cuidado de no superar la Cons- titución. La obra intelectual del Estatut, de hecho, descansaba en una interpretación de la Constitución. Como sucedió también con la propuesta fundamental del Procés inicial —ya llegare- mos—, una consulta que descansaba también en una interpretación constitucional —la posibilidad de que el Gobierno delegara en una autonomía una competencia exclusiva: la posibilidad de convocar un referéndum—. Algo que, por otra parte, ya se había hecho en alguna ocasión anterior. No fue posible el Estatut, como dos años después no fue posible esa consulta, porque la Constitución era un monopolio interpretativo, y porque el Tribunal Constitucional, víctima de sus dinámicas internas y externas, era incapaz de interpretar el texto. Tan sólo podía, y sabía muy bien hacerlo, matizar una sola interpretación. Con dos variantes, química o física. En ese sentido, el Tribunal Constitucional era una institución más abocada al integrismo constitucionalista, nacido en la época Aznar, cuando todo lo que se consideraba políticamente nocivo pasaba a considerarse inconstitucional.

Un voto particular, de un magistrado, llamémosle, cercano al PSOE, se encargó de recordar a Maragall el sentido imposible de su intento. España, pese a ser un Estado federalizante, la entidad más descentralizada de Europa, como se venía diciendo desde 1979 ante cualquier queja emitida desde la periferia, era, básicamente, todo lo contrario: «El Estado de las Autonomías es un Estado compuesto con rasgos federales, especialmente en lo relativo a las competencias autonómicas, pero no es un Estado federal en sentido genuino, ya que no reúne algunas de las notas clásicas que lo caracterizan, como la garantía de la coparticipación decisoria en las reformas. Ni las comunidades autónomas pueden calificarse de “estados” en el sentido en el que este concepto se aplica a los miembros de la federación, ni pueden considerarse “sobera- nas” [...]. Autonomía no es Soberanía. Por otro lado, a diferencia de los estados federales clásicos, las comunidades autónomas nacen a partir del reconocimiento del derecho a la autonomía por parte de un constituyente unitario, y el mismo carácter unitario sigue ostentando el titular del poder de reforma, dado que las comunidades autónomas sólo tienen reconocida una facultad de iniciativa [...]. De otro lado, mientras existe una relación de primacía entre la Constitución federal, y la de los miembros federados, sin que esto signifique su ordenación jerárquica de las segundas, en nuestro Derecho el estatuto de autonomía ha de conceptuarse como norma infraconstitucional jerárquicamente subordinada a la única Constitución española, con arreglo a la interpretación que ésta haya recibido del Tribunal Constitucional».

Autonomía no es soberanía. Básicamente, el único objeto sensible de ser reformado en España es España. Cualquier intento de reforma desde la autonomía es inviable, pues éste es un Estado unitario, y la periferia carece, incluso, de la capacidad de interpretación del todo o de sí misma, que se emite sólo desde el centro. No es tan importante, en esa imposibilidad de reforma, la Constitución, como su interpretación. Y, en ese sentido, existe una diferencia interpretativa grande, contradictoria, insolucionable, entre el centro y la periferia. En esencia, frente al debate planteado en el siglo xix, que unía democracia a reparto de la soberanía, aplazado por la Res- tauración, aplazado por la República —que, sin ofrecer soberanía, ofrece descentralización—, aplazado por el franquismo y reabierto, sólo en forma de descentralización, con la Transición/la Restauración 2.0, la sentencia equivale a plantear que ese debate no existe, ni existirá. Que la esencia de España es la inexistencia de ese debate. Si lo había, fue solucionado en la Transición a través de la Constitución. Y, sobre todo y más aún, posteriormente, a través del cierre de su interpretación como objeto inamovible y relacionado con el concepto de nación española, codificado en la Restauración.

O, lo que es lo mismo, el PP y el PSOE comparten una cosmovisión sobre España y sobre la Constitución. Con variantes químicas o traumáticas.

El PSOE, un partido cuya estructura es nominalmente federal, que se autodefine como republicano, es, en esencia, un partido monárquico, es decir, que comparte la gran aportación histórica de la monarquía desde su restauración en el xix: una idea de nación española, proveniente del catolicismo y el centralismo, que penaliza lo heterodoxo. No hay interlocutores de la periferia en el centro. Zapatero, aquel hombre que aceptaría el Estatut que le enviara el Parlament de Catalunya, no ha aceptado el Estatut que le ha enviado el Parlament de Catalunya. No lo ha hecho ni un solo instante. No puede. Pertenece a otra cultura, en la que cualquier avance en la descentralización/el autogobierno, cualquier avance hacia una situación federal y plurinacional, se sobreentiende como amenaza a la única e indivisible soberanía posible.

CDC, a su vez, parece compartir esa cultura parcialmente. A través de su negociación directa con Zapatero, a través de la desarticulación de la propuesta de financiación federal que tiene lugar en esa reunión, es otro gran partido —el tercer gran partido del Estado, por detrás de PSOE y PP— que también ha hecho todo lo posible para desarticular esta propuesta de Estatut, que no es otra cosa que una propuesta de cambio cultural, que por primera vez visualiza, políticamente, las ganas de una parte de la sociedad por superar la Transición, y las ganas, también inauditas, de otra parte de la sociedad y de sus grandes partidos por nunca salir de esa etapa. Temen y desconocen cualquier otra.

Quizás, simplemente, esto es lo que ha pasado con el Estatut. Por primera vez desde 1978, una parte de la sociedad carece de partidos para sus demandas. Es decir, por primera vez desde 1978 han cambiado, perceptiblemente, las demandas. Ningún gran par- tido parece dar respuestas a todo este estado de ánimo, aún latente. El rechazo de un Estatut que no propone compartir sobera- nía, que vuelve a proponer descentralización, y de otros objetos posibles, como blindaje de competencias, un sistema de financiación alemán —o mejor, mucho menos; alemanoide—, y que presenta a Catalunya como un objeto autodefinido como nación, concepto al que relaciona con el de nacionalidad, establecido en la Constitución, el rechazo, en fin, de un Estatut que se había esforzado en caber en la Constitución y que podía haber cabido en la Constitución —chocaba más con los mitos del nacionalismo español no escritos que con el texto constitucional, a pesar del manifiesto carácter nacionalista del texto constitucional—, no fue valorado por el Estado, en fin, como el inicio de la crisis política, tal vez irreversible, que se inició entonces. Bueno. No se inició entonces. La sentencia del Estatut fue su segundo acto. El primer acto empezó unos meses antes de la sentencia, si bien, en aquel momento, al Estado le faltó la capacidad de análisis para saber dónde se estaba metiendo. O, mejor, de donde se estaba saliendo. En tan sólo unos meses, a lo largo de 2010, el Estado abandona el pacto genérico de la Transición. ¿Cuál fue el primer acto?

El primer acto fue una crisis financiera, que se empezó a plantear en 2007, a través de la crisis de las Subprime, en Estados Unidos. Recordemos: hace años que en Estados Unidos se ha creado un mercado financiero, consistente en la reventa de hipotecas basura, hipotecas con condiciones ventajosas y bajos precios iniciales, que se hacen imposibles de pagar en cuando las personas que las han firmado —personas en los límites de la precarización— superan el margen de tiempo de esas condiciones iniciales formi- dables. Las Subprime son una pelota que se van pasando los ban- cos, hasta que a uno le explota en las manos. Se trata de la firma Lehman Brothers, que en 2008 se declara en quiebra. Con esta crisis se provoca un efecto dominó bancario y financiero, una crisis de crédito norteamericana que no tarda en ser planetaria.

En España, el presidente Zapatero niega la crisis en sus primeros años. De hecho, sólo la empieza a reconocer por todo lo alto en 2010. En ese momento, la desviación presupuestaria supe- raba los 100.000 millones de euros, la crisis económica era palpable, el paro alcanzaba el 20 por ciento, el crédito había desapareci- do. Y, por encima de todo, había explotado la burbuja inmobiliaria. Esta explosión, a su vez, es la explosión de todo un sistema económico frágil, el español, pero que ha llegado a alcanzar, en sus tiempos gloriosos, momentos de riqueza inaudita. La naturaleza inestable de la economía española se remonta a los Pactos de la Moncloa, en 1977, el primer pacto entre el franquismo y la oposición. En él, en la vertiente económica, se pacta con los sindicatos la prevalencia de la lucha contra la inflación por encima de la lucha contra el paro. Es decir, y por el mismo precio, la desactivación de las centrales sindicales frente al paro, al desempleo, a la pérdida de empleo. Empieza el carrerón español en la disciplina del paro, en la que brillará con luz propia. En la década posterior, y como consecuencia de acuerdos para la futura convergencia de España en la UE, se realiza una violenta y dolorosa desindustrialización. España renuncia, alegremente, a su industria pesada, para evitar competir económicamente con el Norte. El paro sube a cuotas estratosféricas. De una forma u otra, y grosso modo, sólo se saldrá de esa fosa de paro, planteada en los setenta, con un invento de Aznar. La liberalización del suelo, que provocó un boom de la construcción sin precedentes. Y, luego se vio, un boom de la corrupción política, susceptible de crearse a través de la recalificación de terrenos, la participación en negocios, el cobro de comisiones. En las épocas Aznar e, incluso, Zapatero, España, gracias a ese boom inmobiliario, que absorbió la bolsa perenne de paro y creó una tendencia al gasto y a la rotación de dinero, y gracias a los fondos de cohesión europeos, destinados a crear infraestruc- turas y a invertir en un nuevo modelo económico que, con el boom inmobiliario, ni se consideró necesario ni se buscó, España accede a una engañosa y momentánea primera división económica mundial.

Bueno. Todo eso acabó con la crisis mundial de 2007, reconocida en su crudeza en España, de sopetón, en 2010. El 10 de mayo de 2010, Zapatero comparece en el Congreso y anuncia un cambio radical, no tanto en su política económica y social, que también, como en el mismísimo Régimen creado en 1978. De pronto, y tras una llamada de Obama, algún contacto con Alemania y, sobre todo —o, al menos, así lo explica Zapatero en sus memorias—, tras una carta amenazadora enviada por el Banco Central Europeo, España gira hacia la austeridad, recortando sus políticas sociales. Es un país del Sur más que lo hace. La cosa supone un giro absoluto del modelo de democracia y bienestar europeo, creado en 1945 —en España, en 1978—. Pero, por el mismo precio, supone más cosas.

Por su giro radical, supone una ruptura respecto del pacto social firmado en 1978. Su versión más cruel podría ser ésta: os damos bienestar, y nos quedamos con el resto. Para entender el ca- lado violento de este cambio, se debe comprender que España fue el único Estado del Sur que, en las mismas condiciones, no sólo hizo eso, sino que fue más allá. Llevó la austeridad —es decir, la retirada del bienestar a cambio del pago de deuda— a su Constitución. En efecto, el 23 de agosto de 2011, un año después, el Congreso, a través de los votos de PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro, realiza, con nocturnidad y rapidito, una reforma constitucional, que afecta al artículo 135, en el que se recoge desde ese momento la prioridad del Estado en el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. La Constitución más perfecta del mundo, aquel objeto defendido como perfecto e inamovible por el integrismo constitucionalista español, que englobaba a los grandes partidos, no sólo era de fácil reforma, sino de reforma rápida y facilísima si se la sugería el BCE.

No se comprendió en su día, y es posible que los grandes partidos no lo hayan comprendido aún, pero el discurso de Zapatero en el Congreso y las medidas que proponía y, más aún, la reforma constitucional posterior, suponen el fin del Régimen del 78. Su Constitución, por ejemplo, no existe en su título autonómico, desmembrado a través de la interpretación realizada en el Tribunal Constitucional, como opina el constitucionalista Pérez Royo. Tampoco existe —es decir, no es aplicable, a la luz de la reforma del artículo 135— su articulario social. Sí, la reforma constitucional es aplicable a partir de 2020. Pero parece ser que, hasta esa fecha, no va a haber una reforma en la línea contraria.

A esa fractura del pacto social, anunciada por Zapatero, se une, precisamente, otra percepción. La ausencia de soberanía. España, como Grecia, Italia, Portugal o Irlanda, de pronto es percibida como un Estado sin soberanía. No ha podido enfrentarse, negociar, adaptar, rebajar o rechazar las exigencias de esa nueva esfera de soberanía, compuesta por la UE, el BCE, el FMI y Alemania, instituciones no democráticas, o no votadas por ciudadanos españoles. España, esa entidad que se negaba a compartir su soberanía con partes de su territorio, la había repartido sobradamente con otras instituciones, de manera que carecía de ella. Salvo para negarla a las partes de su territorio que quisieran compartirla.

Como resultado de esa renuncia al Estado del bienestar —lo repito, la forma de democracia en Europa—, impuesto desde una soberanía exterior, como resultado de un proceso de rescates bancarios, que aún ganará vigor en la siguiente legislatura, con Rajoy, la sociedad queda abandonada a sí misma. Se suceden episodios de pobreza social como nunca jamás se habían visto en varias generaciones. La clase media entra en caída ya oficial y perceptible, y se suceden situaciones de crueldad y rigurosidad social no corregida por ninguno de los grandes partidos. A modo de ejemplo: la ministra de vivienda del Gobierno Zapatero, Carme Chacón, ante la ola de desahucios que se veían en el horizonte, planteó una medida de emergencia. Y no fue de emergencia social. Se limitó a luchar para que hubiera más juzgados dedicados a esa labor, de manera que los desahucios fueran más rápidos. Sin duda, medidas como ésta ayudaban a plantear ese motín social, esa revolución con todas las letras que se iniciaría el año siguiente, en 2011. El 15M.

Otra consecuencia de la crisis, la ausencia de respuesta de las instituciones a las presiones exteriores, y la austeridad y la penuria social, fue la percepción de la corrupción. En estos primeros años de la crisis se sucede el descubrimiento y la percepción, en toda su magnitud, de casos de corrupción inauditos. El caso Nóos afecta, en su línea de flotación, a la monarquía, el caso Gürtel y el caso Bárcenas afectan en su línea de flotación al PP, como el caso ERE afecta en su línea de flotación al PSOE, o el caso Palau de la Música, familia Pujol u Oriol Pujol afectan a la línea de flotación de CDC. También hay otros casos que afectan a otras instituciones, como el caso Caja Madrid, o los casos de corrupción en el Tribunal Supremo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, incluso, el Tribunal de Cuentas. Muchos casos y una sola repercusión —como ya veremos—: la abdicación de un rey, antes de que se le coman otros casos de corrupción y hunda a la institución.

En fin. Ése es el paisaje, creado por el primer acto de la crisis española, que uno ve por la ventana cuando, en ese momento, el Tribunal Constitucional, con su sentencia, crea el segundo acto. Sí, esos cuatro años, de 2006 a 2010, en los que el Tribunal Constitucional aplazó la emisión de su sentencia, salieron caros. Lo que permitió que a una crisis política, económica, social y de Régimen, se le uniera su mejor amiga, una crisis territorial. Como quedó claro al sábado siguiente después de haberse hecho pública la sentencia.

En efecto, ese sábado en Barcelona se formaba una manifestación, originariamente contra la sentencia del Constitucional pero que, desde un primer momento —no se lo pierdan, lo veremos en breve— fue por otra cosa no prevista. La independencia de Catalunya. Fue, además, una manifestación colosal. Que se sitúa, según quién la evalúe, entre 600.000 o 1.200.000 personas. Una manifestación jamás vista en Barcelona, durante la legislatura Aznar, contra la guerra de Irak, una manifestación nutrida que hizo exclamar al presidente Bush: «La guerra continuará, por más que se manifieste Barcelona».

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La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe. Guillem Martínez. Debate, 2016.