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23 horas al día de aislamiento en una pequeña celda, una hora al aire libre en un exiguo patio cuadrangular, comidas y duchas en solitario, supresión del contacto físico con familiares en los primeros meses del régimen especial e interrupciones del sueño nocturno al supervisar las celdas con linternas. Estas son algunas de las medidas incluidas en una directiva de confinamiento carcelario para sospechosos o condenados por terrorismo, en vigor desde abril de 2016 en Bélgica.

Lo denuncia Human Rights Watch en su informe, publicado en noviembre, Razones para la preocupación sobre las medidas antiterroristas que Bélgica ha ido introduciendo paulatinamente desde enero de 2015, tras el ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo en París. El estudio es el resultado de cuatro investigaciones sobre el terreno llevada a cabo este año en las principales ciudades del país y completadas con decenas de entrevistas a personas que han sufrido abusos policiales, a abogados y familiares de personas encarceladas o activistas de derechos humanos.

No es la primera vez que Bélgica recibe duras críticas por sus prácticas policiales o la política carcelaria. El Consejo de Europa reprendió al país en varias ocasiones por el uso de “tratamientos inhumanos y degradantes” en sus cárceles. La última vez, en marzo, cuando la organización dedicada a promover el Estado de Derecho en Europa incorporaba incluso denuncias de menores de edad por “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente durante los interrogatorios”.

El Consejo de Europa reprendió al país en varias ocasiones por el uso de “tratamientos inhumanos y degradantes” en sus cárceles

Cerca de 50 presos sufren hoy en Bélgica algún tipo de aislamiento especial. De ellos, más de la mitad están bajo el régimen de confinamiento para terroristas. Además, hay casi una veintena en el programa de desradicalización, donde, sorprendentemente, existe la posibilidad de relacionarse durante una o dos horas al día con presos condenados por terrorismo, según declaró un portavoz del sistema penitenciario a HRW. La dureza del aislamiento es tal que, tras ochos meses, un preso de 26 años llegó a no tener "sentido del día y la noche”, mostraba tendencias suicidas y el psiquiatra de la cárcel lo describe “hablando con las paredes”, recoge el informe.

Las autoridades penitenciarias belgas todavía no han aclarado cuántos de estos presos permanecen aislados 23 horas al día, ni el periodo medio de duración de este régimen, pero insisten en que los doctores y psiquiatras realizan visitas regulares y “si dicen que no es bueno para la salud mental del prisionero permanecer en aislamiento, éste se reduce”, explicaba la portavoz de las prisiones belgas, Kathleen Van De Vijver, ante el requerimiento de esta ONG especializada en la defensa de los derechos humanos.

En dos de cada tres casos de presos aislados que ha examinado Human Rights Watch, los psiquiatras del centro recomendaron su supervisión continua, y la familia o sus abogados denunciaron un deterioro de su salud mental. La directiva carcelaria vigentes desde esta primavera señala que cada dos meses debe revisarse la situación de estos reclusos.

La batalla legal de la ‘guerra contra el terror’

El endurecimiento de las condiciones en las cárceles va en paralelo al del Código Penal. Desde el ataque contra el Museo Judío, en mayo de 2014, Bélgica ha condenado a 43 sospechosos y acusado a otras 72 personas de delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, el gobierno no ofrece datos actualizados desde los atentados de París, hace justo un año.

Un cambio de julio de 2015 criminaliza la entrada o salida de Bélgica con “fines terroristas”. Sin embargo, no se define este término y Human Rights Watch cree que podría acabar traduciéndose en “restricciones injustificables de la libertad de movimiento, de expresión o de asociación”. Cualquier persona que viaje a países donde operan grupos terroristas o donde exista un conflicto armado podría sufrir un proceso judicial por este cargo.

Desde el ataque mayo de 2014, Bélgica ha condenado a 43 sospechosos y acusado a otras 72 personas de delitos relacionados con el terrorismo

Vinculada a esta criminalización, en enero de este año se introdujo la retirada provisional del pasaporte a cualquier belga que se sospeche que vaya a viajar a Siria o a otras zonas de conflicto. Al ser una competencia que se ha atribuido al Ministerio del Interior sin supervisión judicial posibilita, según denuncia la ONG,  “prohibiciones de viajar arbitrarias". Hasta septiembre, 214 personas habían sufrido la retirada de su pasaporte.

Desde mayo, una nueva ley obliga a las empresas de comunicación y teleoperadores a almacenar durante 12 meses todos los datos de sus clientes y ponerlos a disposición de todas las investigaciones relacionadas con terrorismo. El problema, asegura Human Rights Watch, no es que la justicia puede acceder a estos datos, sino que en “algunos casos los servicios secretos y la policía” pueden hacerlo sin autorización judicial.

Este verano, tras el atentado de Niza, el Parlamento belga redujo los requisitos para decretar prisión incondicional a un detenido -- antes se aplicaba ante supuestos crímenes muy graves, penados con 15 o más años de cárcel--  y se elimina también la obligación de que exista “riesgo de huída o de cometer nuevos crímenes” por parte del detenido. En paralelo, se pena entre 5 y 10 años de cárcel la difusión de cualquier mensaje que “directa o indirectamente incite a la comisión de un atentado terrorista”.

El gobierno belga también ha introducido la Ley destinada a Fortalecer la Lucha contra el Terrorismo, que permite retirar la ciudadanía a los nacionales originarios de otro país si han sido sentenciados a penas de cinco años o superiores por terrorismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala que nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. De momento, ningún ciudadano belga ha sufrido este ‘castigo’, pero hay en marcha tres procesos por delitos de terrorismo.

La ONG afirma que todas estas nuevas leyes “generan serias preocupaciones sobre los derechos humanos”, pero el gobierno belga rebate en el propio informe estas críticas. Asegura que sus medidas antiterroristas se basan en los derechos humanos y que “está resuelto a proteger esos valores en su respuesta contra el terrorismo”.

Human Rights Watch responde que, amparado por el endurecimiento del Código Penal, el Parlamento está estudiando aumentar a 72 horas la detención preventiva de un sospechoso, y denuncia que  “algunas operaciones policiales han resultado en abusos aparentes, incluyendo palizas u otro uso excesivo de la fuerza”.

Abusos policiales

La punta de lanza de las críticas a Bélgica son la falta de formación, la escasez de recursos humanos y la deficiente coordinación entre los diferentes cuerpos policiales

La punta de lanza de las críticas a Bélgica son la falta de formación, la escasez de recursos humanos y la deficiente coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Se ha acusado a Bruselas de no detectar el 'semillero yihadista' en algunos de sus barrios. El gobierno belga reconoce a Human Right Watch que la ausencia de “diversidad étnica y religiosa dentro de las fuerzas policiales es un desafío clave” que dificulta su trabajo.

Parece que la fuerza ha sustituido a la eficacia en la lucha antiterrorista de Bélgica. En enero de 2015 la policía asaltó un apartamento en Verviers, al norte de Bruselas, matando a dos hombres sospechosos de tramar un atentado inminente. Era una operación enmarcada dentro de la investigación del ataque contra la sede de Charlie Hebdo una semana antes en París. Sería la primera de las decenas de intervenciones en domicilios durante los dos últimos años.

En las entrevistas realizadas, Human Right Watch constata grandes operaciones en las que la Policía Federal “parece haber usado excesivamente la fuerza, a menudo combinada con amenazas verbales en los asaltos”. El gobierno reconoce que “investiga un número de incidentes por acusaciones de violencia física y verbal” de la policía en el periodo posterior a los atentados de marzo.

15 hombres y adolescentes denuncian ante la ONG que “la policía federal y local les insultó, amenazó y, en cuatro casos, les golpeó contra coches o vehículos” en los registros posteriores a los atentados de París o Bruselas. “Muchas de las quejas que hemos escuchado de ciudadanos de ascendencia norteafricana, así como de defensores de derechos humanos locales, sugieren una amplia desconfianza hacia la policía”, explica el informe.

Uno de los entrevistados, Omar, asegura que “estos días no es fácil ser árabe, musulmán y vivir en Molenbeek”, el barrio de Bruselas de donde procedían los dos hermanos Abdeslam involucrados en los atentados de París. Tras varias horas de palizas, “esposado y con una venda en los ojos”, Omar fue liberado sin cargos.

En Bélgica hay “una cultura del silencio que prevalece hoy y que frena a la policía de intervenir cuando hay compañeros cometiendo actos inaceptables”

Hace un año, la agencia pública contra la discriminación, Unia, alertó sobre “la existencia, entre ciertos policías, de prejuicios contra los extranjeros y los musulmanes en particular”. Según Unia, en Bélgica hay “una cultura del silencio que prevalece hoy y que frena a la policía de intervenir cuando hay compañeros cometiendo actos inaceptables”.

Política del miedo

A mediados de enero de 2015, el organismo de coordinación en la lucha antiterrorista de Bélgica (OCAM) subió el nivel de alerta a 3, que implica una amenaza seria. El nivel 4 supone un riesgo de ataque inminente. Con la alerta 3 el gobierno desplegó a 200 soldados por las calles, una medida no adoptada en treinta años. En noviembre de 2015, tras los atentados en París, la OCAM subía la alerta a 4. Bajo su recomendación, el gobierno de Charles Michel decretaba el cierre de Bruselas durante cinco días.

El conocido como lockdown, el confinamiento de la capital comunitaria con el cierre del transporte público, de los centros educativos y la hostelería en gran parte de la ciudad, provocó un estado casi de paranoia aquellos días en Bruselas. Miles de personas permanecieron encerradas en sus casas y 1.800 soldados ocuparon calles, plazas y edificios públicos. En marzo de 2016, el país vivió dos días bajo el nivel de alerta 4. Aunque Bélgica acababa de sufrir uno de los atentados más mortales en décadas -- fueron asesinadas 34 personas en el aeropuerto y el metro de Bruselas-- no se decretó ningún tipo de confinamiento como sí había ocurrido tras los de París.

Si bien es cierto que sólo se han constatado unos pocos incidentes entre los soldados y la ciudadanía, Human Right Watch denuncia que “un despliegue militar prolongado en un contexto de civiles no es deseable”. La policía restringe el uso de la fuerza al mínimo mientras mantiene el orden. En cualquier conflicto, “el objetivo de los soldados es neutralizar al enemigo con cualquier medio”.

Tras un año, el ejército sigue patrullando Bruselas y es normal estar en la terraza de un bar o en uno de los múltiples mercados al aire libre mientras pasan al lado hasta cinco soldados armados con metralletas. Es rara la semana que no salta a las noticias y es difundida por las redes sociales una de las frecuentes operaciones policiales en barrios de la ciudad o en pequeños pueblos del país. Bruselas y Bélgica se han habituado a vivir bajo un estado de shock permanente.