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Creo formar parte de la mayoría de los catalanes que luchamos por un pueblo de Catalunya solidario con los pueblos de España, comprometidos en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado federal.

Comenzaré con un texto ejemplar escrito en 1876 por un catalanista y republicano como era Pi i Margall: “Derribar y no levantar barreras ha de ser el fin de la política... Enseñemos a nuestros semejantes a vivir con hombres de otras razas y de otros colores no solo en relación al comercio, sino también en comunidad de ideas y sentimientos”.

Con este y otros muchos antecedentes, resulta inaceptable la Resolución del Parlament de Catalunya  del  27 de julio de 2016, proclamando  un proceso constituyente que concluiría con la ruptura con España y la pretendida creación de un “Estado catalán independiente”. Representa un levantamiento antidemocrático contra el Estado constitucional actual, creado después de tres años de Guerra Civil y cuarenta de dictadura. Es un golpe de Estado.

Ustedes no son unos meros ciudadanos, son titulares de poderes públicos que no están opinando, están gobernando

Pero inspira una gran preocupación, e incluso temor, que una coalición tan insólita como la de Junts pel Sí y la CUP, además de minoritaria en votos ciudadanos, sea capaz de desafiar nuestra democracia, atribuirse la representación de toda Catalunya, llamar a menospreciar y desobedecer la Constitución y las leyes democráticas españolas y hacerlo todo, como si de un grupo de agitadores se tratase, sin ningún fundamento jurídico que justifique su pretendido levantamiento. Y, por supuesto, con conductas, como los delitos de prevaricación y desobediencia, comunes en cualquier sistema democrático, y muy graves en cuanto son cometidos por personas con cargos públicos relevantes y representativos. Como es el último caso de la presidenta del Parlament de Catalunya, justamente encausada. Procesos, por cierto escasos, en los que solo desde el sectarismo y la ignorancia jurídica puede alegarse como justificación de la pretendida legalidad de su actuación la libertad de expresión, cuando es lo cierto que están planteando desde altísimos cargos públicos, con capacidad de decidir, unas medidas políticas que representan la destrucción del actual Estado democrático. Es gravísimo. Y, por favor, no invoquen vanamente derechos como la libertad de expresión, de la que son titulares los ciudadanos, porque vds. no son unos meros ciudadanos, son titulares de poderes públicos que no están opinando, están gobernando y, en abuso de su poder, están traicionando las leyes democráticas que les han permitido acceder al gobierno. 

Nadie duda de la condición de nación de Catalunya y la Constitución de 1978 la reconoció implícitamente en la Disposición Transitoria Segunda cuando se refiere a “los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos del Estatuto de autonomía”, entre los cuales solo estaban Euskadi y Catalunya. Ciertamente no se optó --con la conformidad de las fuerzas políticas catalanas-- por un Estado estructurado federalmente, pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las Autonomías.

Catalunya no está subyugada ni dominada por España

Es evidente que reconocemos y damos soporte al derecho del pueblo de Catalunya –que, no lo olviden, está integrado por la totalidad de sus ciudadanos-- a un régimen de autogobierno mucho más amplio en sus competencias y la exclusividad de la mayor parte de ellas. Pero Catalunya, vinculada históricamente a España desde hace siglos, solo puede y debe hacerlo desde la aceptación y el respeto a las instituciones democráticas españolas --incluido el Código Penal-- a través de una profunda reforma constitucional

Con un presupuesto irrenunciable: Catalunya no está subyugada ni dominada por España y es completamente falso que la pretendida independencia augure una supuesta libertad de la que ahora se careciera.

Los ciudadanos catalanes, como los españoles, están sufriendo por igual   los efectos de la crisis económica y de la restricción de libertades que impuso el anterior Gobierno del PP. Es más, el proceso soberanista ha ido en paralelo al desarrollo de las políticas del PP y dirigido por una fuerza política, CDC (por más que ahora cambie de denominación), que, como el PP, está enfangada hasta el cuello de corrupción. La pretendida independencia comporta calculadamente la plena impunidad. Nadie puede ignorar que con este objetivo pretenden librarse de la jurisdicción penal estatal que, en este momento, tiene sometidos a investigación a dicho partido en el caso Palau de la Música, al fundador de la formación, Jordi Pujol, y toda su familia, al ex secretario general de la misma e hijo del anterior, además de  a destacados altos cargos de CDC.
Desde el comienzo de este proceso, Convergència Democràtica ha practicado un nacionalismo que le permitía y le permite mantener un equilibrio entre las políticas económicas y sociales más conservadoras y la promesa, completamente engañosa, de un futuro de prosperidad y justicia.

Constituye un gravísimo error histórico romper una convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los nacionalismos

Desde las más elementales exigencias democráticas, debe cesar este proceso fraudulento, desafiante y hasta delictivo, y solicitamos a la ciudadanía y a las instituciones catalanas lealtad a los trabajadores/as de España que padecen en todo caso las mismas o peores privaciones que los trabajadores catalanes. Pero, sobre todo, la “lealtad constitucional”, que exige el Estatuto de Autonomía  vigente hacia la democracia española de la que continuamos formando parte --basta ver a los diputados y senadores independentistas en el Parlamento español--, y, sobre todo, lealtad hacia los pueblos de España. Por descontado, en un Estado de naciones y regiones libres y plenamente reconocidas.

Constituye un gravísimo error histórico romper una convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los nacionalismos, de “nosotros” frente a “ellos”, cuando estos, es decir, los que llaman “los españoles”, están siendo desde hace mucho tiempo los más perjudicados por las políticas neoliberales de los recientes Gobiernos de España y Cataluña, en tantas ocasiones estrechos aliados.

No hemos de olvidar que de producirse esta ruptura se generaría en Catalunya un proceso de crisis de convivencia, de diferencia de trato y consideración, de exclusiones, de menosprecio e incluso de hostilidad, que en algunas ocasiones ya ha aflorado. Basta con repasar nuestra reciente historia europea.

Que no olviden la expresión solidaria que representó el cartel de la Catalunya republicana durante el asedio fascista a la capital del Estado: “Ajut permanent a Madrid”.

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Carlos Jiménez Villarejo. Federalistes d´Esquerres.