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Es habitual encontrar justificaciones en torno al acceso a unos ingresos garantizados como un derecho inalienable en consonancia con los objetivos de justicia y libertad, aspecto sobre el cual ambas propuestas parecen compatibles una con la otra. Las discrepancias entre los defensores del empleo y el ingreso garantizados toman constantemente la forma de juicios morales, en los cuales la reciprocidad es el núcleo de sus disputas. Mientras desde un lado se patrocina un liberalismo individualista estilizado, exigiéndose proveer a las personas de una renta monetaria suficiente para adquirir todo lo necesario para una existencia digna que le permita emanciparse de la obligación de trabajar por un sustento vital, desde el otro se critica tal posición por violar los principios de reciprocidad sin contribuir a la provisión social de bienes y servicios de la que el conjunto de la comunidad se nutre.

En mi opinión, el debate en estos términos no arroja luz sobre las diferencias esenciales de una y otra propuesta. Independientemente de las justificaciones morales, el enfrentamiento entre el Trabajo Garantizado y la Renta Básica Universal emerge claramente cuando los estudiamos en el contexto de sus dispares efectos sobre el empleo, la composición del producto final y los precios.

El análisis macroeconómico en la literatura referente a la Renta Básica Universal está aparentemente limitado a considerar cómo se financiaría. Como la Teoría Monetaria Moderna revela que la financiación gubernamental para cualquiera de las propuestas no está limitada operativamente, para el propósito de este artículo baste decir que el control soberano sobre su propia moneda faculta al Estado a pagar su programa cualquiera que sea, sin importar si es caro o la magnitud de los efectos multiplicadores. Esto deja como propósito esencial de los impuestos el crear demanda para la moneda del gobierno.

La RBU es consistente con el paradigma económico neoclásico, presentando el desempleo como el producto inevitable de las rigideces salariales

La construcción teórica de ambas propuestas se origina en planteamientos rivales sobre cómo es el funcionamiento de la economía. Algo que rara vez se explica es que la RBU es consistente con el paradigma económico neoclásico, presentando el desempleo como el producto inevitable de las rigideces salariales que impiden la compensación adecuada en un mercado competitivo, sin dar una explicación macroeconómica al mismo. La solución diseñada entonces es presuponer la existencia de una especie de derecho de propiedad igual para todos sobre las rentas del trabajo de los empleos productivos, un derecho negociable que debe ser visto como un presunto alquiler de la parte del trabajo efectuada por quienes monopolizan los empleos y que correspondería recibir a los beneficiarios de la RBU.

Por su parte, el Trabajo Garantizado es un instrumento elaborado por una corriente de investigación conocida como Teoría Monetaria Moderna, integrada en el paradigma poskeynesiano. En consecuencia, se aborda el desempleo como producto del fracaso de la política macroeconómica en sostener el gasto total a un nivel suficiente para proveer las oportunidades de empleo que aseguren un ingreso y condiciones dignas para todos aquellos que puedan y quieran trabajar. Así pues, se define el desempleo como un fenómeno monetario que es causado por un déficit presupuestario demasiado bajo, considerando que el emisor de moneda es el único agente capacitado para cerrar la brecha de gasto creada por los deseos de ahorro y beneficios del sector privado.

De este primer contraste podemos extraer ya una conclusión sobre la forma de alcanzar el pleno empleo en una y otra propuesta: entretanto que los partidarios del TG sostienen que el Estado debe utilizar su poder como emisor de moneda para llegar a este objetivo creando oportunidades para todos, desde la RBU se toman como dadas tales oportunidades, y en función de su escasez y las imperfecciones del mercado laboral se incentiva una retirada de la población activa suministrando la moneda a cambio de nada. Cómo abastece el gobierno la moneda a la población tiene impactos significativos sobre la actividad económica, por lo que lo siguiente será abordar los efectos de ambos planes sobre el valor de la moneda y la estabilidad de precios.

Dado que la moneda es un monopolio público, el gobierno puede determinar su valor ejerciendo su poder soberano de fijar el precio al cual la suministrará. Si el Estado requiere que para obtener una unidad monetaria una persona debe ofrecer a cambio una hora de su trabajo, entonces el dinero valdrá exactamente eso. Por el contrario, la garantía de ingresos básicos no establece términos de cambio con la moneda, proporcionándola incondicionalmente. La conclusión lógica de esto es que la gente no necesita vender nada al gobierno para conseguir la moneda, invalidando el papel de los impuestos como dispositivo para promover su circulación en la economía. Semejante desacople fácilmente puede desembocar en un escenario donde a medida que el valor de la unidad monetaria nacional se deteriora hasta cero, los agentes privados hacen sus transacciones en otras monedas más fuertes.

Por tanto, como el salario del sector público es decidido de manera exógena por el Estado y el trabajo es un factor fundamental empleado en la producción de todos los bienes y servicios, sirve como punto de referencia para todos los precios. Esta característica incorporada es fundamental del TG y no tiene una contraparte comparable en las propuestas de garantía de ingresos. Además, el tamaño de los programas de garantía de empleo actúa como una reserva de estabilización que se contrae y expande en relación a la etapa del ciclo económico en que se encuentre la economía. Tampoco la RBU incorpora un mecanismo anticíclico, pues una vez introducido el pago de la garantía de ingresos en la economía ésta tiene un comportamiento procíclico.

Frente a la reserva de estabilización y el anclaje de los precios inherente al TG y que la RBU no integra, se estima también que el impacto sobre la fuerza de trabajo y la producción de la RBU tiene efectos negativos. Con el fin de convencer a los beneficiarios de la garantía de ingresos a salir de su aparente inactividad voluntaria y regresar al mercado de trabajo, los empleadores deberán ofrecer salarios más elevados, tras lo cual seguidamente tenderán a aumentar los precios para cubrir el incremento de los costes salariales. Esta pérdida de poder adquisitivo de los receptores de la RBU debe ser ajustada al alza para compensar y garantizar su propósito. Si esto sucede, una adicional subida de los salarios tratará de retener a los trabajadores en el sector privado, poniendo en marcha otra vez una espiral precios-salarios cuyo resultado más probable sea una situación de estanflación y que impide a la RBU satisfacer las necesidades de sus beneficiarios.

El Trabajo Garantizado se muestra como un vehículo viable para llevar a cabo otras metas económicas y sociales que los defensores de la RBU juzgan igualmente como deseables

Tras considerar brevemente los efectos macroeconómicos de las dos propuestas podemos ya entender que el TG y la RBU son herramientas de política económica más diferentes de lo que se desprende de los argumentos morales. Pese a que la garantía de ingresos no cumple sus promesas y puede incluso atribuírsele ser autodestructiva y funcionar en la práctica como una subvención encubierta a la realización de los beneficios privados, el TG no solo hace efectivas las suyas de lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios, sino que también se muestra como un vehículo viable para llevar a cabo otras metas económicas y sociales que los defensores de la RBU juzgan igualmente como deseables.

El TG proporciona una respuesta estructurada y directa para llevar a cabo actividades tales como el cuidado del medio ambiente y de las personas, promocionar la inclusión y la igualdad, provocar el cambio de modelo productivo, o reforzar la provisión de servicios públicos, que al fin y al cabo pueden definirse como una renta básica en especie. La no obligación del sector público de guiarse por el ánimo de lucro puede dar lugar a diseños que promueven las capacidades individuales, el deber cívico, la cohesión social, y la participación comunitaria, redefiniendo el significado del trabajo a la vez que se pone fin a la precariedad y transformamos el sistema colectivamente, cubriendo necesidades que se dejan sin cubrir porque al sector privado no le es rentable. ¿Seguimos perdiéndonos en debates filosóficos o nos ponemos a elaborar un discurso con unas herramientas propias para combatir el neoliberalismo en su terreno?

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Esteban Cruz Hidalgo es miembro de Red MMT España, de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP), de la Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC España, e impulsor del Instituto de Economía Política y Humana (iEPH). Su formación es de economista, y cursa actualmente estudios de doctorado en la Universidad de Extremadura.