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El diputado de En Comú, Joan Mena, quiso preguntar el pasado día 26 de enero sobre el uso de fondos reservados para comprar el silencio de una amante del rey emérito en los 90. La Mesa del Congreso fulminó la pregunta sin debate. Días después, Ricardo Sixto, de IU, propuso otra cuestión en la misma línea que, igualmente, acabó en la cuneta. ¿Los motivos? El rey es inviolable y la información relativa a gastos reservados queda restringida a la Comisión de Secretos Oficiales, ésa que meses después de las elecciones y de la investidura seguía sin constituirse, hasta finales del mes de febrero. El monarca no tiene responsabilidad jurídica según la ley, pero pedir explicaciones no supone ningún procesamiento. En la práctica, la intangibilidad del rey en España goza de unas atribuciones más cercanas a la santidad que a la jefatura de un Estado: ni siquiera se le puede nombrar en vano.

Los gastos reservados del Gobierno, después de casi 40 años de democracia, siguen blindados a perpetuidad. Bajo la norma actual, el ciudadano no sabrá nunca en qué se usa esa porción de sus impuestos.

Esta semana entró en el circuito del registro una proposición de ley que impone plazos para la desclasificación de esas informaciones. El responsable de la iniciativa es Joan Mena, el mismo que se quedó con la palabra en la boca. “Venimos de una situación heredada del franquismo que es anómala en el conjunto de las democracias europeas”, critica el diputado.

El nuevo texto quiere modificar la ley que regula la utilidad y el control de los gastos reservados para que las partidas se desclasifiquen automáticamente a los diez años

El nuevo texto quiere modificar la ley 11/95 que regula la utilidad y el control de los gastos reservados para que las partidas se desclasifiquen automáticamente a los diez años. Según Mena, la reforma cumpliría dos objetivos: por un lado, “materializa el derecho de los ciudadanos a conocer en qué se gasta el dinero público” y, por otro, “obliga a los poderes públicos a no gastar en lo que no corresponde porque en diez años la ciudadanía lo va a saber”. Además, se establece un plazo de 30 días desde la legislatura para crear la comisión correspondiente.

En Comú complementa así los movimientos del PNV destinados a acabar con el hermetismo de España en materia de secretos oficiales. A finales de noviembre, el grupo vasco presentó una proposición de ley para instalar un mecanismo de desclasificación automática de información secreta cada 25 años, con opción a una prórroga de 10 años que debe justificarse. Si prospera, conoceremos la trastienda nacional de la Guerra Civil, la dictadura o la Transición. El Congreso admitió a trámite el texto con el apoyo de la oposición. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

La Transición nunca llegó a los secretos oficiales. A 2017, la ley sobre la que tienen que trabajar los nacionalistas vascos pertenece a una época en la que Franco todavía andaba fresco y salía a cazar: 1968. El PSOE no aprovechó su rodillo ni sus mayorías para avanzar en transparencia y, por descontado, el PP tampoco. Desde el PNV, ven la situación con cierto recelo. La proposición lleva varios meses atascada en la fase de enmiendas, tendría que haber salido ya del horno, pero no dejan de solicitarse ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas: la última, según fuentes del grupo vasco, por parte de PP, PSOE y ERC.

La legislatura más plural de la democracia parece deslizarse hacia un parlamentarismo muy postural. Las iniciativas entran al Congreso como proclamas, se pronuncian palabras excesivas como “consenso”, pero luego, es más fácil neutralizar los textos y (al haber muchos grupos y al dispersarse el interés informativo en la esquizofrenia de las declaraciones y las estrategias diarias) la responsabilidad de cada parte en el desarme se diluye.

Hay temas delicados que si los partidos del juancarlismo no tocaron, fue por algo. Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, asociación integrante de la plataforma Poletika, percibe remanencias del clima de la dictadura en lo relativo al derecho de acceso a la información. “La idea de un Estado bajo amenaza ha quedado en la mente de las personas, también sostenida por la presencia del terrorismo; eso ha creado la percepción de que hay temas que no se pueden tocar”, y afirma: “Hay mucha más transparencia en otros países de Europa. En Dinamarca o Suecia, por ejemplo, la Casa Real rinde más cuentas de sus gastos”.

Reino Unido libera la información cada 30 años y trabajan para reducir el plazo a 20. En Suecia, todo documento de la administración es público de nacimiento

En la exposición de motivos del documento de En Comú se habla de equipararnos a democracias occidentales como Reino Unido, Suecia o Estados Unidos. Reino Unido libera la información cada 30 años y trabajan para reducir el plazo a 20. En Suecia, todo documento de la administración es público de nacimiento: pueden reservarse fragmentos de ciertas informaciones, pero no el archivo completo.

Desde Access Info Europe asumen que debe haber exclusiones al acceso por motivos de seguridad nacional, “la cuestión es si de verdad toda la información que figura en los gastos reservados realmente hace falta mantenerla en secreto”. La ocultación del supuesto pago de silencio a las amantes del rey o la financiación de visitas a países que no cumplen los derechos humanos o el reparto de sobresueldos en la época de Felipe González sólo pueden considerarse cruciales para la estabilidad en un Estado que mantiene una concepción aberrada de la seguridad nacional que incluye, entre otras cosas, la indignación de la gente. “Eso es una cosa que en España no se entiende todavía muy bien, que la gente proteste en la calle nunca puede ser una amenaza ni tampoco otras acciones que se han visto limitadas por la Ley Mordaza”, recuerda Darbishire.

La limitación del secreto a 10 años busca evitar posibles usos arbitrarios de estos fondos: “Entendemos que hay un montón de gastos públicos que, bajo la cortina de los créditos para gastos reservados, se acaban utilizando prácticamente como una barra libre por parte de los gobiernos”, sospecha Joan Mena. Actualmente, existe una comisión para que la oposición pueda vigilar estas partidas. El Congreso debe dar el visto bueno a cada candidato por una mayoría de, al menos, 210 diputados. La proposición de En Comú también altera este punto y establece que, por norma, al menos un diputado de cada grupo acceda a la comisión. “El mecanismo actual blinda los vetos, ya se hizo en 2011: se impidió que ERC accediera a la comisión con el argumento de que tenía relaciones con la izquierda abertzale”.

Aun así, Mena confía relativamente en los mecanismos parlamentarios actuales. Asegura que tampoco los diputados que integran la comisión reciben una gran información. Si es sobre el rey “no se la dan porque es inviolable”; si es de otro tipo, “se da de manera ambigua, con poco detalle”. Una de las garantías de control que planteaba la ley de 1995 era la posibilidad de remitir anualmente un informe al Tribunal de Cuentas, una institución corroída por un nepotismo sonrojante.

El blindaje de la información reservada y secreta provoca un efecto boomerang. “Si creas un espacio de descontrol de los gastos de los fondos públicos, evidentemente, eso aumenta el riesgo de incurrir en una mala utilización de ese dinero, y más en un país con niveles de corrupción bastante altos”, advierten desde Access Info Europe. Por eso, la información que recibiremos si prosperan los movimientos de PNV y En Comú será mucho más comprometida para los partidos que han tocado gobierno que si la transparencia se hubiera instalado hace tiempo. ¿Se pondrá en jaque el relato histórico de nuestra democracia?