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Se trata de rellenar un formulario, firmarlo y poner el sello en el expediente “ETA”. No puede hacerse otra lectura al desarme total anunciado por la banda para el 8 de abril, por mucho que los antecedentes no inviten precisamente a pensar que no será un trámite administrativo rutinario. Si todo sale bien (algo que no suele suceder cuando se habla de esta cuestión), la sociedad vasca podrá, al fin, levantar ese inmenso telón de tinieblas que ha marcado su convivencia.

El deseo de ETA de entregar su arsenal sin contrapartida alguna a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) presidida por el ciudadano tamil Ram Manikkalingam no debería admitir mucha discusión. El anuncio realizado la semana pasada al diario francés Le Mondepor Jean-Noël Etcheverry, portavoz del grupo de ciudadanos vascofranceses que llevan meses trabajando como facilitadores del desarme total, fue convincente por mucho que el terrorismo siga engendrando polemistas capaces de rebatir hasta el teorema de Pitágoras. “Somos ciudadanos preocupados por una situación absurda; a saber, que hay una organización que desea sellar, inventariar y desarmar su arsenal a la que los gobiernos francés y español le impiden hacerlo”, dijo Etcheverry. Las palabras de este miembro del Foro Social Permanente fueron pura gasolina en un país donde cientos de ciudadanos se encienden de indignación por la sola mención de un final para la banda que no sea su aplastamiento. Cinco años sin asesinatos no han sido suficientes para apagar las brasas de la ira provocadas por 49 años de violencia sectaria.

Aunque este asunto esté acabado, el Gobierno ya dejó claro que no dará ni la extremaunción a la banda. Al contrario. Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, el PP decretó el estado de desafección total sobre este asunto y prefirió dejar que ETA se consumiera en la caldera de los agravios a facilitarle el tránsito al tribunal de la historia. Dan igual los motivos que empujan al Gobierno a mantener una actitud que en otras partes del mundo sería reprobada. Lo simbólico aquí es que la dirección de ETA entregará el 8 de abril un mapa con la geolocalización de todo su arsenal a la policía francesa y no a la española. Todo un contrasentido. 

Cinco años sin asesinatos no han sido suficientes para apagar las brasas de la ira provocadas por 49 años de violencia sectaria

Pero la pregunta crucial de este jeroglífico es por qué el desarme se produce ahora. A poco que uno observe con detenimiento la evolución sufrida por la izquierda abertzale en el último lustro descubrirá pequeñas zonas de sombra en las que se esconden situaciones sorprendentes y misteriosas. La más determinante, mucho más que las contradicciones ideológicas que ha provocado la aparición de Podemos, es la alta temperatura alcanzada en uno de los motores que siempre han movido a la formación independentista vasca: el impenetrable “Frente de las cárceles” protegido con candados y persianas por la dirección desde tiempos inmemoriales se ha resquebrajado y por las grietas ha aflorado el magma de la división con toda crudeza. El punto de partida fue la ponencia Askatasunaren bidean. Presoak etxera (En el proceso de libertad. Los presos a casa) realizada el 12 de enero de 2016 por el dirigente de Sortu Rufi Etxeberria, un documento que da un salto histórico al establecer un cambio de estrategia para mejorar las condiciones de vida de los 437 etarras encarcelados en 76 prisiones de todo el Estado. Por primera vez, la izquierda abertzale habla de renunciar a una actuación colectiva y acepta las solicitudes individualizadas de acercamiento a prisiones próximas al País Vasco, además de alentar las peticiones de libertad provisional para 11 presos con enfermedades incurables, lo que hasta ese momento era impensable. Es decir, el colectivo oficial de los presos de ETA, el EPPK, asume la renuncia a su antigua reivindicación de amnistía general para centrarse en la lucha por el respeto a los derechos humanos de los reclusos. 

La consecuencia inmediata fue la aparición de una nueva organización crítica con la decisión del EPPK, Amnistia ta Askatasuna (ATA), que desde entonces ha ocupado el espacio público bajo la bandera de las viejas reclamaciones. ATA, que pese a ser una fuerza minoritaria ha visibilizado su existencia con manifestaciones bastante numerosas, ha tenido sonoros enfrentamientos verbales con destacados dirigentes abertzales, entre ellos, un Arnaldo Otegi que desde que salió de prisión se ha consagrado a la tarea de liderar la renovación de Sortu y apagar fuegos internos. Los escindidos del EPPK, además, cuentan con el apoyo de los miembros más duros de la banda, como Unai Parot e Iñaki Bilbao, y de 93 presos. Para esta facción disidente, el cambio experimentado por Sortu en cuestiones fundamentales como la condena de la lucha armada y renuncia a la amnistía general ha llevado “al Movimiento de Liberación Nacional Vasco a una crisis grave, debilitándolo profundamente e integrándolo en el sistema al rendirse al chantaje de los enemigos”, afirman. 

La lucha política también se ha desatado en el interior de Sortu. En una esquina, Otegi y buena parte de la dirección del partido ,que ven en ERC su referente ideológico para Euskadi

Por si esto fuera poco, la lucha política también se ha desatado en el interior de Sortu. En una esquina, Otegi y buena parte de la dirección del partido que apoyan la aceleración del desmantelamiento de ETA y que ven en ERC su referente ideológico para Euskadi. En la otra, los que se sienten identificados con la lucha anticapitalista y que ven en tal actitud una imperdonable capitulación de aquellos principios que coreaban hace una década: “Amnistia Osoa y lucha contra la represión”. Pese a que desde medios próximos a ATA aseguran que el objetivo del grupo no es, “ni por asomo, retomar la lucha armada”, miembros del consejo político de Sortu y el dinámico entramado social que lleva trabajando por el desarme total de ETA tanto en el País vasco-francés como en el español desde hace cinco años decidieron que el momento del adiós a las armas ha llegado. “No podemos esperar más, hemos decidido tomar nuestras responsabilidades”, dijo Etcheverry en la última entrevista concedida hasta ahora.

Con todo, el éxito o el fracaso de la jornada prevista para el día 8 de abril dependerá de la actitud que adopten los gobiernos español y francés. El primer ministro galo, Bernard Cazeneuve, ya ha garantizado que París no entorpecerá la entrega del mapa con la geolocalización del arsenal que aún se encuentra en poder de ETA al representante del Foro Social Jean-Noël Etcheverry. “Ningún gobierno puede oponerse a que armas que han estado en el origen de actos violentos sean restituidas”, aseguró Cazeneuve. El Parlamento vasco acaba de anunciar que dará cobertura al desarme con una proposición que será votada por todos los partidos, excepto el PP. El gobierno de Rajoy y el PSOE del portavoz Antonio Hernando coincidieron en el Congreso al reclamar a ETA que diga sin dilación ni suspense “dónde están las armas porque con ello no logrará ninguna concesión”. 

La actitud cautelosa de la CIV refleja el enorme grado de duda respecto al papel que desempeñará el Ejecutivo español. Cauto, Manikkalingam ha pedido que, al menos, no entorpezca la entrega de la primera bala y así poder comenzar sin sobresaltos un nuevo capítulo en la historia de este país.