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La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia, aquello en lo que creemos y aquello que supera la superstición. Nuestras leyes son lo opuesto a la ley de Dios, aunque a menudo se le cuelguen de las barbas.

Nuestras leyes tienen sus jueces, y éstos su gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hubo un tiempo, allá por 1980, en el que ese gobierno era nombrado por los propios jueces. Poco duró. En 1985, el Ejecutivo socialista de Felipe González debió de pensar que lo judicial se les estaba desmandando, o quién sabe si era cierto que quería purgar franquistas, o ambos, y cambió su Ley Orgánica. Cuentan que Alfonso Guerra lo celebró con la frase “Montesquieu ha muerto”. Él lo niega. A partir de entonces, el CGPJ pasó a ser elegido por los políticos. Hoy tiene 20 miembros –10 por parte del Congreso y otros tantos, del Senado–. Ellos votan a su presidente.

“La función principal del Consejo es la gestión de la administración de Justicia junto con la salvaguardia o la garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial.”, se lee en la página del Poder Judicial.

“Salvaguardia o garantía de la independencia de los Jueces y Tribunales cuando ejercen su función judicial”, sí.

“Respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”, sí.

Ahí está la cuestión, sí. 

CAPÍTULO 1

Un juez frente al Consejo General del Poder Judicial

Corría mayo de 2015 cuando un joven juez llamado Manuel Ruiz de Lara pagó el viaje de un pequeño grupo de alumnos de Derecho a Bruselas. Su objetivo: debatir sobre el Derecho, sus órganos y sus leyes con estudiantes de otras universidades. Él tenía 35 años y los alumnos veintipocos. Él era el portavoz de la llamada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación empeñada en denunciar las conexiones entre los partidos políticos y los órganos judiciales. Sus alumnos pertenecían a una quinta dispuesta a destripar el funcionamiento de la Justicia por ver si hallaban el mal.

Pocos días después de aquel viaje a Bruselas, el juez Ruiz de Lara recibió una llamada. A media mañana, cuando se encontraba en su domicilio disfrutando de un tiempo de vacaciones, sonó su teléfono personal. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como inspector del CGPJ y le preguntó cómo se financiaban esos debates universitarios. Él respondió que de su bolsillo. No se le informó de nada más.

Para entender la rocambolesca y oscura telaraña tejida en torno al juez Ruiz de Lara, en cuyo lienzo participa incluso el presidente del Tribunal Supremo, resulta imprescindible ver un vídeo de la Plataforma por la Independencia Judicial.

Este:

La siguiente comunicación le llegó al juez Ruiz de Lara más de un año después de aquella llamada de 2015.

El 2 de agosto de 2016, a las 13.30 de un miércoles soleado en el Mediterráneo, el joven juez recibió un mail en el que el CGPJ le preguntaba si tenía algún cargo en la asociación universitaria de debate y si recibía alguna remuneración por ello. Él ya vivía en Barcelona, donde desde febrero de ese año ocupa su puesto en el juzgado Mercantil número 10. Allí recibió el correo y desde allí respondió que no a ambas preguntas. Un hombre llamado Antonio Jesús Fonseca-Herrero había abierto diligencias informativas contra él. Fonseca-Herrero es lo que el CGPJ llama Promotor de la Acción Disciplinaria, cargo que une en su nombre las ideas de “acción” y “disciplina”, valga la evidencia.

“La asociación de los estudiantes es una entidad privada universitaria, y yo lo hice porque los debates que organizaban me parecía una actividad bonita académicamente”, explica. Ruiz de Lara es un treintañero flaco y sonriente de gran nariz y cejas pobladas sobre los ojos pardos. Habla con una seguridad ligeramente cascabelera que contrasta con su empeño constante en justificar algo que, en principio, parece que no necesitaría justificación. De la misma forma que no sería necesaria la investigación puesta en marcha por el Promotor de la Acción Disciplinaria Fonseca-Herrero. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Y quizás por eso puso a disposición del CGPJ su cuenta corriente, donde entradas y salidas de dinero demostraban la verdad de sus palabras: gastos en los alumnos y ningún ingreso por esa parte.

El pasado mes de enero de 2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5 meses en marcha

Así quedó todo hasta que el pasado mes de enero de 2017, Ruiz de Lara decidió preguntar al Consejo por la marcha de la investigación a la que le someten. En ese momento llevaba ya más de 5 meses en marcha, y sin más noticias que las preguntas sobre la asociación universitaria de debates.

Entonces llegaron las sorpresas. Dos.

Sorpresa Uno: existe un informe secreto llevado a cabo por el magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla donde queda en evidencia que ha investigado las actividades y la página web de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Este informe secreto no tiene ningún tipo de cobertura por parte de procedimiento alguno, y, lo que resulta más sorprendente, Ruiz de Lara desvela que está encargado por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El Consejo General del Poder Judicial solo puede investigar a jueces. La Plataforma es una entidad privada y entre sus socios se cuentan jueces, y también abogados y ciudadanos de a pie interesados en sus actividades. Más allá del pasmo que supone imaginar a todo un presidente del Supremo en estas triquiñuelas, como si no tuviera rotos nuestra democracia, la investigación es irregular.

Sorpresa Dos: existe un segundo informe del 12 de julio de 2016. Está firmado por Esperanza Córdoba Castroverde e insiste en la participación remunerada del joven juez en los debates universitarios. “El problema no es que haga esas insinuaciones, que ya es bastante grave”, protesta Ruiz de Lara, “sino que se basa únicamente en que aparezco en una foto de Facebook con jóvenes universitarios… En fin, yo y no sé cuántos magistrados más”. En los debates han participado, entre otros, el presidente de la Audiencia Nacional o el Fiscal General del Estado, y acuden personas de pública relevancia como Manuela Carmena, Adolfo Suárez Illana o Pablo Casado. La relación de la investigadora con el presidente del Supremo pasa por su hermano, Diego Córdoba Castroverde, considerado uno de los “cerebros en la sombra” de Lesmes.

Y entonces llega el vídeo, contundente, durísimo con la politización y corrupción en los nombramientos del CGPJ, nacido desde dentro.

Lo grabaron un sábado del pasado mes de enero en casa de uno de los miembros de la Plataforma por la Independencia Judicial, en el madrileño barrio de Salamanca. Les costó 700 euros, que pagaron entre siete miembros, a razón de 100 euros cada uno. Cuenta Ruiz de Lara que así suelen hacerse las cosas en la Plataforma. Entonces, lo enviaron “a toda la carrera judicial”.

Ruiz de Lara: “Nosotros denunciamos que hay que cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ. Actualmente se lo reparten los partidos, y eso implica que los políticos metan la mano en la Justicia. Y criticamos los nombramientos realizados por el CGPJ. Les corresponde la competencia para nombrar a los altos cargos de la judicatura y no se ajustan a los criterios de mérito y capacidad, es decir, se favorece a un magistrado que tiene menos méritos que otro que también concurre. ¿Motivo? Por razones de amiguismo con el presidente del Supremo, con algunos vocales, o porque se cree que va a pensar de una forma determinada, de acuerdo con alguna ideología o partido…”.

Pese a que no había indicio de que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar

Tres días después de mandar el vídeo a todos los jueces, el pasado viernes 24 de febrero, pese a que no había indicio de que el juez Ruiz de Lara hubiera cometido infracción disciplinaria alguna, el Consejo General del Poder Judicial le llama a declarar. A él, y al presidente de su Plataforma, Agustín Azparren, exvocal del Poder Judicial, magistrado en excedencia, y a la presidenta de una liga de debate estudiantil, Ana Funes, una universitaria de 22 años.

–¿A declarar sobre qué?

–Sobre nada, porque no me concretan sobre qué tengo que declarar. Tampoco me informan si se me imputa alguna falta. Voy sin garantía ninguna, ni siquiera saber si tengo derecho a un abogado para defenderme.

–¿A defenderse de qué?

–Pues no tengo ni idea… Hombre, pero cuando a uno le cita un órgano determinado que te puede abrir un expediente disciplinario, lo lógico es que te informen sobre qué te van a tomar declaración, y a partir de ahí tú articulas tu defensa. Son los derechos mínimos de cualquier investigado.

–Pero ¿de qué podían informarle?

–De nada. No me informan de nada porque no tienen nada que imputarme.

–¿Por qué citan también al presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y a la estudiante Ana Funes?

–Aquí se comenten dos irregularidades: el CGPJ no puede citar a ciudadanos, para empezar. Pero además requiere que se aporten los estatutos de la Plataforma y los de la asociación universitaria de debates. Tampoco puede requerir a una entidad privada que aporte nada. El Consejo General no es un órgano judicial, sino un órgano administrativo destinado a gobernar la carrera judicial. Solo a los jueces.

–A los jueces que cometen irregularidades.

–Sí. Yo entiendo que con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana. El promotor de la acción disciplinaria Fonseca-Herrero me pregunta otra vez lo mismo, si recibo alguna retribución, y le respondo que no. Y para mi sorpresa me pregunta que por qué hago esto.

–¿Qué responde?

–Que yo creo que en la vida hay cosas que uno hace por mero idealismo, que es por lo que yo lo hago, vamos, porque conocí a estos universitarios, me pareció buena su idea.

–¿Podía haberle contestado “a usted qué le importa”?

–Efectivamente, porque ni le importa cómo conocí yo a los estudiantes ni por qué hago yo esto. Esto es mi vida privada. Un magistrado también tiene vida privada y se gasta su dinero en lo que quiere.

El momento clave de esa declaración llega en torno al minuto 40. Hasta entonces, el interrogatorio insistía en la asociación universitaria. Pero entonces el magistrado inquiere qué actividad realiza la Plataforma por la Independencia Judicial, algo que no era objeto de investigación. Durante cerca de diez minutos, el inquisidor insiste en preguntar quién realiza los informes de la Plataforma, qué personas concretas, y cómo se aprueban. Pese a que realizar informes sobre nombramientos del CGPJ es perfectamente lícito, el juez Ruiz de Lara responde que él tiene la función de portavoz y que desconoce quién hace los informes.

“El objetivo era que yo diese unos cuantos nombres y que a esos magistrados, no sé, incluirlos en una lista negra y en el futuro ya se verá”, medita. “Esa insistencia en hacer constar el nombre concreto….”.

Termina el interrogatorio sin llegar a ningún lugar, porque de ningún lugar se partía.

Las diligencias informativas llevan abiertas desde julio 2016: siete meses. Los procedimientos disciplinarios a jueces solo pueden durar 6 meses. Si en lugar de abrir un procedimiento disciplinario –no pueden hacerlo al carecer de indicios–, abren diligencia informativa, como es el caso, no tienen límite de tiempo.

–Quiero llamar la atención del riesgo que suponen las diligencias informativas para la independencia judicial. Si yo le abro a un magistrado una diligencia informativa y la dejo abierta sine die, ese magistrado mañana tiene un caso de corrupción de un partido político, estando el CGPJ nombrado por los partidos… ¿Quién me dice a mí que no se usan esas diligencias abiertas para condicionar la decisión del magistrado?

–¿Qué pretenden exactamente según usted?

–Yo estoy en un mercantil y no llevo ahora casos de corrupción. Pero, ¿qué hacen conmigo? Mantienen las diligencias abiertas con el objetivo de decirme “chaval, dejad ya de hacer los informes de nombramientos y dejad de denunciar, que no nos interesa que esto salga en la prensa y el vídeo se difunda”. Como soy el portavoz, puedo ser un chivo expiatorio.

–Es chocante que, después de todo esto, el Consejo General acabe de declarar que no tiene ningún interés en la Plataforma que usted representa.

–Ha habido una reacción en cadena de toda la carrera judicial. El presidente del Supremo ha enviado una nota de prensa donde no se aclara nada. Una de las cosas que dice es que no hay ningún interés en la Plataforma. ¡Claro que lo hay! Hoy mismo [martes 28 de febrero] acaban de enviar un requerimiento a la Plataforma para que informe sobre cuándo se constituyó, para que aporte estatutos y actas de nombramiento de los cargos de la junta directiva… ¡Solo un día después de decir que no les interesaba nada! 

CAPÍTULO 2

Un fiscal anticorrupción frente a la Fiscalía General

(Diatriba de Carlos Jiménez Villarejo) 

Este monólogo se grabó el pasado viernes 24 de febrero, quizás a la misma hora a la que el juez Manuel Ruiz de Lara declaraba ante el Consejo General del Poder Judicial aún no sabe exactamente por qué.

“Yo, en el ejercicio de mi profesión como fiscal en asuntos delicados, me he sentido siempre… En la persecución de Jordi Pujol con motivo de la quiebra de Banca Catalana, hicimos lo que había que hacer, ya sé que aquellas cosas no estaban bien vistas por algunas instancias, pero en todo caso, la instancia del Ministerio Fiscal, cuyo fiscal general era Luis Burón Barba, fue siempre muy respetuoso con nosotros, más allá de que otras entidades y los partidos estuvieran disconformes, algo que me era absolutamente indiferente. Y por tanto hicimos lo que había que hacer".

“Cada vez que yo iniciaba una investigación por temas relacionados con la comisión de delitos relacionada con el ejercicio de la función pública, por ejemplo por consejeros de los gobiernos de Pujol, como Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y otros muchos, en general tuve por parte del fiscal general de aquella fecha, del PSOE, una resistencia completa. Resistencia que se traducía muchas veces en la prohibición de actuar, mediante la presentación de denuncias ante los juzgados de instrucción competentes. De tal manera que hubo actuaciones muy importantes que se pudieron llevar a cabo, pero otras que eran igual de importantes y se tuvieron que quedar en un cajón de la Fiscalía porque el Fiscal General lo prohibió. Entonces gobernaba Felipe González".

El principio de jerarquía que hay en el Ministerio Fiscal lo he vivido como una imposición, con órdenes a favor de determinados políticos

“Hubo disposiciones de los fiscales generales prohibiéndome actuar y ejercer las acciones penales correspondientes. Yo reaccionaba haciendo uso de un precepto que todavía subsiste en el estatuto del Ministerio Fiscal que es una especie de cláusula de conciencia en la cual yo expresaba por escrito mi disconformidad con la orden recibida. Eso se llevaba a la Junta de Fiscales de sala, que es el máximo órgano consultivo del Fiscal General, y allí, naturalmente y mayoritariamente, la junta apoyaba al Fiscal General de turno y mi propuesta quedaba completamente desasistida, y por lo tanto no se llevaba adelante".

“Eso ocurrió varias veces, lo cual quiere decir que el principio de jerarquía que hay en el Ministerio Fiscal lo he vivido como una imposición, con órdenes a favor de determinados políticos, no sólo de aquellos que en ese momento gobernaban sino también políticos con los que el Gobierno tenía determinadas alianzas, como era el caso en aquella época de la Convèrgencia de Pujol y sus buenas relaciones con el PSOE o posteriormente con el PP".

“Este es un panorama de aquella época. Yo sí sé qué significa la presión del Fiscal General del Estado por razones estrictamente políticas, impedir que un fiscal siga adelante y lleve un asunto que no sólo había investigado yo, sino también otro fiscal a mis órdenes en el ejercicio de sus funciones de forma muy rotunda, muy seria y muy rigurosa. Sin embargo, no se pudieron llevar jamás al juzgado porque el Fiscal General lo prohibió. Lo que estamos viendo estos días, por tanto, no es nuevo para mí, tengo experiencia sobrada”.

“Cuando llego a la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, otro tanto de lo mismo. Pero en aquel momento hubo de todo, es decir, recuerdo una instrucción del fiscal Eligio Hernández, cuando todavía no se había despenalizado la objeción de conciencia –sé de lo que estoy hablando, algo que no tiene que ver con el tema económico, ni con dirigentes bancarios ni nada por el estilo–, se ordenó a los fiscales que se pidiera la prisión provisional y el cumplimiento de la pena para aquellos que habían sido condenados a una pena inferior a dos años, cuando igual que ahora existía la posibilidad de no ingresar en prisión cuando la pena no superaba los dos años. Hubo una orden del fiscal Eligio Hernández para que se pidiera el ingreso en prisión. En aquel caso yo reuní a la Junta de Fiscales de Barcelona, que se declaró por unanimidad en contra de la orden del Fiscal General, y simplemente no lo cumplimos. Punto. En aquel momento estábamos en los inicios de la Transición y empezábamos a recobrar colectivamente la sensación de que estábamos al servicio de determinados ideales de progreso y de libertad”.

“Cuando fui Fiscal Anticorrupción, el tema de la diferencia de criterio e incluso de conflicto fue constante, no era una excepción. Cuando a mí me hablan de la autonomía del Ministerio Fiscal y de que el Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno tengo que decir que, incluso después de la primera reforma estatutaria que se hizo en el año 81, parecía que se regulaba la autonomía del Fiscal General y por lo tanto de los fiscales que dependía de él, pero la verdad es que esto no ha funcionado nunca. Los fiscales generales, en general, han tenido una actitud, no diría de subordinación, pero sí de complacencia con el Ejecutivo de turno. Bastaba ver los contactos que yo tuve con el Fiscal General durante los ocho años que estuve en la Fiscalía Anticorrupción recién creada. Fueron de constante desacuerdo sobre mis disposiciones y mi criterio sobre cómo había que perseguir y a quién había que perseguir por determinado tipo de delitos. La oposición del Fiscal General expresada a veces oralmente, a veces por escrito. Si lo hacía por escrito, yo volvía a ejercer el uso de esa cláusula de conciencia que he citado antes, y la llevaba a la junta de sala que apoyaban al Fiscal General de entonces, que era Jesús Cardenal”.

“Pese a todo, hubo veces en que se llegó ir hacia adelante, como por ejemplo la identificación de Josep Piqué cuando la crisis de Ertoil, la filial de Ercros. Fue investigado por nosotros, por la Fiscalía Anticorrupción. Primero por el Supremo y luego por nosotros como Fiscalía Anticorrupción. No hubo manera de avanzar en la investigación hasta que finalmente la juez de la Audiencia Nacional lo archivó. Yo sé que, en la sala del Supremo, el acuerdo para tomar declaración como imputado a Josep Piqué, entonces ministro, fue prácticamente unánime con el voto en contra de uno de la totalidad de los fiscales. Nunca llegó a ser llamado como imputado ante el Tribunal Supremo, puesto que era aforado al ser ministro. Al fiscal que llevó este asunto le costó muchos disgustos, todo hay que decirlo. No quiero revelar su nombre porque necesitaría su consentimiento. El haberse mantenido en su posición de rigor y de exigencia, sobre todo acerca de las responsabilidades de Piqué y su relación con la venta de Ertoil, le costó muchos disgustos: de orden personal, de maltrato en el orden profesional, etc”.

“Yo, como fiscal jefe, siempre he defendido mi criterio con plena autonomía, lo cual no quiere decir que no haya tenido fuertes enfrentamientos con los fiscales generales de turno. Insisto, fueran del PSOE, fueran del PP, me es indiferente”.

Como fiscal jefe, siempre he defendido mi criterio con plena autonomía, lo cual no quiere decir que no haya tenido fuertes enfrentamientos con los fiscales generales de turno

“Como fiscal anticorrupción coincidí con los gobiernos de Aznar, y la relación fue ciertamente muy conflictiva. Hasta el punto de que finalmente aprovechó la reforma que se hizo exprofeso para establecer un plazo a los fiscales jefes, que hasta esa fecha no existía, para mi cese. Se aprobó, y la consecuencia de esa reforma que fijaba un plazo de cinco años para la fiscalía ya fueran provinciales, territoriales o especiales, supuso el cese de quien entonces era fiscal de Madrid, Bermejo, el mío y, quizás aprovechando el viaje, alguno más que no daba la talla como fiscal, pero el resto de fiscales fueron confirmados. Se aprovechó la reforma para excluir ciertos cargos que habíamos acreditado un currículum profesional largo, sin duda como fiscal anticorrupción en mi caso, y absolutamente impecable y con seriedad en el desempeño de nuestras funciones”.

“Le voy a poner un ejemplo: la oposición frontal que hizo el Fiscal General, entonces Jesús Cardenal, a que la Fiscalía asumiera la investigación del delito que se atribuía a César Alierta por conducta evidentemente delictiva durante el periodo en que era presidente de Tabacalera, antes de ser presidente de Telefónica. Si la causa se abrió finalmente fue por medio de una asociación de Consumidores y Usuarios de la Banca (ADICAE), que instó la apertura de la causa mediante la acción popular. Se abrió la causa en un juzgado de instrucción de Madrid y se permitió a la Fiscalía Anticorrupción actuar en el ejercicio de la acusación pública. La causa se abrió en Madrid y se admitió a trámite la querella de la acusación popular. El fiscal Alejandro Luzón, que acaba de actuar brillantemente en el asunto de las tarjetas black, hizo un estupendo papel. Lo llevó hasta el final. Bien, la Audiencia de Madrid absolvió a Alierta por prescripción del delito, no por no haberlo cometido. Luzón recurrió en el Tribunal Supremo y este se sacó de la manga otro argumento a favor de la prescripción del delito para mantener la absolución de Alierta, cuando ya se había conocido la verdad sobre la comisión de su conducta delictiva”.

“Podría ponerle muchos más ejemplos porque la tirantez fue constante entre el Fiscal General y los intereses de la Justicia”.

“Que a mí me hablen de lo que está ocurriendo ahora no me descubre nada, me parece que es la consecuencia de una historia que desgraciadamente para España no quiere acabar y que es el negar la absoluta autonomía e independencia del fiscal en el ámbito de sus funciones, en el ámbito de la justicia penal”.

“Mientras esto no sea posible, me parece absolutamente aberrante que se pretenda conferir la instrucción de los procesos penales al fiscal. Pretender que un fiscal instruya un caso de investigación criminal contra alguien, sobre todo alguien que ocupa una posición de poder político o económico, sin tener plena autonomía para el ejercicio de sus funciones, y a la vez depender de la jerarquía del fiscal general, es absolutamente incompatible”.

“Se han producido unos ceses en el último consejo fiscal con renovación de fiscales y nombramientos que ya se veían venir para quienes estaban un poco cerca de las instituciones. Hay evidentemente una intromisión del Ejecutivo de turno en el ejercicio de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Se han traducido en el cese de Juan Calparsoro, fiscal jefe superior del País Vasco, el cese del fiscal de Murcia, Manuel López Bernal, y Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional”.

CAPÍTULO 3

Un ministro frente a su memoria

Después de sus diez años como alcalde de Zaragoza, y ocupando ya la plaza de magistrado de la sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Belloch parece recordar los tiempos en los que ejerció de superministro socialista con distancia y sin que la melancolía tiña su voz. Aquellos fueron años de basura y desconcierto, años de Paesa y Luis Roldán, años en los que la investigación de los GAL salpicaba cal viva sobre la decadencia del que había sido el gran líder González. Se le entibia la voz al recordar: “Yo entonces era un juez recién llegado allí con 42 años”.

A esa edad todavía conservaba su rendida admiración por dos fiscales: Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Ambos habían llevado la querella contra Banca Catalana, o sea, Jordi Pujol, y cuando Belloch ocupó el ministerio seguía rendido al trabajo de aquellos dos hombres de Justicia. “Yo me incorporé a la carrera judicial porque estaba gente como Carlos Jiménez Villarejo o José María Mena”, recuerda. “Para mí eran maestros. Me incorporé a la vida judicial –mi padre y mi abuelo también eran jueces– siguiendo el ejemplo de estas personas. Para mí eran ídolos”.

Así que cuando creó la Fiscalía Anticorrupción no se lo pensó dos veces.

Rebusca el exministro en su memoria el momento exacto en el que le propuso a Jiménez Villarejo ser el primer Fiscal jefe Anticorrupción de España, y no lo localiza. Pero sí rememora la sorpresa con la que el otro recibió la noticia. “Habíamos estado juntos en Barcelona cuando yo fui juez de Berga y de Vic”, relata, “y cuando tuve la oportunidad de nombrar a Villarejo para un tema de esa naturaleza, no dudé que era la persona adecuada. A Carlos le sorprendió porque estaba mucho más a la izquierda que yo, socialdemócrata de toda la vida”.

En el PSOE no todos entendieron el nombramiento de  Jiménez Villarejo , y la oposición, sobre todo de aquellos ministros más ligados al partido, fue enconada

No le resultó exactamente fácil. “Era un poco raro que yo designara como fiscal anticorrupción, un cargo clave, a alguien que no era ‘de la misma cuerda política’ del Gobierno de entonces, pero para mí lo importante era prestigiar la institución, porque el país estaba en un momento muy complicado”. En el PSOE no todos lo entendieron, y la oposición, sobre todo de aquellos ministros más ligados al partido, fue enconada. Pero no solo porque, como afirma Belloch, no era un hombre “de su cuerda”. Hace memoria: “Lo más difícil fue que en el Gobierno me aceptaran el nombramiento de Jiménez Villarejo. Por un tema muy concreto: Banca Catalana. En el Gobierno se entendió que mi propuesta podía ofender al señor Pujol, y hubo que lidiar ese toro… Eso no lo sabe ni Carlos Jiménez Villarejo. Lo más importante era que esa institución naciera viva. Si el primer fiscal anticorrupción es una persona “sospechosa” de parcialidad, ya te has cargado la institución. Pero costó bastante, fue difícil que se entendieran los motivos profundos por los que yo hacía esa propuesta”.

El entonces ministro de Justicia e Interior asegura que nombró al que sería el primer jefe de la Fiscalía Anticorrupción porque se trataba de un hombre de cuya independencia, credibilidad y solvencia profesionales no dudaba absolutamente nadie. Además, eran conocidas sus discrepancias con el Partido Socialista. “Sin embargo, el tema ideológico no era lo fundamental. Lo fundamental es que era de una credibilidad absoluta. Por lo tanto, arrancó la institución bien, porque su jefe era un hombre de altísimo nivel, acreditada autonomía e independencia y puso en marcha un trabajo que yo creo fue muy positivo”.

La persona era lo importante. La persona y su independencia, su solvencia, su integridad.

–¿Y pasados los años?

–A lo largo de los años, mi impresión es que no se ha puesto el suficiente acento en potenciar esa figura. Creo que no se ha sido sensible a la enorme importancia que suponía tener una fiscalía fuera de toda sospecha, al margen del juego de la vida política y social, y que esa institución debía potenciarse como un mecanismo de los más eficaces para la lucha real contra la corrupción. No estoy seguro de que con el paso de los años eso se haya logrado consolidar.

–Se critica la falta de independencia de los fiscales.

–Hablar de la independencia del Ministerio Fiscal es un camelo. Quienes son independientes son los jueces. Los fiscales ni son independientes ni pueden serlo. Es el instrumento fundamental que tienen los gobiernos para dirigir la política criminal de un país. Y es lo que dice la Constitución, por otro lado. Pero también es cierto que sí deben gozar de autonomía. Lo que no puede ser es que el Gobierno intente inmiscuirse… Yo ni lo intenté. Nombré a Granados para el Supremo, o a Jiménez Villarejo. Si tenían algún rasgo concreto era el de ser absolutamente autónomos.

'Los fiscales ni son independientes ni pueden serlo. Es el instrumento fundamental que tienen los gobiernos para dirigir la política criminal de un país'

–Esa autonomía parece estar algo “tocada”.

–Hay dos planos. Yo, como ministro de Justicia sí que tengo derecho con la Constitución y las leyes en la mano de decirles al fiscal jefe o a los fiscales “la política criminal del gobierno es esta”. Por ejemplo, yo puedo decir que la prioridad absoluta es la Violencia de Género. El Gobierno está plenamente legitimado para fijar y marcar las prioridades de la política criminal y eso lo puede hacer por diversas vías, y quizás la más importante es el Ministerio Fiscal. Lo que no puede es pretender inmiscuirse en temas concretos. Lo que no puede el ministro es decir “oye, en relación al tema Gürtel, tienes que…”. Eso no. Eso es inconstitucional y desde mi punto de vista, delictivo.

–Y sin embargo, ¿no es eso lo que sucede habitualmente?

–Ha habido dos fiscales, Conde-Pumpido, designado por el PSOE, y Torres-Dulce, por el PP, que se fueron porque no estaban cómodos. Uno es progresista y el otro conservador, pero tienen en común su alto prestigio profesional y ser personas de buena voluntad. Nadie se atreverá a decir que Conde-Pumpido o Torres-Dulce no fueron absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de su función.

–O sea, presiones insoportables por parte del Gobierno de turno.

–De vez en cuando el Gobierno va cesando fiscales. Porque probablemente la tensión de fondo es esa. Si tú nombras un fiscal preciso, como en mi caso fue Jiménez Villarejo, te encuentras con la evidencia de que no van a aceptar decisiones unilaterales del Gobierno.

–Y la Fiscalía se resiente.

–Poco a poco se va degradando la institución, porque si las personas con valía van tirando la toalla porque no están dispuestas a que cuestionen su criterio y su autonomía, pues la institución se va desprestigiando.

–Últimamente hemos conocido denuncias, por ejemplo, por parte del Fiscal jefe Anticorrupción de Murcia, López Bernal, de presiones, intimidaciones, amenazas o desamparo por parte del CGPJ y del ministerio.

–Con un Conde-Pumpido o con un Torres-Dulce eso sería imposible. Cuando las instituciones son débiles, al final lo fundamental son las personas. A estos dos, procedentes teóricamente de dos caladeros ideológicos diferentes, nadie les puede tomar el pelo, esa es la realidad. Uno u otro, si hubieran recibido denuncias de ese tipo, las habrían investigado y habrían protegido a sus fiscales. Al menos es lo que yo quiero creer y quiero pensar.

–¿Quiere decir que las cabezas al frente ahora son mansas ante el poder?

'Cuando las instituciones no están claras en el diseño constitucional, lo que importa son las personas. Si las personas fallan, el colapso del sistema es una probabilidad'

–No tienen el prestigio que tenían los anteriores, esa es la realidad. Cuando las instituciones no están claras en el diseño constitucional, lo que importa son las personas. Si las personas fallan, el colapso del sistema es una probabilidad.

–Jiménez Villarejo denuncia que las presiones y las prohibiciones para investigar le llegaban igual desde el PP que desde el PSOE.

–La equiparación pura y simple de PP y PSOE, no. Villarejo, amigo mío y a quien quiero, se ha inclinado por una visión de la vida más bien cercana a Podemos, fue autor del programa jurídico de Podemos en su mayoría. La filosofía es esa de PSOE y PP la misma cosa es… Yo no la comparto.

–Pero es conocido que el PSOE también actuó de esa manera.

–Presiones las tienen siempre. Los gobiernos tienen cierta tendencia a intentar tener un fiscal “de su ámbito”. Es de cajón. Pero ojo, decía usted al principio que “violan la independencia de los fiscales”. Es que los fiscales no son independientes, son autónomos. Pero no todos los ministros de Justicia han actuado igual.

EN FIN

La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia, aquello en lo que creemos y aquello que supera la superstición. Nuestras leyes son lo opuesto a la ley de Dios, aunque a menudo se le cuelguen de las barbas.

“El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos”, se lee en la página del del Poder Judicial.

Y un poco más adelante: “El Consejo ha de velar por el mantenimiento a ultranza de la independencia judicial, y así, si un Juez o Magistrado es perturbado o inquietado en el ejercicio de la función jurisdiccional, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta al Consejo para poner fin a esta intromisión.”

Nuestras leyes tienen sus jueces, y estos su gobierno propio.

Los partidos políticos negocian cantidades: cantidades de poder, cantidades de votos, cantidades de dinero, de dolor, de bienestar o de conocimiento. Solo la ley garantiza el amparo de los ciudadanos ante tales negocios.