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El 8 de octubre de 2009, se llevó a cabo una huelga de jueces convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para protestar por la falta de medios en la justicia española. Ningún magistrado del Tribunal Supremo la secundó. En la Audiencia Nacional, sólo uno: Eloy Velasco Núñez. Aquel día, en la puerta de su despacho se podían ver varios carteles reivindicativos. Entre otros: “Únete, es mucho lo que está en juego”.

Hubo quien lo interpretó como un ataque al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero –su ministro de Justicia era entonces Francisco Caamaño– por parte de la asociación conservadora de magistrados.

Algunos lo ven como el nuevo “juez rojo” y otros como un profesional conservador resentido con el Partido Popular

Tres meses después, en enero de 2010, el propio Velasco fue uno de los promotores del manifiesto de la Plataforma por la despolitización y la independencia judicial. Así arrancaba: “Los jueces abajo firmantes, por encima de nuestras plurales diferencias ideológicas y concreta vinculación o no a cualquiera de las cinco asociaciones judiciales existentes (APM, FV, JD, FJI y ANJ), consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente el desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el PODER JUDICIAL en nuestro país, así como para hacerle frente con todos los medios legales y constitucionales a nuestro alcance”.

Denunciaban “el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante y que aún no se ha detenido ni alcanzado sus últimos objetivos. Porque (…) lo que está en juego es la Democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en nuestra Constitución.”

La mención a 1985 se refiere al momento en el que el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. A partir de entonces, son los partidos políticos mayoritarios quienes eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces.

De Zaplana a hombre “del pueblo”

Cuando el popular Eduardo Zaplana se enteró hace poco más de una semana de que el magistrado Eloy Velasco le estaba investigando dentro de la Operación Lezo, debió recordar aquel lejano 1995 en el que ofreció al entonces magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Valencia el puesto de director general de Justicia de la Generalitat valenciana, cargo que Eloy Velasco desempeñó durante 8 años. En noviembre de 2003, regresó a los juzgados, expulsado del Gobierno por el nuevo consejero de Justicia, Víctor Campos, debido a sus enfrentamientos con el secretario del departamento, su superior, Fernando de Rosa.

Han pasado muchos años desde entonces y, a tenor de las últimas actuaciones y declaraciones de Velasco, no solo años.

Justo dos días después de que arrancaran las detenciones que iban a mandar a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y compinche de Zaplana, a la cárcel sin paliativos, Velasco afirmó (El Mundo, 23/4/2017): “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. (…) Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.”

¿Qué tiene que ver aquel hombre de confianza del Partido Popular valenciano, uno de los más corruptos de España, con el actual magistrado “del pueblo”?

Depende de quién responda, porque no es fácil encontrar consenso a la hora de calificar la figura de Eloy Velasco. Hay quien afirma que es afable y socarrón, y quien lo define como un hombre hosco y autoritario de trato difícil. Algunos lo ven como el nuevo “juez rojo” y otros como un profesional conservador resentido con el PP. Fuentes de su entorno cercano aseguran que es “un trabajador de tomo y lomo” y que “está dedicado en cuerpo y alma a su profesión”, mientras sus detractores aluden a una ambición desmedida.

No es fácil encontrar consenso a la hora de calificar la figura de Eloy Velasco. Hay quien afirma que es afable y socarrón, y quien lo define como un hombre hosco y autoritario

Sea como sea, lo cierto es que, en este lapso de tiempo, han pasado por sus manos, entre otros: Gerardo Díaz Ferrán (hoy preso en Soto del Real) y la Operación Crucero; Francisco Granados (encerrado en la cárcel de Estremera) y la Púnica; el ya expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; algunas piezas del 11-M; Arnaldo Otegi; el Gobierno venezolano de Hugo Chávez; el caso Ellacuría y los jesuitas asesinados en El Salvador; los manifestantes “indignados” que rodearon el Parlament de Catalunya; y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y su presidente, Mauricio Casals.

El magistrado Eloy Velasco Núñez (Bilbao, 1963) es hoy, y desde 2008, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Hay quien recuerda que lo puso allí un CGPJ con mayoría conservadora. También es cierto que, entre la Púnica y la reciente Operación Lezo, ha conseguido asestar un golpe fatal a toda una época del PP madrileño, incluida la siempre superviviente Esperanza Aguirre.

Otegi volvió a Anoeta

En octubre de 2008, recién aterrizado en la Audiencia Nacional, Velasco inició los trámites para llevar a juicio a Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo y reunión ilícita. La acción se refería al mitin que la ilegalizada Batasuna había celebrado en el velódromo donostiarra de Anoeta el 14 de noviembre de 2004, y respondía a las demandas del Foro de Ermua. Otegui declaró entonces que el objetivo del mitin era “hacer pública una solución pacífica al conflicto entre Euskal Herria y el Estado español”, y que incluso el Gobierno estaba enterado.

Finalmente, la Audiencia Nacional absolvió al dirigente vasco y a sus compañeros Joseba Permach y Joseba Álvarez Forcada, considerando que “no existe ningún dato objetivo que vincule a los acusados con el diseño del acto en cuestión”.

Posteriormente, ya en 2016, el propio Eloy Velasco decidió no prohibir los actos de celebración tras la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi, al considerarlos dentro del “ejercicio de un derecho fundamental como es el de reunión y manifestación”. Y 12 años después, el dirigente abertzale volvió al velódromo de Anoeta.

Agravio y desagravio a Venezuela

“Ésta es la acción de un juez vinculado a la mafia de Aznar”, declaró el entonces ministro de Exteriores del Gobierno venezolano, Nicolás Maduro, en referencia al magistrado Eloy Velasco. Arrancaba marzo de 2010 y Velasco acababa de denunciar “indicios” de una “cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.

La información manejada por el juez procedía del ordenador incautado al jefe de las FARC, Raúl Reyes, muerto en enfrentamiento con el ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. “Estamos a la espera de la explicación del Gobierno de Venezuela. En función de esas manifestaciones actuará el Gobierno de España”, declaró entonces el presidente Rodríguez Zapatero.

La justicia universal, en general, y el caso del jesuita Ignacio Ellacuría en particular, representan uno de los empeños personales del juez Velasco

Desde Caracas, fuentes gubernamentales recordaron que la petición de Velasco hacía referencia “a un ciudadano que vive en Venezuela desde mayo de 1989, como producto de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González”. Se referían a Arturo Cubillas, responsable de ETA en la zona y por entonces alto cargo del Gobierno venezolano cuya extradición había solicitado Eloy Velasco.

Apenas una semana después de la denuncia del magistrado, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Hugo Chávez firmaban un comunicado conjunto que daba el asunto por zanjado. Declaraban su “firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista”, y el presidente venezolano aparecía como “vencedor”: “La respuesta ha sido aceptable. Han dicho que no pidieron explicaciones, sino información”, explicó refiriéndose al Ejecutivo español.

No fueron pocos los que aquellos días recordaron la reunión diez años antes, en febrero de 2000, del entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, con Raúl Reyes. Eloy Velasco era por aquellos días su director general de Justicia.

Ellacuría y la justicia universal

A finales de 2008, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el norteamericano Centro de Justicia y Responsabilidad solicitaron a la Audiencia Nacional que se investigara el asesinato de Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos ciudadanas salvadoreñas, una mujer y su hija, que se encontraban a su servicio. Asimismo, solicitaron se juzgara al presidente Alfredo Cristiani por permitir y encubrir la masacre sucedida el 16 de noviembre de 1989. Recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 6. O sea, Eloy Velasco.

El 13 de enero de 2009, el magistrado decidió investigar a 14 miembros del ejército de El Salvador, y en 2011 ordenó la detención de 20 militares salvadoreños por ocho delitos de asesinato terrorista y uno de lesa humanidad. En julio de 2016, la Corte Suprema de El Salvador derogó la Ley de Amnistía General decretada en 1993, y el caso sigue vivo. Su base se encuentra en el principio de justicia universal, cuya reforma por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado en el limbo casos como el de José Couso o el genocidio del Tíbet.

La justicia universal, en general, y el caso de Ellacuría en particular, representan uno de los empeños personales del juez Velasco, sobre cuya esencia ha vuelto hace unos días, en la ya citada entrevista publicada por El Mundo: “Tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona (…). Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la humanidad que son más graves que la muerte.”

“Intimidación ambiental” catalana

Se trató de una de las acciones más contundentes de la ciudadanía contra los políticos y partió en dos el movimiento del 15M en Catalunya. El 15 de junio de 2011, cientos de ciudadanos trataron de impedir el acceso de los políticos catalanes al Parlament en protesta contra los severos recortes en materias como sanidad, educación o servicios sociales. Varios de ellos atacaron a los diputados, los zarandearon y los rociaron con pintura. La imagen del entonces president Artur Mas llegando en helicóptero al recinto marcó un hito.

Por las estancias judiciales, donde su nuevo papel de “juez del pueblo” no ha sentado bien, se comenta que sus intenciones no son ni tan claras ni tan del pueblo

El 3 de abril de 2013, Eloy Velasco acusó a 22 de aquellos manifestantes de un delito contra las instituciones del Estado, con penas de entre 3 y 5 años. En el auto, el magistrado utilizó el concepto de “intimidación medioambiental”. Se refería a la diferencia que existe entre una acción conjunta y “acciones que aisladamente serían constitutivas de delitos menores o incluso de faltas”.

Pese a que el escrito del juez contenía también una advertencia a los políticos y sus recortes, su acusación despertó las alarmas de otros movimientos ciudadanos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Consideraron que su alusión a la “intimidación medioambiental” podría aplicarse también a los escraches, práctica en la que entonces basaban su ofensiva de denuncia.

“Plantar cebollinos”

En el marco de la Operación Lezo, se han conocido algunas conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El que sigue es un fragmento del diálogo mantenido con el expresidente de la Comunidad valenciana Eduardo Zaplana el pasado mes de noviembre. Hace referencia al magistrado Eloy Velasco, cuya plaza pertenece al juez Manuel García-Castellón, actualmente en Roma:

“Yo le digo, a ver, venga usted pa’cá [en referencia a Velasco]. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente… a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular. Que ya me las apañaré con el titular, coño. Que al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio y le dan de magistrado de enlace en Roma, y gana una pasta, vive como dios, y el tío no quiere saber nada, claro. Yo le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste [Velasco] a tomar por culo. Pero ¿qué te cuesta eso? Y a este tío [Velasco] le pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¡Pero qué cojones de chantaje! Pero como to’el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.

A la vista de lo narrado, serían muchos los cebollinos que el juez Velasco podría plantar, dada su capacidad de trabajo. Quizás por eso ha pedido el traslado a la futura Sala de Apelaciones, que se pondrá en funcionamiento previsiblemente en junio. “He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso”, afirmó en su última entrevista. “Así no puedo hacer bien mi trabajo”.

Por las estancias judiciales, donde su nuevo papel de “juez del pueblo” no ha sentado bien, se comenta que sus intenciones no son ni tan claras ni tan del pueblo. “Velasco tiene también sus intereses ahí”, afirma un analista que sabe bien de qué habla, “pero mientras pase por limpiar de mierda todo aquello, todos contentos”.