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Son tiempos de gran relativismo. Aunque no se trate de verdades absolutas, cada vez se difumina más el valor y exigibilidad de unas actitudes mínimas. En el ámbito privado, cada sujeto puede actuar como considere, aunque hay unas pautas sociales de carácter ético orientadoras del posterior libre hacer de cada cual. Pero en el ámbito de lo público, esas reglas morales y políticas han de tener un mayor refuerzo e imperativo, más allá de lo jurídicamente coercitivo o no. No sólo son pautas sobre si se cumple o no la ley sino si es moral o políticamente aceptable o reprobable.

Entre las prácticas viciosas que han calado con fuerza en nuestra clase política está el no ejercicio del verbo “dimitir”. Esto hace tiempo es algo cada vez más proscrito y asumido en la propia sociedad. No se lleva a cabo en casos de comportamientos individuales reprobables y, en muchas ocasiones, ni siquiera en los asuntos de imputación penal.

Son escasos los supuestos en los que se produce una actuación del partido político, pidiéndole a su imputado o investigado que deje el cargo público. Tampoco existen reacciones individuales en las que asuman que, por sí mismos, deben tomar distancia y resignarse. Pero lo particularmente doloroso y grave es pensar que ese modo de actuar no se puede cambiar y que los políticos “son así”. De nuevo, la resignación ante algo que no tendríamos que soportar ni admitir. En este sentido, la indolencia e indiferencia de Mariano Rajoy ha marcado personalmente desde hace muchos años un estilo de relativismo moral intenso y, tristemente, “exitoso”.

la indolencia e indiferencia de Mariano Rajoy ha marcado personalmente desde hace muchos años un estilo de relativismo moral intenso y, tristemente, “exitoso”.

También desgraciadamente, se aplica la teoría de pasar página. Como siguen pasando cosas irregulares que afectan a comportamientos que afean  la democracia, si se resiste o aguanta el chaparrón (algo también muy característico en la política española), queda relegado y olvidado el asunto. Poco tiempo después ya no se habla de ello.  Si se ha aguantado callado, se sobrevive y pocos se acuerdan.

Algunos nos negamos a que el paso del tiempo vaya tapando actitudes inapropiadas desde una perspectiva moral o democrática. Por eso, debe mantenerse vivo el nivel de exigencia y recordarse estos asuntos para que no nos olvidemos (eso quisieran los gobernantes) y reivindiquemos que no debemos permitir que se sigan desatendiendo unas pautas o comportamientos básicos exigibles.

El asunto de la reprobación parlamentaria hace tres de semanas de tres autoridades públicas de máximo nivel en el Estado es un acontecimiento que no debe dejar de recordarse. Hay que tenerlo muy vivo. Es reciente pero el manto del olvido es algo terrorífico. El ministro de Justicia, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción fueron censurados de modo abrumador.

Desde la Constitución, ninguno de estos tres importantísimos cargos había sido reprobado por el Parlamento. ¿Y qué ha pasado desde entonces por esa reprobación? Evidentemente nada. Y lo tremendo de esta afirmación es el adverbio utilizado: “evidentemente”. El único que ha ido al valle de los caídos ha sido por otra circunstancia: su estupidez añadida que acabó cargando al PP. En tres meses es difícil encontrar a un tipo que haya metido en tantos líos al partido que le promovió.

El asunto de la reprobación parlamentaria hace tres de semanas de tres autoridades públicas de máximo nivel en el Estado es un acontecimiento que no debe dejar de recordarse

Porque nadie esperaba otra cosa tras la reprobación. En algún caso hubo silencio  cómplice, sobre todo en el poder institucional de la Abogacía. En otro hubo respuesta ufana y prepotente de que el sistema constitucional es que, en el caso del ministro, “sólo quien le nombró le puede cesar y que aquel, el presidente del Gobierno, es quien tiene la confianza de la Cámara”. Esto dijo. Pero peor que esas explicaciones era el tono despectivo para con el Parlamento. Como si no tuviese ningún valor esa censura aprobada por todos los abundantes grupos de la oposición y hasta de quien apoya al gobierno. También la sonrisa con que decía eso en aquellos momentos el ministro y que era la misma que mantuvo durante buena parte de la sesión parlamentaria donde se afirmaban acusaciones muy gruesas frente a los tres sujetos mencionados.

Pero eso es lo que calificábamos como una práctica viciosa muy consolidada en España. Sumada a lo que es algo muy recurrente: el olvido. Y,  simultáneamente, también contraria a lo que supone la democracia.

Cierto es que la Ley del Gobierno no regula la censura de alguien que no sea el presidente que al que en sesión investidura otorga su confianza el Congreso. Pero ello es según un programa que expone ante la Cámara. Generalmente son estas bonitas palabras pero, ¿qué sucede cuando esas flores naif anunciadas son luego cortadas de cuajo porque verdaderamente eran de plastilina amoldable?

Es indudable y desconcertante que pese a haber perdido la mayoría absoluta el Gobierno del PP y los comportamientos que mostraba, buena parte de esas actitudes de soberbia las siguen desarrollando en una aritmética diferente. Así se aprecia que esos tics de mando, de falta de humildad, de escasa capacidad de diálogo y de no aceptación de ideas de otros se siguen manifestando por los dirigentes peperos. Esos tienen múltiples manifestaciones como, entre otras, el constante e inaudito en democracia veto a la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley.

Pero ahora estamos tratando sobre la reprobación de uno de Ministros más Importantes de cualquier Gabinete, del Fiscal General del Estado y del que en la práctica ha venido actuando como Fiscal pro corrupción. Hay que recordar que fueron todos los grupos quienes censuraron a los tres cargos indicados.  Hace escasos días caería uno de ellos, el más torpe pero no por la reprobación parlamentaria sino por otra historia sucia, inexplicable en cuanto al origen, y farragosa que le hizo caer en contradicciones y mentiras.

Pero da lo mismo. Para mí, aún más importante que la palabra maldita “Panamá”, me resulta más grave y determinante el hecho de ser reprobados por el poder del pueblo. Y además por las inmorales razones que lo provocaron. No se sienten aludidos tal es su apego al poder y el carácter utilitario para ellos de la democracia como la utilización de sus objetivos: el control de los resortes del poder al servicio de su ideología y, sobre todo, sus intereses, entre ellos los que están produciendo el saqueo.   

Hay algo muy importante a recordar a aquellos que desprecian con tanta desvergüenza el valor de la reprobación del Congreso. Me refiero a que el modelo constitucional español es el del sistema parlamentario (artículo 1.2) y que aunque sea entre otras funciones del Parlamento la de elegir presidente, la esencia es lo que expresa el artículo 66 cuando afirma que “las Cortes Generales representan al pueblo español”.

Y si tienen ese carácter representativo, la reprobación hecha al ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el supuesto y fenecido Fiscal Anticorrupción (DEP) ha sido hecha por el pueblo español a través de sus representantes. ¿Lo entienden, señores reprobados? El pueblo español no los quiere.