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Los comicios generales que Reino Unido celebra este 8 de junio se han convertido en un ejercicio de autoanálisis y búsqueda de identidad para las dos formaciones que tradicionalmente se han repartido el poder en la democracia más antigua de Occidente. Los conservadores, un partido históricamente orgulloso de sus siglas y de su agenda a favor de la laxitud regulatoria y el libre mercado, han emprendido un incierto viraje hacia el personalismo, inédito desde el cenit de Margaret Thatcher, jugándose la votación a un ‘efecto Theresa May’ que, a juzgar por los sondeos, parece tener un recorrido menor que el anticipado por los estrategas tories.

El laborismo, por el contrario, ha completado el viaje ideológico iniciado en septiembre de 2015 con el improbable ascenso de Jeremy Corbyn, quien se ha mostrado consecuente con sus más de tres décadas como verso libre de la izquierda británica con un programa electoral que entierra definitivamente el espíritu de la Tercera Vía que hace veinte años llevó a Tony Blair a Downing Street. Su regreso a las esencias socialistas, su alegato en defensa de una sociedad más igualitaria y su predicamento anti-élites son el sello distintivo del candidato, de forma que su futuro político queda tan expuesto al resultado de las urnas como el de su adversaria conservadora.

Los programas parecen haber recabado una relevancia mayor que en citas anteriores, en las que la telegenia y las maniobras de los asesores del cabeza de cartel de turno parecían llegar hasta los colegios

Más allá de las diferencias con las que han abordado la carrera, los programas de conservadores y laboristas en estas elecciones adelantadas constituyen un fiel reflejo de la visión de país de sus jefes de filas, y van sensiblemente más allá de la división secular de la política británica. Como resultado del giro hacia la izquierda más pura introducido por Corbyn para intentar revertir dos derrotas consecutivas, los laboristas dejan atrás las líneas desdibujadas de los años del New Labour y la indefinición de la travesía del desierto en la oposición.

La decisión se dirime el 8 de junio entre el modelo de más Estado, más gasto y más impuestos para reequilibrar la riqueza propuesto por los más inverosímiles herederos de Tony Blair; y la apuesta de la aspirante a la reelección por el mercado abierto y la defensa de la soberanía, encarnada por la ambigua, pero también efectista, baza del Brexit, uno de los puntos fuertes para Theresa May, quien ha descubierto cómo el menor protagonismo de la salida de la UE en el debate reduce su distancia en los sondeos (que era de entre 4 y 7 puntos el 5 de junio).

Además, junto al cuestionado envite del culto al líder, propuestas clásicas de May como los bajos impuestos y los incentivos fiscales han pasado relativamente inadvertidas, pese a contrariar axiomas proverbialmente conservadores como la consecución del superávit como objetivo prioritario, frente al ruido ocasionado por controversias como la profunda revisión del sistema del Bienestar.

No en vano, May está decidida a reconfigurar en el imaginario colectivo la imagen de su partido como el “de la mayoría”, la opción para aquellos que nunca se habrían planteado el voto tory, con un discurso que pretende reajustar los cimientos del conservadurismo para capitalizar apoyo en áreas hasta ahora vetadas, consciente de que ninguna fórmula que recuerde remotamente a las consignas de su oponente podría dañar en las urnas a una formación conocida por su defensa del libre mercado y la rigidez fiscal.

Corbyn, por su parte, ha introducido un retorno a las esencias coherente con sus más de 30 años como diputado más comprometido con sus creencias socialistas que con la disciplina interna, y su oferta deja patente su inclinación por atraer, además de al crucial pero difícil de movilizar voto joven, al granero natural de la izquierda, con un discurso cuyo eje del mal incluye a los “banqueros avariciosos”, aquellos que evaden impuestos mediante complejas artimañas de ingeniería fiscal, o “quienes pensaban que saldrían airosos de su codicia”.

Lo curioso de este 8 de junio es que los programas parecen haber recabado una relevancia mayor que en citas anteriores, en las que la telegenia y las maniobras de los asesores del cabeza de cartel de turno parecían llegar hasta los colegios. Como prueba, los catalizadores del cambio de temperatura electoral, cristalizado en el baile de las encuestas, han sido, precisamente, las propuestas, responsables últimas de que lo que se anticipaba como una coronación para Theresa May haya dado paso a una batalla en la que ya no resulta impensable que pierda diputados en relación a la mayoría de 17 que defiende en Westminster.

Junto al dubitativo liderazgo de una premier que ha demostrado una voluntad menos férrea de la que sugerían sus discursos, el punto de inflexión a partir del cual una votación aparentemente zanjada se transformó en una contienda abierta llegó con un anuncio electoral, después de que su controvertida fórmula para reformar la financiación de la asistencia de los mayores en el hogar fuese denostada como ‘la tasa de la demencia’ y recabase el dudoso récord de ser la primera promesa de campaña retirada antes de unos comicios.

Pese a que la salida de la UE constituye el hito de mayor relevancia política y económica desde el fin de la II Guerra Mundial, los electores votarán en un contexto de total opacidad en las propuestas de los dos grandes partidos

La medida cuestionaba el conservadurismo compasivo que May decía encarnar y hacía daño en uno de los bastiones de voto para los conservadores, el de los pensionistas. Por ello, decidieron incluir un tope máximo a recaudar, un giro de 180 grados en relación a la formulación de partida que, no obstante, la mandataria negó que hubiese tenido lugar, lo que ha ampliado la paulatina percepción de su nerviosismo ante la contestación.

Con todo, sería injusto no reconocer la incursión de la premier en territorio foráneo, con su defensa de la ampliación de la influencia de los trabajadores sobre las juntas de dirección, o un mayor intervencionismo estatal, como el planteado con el límite a las facturas energéticas, una propuesta calificada de ‘marxista’ por su antecesor, David Cameron, cuando el exlíder laborista Ed Miliband la sugirió.

De igual modo, May se ha deshecho de una de las grandes ataduras que la mantenían rehén de la Administración Cameron y, si bien descarta aumentar el IVA, ha abandonado la promesa de no tocar el IRPF, ni las contribuciones a la Seguridad Social, un movimiento que no solo le ha costado críticas internas, sino que algunos en su propio gabinete se niegan a aceptar.

El laborismo, por su parte, no solo desecha elevar el IVA, sino que lo reducirá y no tocará las contribuciones a la Seguridad Social, dos compromisos que contrastan con la dirección que tiene reservada para el IRPF, con subidas del 5% de las rentas más altas, cumpliendo con la meta de redistribución de la riqueza marca Corbyn: además de reintroducir el 50% del tramo máximo, incrementarán la carga fiscal para los salarios superiores a las 80.000 libras.

Su programa reescribe las normas del ideario político británico de tiempos recientes, con más Estado, más inversión y más impuestos, concretamente 48.600 millones de libras adicionales con los que prevé sufragar sus promesas electorales. De hecho, su programa apuesta decididamente por clausurar la era de la austeridad e incrementar el gasto en los servicios públicos; nacionalizar las industrias de referencia, como la ferroviaria, el servicio de Correos o el agua, y promover un paquete de estímulos para la economía de 250.000 millones de libras en diez años.

Alcanzado este punto, y dadas las marcadas diferencias entre ambas visiones, intentar hallar un punto tangencial parecería una futilidad, pero en estos extraordinarios comicios de 2017 se da la paradoja de que el verdadero catalizador para su convocatoria permanece como una de las grandes incógnitas de la campaña. Pese a que la salida de la Unión Europea constituye el hito de mayor relevancia política y económica para Reino Unido desde la conclusión de la II Guerra Mundial, los electores votarán en un contexto de total opacidad sobre las propuestas de los dos grandes partidos, más allá de las declaraciones de buena voluntad sobre su intención de hacer del proceso un éxito.

Ni siquiera la inminencia del inicio formal de las negociaciones en la semana que arranca el 19 de junio, transcurridos apenas ocho días de la cita con las urnas, ha persuadido a la clase política británica de la conveniencia de transmitir claridad. Theresa May, la responsable última del adelanto de unas generales que justificó en base a su necesidad de reforzar su mandato para el Brexit, se ha parapetado bajo el mantra de un liderazgo “fuerte y estable” para evitar facilitar respuestas, más allá del divorcio duro que había anticipado ya con su intención de abandonar el mercado común, la unión de aduanas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Su reiterada reivindicación de que “ningún acuerdo es mejor que uno malo” exige concreciones acerca de las líneas rojas que no está dispuesta a cruzar, sobre todo porque es difícil vislumbrar un escenario más negativo para la sostenibilidad económica, comercial y legislativa de Reino Unido que una ruptura de las conversaciones que conduzca al temido escenario del precipicio.

El laborismo, mientras, se limita a descartar abandonar la UE sin acuerdo y defiende continuar negociando hasta alcanzar el consenso, o bien regresar a la mesa de conversaciones si los términos pactados no se consideran convenientes.