4 comentario(s)

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1. Pablo

   Simone: ehhh, no. No pongas palabras en la boca de la autora. Este artículo básicamente lo que hace es acusar a tres jueces de rozar la prevaricación. Y no es brillante, es absurdo. Por si no se me había entendido, cuando digo que el convenio de Estambul no obliga al poder judicial, matizo: como toda norma aplicable en España, obliga a todo el mundo. No estoy diciendo que los jueces se lo puedan saltar. Pero obliga a lo que dice, no a lo que la autora cree que dice. Es decir, a modificar, si fuese necesario, el código penal de los países firmantes para que las penetraciones sin consentimiento sean consideradas delito. Y esa labor de modificación le corresponde al poder legislativo, NO AL JUDICIAL. Por lo tanto, aunque el convenio obliga al poder judicial, en la práctica un tribunal penal no puede calificar de violación una conducta si dicha conducta se aproxima más a la de abuso sexual conforme al código penal y la jurisprudencia del Supremo que lo interpreta. En cuanto a Richard, puesto que se atreve a lanzar lecciones sobre mis conocimientos, esperaría al menos que se dignasea explicar que parte de mi comentario no es técnicamente correcto. Por cierto, sí, es un exceso de drama innecesario, porque nuestro sistema judicial DA POR HECHO QUE LOS JUECES SE VAN A EQUIVOCAR. Para eso plantea un sistema de recursos, y por ello precisamente no se acusa de prevaricación, como hace esta señora, a todos los jueces que ven su sentencia revocada por una instancia superior.

   Hace 6 años 8 meses

2. Simone

   No os enteráis. Desde Naciones Unidas se critica severamente a España por la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones administrativas y judiciales. Y esa perspectiva es la que explica este artículo, brillante desde mi punto de vista. Es absurdo decir que un tratado internacional sólo vincula al legislativo. Sinceramente, es de una ignorancia aterradora. Vincula a jueces y tribunales, que debemos interpretar, en este caso el CP, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales. La asociación de mujeres juezas así lo ha reconocido, por cierto. La persona que ha escrito este trabajo es una experta reconocida que merece un respeto.

   Hace 6 años 8 meses

3. Jesús Díaz Formoso

   PABLO; gracias por tu comentario; que me ha evitado escribir el mío ... La Carlos III es la Rey Juan Carlos del P$Ê, ahora PdroE. Menudas joyas que han prevaricado, digo contratado como profesorado!!

   Hace 6 años 8 meses

4. Pablo

   Hay tantas cosas mal con este artículo que no se por donde empezar: - La autora parece olvidar que el Convenio de Estambul no tipifica delitos, sino que establece la obligación de tipificarlos: no establece delitos y penas, establece la obligación de que, en su caso, los estados firmantes modifiquen sus códigos penales para incluir dichos delitos. Es aplicable a España el convenio? Desde luego, pero es un Convenio que obliga al poder legislativo, no al judicial. E incluso aunque los tipificase, factores como la reserva de ley orgánica hacen más que discutible que dichos delitos puedan ser aplicados así, sin más, en España. - La autora atribuye a los apartados 36.1 y 36.2 del Convenio contenido que este no tiene: dicho artículo establece la obligación de tipificar como delitos, cuando se cometan intencionadamente "la penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto" (36.1) y "los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona" (36.2). Pero no obliga en ningún momento a llamar a dichos delitos de una determinada manera (no es necesario llamar a la penetración no consentida violación, por ejemplo) ni prohíbe que dichas conductas se clasifiquen, de una u otra manera, siempre y cuando sean delito. De hecho, en el caso de España, ni siquiera sería necesario modificar el Código Penal, pues las conductas descritas en dichos dos apartados ya son consideradas delito, que dependiendo de las circunstancias será de abuso o de agresión. - Incluso aunque todo lo que dice la autora fuese cierto, no estaríamos ante una arbitrariedad: no es necesario levantar a Montesquieu de entre los muertos. En todo caso estaríamos ante un mero error judicial, subsanable mediante el sistema de recursos previsto en nuestras leyes. Menudo exceso de drama innecesario.

   Hace 6 años 8 meses