Un pacto de Estado por la educación. La figura, por conocida, no deja de ser una mera especulación, nunca materializada, de los partidos políticos. Desde la época de la Transición, en España se han aprobado siete leyes orgánicas de educación. Todas sin consenso pleno, y sujetas en su gran mayoría a objetivos cortoplacistas. Entre medias, han sido los propios jóvenes que pasaban por el sistema educativo los que más han sufrido la inestabilidad legislativa: nuestro país ha liderado durante años los ranking en fracaso escolar, que en su peor momento afectó a más del 30% de los estudiantes. Hoy en día, y pese a la mejora de la última década, sigue siendo un 80% superior a la media europea.

Pero el abandono educativo no ha sido la única consecuencia negativa de las decisiones políticas que se han ido tomando en este ámbito. La Formación Profesional, vía de estudios encaminada a la capacitación e inserción laboral, ha terminado por tornarse en un opción más que secundaria dentro del sistema. Entre otras razones, por la rigidez de acceso o por el escaso atractivo que arrastraban algunos de los programas. Según los datos más recientes publicados por Eurostat, España es el sexto país de la Unión Europea con menor porcentaje de estudiantes de FP en el ciclo de enseñanza secundaria superior –correspondiente al actual bachillerato–. En 2016, último año con registros armonizados, apenas el 35% de los jóvenes cursaban esta vía en nuestro país, frente al 49,3% de la media europea.

Dentro del conjunto de países de la OCDE, la situación no es mucho mejor. España está nueve puntos por debajo de la media de la organización (44%) en porcentaje de estudiantes de entre 16 y 18 años matriculados en ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, según los datos publicados recientemente en el informe Panorama de la Educación 2018.

El documento, presentado el pasado mes de septiembre a través del Ministerio de Educación, señala que, en términos de movilidad educativa intergeneracional, las diferencias más acusadas entre España y el resto de los países de la OCDE se encuentran precisamente en los porcentajes de los titulados en programas profesionales de Educación Secundaria. De esta forma, solo el 2,6% de las personas con ambos padres con un nivel de estudios por debajo de la Educación Secundaria superior han logrado un título en programas de Formación Profesional, frente al 31,7% de la media de la organización. En el caso de aquellos con tienen algún progenitor con un grado de Educación Secundaria superior, el porcentaje de titulados en FP alcanza solo un 4%, mientras que en la OCDE es del 32,4%. 

Por su parte, la situación de la modalidad de formación dual, que combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en las empresas y los centros de formación, es apenas inexistente en nuestro país. Apenas el 1% de los alumnos mayores de 16 años matriculados en España estaban cursando este tipo de programas mixtos. El porcentaje está muy alejado de las medias europea y de la OCDE, ambas del 11%.

El informe de la OCDE también advierte de los sesgos de género que existen en algunos de estos programas, con solo un 8% de mujeres graduadas en programas de formación profesional de Educación Secundaria Superior en ámbitos como la ingeniería, la producción industrial o la construcción, frente al 11% de la media de la organización.

A mediados del pasado mes de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que pondría en marcha su Plan Estratégico de Formación Profesional, una reforma para este tipo estudios que pretende tener lista a principios de 2019. Según la Unión Europea, en apenas 12 años España necesitará más empleados con titulaciones de FP que universitarias, por lo que los cambios en el sistema parecen completamente necesarios.