¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones

Cuando en Lost, serie a la que me enganché, alguien abrió una escotilla y empezó a introducir números en una máquina para evitar que el mundo se fuese a la mierda, recuerdo que paré el vídeo. Mientras me bebía un vaso de agua –lógicamente confuso– tuve que resituar todo aquello para no volverme loco: ¿pero esto no iba de un accidente de avión en una isla desierta? Mientras el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, contaba en el Tribunal Supremo que algunos policías fueron insultados durante el 1 de octubre o que resbalaron porque alguien echó Fairy en el suelo de un colegio, me vi de nuevo parando el vídeo.

El juicio al procés gira desde su comienzo en torno al concepto de violencia. De si existió o no en Cataluña por parte de la población durante aquellos días de registros, protestas y urnas. Pero cojan un vaso y llénenlo bien de agua porque no iba de esto la serie y quizá sea buen momento para frenar y resituarnos. Antes de que nos vuelvan –aún más– locos. Si a estas alturas somos capaces de echar la vista atrás, más allá del lanzamiento de tuits, del Fairy en el suelo o de los coches con capó abollado –un minuto de silencio por ese Nissan Patrol– recordarán que todo esto iba de otra cosa. Una parte importante de la sociedad catalana pedía desde hacía años poder decidir su futuro pacífica y democráticamente. Después de décadas escuchando aquella coletilla madrileña que decía “con violencia no hay nada de lo que hablar, sin violencia se puede hablar de todo”, algunos –la derecha catalana salpicada por la corrupción queriendo cambiar de caballo entre otros– pensaron que era el momento de exigir de una vez el derecho, no ya a votar, sino a sacar la conversación sobre poder votar. De eso no se puede hablar, contestaba con voz de GPS una y otra vez el teléfono de Madrid para frustración de los creyentes de coletillas. Desde ese momento hasta el 1 de octubre todo lo que sucedió fue, como este juicio que consumimos como si fuera una serie, un teatro. Fue un teatro todo el proceso que consistió en organizar un referéndum que, se aseguró desde el independentismo, tendría validez legal y convertiría a Cataluña en una república independiente de España. No, eso no funciona así y los dirigentes del Govern lo sabían. Un teatro que tenía como objetivo –legítimo– echarle un pulso al Gobierno español para que, de una vez, se sentara a hablar de lo que no estaba dispuesto a hablar: de hablar. Fue un teatro aún mayor la reacción de Madrid. La derecha española hasta las cejas de corrupción aprovechó aquello para cambiar de caballo, simulando que aquella performance catalana en forma de urnas no pactadas era algo gravísimo, un golpe de Estado, lo peor que había pasado en Occidente desde que Tejero se pilló el pene con la cremallera meando en los baños del Congreso. Tan peligroso y grave era que había que frenarlo como fuese, con fuerza física contra ciudadanos con papeletas si era necesario. Ninguno de los acusados que se enfrentan hoy a décadas de cárcel en el juicio que nos tiene enganchados podía imaginarse entonces que el Gobierno de España fuese a ser capaz de usar la violencia contra una representación pacífica. Mucho menos se podían imaginar que, después de aquella violencia policial, serían ellos los que acabarían siendo juzgados por violencia. Sobreestimaron a la España más cafre. 

El teatro funciona bien en política, pero no tanto dentro de un tribunal que juzga hechos. En estas semanas de juicio ha quedado claro algo que ya sabíamos: no hubo violencia en Cataluña en aquellas fechas, a no ser que el tribunal redefina violencia poniendo el listón en un bote de Fairy. ¿Lo harán? Si lo hacen, el juicio acabará en la misma Europa que no nos quiere entregar a los fugados con el argumento de “pero estáis locos o qué cojones os pasa” y el bochorno, por los años de prisión que para entonces llevarán los acusados y por la imagen de la justicia española, será inmenso. Si no lo hacen, si el tribunal se niega a poner el listón de la violencia donde los políticos españoles decidieron ponerlo vía Fiscalía, el bochorno será igualmente grande, pero todo este esperpento acabará antes. La pregunta es: ¿Está España preparada para que el bochorno llegue ya o decidirá alargarlo unos años?