LA CUP. Hoy han venido diversos testigos de la cosa cat. Un mosso de esos que, cuando se ponen tricornio, dicen a-por-ellos-oé, cuando se ponen kepis de gendarmerie, à-eux-oh-la-la, y cuando se ponen casco romano, delenda-est-Carthago-ad-hoc. No aporta mucho, salvo la cosa friki del poli nacionalista universal, tan frecuente en varios uniformes por aquí abajo. Han venido varios testigos de Unipost. Han desdramatizado las versiones de la GC. Poco másZzzz. Neus Lloveras, presi de la AMI/Assamblea de Municipis Independentistes, ha orientado su testimonio en la estética habitual del procesismo –la cosa era más política que jurídica, un objeto con el que negociar, etc–, o/y en la estética de Billy Willder en 1, 2, 3 –“yo no sabía nada, yo trrrrabajaba en el metrrrrrro–. Lo más ha sido el testimonio de Albert Batlle, exdirector de los Mossos, que se piró con la llegada a Interior de Forn. Básicamente, no desdice nada para la defensa de Forn, sino que potencia los puntos de vista de Trapero. Aporta sinceridad al respecto y la palabra “incomodidad”, para definir al procesismo en el ínterin julio-octubre del 2017. Cuando finaliza, cojo a Josep Pla de la manita y me voy pintando a comer con Benet Salellas, uno de los abogados de Cuixart. Salellas es licenciado en filología clásica –“més grec que llatí”, me dijo en su día– y, claro, abogado. Como abogado ha defendido a acusados en la AN, por delitos del siglo XXI, como quemar fotos del rey, rodear el Parlament para impedir que vote los primeros presupuestos de austeridad del Estado, o pertenecer a un CDR, al parecer una peligrosa red de células durmientes que pretenden robar la fórmula de la bomba H y entregársela, de gratis, a la URSS. En otro orden de cosas es militante de la CUP, formación por la que fue diputado en el Parlament en la legislatura 2015-17, que tanto ocupa el tiempo del TS en estos días/semanas/meses. “¡Alto ahí! ¿Me va a hacer ir a comer con uno de la FAI? Catalunya, Roma en su derecho, es pragmática, por lo que es conservadora. Rechazar eso, y más en un almuerzo, corta la digestión de cuajo”. ¿Pragmática? Cat es la sede de La Perla Negra. Le enseño el catálogo de la egregia firma para la primavera-verano 2019 y le digo que, si ve ahí algo pragmático, diga mú, senyor Pla. Pla no dice ni mú.

¿La rareza de este juicio es anterior a este juicio o se está desarrollando en este juicio?  

La rareza comienza en el momento en que se pone una querella contra todo un Govern elegido, y se acompaña esa querella con la disolución de un parlamento. Son un conjunto de acciones jurídicas que demuestran que, desde un minuto 0, esto es un juicio político, a mi entender. Tiene como antecedente una cosa extraña, además: las detenciones de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, anteriores al inicio del procedimiento, en lo que es síntoma claro de que el Estado está intentado encarcelar a los líderes y desactivar un movimiento político. Los que nos dedicamos a los tribunales, vivimos este procedimiento con cierta extrañeza, pues el elemento político distorsiona y construye una especie de pantalla que dificulta hacer justicia.

Marchena, ¿mola? ¿En términos europeos está haciendo un buen juicio? 

En términos de estándares europeos, no, en mi opinión. Ha limitado el despliegue de nuestras estrategias de defensa, comenzando por las pruebas que no nos ha admitido, continuando con los cambios de criterio durante el juicio respecto al visionado de vídeos, y acabando con la restricción en los interrogatorios, aplicando reglas nunca aplicadas hasta hoy en el Estado, como el hecho de que no podamos preguntar a un testigo por un hecho que ha vivido, si previamente las acusaciones que lo han convocado no le han preguntado por ello. Sólo podemos repreguntar.

¿No es un hecho común?

No. Si viene una persona que, pongamos, ha visto como entra alguien en este restaurante y se carga a todos los clientes, a las defensas se les permite preguntar a ese testigo por todas las circunstancias, no sólo por las introducidas por la acusación. Diferentes reglas que ha introducido Marchena en el juicio siempre van en la dirección de limitar el papel de la defensa en el despliegue de su estrategia, o de explicar la naturaleza política de este juicio.

Marchena también ha dado para el pelo a la Fiscalía en ese sentido.

Se ha visto forzado, evidentemente, a aplicar la misma coherencia. Pero sus reglas han beneficiado a la estrategia de la acusación. Los abogados no hemos sido especialmente pelmas en nuestros interrogatorios, por lo que, en ese sentido, Marchena ha sido muy restricitivo. Me ha dolido que un tribunal no quiera saber la verdad, sino que le interese más una construcción formal del relato, antes que una material. Ningún tribunal de justicia se puede permitir eso. Y, menos, el TS, que debe dar ejemplo. Eso nos ha pasado con los interrogatorios a la Policía. No se nos ha permitido introducir los partes forenses de las víctimas, que se verán en la fase documental. Como los vídeos. Eso demuestra una predisposición previa del tribunal a querer validar el relato policial, antes que a su fiscalización por las defensas. 

¿Es determinante posponer los vídeos y los partes forenses? 

Claro. Cuando un policía dice que fue agredido, se debe contrastar con las imágenes del momento que describe. Así, visto en global, los vídeos pasan a ser una prueba inútil. Lo que tenía que ser la prueba reina del juicio, se convierte en una prueba desvinculada. En un tribunal ordinario, si hay un vídeo de los hechos –de un robo, de un altercado con la policía, de una agresión sexual...–, ya puede haber 1.000 testigos, que declarará probado lo que muestra el vídeo.

¿Qué lectura adquiere no hacer eso en este contexto? 

Se está utilizando el juicio como una especie de, si se me permite, derecho de guerra. Sirve para construir un relato mediático. En Catalunya y Europa ese relato mediático ha sido, sobre todo, de crítica a la violencia policial, por lo que se utiliza el juicio para blanquear la actuación policial española. Se debe poner sobre la mesa que la ONU, el Consejo de Europa, todas las ONG internacionales en materia de derechos humanos no es que discutieran quién usó la violencia, sino que unánimemente criticaron la actuación de los cuerpos policiales, y reclamaron una investigación a la Fiscalía al respecto. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en este juicio y para qué ha sido ayudada por Marchena? Blanquear eso. Justificar eso.

¿Cuál es el minuto y resultado para los cargos de rebelión, sedición y malversación? 

La rebelión está completamente descartada. En ningún momento del juicio ha aparecido una violencia equiparable a la de un golpe de Estado, propia del delito de rebelión, capaz de doblegar al Estado. La discusión realmente central es el tema sedición. Aquí discutiremos si había o no una voluntad de impedir el cumplimiento de una decisión judicial, o si lo que hubo, y que es lo que nosotros defendemos que hubo, fue un acto de desobediencia civil, de los más masivos en Europa en los últimos 100 años. Es una discusión interesante en términos jurídicos y políticos. ¿Hubo o no desobediencia civil? ¿Merece ser castigada? ¿Con qué proporcionalidad? Y creo que, ante esa discusión, el tribunal no se encuentra cómodo porque es un debate que lo que hace es aflorar el conflicto democrático y de legitimidades, que es en parte del conflicto que había el 1-O. ¿Las resoluciones judiciales se deben cumplir porque sí, o cuándo están faltas de legitimidad democrática pueden ser contestadas por la población, de manera pacífica y mayoritaria...? Este es el planteamiento de Cuixart. En clave europea genera complicidades. Una parte de la izquierda europea observa este juicio desde esta perspectiva.

La desobediencia civil, no obstante, fue protagonizada por miles de personas –vamos, más de dos millones–, pero diría que no tanto por los acusados.

En realidad, ¿qué se está juzgando? Algunos testigos de la acusación han explicado que la crisis y ataque al Estado fueron los plenos del los días 6-S y 7-S. Pero estos plenos, desactivados luego por el TC, no son objeto de juicio. ¿Cuál es el objeto del juicio? ¿El 1-O? Si es así, entiendo que se debe discutir qué relación tienen los acusados con la convocatoria, preparación y materialización del 1-O. Yo defiendo a una persona que tuvo mucho que ver con el papel de la sociedad civil en aquellos días. Nadie puede menospreciar el papel de la sociedad civil aquel día. También creo, y con eso no quiero perjudicar a nadie, que el 1-O tuvo un componente institucional, que permitió al 1-O tener la potencia que tuvo. Y eso es objeto del juicio. 

En todo caso, se está juzgando algo más amplio de lo que se juzga en la sala. De hecho, se está juzgando en varias causas. Para mí, la visión del problema en conjunto, es un problema político, una conducta del Estado, un tanto desmesurada, y un problema ético en Cat. Los acusados, vamos, no sólo no se acercaron a los delitos de los que se les acusa, sino que, diría, los evitaron. Intentaron no llegar a donde decían. Ese es el problema ético y social. El juicio no es la solución de ese problema. ¿Cuál es? 

Para mi la sociedad catalana tiene un grado de complejidad y diversidad importante. Pero es evidente que lo que pasó el 1-O, demuestra que es una sociedad que ha llegado a un nivel tal de politización que, quiero pensar, no admite pasos hacia atrás. Es evidente que el juicio no ayuda a resolver la situación política, sino que desactiva a algunos actores que podrían ayudar a una solución política: una parte de los partidos, una parte de los actores de la sociedad civil. Si se busca, a partir del escarmiento de líderes, que la sociedad catalana renuncie a un proceso político complejo al que ha llegado es una opción equivocada, que generará más dolor y más injusticia.

¿La Fiscalía está coqueteando, o está generando, nuevas figuras, o son cosas mías? Le hablo de la cosa organización criminal, y de la “violencia ambiental”. 

Este juicio tiene un componente de litigio estratégico importante. Lo que me genera angustia personal profesional y política. De lo que salga de aquí dependerá la configuración de derechos fundamentales para la ciudadanía española para el próximo ciclo de 5 ó 10 años. Se están discutiendo los límites del derecho de reunión y de expresión de una idea que sea antagónica con el Estado. Todos los actores políticos antagonistas recibirán las consecuencias de esta sentencia. La predisposición del tribunal no me parece en la línea para avanzar en el reconocimiento de estos derechos. Más bien, por los debates, conceptos y resoluciones dictadas en esta sala, se nos demuestra una visión muy pequeña ante esos derechos. Organización criminal, violencia ambiental, nos lleva al debate histórico entre violencia y política. Un debate falso aplicado a la sociedad catalana. Si se entiende que manifestarse no puede generar tensión –eso que ocurre, por ejemplo, en una huelga–, porque eso es violencia ambiental, se entenderá que todas las huelgas, por ejemplo, poseen violencia ambiental. Con lo que desaparecerá el derecho a huelga. Si el movimiento independentista sólo se puede manifestar el 11-S, y no por otros motivos, estamos construyendo un derecho de reunión raquítico.

La sentencia de este juicio, en ese sentido, ¿puede afectar al derecho de asociación y manifestación, o ya estamos equipados de serie al respecto con el ciclo iniciado en 2012?

Estamos en un ciclo en el que la mirada de los tribunales, de los legisladores, es muy reaccionaria en cuanto a ejercicio de derechos y libertades. Sí, se inicia en 2012, pero no perdamos de vista que en 2015, cuando aparece la sentencia de Aturem el Parlament, en la que Marchena habla de violencia ambiental, se produce también la modificación del Código Penal, la creación de la Ley Mordaza, la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, la de Seguridad Privada... Los efectos de esta sentencia serán devastadores. Además, Marchena ha intentado construir un tribunal, con miembros de todas las familias judiciales, y que busca, por tanto, que la sentencia esté legitimada ante los ojos de todas la legislatura española. Creo que los demócratas españoles deberían sentirse interpelados ante este juicio.

Cuixart ha dicho que prefería seguir en la cárcel que salir en según qué condiciones. ¿Usted ve en la cosa indultos alguna solución?

Yo creo en la idea de justicia. Pero no vale todo y no se puede hacer de cualquier manera. En este caso el indulto no sería una buena solución, si bien todo depende de una serie de circunstancias, que desconocemos, y que tienen que ver con la sentencia, con condicionantes políticos. Es difícil aventurar nada en relación a Cuixart. Creo, por otra parte, que Cuixart ha hecho un proceso personal, en el que tiene muy claro el momento en el que le ha tocado vivir. Claro que quiere la libertad, pero no quiere que eso signifique la renuncia de todo aquello que le ha llevado a la cárcel. En ese gesto de fuerza dialéctica y sacrificio, la dignidad que transmite genera presión ante el tribunal, una suerte de ‘estamos siendo juzgados, pero no estamos vencidos ni sometidos’. En un juicio político es una de las pocas formas de presión de la que disponemos. 

Se ha producido una herida social –o algo así, disculpe la cursilería–. ¿Cómo se restaura, teniendo en cuenta que parece ser que este juicio no curará nada? 

Me preocupa la deshumanización. Se ha generado una falta de empatía tal hacia el otro que ha conseguido que haya personas en Catalunya que justifiquen la existencia de presos políticos. Eso me duele. Y hago autocrítica. Algo hemos hecho mal cuando hay personas que se han sentido tan atacadas como para responder con esa falta de empatía hacia los independentistas. 

¿Cómo se soluciona ese mal rollete?

Con un mensaje muy claro, y muy antiguo, pero vigente. La idea de Un sol Poble/un solo pueblo. Para mí, uno de los gestos más bonitos del 1-O es que se construyó comunidad. Gente de opciones, orígenes e historias diferentes, que vivían en el mismo barrio, y que no se conocían, se encontró en los colegios con la idea común de que defender el derecho al voto pasaba por encima de una resolución judicial. Creo que debemos de construir una idea de un solo pueblo edificada no sobre la idea de lengua, sino de derechos. Por encima de las ideas y proyectos políticos, se debe defender la idea de comunidad. De eso es de lo que habla Cuixart y Òmnium. Si se reconoce que se han hecho cosas mal, se debe  hacer ese proceso de reparación.

¿Cuándo? ¿Con la puesta en libertad? ¿Dónde? En la prensa, pues no. En TV3, tampoco.

Debemos vivir un proceso colectivo de catarsis. Debemos construir espacios comunes y colectivos que permitan que esto pueda pasar. En la preparación de las municipales veo muchos espacios de construcción política, de ayuda mutua, de discusión social, ecologista, feminista, donde nos encontramos independentistas y no independentistas, donde la conquista de hechos genera espacios comunes. Este es el elemento central. Debemos construir nuestra identidad y llegar a un consenso social importante sobre la idea de derecho a decidir. En esto trabaja Òmnium. Para ello tenemos que revisar el pasado y ver qué se ha hecho bien y mal. Se han hecho muchas cosas bien. Un proceso judicial abierto no permite hacer todo eso en libertad. Todo lo que uno pueda decir en libertad en una televisión, o un parlamento, por ejemplo, puede ser objeto de juicio. Una condena, con penas privativas de libertad para presos políticos, tampoco nos lo permitiría. Depende también del relato de la sentencia. Si dos millones de catalanes/as no se ven representados en la sentencia, supondrá una deslegitimación de las instituciones en Catalunya más profunda. Necesitamos, más política, más autocrítica y más construcción colectiva.