–¿Y la megafonía de emergencia?

–¿Megafonía? Pero si aquí lo único que suena son las campanas de la iglesia...

Hubo una noche que Óscar Acero aún no se ha podido quitar de la cabeza. La del martes 23 de mayo de 2017. El agricultor y también alcalde de Bovera, un diminuto pueblo de Les Garrigues (Lleida) situado en la zona de afectación de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II (Tarragona), duerme plácidamente. A poco más de 10 km, sin embargo, los nervios están a flor de piel. Se acaba de producir una fuga en el sistema de refrigeración de la central de Ascó y se activa el protocolo de seguridad.

Acero sigue durmiendo. En el pueblo, donde casi no llega la cobertura de móvil, nadie se entera del aviso hasta el día siguiente, cuando el alcalde llega al Consistorio y ve que una nota ha entrado por fax de madrugada. Desde que salta la alerta hasta que se da cuenta han pasado horas. “Si hubiera sido algo grave nos hubiéramos enterado antes por la tele”, explica Acero.

El susto matutino al final quedó en falsa alarma. Pero evidenció, según Acero, la falta de planificación y medios que desde 2012 lleva denunciando al Gobierno central. “No estamos preparados para este tipo de emergencias. No tenemos nada”. Y nada es nada, insiste más de dos años después del incidente. “Ni las pastillas de yodo que el gobierno nos prometió”, asegura molesto.

El mismo gesto de cruzar los dedos de la solitaria Bovera (apenas 270 habitantes) se extiende por muchos de los pueblos situados en la zona de afectación nuclear I (10 km) y II (20 km) de estos gigantes de cemento que cada año producen en torno al 50% de la energía eléctrica consumida en Cataluña. A raíz de las quejas por “falta de medios” de los consistorios, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, abrió en septiembre pasado una investigación de oficio para evaluar los planes de seguridad nuclear. 

Motor económico de la provincia (aportan 2.000 puestos de trabajo entre personal propio y empresas colaboradoras), las centrales también son una fuente de preocupaciones para otros vecinos. Los hay que incluso “prefieren” no ver la serie de éxito Chernobyl, de HBO. Los expertos en seguridad nuclear insisten, sin embargo, en que los escenarios y los sistemas de seguridad son incomparables.

“Por tan sólo 400 metros no entramos en la zona de especial afectación, por lo que no recibimos ayudas para dotarnos de medios”, añade Acero, que junto con otros alcaldes reclama la aprobación urgente del nuevo plan básico de emergencia nuclear (PLABEN), pendiente de actualización desde 2012. 

Con este nuevo plan, el alcalde espera que se amplíe el radio de especial afectación hasta los 15 kilómetros y que el municipio pase así a situarse en la zona y pueda recibir subvenciones y adecuar el sistema de seguridad. La histórica reivindicación, sin embargo, no llega. “400 metros ... ya me dirás qué diferencia hay entre estar 400 metros más o menos lejos para salvarte de una fuga radiactiva…”, dice Acero.

Con todo, y a pesar de que fue elaborado entre 2016 y 2017, según explicó el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, en una respuesta parlamentaria al diputado de ERC Jordi Salvadó el 11 de septiembre de 2018, el borrador del nuevo plan sigue en el cajón. Con esta respuesta, Scharfhausen reconoce que el plan aún debe actualizarse según las nuevas medidas de seguridad impulsadas por la UE tras el desastre de Fukushima (Japón).

Antonio Suárez Franquet es el alcalde “del único pueblo de Cataluña que tiene un puente sin carretera”, tal como él mismo lo define con humor. Desde 2015 ostenta el bastón de la alcaldía de Ribarroja de Ebro (Tarragona), a 8,2 km de la central de Ascó. El puente sin carretera ya estaba allí desde mucho antes. Inaugurado en 1997 gracias a los fondos del plan de evacuación nuclear de Tarragona (PENTA), que depende del PLABEN, fue construido precisamente para dar salida hacia el norte en caso de accidente nuclear. “Y ahí sigue, como si nada, inutilizable”, resume resignado.

“Siempre he dicho que los planes de emergencia existen sobre el papel, pero no sobre el terreno”, añade Suárez Franquet, que reclama que se haga algún simulacro de emergencia con población civil para, llegado el caso, “saber cómo actuar”. “Yo soy esquiador y sé que si tengo un accidente en pistas habrá cobertura móvil para llamar. En cambio, soy el alcalde de un pueblo situado en zona nuclear y no puedo garantizar poder avisar a la gente en caso de emergencia. No tiene sentido”, sentencia.

Los ayuntamientos también confían en que no se vuelva a repetir la alerta del verano de 2008, cuando un incendio obligó a parar Vandellós II durante semanas. El humo que se pudo ver desde las ventanas de algunos municipios dejó con el corazón en un puño a miles de vecinos.

La próxima semana el Síndic tiene una visita programada en la zona. Antes, el asunto nuclear ya había protagonizado un choque, con tambores de guerra política de fondo, entre la Generalitat y Gobierno Central. La consejera de Empresa y Conocimiento, María Ángeles Chacón, acusó hace un año el Gobierno de no trasladar una directiva europea de 2014 a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima porque, según Chacón, esto obligaría a los municipios a hacer simulacros de emergencia con población civil cada tres años. La consejera no desaprovechó la ocasión para reclamar las competencias en seguridad nuclear.

Fuentes del Ministerio del Interior contradicen a Chacón y defienden que la directiva europea, transpuesta en noviembre de 2018, “no obliga” a hacer simulacros con población civil cada tres años, sino que se limita a recomendar “la necesidad de realizar un simulacro general sin detallar ni el alcance ni la implicación de la población civil”. Desde Interior defienden su experiencia para ejercitar simulacros con población civil y ponen de ejemplo el del 2013 en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), en el que se obtuvieron “excelentes resultados”. Eso sí, sobre los motivos por los que no se ha hecho el mismo simulacro en los pueblos de afectación de las centrales de Ascó y Vandellós, el Interior defiende que su política general “está basada en la realización de ejercicios de contenido más limitado”.

El CSN recuerda que todas las centrales españolas hacen cada año por ley un simulacro de emergencia dentro del recinto (PIE), lo que no supone que se movilice población civil. La decisión de llevar a cabo simulacros de emergencia en el exterior, explican fuentes del CSN, corresponde a Protección Civil y, por tanto, al Ministerio del Interior.

Desde la ANAV, la empresa gestora de las centrales nucleares de Ascó-Vandellòs, insisten también en que la decisión de realizar simulacros exteriores depende de Interior. Respecto a la desactualización del PENTA, fuentes de la empresa explican que “cualquier mejora en las medidas de seguridad es bienvenida. Pero como gestores de las plantas nucleares, no entra dentro de nuestras competencias la decisión de aprobar el nuevo plan. También dependemos de lo que haga el gobierno, por lo que estamos a lo que haga él”, relatan.

Y entre tanto ruido y voces, la opinión de los expertos rebaja las alarmas. Luis Enrique Herranz, director del Programa de Seguridad Nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del Ministerio de Ciencia e Innovación, explica que el caso de Chernobyl y Fukushima es incomparable. “En Chernobyl 4 el accidente se produjo en un experimento con la central. En un estado regulado como el caso español, esta circunstancia nunca podría darse. La tecnología del reactor RBMK (Chernobyl) era intrínsecamente insegura”, dice.

Sobre Fukushima, Herranz explica que no hay comparación, porque en Japón la naturaleza “atacó” la humanidad, sin que la tecnología nuclear tuviera ninguna responsabilidad. “No existe amenaza comparable en ninguna de las centrales españolas”, las cuales, asegura, “se encuentran entre las mejores del mundo en materia de seguridad”.

Herranz coincide con los alcaldes en que un simulacro que implicara la movilización civil permitiría al menos revisar los protocolos. “Y con ello, la identificación de acciones susceptibles de mejora”, dice. Eso sí, Herranz duda de su efectividad: “La representatividad de un simulacro de accidente es imposible, porque el componente de estrés raramente puede reproducirse igual que en un accidente”. 

Las probabilidades de accidente son mínimas, pero Óscar Acero, el alcalde de la solitaria Bovera donde los avisos de emergencia nuclear llegan por fax, no las tiene todas consigo. Por eso, mientras trabaja la tierra seguirá cruzando los dedos para que la única alarma que suena el pueblo siga siendo el toque de campanas que llama a misa. “Porque todo son buenas palabras, pero al final... nada se resuelve”.

-------------------------------------------

Este artículo se publicó originalmente en catalán en ctxt.cat.