Toda una vida es la que llevan las mujeres de La Camocha luchando. 

Luchando primero por ayudar a sus madres a sacar adelante el hogar y a sus hermanos, y más tarde por conseguir independizarse y crear sus propios hogares, donde siguieron luchando, con medios muy limitados, por criar y mantener a sus hijos, conciliando para ello el hogar, la familia y el trabajo fuera de casa. 

Luchando por mantener el ánimo sin saber si ese sería el día en que sus maridos no regresarían de la mina. Y también por esquivar los golpes (los figurados y los que no lo eran tanto) de matrimonios marcados por la misoginia de una sociedad que no entendía el papel de la mujer más allá del servicio y la obediencia ante “lo masculino”. 

Luchando, de este modo, por mantenerse como fieles garantes del hogar y la familia a pesar de las adversidades y sacrificios que ello supusiera.

37 familias del poblado minero de La Camocha se encuentran en lucha contra la administración concursal encargada de liquidar los bienes de la extinta mina que tiempo atrás hizo nacer el poblado

Y ahí siguen hoy: luchando por poder terminar sus vidas dignamente en los hogares que las acogieron durante la mayor parte de sus vidas.

Porque hoy, y desde hace más de diez años, 37 familias del poblado minero de La Camocha, que en su día se instalaron en el último bloque, de 52 viviendas, construido por la empresa para albergar en régimen de alquiler vitalicio a los trabajadores, se encuentran en lucha contra la administración concursal encargada de liquidar los bienes de la extinta mina que tiempo atrás hizo nacer el poblado. 

Una lucha que pasa por defender sus viviendas y a sí mismas como legítimas arrendatarias, condición que para dicha administración no ostentan tras no haber adquirido los inmuebles tasados para su salida a la venta, una década atrás, en cantidades que en nada se ajustaban a sus características y estado de conservación y que resultaban inalcanzables para su capacidad económica: una pensión de viudedad de un minero fallecido demasiado pronto, o retirado por una enfermedad también temprana, consecuencias del alcohol y el tabaco (principales alicientes para la supervivencia en una vida manchada en las entrañas de la tierra); o, con suerte, una pensión de viudedad digna a repartir entre un hijo en paro, una hija con un trabajo a tiempo parcial, temporal y precario, y un nieto con aún ciertas aspiraciones (comenzando por adquirir una adecuada formación y ese tipo de requisitos hoy día imprescindibles para obtener un empleo a tiempo parcial, temporal y precario), y, por último y como siempre, la viuda, la madre, la abuela.

Esta situación, unida al desconocimiento de algunas de las viudas de su deber de subrogar a su nombre dicho contrato de arrendamiento una vez fallecido el trabajador, es lo que ha permitido a la administración concursal iniciar un procedimiento judicial para efectuar su desalojo.

Y todo ello a pesar de que, a lo largo de más de 50 años, han sido las propias familias quienes se han hecho cargo de las reformas en las viviendas, partiendo de unos inmuebles, registrados por la empresa como almacenes de material, sin las más mínimas condiciones de habitabilidad. Desde la instalación eléctrica hasta la reparación de los tejados, pasando por múltiples reformas de suelos, ventanas, baños o cocinas, adaptándolos al paso del tiempo, las familias de La Camocha han pagado de su bolsillo todas las mejoras que hacen que hoy en día dichas viviendas sigan en pie. Sin embargo, la administración concursal continúa requiriendo cantidades que no sólo superan el valor real de las viviendas, sino que es posible afirmar que ya han sido sufragadas con las inversiones realizadas en ellas. 

A todo esto hay que añadir los múltiples costes que conllevan estados de salud realmente debilitados. Porque es necesario referirse a costes, y no tan sólo a gastos, dado que son los costes emocionales los que suman la mayor parte al cómputo de inestabilidad e inseguridad en el que estas mujeres viven.

Así es como la rueda vuelve al actual conflicto de desahucio, en el que, aunque tras la oposición de la vecindad y después de numerosas negociaciones, el precio de compra fue rebajado en un 50 por ciento, sigue siendo muy superior a su valor real, al que la mayor parte de las afectadas no podrían hacer frente.

En todo caso, resulta esclarecedor que, a pesar de la supuesta intención de venta, cuando las casas se van quedando vacías son tapiadas de forma inmediata, lo que, además de disminuir enormemente su posibilidad de salir de nuevo al mercado, provoca tanto daños en las viviendas contiguas como el deterioro de todo el bloque.

El pasado día 30 de septiembre tuvo lugar el primer intento de desahucio a una de las vecinas del poblado, una mujer de 73 años que, con un estado de salud terriblemente delicado, vivió cómo su principal temor desde hace aproximadamente 13 años se materializaba en una ejecución de desalojo. Gracias al apoyo de diversos colectivos y plataformas de la comunidad, su desahucio pudo ser paralizado. Sin embargo, la lucha continúa, pues no tardará en recibirse la notificación para una nueva fecha de lanzamiento prosiguiendo el proceso judicial de esta mujer, al igual que el del resto de vecinas.

Hasta el momento, ni la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, ni el propio Ayuntamiento de la ciudad, ni el Gobierno del Principado de Asturias han llevado a cabo ninguna acción

De esta forma, la amenaza e incertidumbre a las que las protagonistas de este conflicto se enfrentan cada día no cesa, alargándose un proceso con el que ninguna administración pública ni entidad gubernamental se compromete a buscar una solución favorable, a pesar de su constante interpelación para ello. Hasta el momento, ni la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, ni el propio Ayuntamiento de la ciudad, ni el Gobierno del Principado de Asturias han llevado a cabo ninguna acción ni movilizado ningún recurso para que estas mujeres puedan continuar viviendo en sus hogares. 

Tras visitar incluso el Parlamento Europeo en busca de una solución para su situación, hasta ahora no han conseguido más que el apoyo popular.

Entre ellos, las mujeres de La Camocha han compartido y recibido la fuerza de los vecinos de Ciñera de Gordón, en León, el único poblado de España en el que se ha vivido un proceso de desahucio semejante. En este caso, las familias del poblado pudieron permanecer en sus hogares gracias a la actuación de la Junta de Castilla y León que facilitó la compra del conjunto de inmuebles a precios asequibles, o mediante unos nuevos alquileres para quienes no se encontraban con posibilidad de hacer frente a una adquisición. Sin embargo, ni el Gobierno del Principado de Asturias ni la Empresa de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) se han posicionado  por el momento de forma colaboradora para buscar una solución a este conflicto. 

Así que, mientras otros duermen a pierna suelta, en La Camocha continúan durmiendo con el temor a que cualquiera de los fondos buitre que sobrevuelan cada vez con mayor frecuencia nuestro país decida posarse sobre sus tejados para sellar la sentencia que determine su desalojo. 

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Lorena Morán Neches es trabajadora social e investigadora en la Universidad de Oviedo.