La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa sobre la inmunidad de Oriol Junqueras supone un nuevo “baño de realidad” para el Tribunal Supremo español. Son ya varias las ocasiones en las que distintas instancias judiciales europeas han pinchado la burbuja política-jurídica en la que se encuentran el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado. En cada ocasión que esto ha sucedido, nuestro poder judicial ha puesto un parche y ha vuelto a inflar el globo. Es difícil calcular cuántos parches más pueden ponerse antes de que estalle del todo.

Puede que haya una conspiración internacional contra España. Puede que el estigma de la Leyenda Negra proyecte una sombra siniestra sobre el sistema judicial español. Puede que los europeos tengan un prejuicio anti-español. Todo eso puede pasar, pero a estas alturas empieza a ser evidente que se trata de algo más sencillo: nuestros altos tribunales, así como la Fiscalía General del Estado, han despreciado los principios democráticos, haciendo una interpretación sesgada y restrictiva de los derechos políticos de los acusados y de sus electores. 

Para ello han contado con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, de la derecha y la ultraderecha política, de la Casa Real, de una gran parte del PSOE y de casi toda la “inteligencia” nacional, como si la defensa de la causa nacional española-constitucionalista permitiera pasar por encima de los derechos y garantías que hacen valiosa la democracia. 

Es lamentable que los tribunales y la fiscalía no hayan sabido sustraerse a ese espíritu de combate para el que parecen valer todas las armas. Recordemos que el TS cometió otra importante vulneración de derechos políticos cuando rechazó pedir el suplicatorio al Congreso y Senado tras la elección y la toma de posesión de Junqueras y Romeva. Haciéndole pagar a la Mesa (que renunció a su autonomía con una alegría impropia) el precio de la aplicación cobarde del 384bis LECrim. 

El Tribunal de Luxemburgo, sin entrar en razonamientos especialmente complejos, remitiéndose al principio de la democracia representativa, ha dado un correctivo a la forma en la que nuestro TS despacha estos problemas

En las causas penales contra el procés, así como en los procesos consiguientes de revisión constitucional de las garantías y derechos fundamentales de los condenados, han surgido conflictos entre varias interpretaciones posibles de la legalidad: nuestros jueces y fiscales han optado en casi todos los casos por la más estrecha y punitiva, sin consideración hacia las garantías democráticas. En el caso concreto de la inmunidad de Oriol Junqueras, no se tuvo suficientemente en cuenta su condición de representante de la ciudadanía. Con el pretexto del riesgo de fuga, se le impidió hacer efectiva su acta de eurodiputado a pesar de haber sido elegido democráticamente por los votantes. El Tribunal de Luxemburgo, sin entrar en razonamientos especialmente complejos, remitiéndose al principio de la democracia representativa, ha dado un correctivo a la forma en la que nuestro Tribunal Supremo despacha estos problemas.

El revolcón al Supremo no es más que la última manifestación de las consecuencias que está teniendo la estrategia de resolver mediante la justicia penal la crisis constitucional catalana. No se trata de eximir a los políticos procesistas de la responsabilidad por sus extravagantes estrategias de negociación y sus cálculos electoralistas, sino de entender que tanto lo que pasó en el otoño de 2017 como lo que vino después se podía haber evitado reconociendo la naturaleza del problema político y abordándolo como tal. Y que para salir del agujero en el que nos han metido esos políticos irresponsables y sus propagandistas hay que cambiar de registro cuanto antes, y volver a una política seria, dialogada, razonable y pactada.

¿Qué más tiene que suceder para que fiscales y magistrados empiecen a entender que su contumacia punitiva obedece a las pulsiones del nacionalismo español y no a un examen ponderado de los equilibrios necesarios entre legalidad y democracia? Lo que rompe España no es el hipotético afán independentista de los partidos y votantes catalanes, sino que los estándares democráticos de nuestra Justicia no alcancen el nivel requerido en Europa.