Una triple condena: social, personal y penitenciaria. Así se describe, de forma sintetizada, la situación de las mujeres en las cárceles españolas en un nuevo estudio. En primer lugar, por una cuestión numérica: un 7,7% de las personas que se encuentran privadas de libertad en nuestro país son mujeres, mientras que en el resto del mundo el ratio se reduce a la mitad y en la Unión Europea apenas llega al 4,5%.

Unas cifras que el documento, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), atribuye a la especial dureza que demuestra nuestro Código Penal para con las mujeres y que queda patente cuando se comprueba la evolución punitiva que ha sufrido el país durante los últimos años: entre 2007 y 2016, el número de delitos cometidos por mujeres aumentó cerca de un 400%. Además, también creció significativamente el porcentaje de condenas que acarreaban penas de prisión, que pasó del 9% al 14%.

Según APDHA, reformas penales como la del año 2015 han terminado extendiendo la aplicación penal a conductas de carácter leve, a pesar de que el número de mujeres que presenta un perfil de peligrosidad o conflictividad grave es muy bajo –la criminalidad femenina está primariamente centrada en delitos contra la salud pública y contra el patrimonio–. La organización calcula que en un 27% de las condenas a prisión de mujeres se podría haber evitado la privación de libertad.

Reformas penales como la de 2015 han terminado extendiendo la aplicación penal a conductas de carácter leve, a pesar de que el número de mujeres con perfil de peligrosidad o conflictividad grave es muy bajo

Junto a esto, el informe denuncia los numerosos problemas que se encuentran las mujeres unas vez entran en los centros  y que las convierten en un colectivo “especialmente aislado y vulnerable” dentro de las prisiones. Entre ellos, la propia configuración y disponibilidad de los espacios: muchos de los módulos están pensados y construidos para hombres, y los recursos para su adecuación son precarios.

En cuanto a la disponibilidad, la escasez de cárceles para mujeres provoca que, en muchas ocasiones, las presas sean encarceladas lejos de su entorno familiar, lo que supone una traba importante para promocionar la reinserción, más aún cuando cerca de ocho de cada diez presas son madres y la mitad tiene menos de 40 años.

La limitación de centros femeninos se suple, en muchas ocasiones, con un único módulo donde no se separa a la reclusas por perfiles de peligrosidad, edad o estado de salud, como sí se hace con los hombres. Esto, apunta la investigación, deriva en que las mujeres puedan “estar sometidas a un régimen de seguridad mucho más estricto del que justificaría la evaluación del riesgo que representan”, bien por la escasez de espacio bien por la masculinización de la medidas de control que se aplican en los lugares donde están encerradas.

La escasez de cárceles para mujeres provoca que, en muchas ocasiones, las presas sean encarceladas lejos de su entorno familiar, lo que supone una traba importante para promocionar la reinserción

Por otro lado, la investigación de la APDHA añade que, además de reproducir  desigualdades de género, las cárceles también amplifican otras brechas sociales, como las relacionadas con el origen geográfico y socioeconómico de la población.

En este sentido, las cifras recopiladas demuestran la importante sobrerepresentación que sufren las mujeres de etnia gitana o de origen extranjero entre la población reclusa. Algo que también tiene que ver con la propia aplicación de la ley: solo en 2018 el 93,6% de las detenciones que se llevaron a cabo en Andalucía se hicieron en virtud de la Ley de Extranjería.

Más allá de la gravedad y el alcance de los delitos que hayan podido cometer las mujeres que están encarceladas, la APDHA recuerda que la privación de libertad no implica, ni mucho menos, la denegación de otros derechos fundamentales. Es más, las instituciones penitenciarias y la Administración de Justicia deben ser garantes de los mismos y trabajar para que se apliquen principios como la reinserción o la educación. 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no es el primer organismo que denuncia la “la invisibilidad” de las mujeres presas en nuestro país. Ya en 2008, el Parlamento Europeo pidió, a través de una Resolución, que los Estados miembros incorporasen la dimensión de género en sus políticas penitenciarias. Más recientemente, el Defensor del Pueblo también advirtió, en un informe presentado en el Congreso de los Diputados y tras visitar varios centro penitenciario del país, sobre la delicada situación de las mujeres en las cárceles:  apenas un 8% de las internas tienen un contrato de trabajo, los registros de prisiones no contienen información desagregada por sexo y ciertas actividades, como el acceso al polideportivo, está más limitado para ellas que para ellos.