Los expertos explican que cuando se produce una tormenta de citoquinas, el coronavirus puede volverse letal incluso para personas jóvenes y sanas: la respuesta excesiva del sistema inmunológico, lejos de garantizar su supervivencia, puede acabar con su vida. Un cuerpo social o político no resulta muy distinto y también puede verse amenazado por este tipo de respuesta. Cuando la inmunidad nacionalista, que construye barreras protectoras frente a elementos extraños, sobrepasa cierto punto, impide el desarrollo de la nación y acaba por destruirla.

En estos días, hemos visto reacciones de repliegue nacional en los países “frugales” de la Unión Europea (Holanda, Dinamarca, Suecia y Austria), muchas de ellas basadas en los clásicos estereotipos de la cigarra y la hormiga o en un supremacismo social-nativista realmente preocupante. Han circulado, de nuevo, prejuicios estigmatizadores de los países del sur faltos, por lo que parece, de disciplina, higiene y civismo, y a los que se ha acusado de incumplidores, aprovechados o intrínsecamente corruptos. Una reacción orientada a profundizar la brecha estructural que padece Europa desde hace décadas y en línea con la fracasada doctrina de 2008. Por suerte, esta tendencia parece empezar a revertirse ahora.

La vuelta al Estado-nación, un cierre autárquico de fronteras, es un anacronismo inútil, incluso cuando se postula una supuesta cooperación horizontal entre países. El Estado no puede ser la respuesta frente a la mundialización del riesgo. No es posible luchar contra una pandemia cerrando definitivamente los muros de un corralito, a no ser que se asuman, sin pestañear, un sinfín de daños colaterales.

Quienes hayan visto en China un ejemplo de lo contrario deberían analizar el modo en que su gobierno aborda la lucha contra el cambio climático, la ciberseguridad o los derechos humanos más básicos. La dicotomía entre libertad y seguridad, llevada hasta el extremo, es tan falsa como la que pretende imponerse ahora entre intimidad (control de datos) y protección de la salud.

Cooperar es el precio mínimo que estos países deben pagar para obtener la cooperación de los demás, como la obtuvo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial

Claro que el Estado sigue siendo el único espacio democratizado en el que tiene valor el expediente de la ciudadanía y por eso no puede ser suprimido, pero es evidente que el espacio estatal no tiene ya la medida de las cosas. La fórmula del Estado-nación hace tiempo que fue superada por instancias infra y supraestatales, y no por razones ideológicas (o no solo), sino porque la trampa territorial no permite solucionar los graves problemas que afrontamos con la eficiencia que se necesita y manteniendo, íntegramente, las exigencias de un Estado de Derecho.

Por otro lado, la construcción de ese Estado egoísta que, aparentemente, viene en ayuda de su pueblo, acaba siendo contraproducente en situaciones estratégicas en las que las decisiones de unos afectan y condicionan las de otros, y viceversa. Como muestra el dilema del prisionero, cuando se juega a largo plazo y con los mismos compañeros, es la cooperación lo que resulta rentable. Cuando un país coopera, los demás terminan confiando en su actitud y acaban cooperando también.

De hecho, esto es lo que está demostrando el cambio de rumbo de Holanda y Alemania, que se han beneficiado durante todos estos años tanto de la unidad monetaria como de la debilidad fiscal de Europa. Cooperar es el precio mínimo que estos países deben pagar para obtener la cooperación de los demás, como la obtuvo Alemania con la condonación de sus deudas tras la Segunda Guerra Mundial.

Y esto considerando que no deberíamos manejarnos siempre a base de treguas que se rompan cada vez que atravesemos una crisis. Porque no siempre resulta rentable utilizar en favor propio la “ventaja de amenaza” que te da el saberte mejor situado y porque, sobre todo, no debe hacerse por principio. La justicia debería ser el fruto de un acuerdo en el que el poder de negociación no se tradujera en ventajas para unos y desventajas para otros. Genuinamente, una Europa con justicia no debería ser aquella en la que cada país no pueda razonablemente esperar más, sino aquella en el que no pueda razonablemente pretender más.

Como la tormenta de citoquinas, un exceso de inmunidad estatalista y no de contagio cooperativo puede suponer también el fin de la Unión Europea

Una comunidad política es un magma de relaciones basado en una deuda que estamos obligados a retribuir. Comunitas deriva de munus, que significa “don y obligación frente a otro”, deber recíproco de dar. De manera que no es el ralo interés egoísta del free rider lo que construye comunidad, sino las obligaciones derivadas de nuestro hacer en común y una política de cuidados. Es en momentos críticos como este cuando se ponen a prueba los vínculos que tenemos, lo que hay “entre” nosotros, y la Europa de referencia y de destino que queremos construir.

Para Aristóteles, el propósito de la política no era solo el de garantizar el intercambio económico o la defensa del bien común, sino el de formar buenos ciudadanos fomentando el sentimiento de pertenencia y la conexión social. Pero la educación en la ciudadanía es imposible sin la ejemplaridad y la autocongruencia de las instituciones. Y esa autocongruencia excluye que los Estados den pasos adelante para fortalecer algunos organismos de la Unión Europea (el Consejo Europeo y el BCE) y se dediquen, simultáneamente, a debilitar la labor de otros (el Parlamento).

Como la tormenta de citoquinas, un exceso de inmunidad estatalista y no de contagio cooperativo puede suponer también el fin de una Unión Europea que hoy se debate, agónicamente, entre una Europa de las naciones o unos Estados Unidos de Europa.

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Mª Eugenia R. Palop es jurista, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y eurodiputada de Unidas Podemos.