En tanto que expresión política, el nacionalpopulismo se conjuga en plural. La etiqueta cobija corrientes que coinciden en aspectos nucleares, pero divergen en propuestas programáticas fundamentales.

Los partidos y movimientos populistas, de izquierdas o de derechas, comparten una crítica radical a la “élite”, al “sistema”,  a la “oligarquía”, a la “casta” o al “establishment”, siempre en el nombre de un “pueblo”, en singular, cuyos “verdaderos intereses” habrían sido orillados por quienes dirigen el destino de sus países. Fundada o menos fundada la satanización de la élite, la actitud crítica y vigilante frente a la pulsión liberticida que los detentadores del poder pudieran perpetrar en nombre de sus gobernados ha sido considerada desde la teoría política liberal como sinónimo de salud cívica. La divisoria del orden social en dos campos antagónicos no representa, por sí sola, un riesgo mayor para el orden democrático. Lo que convierte en potencialmente peligrosa a una familia específica de populismos, la ultranacionalista que coloca a la patria en su frontispicio, es más bien su vocación antipluralista, esa tendencia a erigirse en representantes exclusivos de un “pueblo auténtico” interpretado como homogéneo y unánime, y a excluir a quienes estigmatizan como “enemigos”.

Más allá de este mínimo común denominador del nacionalpopulismo, hay desavenencias programáticas sustanciales, a veces irreconciliables, entre los partidos políticos adscritos a esta forma de entender y practicar la política que durante las últimas décadas no han hecho sino mejorar sus resultados electorales e incrementar su capacidad de condicionar la agenda política en Europa, por ceñirnos a nuestro espacio geopolítico. Tomemos el ejemplo de Rassemblement National (RN, Agrupación Nacional), el partido rebautizado en 2018 bajo la dirección de Marine Le Pen y heredero del antiguo Frente Nacional (FN) aglutinado alrededor de la figura de su padre, Jean-Marie Le Pen, desde su fundación en 1972. En el marco de una “opción patriota”, RN defiende un “chovinismo del bienestar” y enarbola un discurso contra el “mundialismo” que se han convertido en sus señas de identidad. El FN no siempre se ha presentado como un partido con sensibilidad social. Le Pen padre denostó al “Estado Moloch a la vez monstruoso, tiránico e imponente”, ese “Estado providencia que no puede sino desembocar en el Estado totalitario”. En cambio, para su hija “en Francia no hay democracia, libertad ni justicia posibles sin el Estado”.^[1] Sin descuidar nunca su vector aglutinante y principal, el nacionalismo visceral y xenófobo, una apuesta programática de tenor social ha elevado al frentismo a la condición de primera fuerza electoral entre la clase trabajadora: si en 1973 menos del 3% de los obreros votaban al FN, en 1995 ya eran una tercera parte, en 2012 la mitad y en 2017 algo menos de la tercera parte. La apuesta por agitar el miedo frente a la inmigración (“Un millón de parados son un millón de extranjeros de sobra” fue el eslogan empleado por vez primera en las elecciones legislativas de 1978) y la promesa de medidas redistributivas a través del Estado de Bienestar han catapultado su éxito electoral. En este marco social-nativista cobran sentido, por ejemplo, las promesas de Marine Le Pen de “aumentar los efectivos de la función pública hospitalaria”, de reindustrializar al país y de trabajar por “una verdadera justicia social”, siempre en el marco nacionalista de la “preferencia francesa”, es decir, de la defensa de aquellos ciudadanos franceses nacidos de franceses y “olvidados” por la globalización .^[2]

Frente al modelo económico y social del Frente Nacional de Marine Le Pen, Vox opta por el extremo opuesto. El partido nacional populista español efectúa una apuesta inequívoca por el desmantelamiento de las estructuras del Estado de Bienestar y por la mercantilización de servicios básicos. Así se desprende de una propuesta que Vox comisionó al economista Rubén Manso, inspector en excedencia del Banco de España y diputado en el Congreso durante el periodo legislativo en curso. La propuesta, fechada en abril de 2019, se titula “Bienestar para todos. Propuesta de Vox de reducción de gasto superfluo para recuperar la clase media trabajadora y apoyar a las familias”, lleva el membrete del partido, y supone no la primera expresión del proyecto económico que plantea la marca española del nacionalpopulismo, pero sí la más acabada. Hasta ese momento la oferta programática de Vox en materia económica había sido concisa, elusiva y, en cualquier caso, a la sombra de ese “significante colmado” (por dar la vuelta al sintagma acuñado por Ernesto Laclau) para todo proyecto nacionalpopulista que es la “patria”. Dicha oferta se resumía en proponer una bajada generalizada de impuestos (de la renta, a la energía eléctrica) o directamente la eliminación de tributos (patrimonio, sucesiones, donaciones y plusvalías municipales) para prevenir “niveles confiscatorios que inhiban el ahorro y la inversión y desincentiven el trabajo y el esfuerzo”.^[3]

El documento coordinado por Rubén Manso especifica el proyecto económico de Vox. Un programa económico ultraliberal que aboga por la privatización  de la educación y la sanidad

El Manifiesto fundacional de Vox, de 2014, adelantó el marco rector para la actuación de los poderes públicos en la esfera social y en la provisión y aseguramiento de servicios básicos: “El Estado debe ser el guardián de las reglas del juego y el garante de la seguridad jurídica de los operadores económicos y sociales”. La fórmula estaba en consonancia con lo que Rubén Manso había expuesto en una charla a finales de 2012, en la que cifró los campos de intervención legítima del Estado en tres: justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior.^[4] Estado “guardián”, Estado centinela o Estado mínimo, valgan las adjetivaciones como sinónimos: tal es el núcleo duro de la propuesta económica de Vox.

Lo que en el manifiesto no pasaba de una fórmula inconcreta gana en especificación en la propuesta presentada (que no difundida) un lustro después. El documento coordinado por Rubén Manso especifica en mayor detalle el proyecto económico de Vox. En él late un programa económico ultraliberal que arremete contra el “consenso socialdemócrata” (incluyendo a la “socialdemocracia moderada” representada por el Partido Popular)^[5], ese “pensamiento único social-estatista” que habría derivado en un aumento del peso del sector público en la economía “a costa de la libertad de las personas y de las empresas”, y que aboga por la privatización y mercantilización de la educación y la sanidad. De la educación, porque aquella que proporcionan los poderes públicos en niveles preuniversitarios resultaría mucho más cara, “una cuarta parte más que los mismos ciclos de educación privada”, como si los ratios de alumnado/profesorado, la retribución salarial o la asimetría en la recepción de alumnado con necesidades educativas especiales, entre otros factores determinantes del coste, no tuviesen una repercusión en la factura final. El sistema sanitario es según Vox otro pilar del Estado de Bienestar que clama su reforma, léase su privatización: “recurrir a la alternativa privada es una alternativa razonable para cambiar el sistema sanitario español”. Si el Estado ofrece bienes o servicios de forma gratuita, según su argumentario, la demanda “tenderá al infinito y, en cualquier caso, será muy superior a la que se produciría si los consumidores/usuarios tuviesen que pagar la totalidad o una parte de su coste”. Se buscará en vano (como por lo demás, en cualquier documento programático de Vox) cualquier referencia o medida a la lucha contra el fraude fiscal o la evasión de capitales como rutas para avanzar hacia la equidad fiscal.

De seguir sus recomendaciones en la provisión pública de educación y sanidad se impondría el adelgazamiento de plantillas y la consiguiente reducción de gastos de personal. Para reducir ese “gasto superfluo”, la Administración General del Estado podría recuperar una tasa de reposición no superior al 50%, exceptuando de la recomendación a los funcionarios de prisiones, efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y defensa. Es decir: en consonancia con la fijación securitaria compartida por todos los nacionalpopulismos, las actividades relacionadas con la seguridad interior y exterior se salvarían de los recortes,. En cuanto a la plantilla de las Comunidades Autónomas, de las que dependen las competencias de educación y sanidad, las medidas son más expeditivas: “ajuste en la plantilla pública y la necesidad de no contratar a más personas, de hecho habría que despedir en CC.AA. que han aumentado fuertemente el empleo público en el último año”. Es decir: menos Estado en los ámbitos económico y social, pero más Estado en el orden securitario.

En 2019 Abascal, en otro libro en el que va desplegando su proyecto a golpe de conversación con Sánchez Dragó, sostiene que Vox no es anarcoliberal, doctrina de la que se distancia expresamente

La propuesta económica de Vox cobra sentido en el marco del anarcocapitalismo (libertarians en la terminología norteamericana) propugnado por filósofos políticos como Robert Nozick, quien a mediados de la década de 1970 desarrolló una encendida defensa del Estado mínimo, un Estado que no violaría la libertad de las personas y cuyas funciones legítimas estarían restringidas a la “protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera”. El Estado de Bienestar y su proyecto de justicia redistributiva extrae los recursos necesarios por vía impositiva. Cuando grava la renta de los individuos con fines redistributivos, el Estado incurre en el “esclavismo” (forced labor): “confiscar las ganancias de n horas de trabajo es como confiscar n horas a la persona; es como hacer a la persona trabajar n horas para objetivos de otros”. Que los objetivos de esas otras personas sea la satisfacción de necesidades médicas no es razón suficiente para Nozick para su cobertura pública vía impositiva; siguiendo la lógica de la necesidad el Estado también habría de satisfacer los servicios de barbería.^[6]

Por un lado Vox dispone de una propuesta de corte antiestatista, la elaborada bajo la coordinación de Rubén Manso según las líneas expuestas, y de unos documentos programáticos que esbozan la misma dirección, bien que con menor grado de explicitación y concreción. Sin embargo, por otro lado, dirigentes del partido parecen guardar distancia frente a una propuesta de tal naturaleza. Ante la pregunta de si hay que reducir el Estado, Santiago Abascal afirmaba en 2015: “Sí, pero de donde hay que reducirlo. No de la protección social, no de lo que llamamos Estado del bienestar sino de los gastos ineficientes del Estado que están, la mayoría de ellos, en las Autonomías”.^[7] En 2019 el mismo Abascal, en otro libro en el que va desplegando su proyecto a golpe de conversación/entrevista con Fernando Sánchez Dragó, sostiene que Vox no es anarcoliberal, doctrina política y económica de la que se distancia expresamente. En el curso de la conversación Sánchez Dragó, partidario confeso de un estado minúsculo, cifra los ámbitos reservados a la intervención estatal en los siguientes: “El orden público, los impuestos, la moneda, la persecución del delito, la defensa de las fronteras”. Abascal replica acto seguido a la enumeración: “De acuerdo con todo eso que mencionas, pero hay que ir más allá”.^[8] Ninguna pista acerca de la ruta ignota. Otra dirigente prominente del partido, Rocío Monasterio, abundó en esta misma línea en el acto de Vox en Vistalegre a finales de 2018: “nosotros somos los que queremos mantener el Estado de Bienestar para los españoles, los que creemos que son necesarios más recursos para sanidad, para educación, para seguridad, para pensiones,…”.^[9] Las preguntas se amontonan: si la cúpula de Vox afirma defender el Estado del Bienestar para los españoles, ¿por qué entonces encarga una propuesta económica a un anarcocapitalista que aboga por su estrechamiento?; ¿cómo cabe interpretar que no la hayan difundido y que ni siquiera cuelgue de su página web oficial?; ¿será que la política económica es un tema que conviene relegar estratégicamente a un segundo plano para no distraer energías ni dividir las filas mientras siga rindiendo frutos agitar una visión agónica de España?; ¿hasta qué punto es relevante la economía en el ideario de Vox? 

Más allá de las proclamas lanzadas en actos públicos sin concreción alguna, de forma expresa (propuesta de Manso) o implícita (proponiendo en sus programas una bajada general y eliminación de impuestos que sirven para financiarlo), Vox no aspira a una justicia distributiva ni a avanzar hacia una sociedad de libres e iguales apuntalando las estructuras del Estado de Bienestar. Sus propuestas apuntan más bien al desmantelamiento de aquellas estructuras encargadas de la provisión universal de servicios esenciales como son la educación y la sanidad.

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Jesús Casquete es profesor en la Universidad del País Vasco