Más de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de sus devastadoras consecuencias, España sigue arrastrando un déficit insostenible en materia habitacional y de vivienda. Así lo han advertido organismos internacionales en los últimos meses, que apuntan la gran brecha que aún separa las políticas públicas de España del resto de la UE en este ámbito. Ahora, un nuevo estudio del INE sobre vivienda turística aporta una nueva dimensión a este problema: España ya tiene más inmuebles destinados a fines turísticos que viviendas sociales de titularidad pública.

Esto es lo que se puede comprobar si se comparan los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística durante los últimos días y los que se publicaron durante el pasado mes de septiembre en el Boletín Especial de Vivienda Social. Según la primera fuente, en España existen más de 321.000 viviendas de uso turístico, frente a las 290.000 viviendas sociales –vivienda en alquiler de titularidad pública– que registra el documento publicado por el Ministerio de Transportes hace apenas tres meses.

La comparativa del resto de cifras de ambos documentos, que se mueven en porcentajes similares, permite hacerse una idea de cómo el crecimiento acelerado de la turistificación de inmuebles y la ausencia total de políticas y recursos públicos han terminado por provocar este desequilibrio en el parque residencial, que puede volverse aún más grave en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus.

Según el INE, las más de 321.000 viviendas de uso turístico que se registraron en agosto de este año ya suponen un 1,3% del total que existen en España. En algunas provincias el porcentaje es bastante mayor, como en Islas Baleares (5,0%), Girona (4,5%), Málaga (3,9%) o Las Palmas (3,8%). En total, el instituto estadístico sitúa la capacidad de estas viviendas en 1,62 millones de plazas, más de cinco por cada inmueble. Madrid y Barcelona están a la cabeza de municipios en este sentido.

Las cifras del Ministerio, por su parte, señalan que las 290.000 viviendas sociales registradas actualmente “ofrecen cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares” que hay en España, frente a más del 9% que se registra en la Unión Europea. En total, 180.000 viviendas pertenecientes a las comunidades autónomas y otras 110.000 de titularidad de los ayuntamientos que, si se comparan con el nivel de  población, todavía arrojan ratios más escuetos.

Nuestro país cuenta con menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, una cifra muy alejada de las más de cuatro que se registran en el espacio comunitario. En algunos países, como Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos la cifra supera el 8%.

Junto a esto, España también está a la cola de la UE en cuento al gasto que se destina al parque de vivienda pública. Entre 2007 y 2017, la inversión por habitante en protección social a través de la vivienda apenas superó los 35 euros: cerca de cinco veces menos que la media de gasto que se realizó en la UE, de 148,2 euros.

En último término, el bajo número de viviendas sociales que recoge el estudio del Ministerio de Transportes contrasta, de manera llamativa, con el resto de viviendas que se han construido bajo algún tipo de protección pública en los últimos años, pero que han terminado transferidas a fondos especulativos y empresas privadas o destinadas, desde un inicio, a la venta: entre 1981 y 2019, se han levantado cerca de 2,3 millones de viviendas protegidas en el país, de las que solo un 12% permanecen como vivienda social destinada al alquiler.

Unas cifras que explican, en parte, que apenas un 19% de los jóvenes menores de 30 años haya conseguido emanciparse o que la inseguridad residencial ya afecta a cerca de dos millones de personas.