Hace unas semanas, el historiador Jorge Marco publicaba un interesante artículo proponiendo una nueva “memoria cívica” sobre la “guerra de España”, en el actual marco del debate suscitado sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Partía para ello de una caracterización crítica de los respectivos discursos de una “izquierda” y “derecha social, mediática y política”, y se centraba en el ejemplo concreto de la polémica generada por la decisión del alcalde de Madrid de retirar, en noviembre de 2019, las placas con los nombres de las 2.936 personas ejecutadas durante el periodo 1939-1944, nombres que habían empezado a ser inscritos en el monumento memorial en el cementerio del Este proyectado por la anterior corporación municipal de Manuela Carmena. Aun compartiendo buena parte de las conclusiones del autor, me gustaría realizar algunas precisiones –también de carácter crítico– al objeto de enriquecer el debate actual.

¿Memorias enquistadas o batallas políticas?

En primer lugar, y por lo que se refiere a la “derecha social, mediática y política”, Marco distingue dos discursos: uno abiertamente negacionista de los crímenes del franquismo y otro refugiado en la “reconciliación de la Transición”, el de la inconveniencia de “reabrir heridas” y, por tanto, “remover el pasado”, este último ejemplificado para el autor en la decisión mencionada de Martínez-Almeida respecto al monumento memorial de Madrid. Recordemos que esta decisión recogía la sustitución de los nombres por la siguiente frase, explícitamente diseñada para “resignificar” (sic) el monumento: “El pueblo de Madrid a todos los madrileños que, entre 1936 y 1944, sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas”. La frase se remataba con la ya famosa de Azaña, en uso descontextualizado –fue pronunciada en 1938– de “Paz, piedad y perdón”. 

Más allá de la ascendencia familiar de algunos responsables del PP, no hubo presencia alguna de asociaciones de familiares de víctimas de la violencia republicana en el debate

Marco se apoyaba en cuatro razones muy lógicas para criticar lo desafortunado de aquella decisión: porque invisibilizaba a las víctimas del franquismo; porque las humillaba; y, finalmente, porque difuminaba y equiparaba las diversas lógicas de violencia de los bandos de la guerra y reproducía aquel discurso de la Transición sobre la “reconciliación nacional” poblado de “silencios, olvido e impunidad”. Según el autor, el efecto de dicha decisión –que causó una buena polvareda mediática– fue el de provocar “un mayor enquistamiento de memorias”. Es aquí donde comienzan mis discrepancias, porque entiendo que debería destacarse que, detrás de las manifestaciones de la “derecha social, mediática y política” acerca de la polémica de los nombres, no hubo asociación memorialista alguna, del tipo, por ejemplo, de Memoria y Libertad, el colectivo de Familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid que desde 2005 llevaba exigiendo la instalación del monumento memorial. O del tipo de la Asociación de Expresos Políticos, por remontarnos mucho más en el tiempo, y que estuvo detrás de la instalación de la placa de recuerdo a las Trece Rosas en el cementerio de la Almudena por la corporación encabezada por Juan Barranco, en 1988.

Más allá de la ascendencia familiar de algunos responsables del Partido Popular a título individual –como el concejal Borja Fanjul, bisnieto del general golpista Joaquín Fanjul, ejecutado en 1936–, no hubo presencia alguna de asociaciones de familiares de víctimas de la violencia republicana en el debate. No conozco posicionamiento alguno en contra de la inscripción de los nombres por parte de, por citar un ejemplo, la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires de Paracuellos, bien entendido que el origen, desarrollo y respaldo institucional de esta asociación, ya desde su nacimiento en 1939, tuvieron muy poco que ver con los de los colectivos de las víctimas del franquismo: no por casualidad las exigencias de recuerdo y reparación de todo colectivo memorialista se vieron sobradamente colmadas en este caso debido precisamente a la política memorial del franquismo.

Ello no fue óbice para que portavoces del PP, entonces en la oposición, como Pedro Corral, en un pleno ordinario de 2018, invocasen una supuesta afrenta a las víctimas de la violencia republicana por la inclusión de cerca de trescientos nombres de “chequistas” en el proyecto original del monumento, argumento que enseguida se convirtió en ariete contra la inscripción de los casi tres millares de víctimas. Corral invocó además otra afrenta, esta vez la supuestamente producida contra las “verdaderas” víctimas del franquismo –las que efectivamente habían sufrido “juicios injustos” por haber sido condenadas “únicamente por la defensa de sus ideas”–, ya que la inclusión de todos los nombres habría significado, siempre según el concejal popular, “mezclar víctimas y verdugos”. Se daba así el fenómeno de que portavoces políticos de la derecha no solamente invocaban el recuerdo o la memoria de unas víctimas –las de la violencia republicana–, sino también los de las propias víctimas del franquismo. Si en el primer caso lo hacían sin el marchamo legitimador que habrían podido proporcionar los colectivos memorialistas, en el segundo caso lo hacían para negar lo explícitamente reivindicado por las propias asociaciones y colectivos de familiares de víctimas del franquismo… en su nombre. Todo valía con tal de torpedear y retardar un proyecto que nacía ya demasiado tarde, incluida la utilización del relato memorial de la víctima.

Una segunda puntualización tiene que ver con el presunto carácter “abiertamente negacionista” del otro discurso de las derechas, según Marco. Para el caso del monumento memorial de Madrid, ninguna voz de la derecha negó nunca la mayor, esto es, la veracidad del listado de los 2.936 nombres de personas ejecutadas entre 1939-1944, cuya elaboración me fue encargada por la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del ayuntamiento de Manuela Carmena. Una oficina que, por cierto, fue rápidamente desmantelada por Martínez-Almeida en cuanto accedió a la alcaldía, buena prueba de lo poco que le importaban las memorias de las víctimas, de uno u otro bando de la guerra, por no hablar de los derechos humanos. El problema fue, pues, aún más grave, ya que lejos de negar los asesinatos, los representantes de las derechas vinieron a justificarlos indirectamente al cohonestar y dar por buena su ‘legalidad’. Esto vino a explicitarse claramente en los casos de los presuntos “chequistas”, argumento que durante todo el proceso sirvió para justificar finalmente la retirada de todos los nombres de las víctimas de la dictadura, pese a que el consistorio de Martínez-Almeida prefirió escudarse detrás de la ambigua resolución del Comisionado de Memoria Histórica creado por Manuela Carmena. Si los portavoces del PP encabezados por Pedro Corral habían venido torpedeando mientras estuvieron en la oposición el proyecto del memorial con el pretexto de no mezclar a “víctimas y verdugos”, al final fueron todos los nombres –también los de las víctimas de “juicios injustos” en palabras de Corral– los que acabaron siendo damnificados, ochenta años después de su asesinato. Parafraseando el título del artículo del historiador Juan Carlos García-Funes en el libro Morir en Madrid (1939-1944), el todo acabó pagando por la parte, aunque desde un principio la ofensiva había estado dirigida –no de manera abierta– contra el “todo”, esto es, contra la inclusión en el monumento de los casi tres millares de nombres.

El conflicto a propósito del monumento memorial del cementerio del Este no va de memorias presuntamente enfrentadas, sino de batallas políticas y culturales

Mientras duró la campaña de acoso y derribo contra el monumento, diversos medios vinculados a la derecha, al tiempo que cuestionaban la inscripción pública de todos los nombres, no dudaron en publicar en prensa los de los presuntos “chequistas”. Dando así por buenas las sentencias recogidas en los consejos de guerra y en la Causa General, contribuyeron a reeditar dicho término, tan ideológicamente caro al régimen anterior como improcedente en cualquier análisis histórico. Con ello vino a abonarse el terreno para posteriores decisiones tan disparatadas como la de retirar –y dañar– la placa de Francisco Largo Caballero, ejecutada en plena segunda oleada de la pandemia, en noviembre de 2020. Y ello cuando sus defensores, mientras estuvieron en la oposición, se habían hartado de desprestigiar las medidas relacionadas con la memoria histórica –cambios en el callejero, retirada o instalación de placas– con el argumento de que había cosas más importantes en las que ocuparse e invertir dinero. Esta última placa, por cierto, había sido instalada por el alcalde Tierno Galván en 1981, a propuesta de un concejal centrista y aprobada por unanimidad, buen ejemplo de un discurso –el de la Transición– que hoy parece haber quedado dinamitado no ya por los críticos izquierdistas del “régimen del 78”, sino por los actuales representantes de la derecha, sus teóricos panegiristas.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el conflicto político y mediático montado en Madrid a propósito del monumento memorial del cementerio del Este no va de “memorias” presuntamente enfrentadas y enquistadas, sino de batallas políticas y “culturales” en las que tanto el discurso histórico veraz como las asociaciones memorialistas –para no hablar del propio concepto de “memoria de las víctimas”– han sido ninguneados cuando no instrumentalizados.

O políticas públicas de memoria o “memorias cívicas”

En el mismo artículo, Jorge Marco afirma que “la izquierda social, mediática y política ha tendido a asumir la teoría de que existen dos tipos de memoria: una apologia memoriae de las víctimas asesinadas en la zona republicana y una damnatio memoriae de las víctimas del franquismo”. El autor, reconociendo la verdad de la afirmación de la damnatio –la política oficial de negación, estigmatización y olvido de las víctimas de la violencia franquista, durante el franquismo y la Transición– se muestra crítico con las conclusiones que extrae la izquierda de la apologia memoriae, que interpreta como el homenaje de “las víctimas del bando nacional” hasta “la saturación del espacio público” y la memoria.

¿Por qué? Porque para el autor, con esta teoría de la apologia memoriae, la izquierda interpreta y concluye –si bien no de manera explícita– que las únicas víctimas necesitadas actualmente de recuerdo son las de la violencia franquista, y no las de la violencia republicana, dado que estas ya recibieron sobradamente todo tipo de homenajes y conmemoraciones, de manera que no considera necesario incorporar a estas a las “políticas públicas de memoria”. Paradójicamente, el efecto perverso –el adjetivo es mío– de esta elisión sería precisamente “asumir y reforzar la memoria de los Mártires y Caídos de la dictadura de Franco”, con lo que una “nueva memoria cívica” debería “arrebatar a estas víctimas de los discursos del franquismo, dotarles de un nuevo significado y situarlos en un nuevo marco narrativo”.

En un texto que recuerda al de Antonio Elorza de hace unos años –“El péndulo de la memoria”, El País, 3 de agosto de 2015–, Jorge Marco aporta al debate una mirada fundamental, de historiador, pero también de ciudadano reflexivo y consciente, novedosa y quizá algo molesta para algunos sectores de la izquierda memorialista: la necesidad de atención a las víctimas de la violencia política republicana, ellas mismas instrumentalizadas –esto es importante– por la política memorial de la dictadura. Ahora bien, mi discrepancia proviene aquí de lo que el autor entiende que debería ser una política pública de memoria –estatal, por tanto– y que, a veces, parece identificar o confundir con una “memoria cívica”. Una “memoria cívica” que, aparentemente centrada de manera principal en la guerra civil –y no tanto en los cuarenta años de franquismo–, debería fundamentarse según Marco en los dos ejes fundamentales de la ciudadanía y los derechos humanos. Cosa que implicaría que, en el relato de la guerra, tuvieran cabida las víctimas de las violencias de uno u otro bando –civiles y soldados que continúan aún en fosas comunes y tumbas sin nombre– y se reconociera también el papel de aquellos y aquellas que tuvieron un papel intercesor o salvador en el conflicto.

Es en el ámbito público y ciudadano, que no en el institucional, donde se gestan –y se enfrentan– las diversas memorias de los testigos de la guerra y de la dictadura

Hace años que lo planteó el historiador Ricard Vinyes: una política de memoria que se diga pública y democrática, y por tanto inclusiva, no debería cerrarse en relato o “marco narrativo” alguno –para utilizar el término de Jorge Marco– del pasado, y menos aún imponerlo desde arriba, invocando un presunto “deber de memoria” (El Estado y la memoria, 2009). Ello significaría, a nivel de las formas, seguir el mismo modelo –solo de que de manera muchísimo más modesta, claro está– de la política memorial del franquismo, al margen de que el relato propuesto por Marco reconozca las “complejidades del pasado”. Precisamente el autor parece reprochar a esa izquierda social un relato demasiado simplista de ese pasado, pero lo que quiero discutir aquí es la conveniencia de un relato, simple o complejo, a imponer desde la institución. Expertos como el filósofo Reyes Mate se han permitido criticar “las políticas de la memoria, orquestadas por los poderes, que dosifican adecuadamente el pasado a mayor gloria de quien ahora manda”, pero defendiendo a la vez la creación de una “cultura de la memoria”, esencialmente ciudadana pero apoyada por una ”estrategia teórica e institucional” (“Lugares de la Memoria”, El País, 12 de abril de 2004). Esa debería ser quizá la función de una política pública de memoria “democrática”: la tanto más simple cuanto fundamental asistencia teórica e institucional para la creación de una “cultura de la memoria” afirmada sobre la importancia del testigo.

El movimiento se demuestra andando, de manera que el adjetivo “democrático” debería aplicarse y demostrarse en la forma. Una forma que bien podría empezar por negar la mayor, esto es, el imperativo “deber de memoria”, para sustituirlo por un “derecho a la memoria”, o a “las memorias”: solamente esto podría desactivar ese elemento de “coerción” que decía Vinyes, y que tan antipático puede llegar a resultar al ciudadano/a que no se sienta emocionalmente concernido por según qué memoria. A partir de esta premisa, no se trataría de sustituir un “marco narrativo” por otro, ni de incorporar otro nuevo e imponerlo de manera institucional.

Porque, en realidad, es en el ámbito público y ciudadano, que no en el institucional, donde se gestan –y se enfrentan– las diversas memorias de los testigos de la guerra y de la dictadura, las directas y las heredadas, las vividas y las transmitidas a las generaciones posteriores en ese curioso fenómeno de la “posmemoria”. Los conflictos entre memorias no deberían asustarnos: algún estudio reciente, como el de Martín, Paradés y Dacosta, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos informa de que, afortunadamente, la polarización de las actitudes de los ciudadanos respecto a la guerra civil no es tan acusada como los posicionamientos de los políticos. Los protagonistas principales son aquí las diversas asociaciones memorialistas y los colectivos ciudadanos interesados en el recuerdo, resignificación y transmisión de ese pasado, desde sindicatos hasta artistas, pasando por supuesto por maestros y profesores. También aquí la Historia –y la Psicología, la Sociología, la Antropología, la Arqueología– tiene mucho que aportar, revisando –¿por qué el término “revisar” tiene tan mala prensa?– y enriqueciendo sus interpretaciones sobre el pasado mediante un diálogo científico continuo. La función de una política pública de memoria sería entonces precisamente la de garantizar ese “derecho a las memorias” apoyando las actividades de los colectivos mencionados –empezando por la gran deuda pendiente de la exhumación de las fosas de la guerra– y facilitando la labor de los investigadores mediante la apertura de los diferentes archivos y la socialización de sus resultados.

Por supuesto, el obstáculo principal es la politización del debate sobre la memoria en forma de “batalla cultural” de unos contra otros: la creación de trincheras como la abierta por la actual corporación madrileña –ya cuando estaba en la oposición– contra el monumento memorial del cementerio del Este. Imagino que sus portavoces podrán replicar a esto que la trinchera fue excavada previamente por la anterior corporación cuando presentó dicho proyecto, con el presunto objetivo de “dañar la convivencia” y “reabrir heridas”. Creo que todo lo aportado más arriba basta para desmantelar ese argumento tan falaz. Las asociaciones memorialistas que apoyaron dicho proyecto reivindicaban algo absolutamente básico, de simple humanidad, comprensible por todo el mundo al margen de ideologías: la inscripción en el espacio público de los nombres de unas víctimas ocultadas e ignoradas durante décadas, las de las ejecuciones masivas practicadas por el franquismo en la capital. Y reivindicaban la inscripción de esos nombres con mayor derecho aún, según nos recordaba recientemente el autor del monumento, Fernando Sánchez Castillo, por tratarse de un cementerio. “¿Quién niega el nombre a un muerto en una necrópolis?”, era la pregunta tan sencilla como contundente que se hacía Fernando de manera retórica.

En el caso madrileño, que es el principal ejemplo en el que se apoya el artículo de Marco, no hubo “enquistamiento de memorias”, sino una batalla política promovida por partidos de derecha que empezó con una agresión a un proyecto de memoria pública, absolutamente modesto por lo demás, y hasta torpe y pacato si incluimos en el mismo la actitud del Comisionado de Memoria Histórica encabezado por Francisca Sauquillo: pero esa es otra historia. Una batalla política que, en sus efectos prácticos, ha venido a perpetuar la política de damnatio memoriae que tan bien supo imponer el franquismo. No hubo, por parte de los sectores que apoyaron el monumento memorial, una apologia memoriae en el sentido de laudatio de las víctimas, más allá de su reconocimiento como víctimas de la dictadura franquista. En Morir en Madrid (1939-1944), el libro-listado que recoge sus nombres, figuran por ejemplo los de decenas de condenados por atracos a mano armada, muchos de ellos de filiación falangista, como se puede leer en el artículo del historiador Daniel Oviedo, uno de sus coautores, con lo que el relato aportado por la Historia –distinto del memorialista– tampoco carece de complejidades.

Dada pues la actual situación de “batalla de relatos” –y no tanto conflicto de memorias– absolutamente politizada, en la que determinados sectores exhiben discursos no ya “reconciliadores” al estilo de la Transición, sino defensores del franquismo y de sus métodos, el gobierno encargado de legislar al respecto deberá llevar cuidado a la hora de no implicarse en ella y, es mi consejo, intentar atemperarla. Solo así estará en condiciones de acometer una auténtica política pública de memoria verdaderamente inclusiva, favorecedora de una “cultura de memoria” ciudadana y proactiva en la defensa del patrimonio democrático material e inmaterial de la lucha contra la dictadura, que a veces parece el gran olvidado en estas discusiones. Un buen ejemplo es lo ocurrido con la prisión de Carabanchel que, al contrario que la Modelo de Barcelona, aún está esperando el respaldo institucional al proyecto memorial ciudadano en curso. Ya lo dijo Reyes Mate: “La memoria es justicia porque no soporta que la injusticia sea el precio de la política”, desmontando el argumento que quería diferenciar a los guerrilleros montoneros del resto de víctimas mortales y “desaparecidos” de la dictadura argentina. Todos eran inocentes porque tenían derecho a ser juzgados reglamentariamente y no lo fueron, como no lo fueron tampoco las 2.936 personas a las que un ayuntamiento que se dice democrático pretende negar la inscripción de sus nombres en un cementerio. Que la peor política –en la peor acepción de la palabra– no acalle ni instrumentalice las memorias.

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Fernando Hernández Holgado es historiador y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.