En el norte de Chile se está viviendo una grave crisis humanitaria a la que el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido militarizando la frontera y expulsando migrantes. Desde septiembre del 2020 venían aumentando las llegadas de extranjeros, las que se agudizaron el último fin de semana de enero, cuando ingresaron 1.800 personas por Colchane, localidad ubicada en el altiplano chileno a más de 3.500 m.s.n.m., duplicando en unos cuantos días los habitantes de la comuna (1.600 aprox.). De allí que el alcalde de Colchane de cuenta del incremento de la tensión, en una localidad que no tiene alcantarillado, ni farmacias, ni supermercados, ni luz eléctrica las 24 horas del día. En un contexto de incapacidad local y escaso apoyo gubernamental, crecen los conflictos, donde quienes se desplazan son responsabilizados de aumentar la inseguridad y colapsar los servicios públicos, acentuando la xenofobia.

El incremento de venezolanos ingresando por el norte de Chile responde a una crisis humanitaria de proporciones, que según ACNUR ha afectado a casi cinco millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de la región, luego de Colombia y Perú, que triplican y duplican las llegadas. Según la última estimación, en Chile al año 2019 había más de 400 mil venezolanos, los que representaban el 30% de todos los migrantes, quienes, a su vez, constituyen el 7,8% de la población nacional; una cifra menor, considerando que el promedio de los países de la OCDE se sitúa en 13%.

Los venezolanos no sólo huyen del hambre, de la falta de insumos esenciales, de la inestabilidad y de la precariedad, sino de una nación que hace años se encuentra convulsionada social, económica y políticamente. A pesar de esta vulnerabilidad, quienes se desplazan se ven enfrentados a una serie de adversidades, ya sea por la extensa travesía o por no contar con los documentos y/o recursos requeridos, entre otras. La mayoría de quienes logran pisar suelo chileno vienen exhaustos después de cruzar varios países. Testimonios dan cuenta de que han pagado más de 5.000 USD para viajar desde Venezuela a Pisiga, localidad fronteriza boliviana. A pesar de la alta suma desembolsada, muchos migrantes son dejados a su suerte en pleno altiplano andino, una zona desértica rodeada de minas terrestres.

Muchos ingresan a pie por el altiplano, donde la altura supera los 4.000 de altitud. y existe una gran oscilación térmica de los 30°C durante el día a los -8°C por la noche

El trayecto final es particularmente duro, considerando que muchos ingresan a pie por el altiplano, donde la altura supera los 4.000 de altitud. y existe una gran oscilación térmica, ya que durante el día es posible llegar los 30°C, mientras en la noche la temperatura decae hasta -8°C. Precisamente las bajas temperaturas y la altitud son dos de las causas que se investigan (además de las enfermedades de base y respiratorias), para determinar la muerte de dos personas migrantes que fallecieron el 3 de febrero. Sus fallecimientos expusieron las falencias de un sistema migratorio, heredado de la dictadura de Pinochet, que no ha logrado satisfacer adecuadamente la acogida de migrantes, ya que carece de un debido proceso en el caso de las expulsiones administrativas y establece delitos migratorios específicos: el ingreso clandestino y con documentos falsificados o adulterados.

La respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no solo ha sido deficiente, sino que su propio actuar ha contribuido a agravarla. El presidente Piñera en febrero de 2019 viajó a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza a Venezuela, asegurándoles a los venezolanos que en Chile encontrarían refugio. Es más, en dicha ocasión señaló que “no hay nada más perverso que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo y que pone en riesgo la vida de más de 300 mil venezolanos. Eso no tiene perdón de Dios”.

Sin embargo, lo proclamado dista diametralmente de la realidad, debido a que, en vez de facilitar su ingreso, la política que ha implementado la actual Administración ha dificultado el mismo. Así, el 16 de abril de 2018 comenzó a regir la denominada “visa de responsabilidad democrática” y a mediados del 2019 se impuso una visa consular de turismo, las que, en la práctica, han operado como barreras a la entrada regular de venezolanos, generando un aumento en los ingresos clandestinos, ya que ambas medidas buscan impedir que entren como turistas y luego cambien su estatus migratorio ya estando en Chile, como paradójicamente permite la actual legislación migratoria a los demás extranjeros.

Cabe observar las cifras para apreciar cómo el Estado chileno se ha erigido en productor de irregularidad, ya que, de las visas solicitadas por venezolanos, un 82% de las de turismo se han rechazado. El panorama en las visas de responsabilidad democrática es igual de desolador, pues solo un cuarto de las visas solicitadas han sido otorgadas. A lo anterior se debe sumar que luego de la pandemia se pausó el otorgamiento de la visa de responsabilidad democrática, lo que repercutió en el incremento de los ingresos irregulares: solo en el año 2018 se duplicaron y el 2019 superaron los 8 mil, donde los venezolanos representan más de la mitad de las entradas por pasos no habilitados. Además, desde marzo del 2020 se han cerrado las fronteras internacionales por la pandemia, lo que ha agravado la situación migratoria. 

El gobierno de Chile se ha valido de estos instrumentos, establecidos en decretos y resoluciones dictados especialmente para dificultar el ingreso de ciudadanos de Venezuela y Haití, para conducir convenientemente la discusión migratoria, reduciéndola a la simple ecuación: regular/irregular. Utilizando una astuta y eficiente táctica, la Administración plantea que mientras los extranjeros en situación regular siempre serán bienvenidos y podrán gozar de derechos, quienes ingresan irregularmente serán excluidos y no podrán ejercer sus garantías. Como si ante tales medidas implementadas, los migrantes venezolanos tuvieran posibilidad alguna de entrar por pasos habilitados, siendo que precisamente su ingreso clandestino responde a que en su caso se han dificultado los mecanismos institucionales para su ingreso regular.

El denominado “Plan Colchane” implementado por el gobierno, junto con doblar la presencia militar en la zona, ha concretado la expulsión de migrantes. El 10 de febrero, se realizó la expulsión administrativa más masiva, lo que el ministro del Interior calificó como un hito pues en un solo día se deportaron 138 personas, 86 en un avión de la Fuerza Aérea de Chile rumbo a Colombia y Venezuela, y 52 migrantes en buses hacia Perú y Bolivia. Según testimonios de venezolanos, algunas de esas expulsiones fueron notificadas en plena madrugada por la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios acudieron a residencias sanitarias en Iquique, la capital regional, para notificarles la expulsión. Los migrantes se encontraban allí después de ser conminados por los funcionarios a autodenunciarse e iniciar una cuarentena obligatoria. Los migrantes denuncian que los funcionarios policiales habrían llegado aplaudiendo, con burlas, afirmando “ya se van a ir a su país” y haciéndolos firmar un documento que no entendieron.

Relatos de venezolanos que se encuentran en dichas residencias sanitarias señalan: “Nos tienen como unos presos, nos graban, nos alumbran (…) cómo vamos a apelar si no nos dan la oportunidad, si nos encontramos encerrados en un centro sanitario y nos han retenido los documentos”. Como advierte Eduardo Cardoza, secretario del Movimiento de Acción Migrante, “esto ha sido planificado de la peor forma, dictatorialmente, a las 2 de la mañana en un lugar donde nadie puede acceder por la pandemia”. Estrategias gubernamentales como éstas son indignantes e intolerables en un país que se precia de ser democrático, ya que este tipo de conductas desplegadas por parte de funcionarios vulneran el debido proceso que debiese garantizarse en todo procedimiento de expulsión. 

En suma, se vislumbran tres grandes críticas al manejo que el gobierno chileno ha tenido de la crisis migratoria de Colchane. En primer lugar, que la toma de decisiones y la implementación de medidas ha ignorado la evidencia académica y las recomendaciones de organismos internacionales especializados. El gobierno ha abordado la migración asumiendo que, al imponer más trabas, los flujos migratorios disminuirán o se frenarán. Esto demuestra una aguda falta de comprensión, pues los estudios dan cuenta de que, estableciendo mayores barreras, los desplazamientos no se detienen, sino más bien se agudizan, tal como ha acontecido en Chile, primero con los migrantes dominicanos, luego con los haitianos y ahora con los venezolanos.

La iniciativa de licitar 15 aviones para la expulsión de migrantes conducirá al incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile

Lo anterior nos conduce a la segunda crítica: el tratamiento jurídico de la movilidad humana desde el estado de excepción. El gobierno ha insistido, una y otra vez, en adoptar medidas excepcionales al gestionar los flujos migratorios; lo hizo, por ejemplo, con el denominado “Plan humanitario de retorno ordenado”, donde buscó limitar derechos de los migrantes a través de un decreto, y continúa por esta senda, esta vez ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, mediante la modificación del decreto 265 del 2019 del Ministerio de Defensa, el que ya había sido extendido temporalmente. Así, el 4 de febrero se publicó el Decreto Supremo que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con autoridades civiles y policiales en dicho territorio, no sólo para el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, sino también para el tráfico ilícito de migrantes, extendiendo materialmente la autorización original.

Como se advierte, la respuesta ante el aumento de ingresos por la frontera norte chilena ha sido gobernar transformando la excepcionalidad en regla, una política que conceptualiza la migración desde un enfoque parcial y restrictivo, concentrada en el control de las poblaciones. Una normativa que reduce la movilidad a una mera facultad de gobierno, a una cuestión de orden y seguridad, como si militarizando la frontera norte, los venezolanos no fueran a seguir ingresando. Como sostienen las especialistas Stang y Beniscello: “Hay una ficción de democracia cuando se militariza la demanda de derechos, o el control de la movilidad de las personas dentro del territorio o a través de sus fronteras”. 

Lo anterior nos lleva a la tercera crítica, que es la falta de una respuesta multilateral coordinada. El gobierno, después de haber liderado los esfuerzos regionales para la promoción del “Pacto Mundial sobre Migración”, se restó del mismo de forma intempestiva, renunciando a enfrentar la movilidad desde una perspectiva multilateral. Resulta incomprensible que uno de los países más ricos de América Latina, con un cuerpo diplomático con tradición de excelencia, no haya promovido y liderado esfuerzos conjuntos entre las naciones vecinas para enfrentar la crisis que la evidencia científica acumulada anticipaba. Esto muestra la tozudez de la actual Administración en abordar desde la estrecha perspectiva del Estado-nación una de las más importantes problemáticas globales del siglo XXI.

De esta manera, en vez de promover una acción regional concertada para abordar esta crisis desde el enfoque de los derechos humanos, se continúa securitizando la migración, criminalizando a quienes buscan una vida más digna, apostando por la exclusión del otro. Como planteó el Servicio Jesuita Migrante en su declaración pública, es hora de dar una respuesta integral y continental. Como han planteado organizaciones de y para migrantes, urge coordinar un “Plan Humanitario Regional” que entregue respuestas pertinentes y territoriales. Es lo mínimo que cabe esperar ante una crisis de tal magnitud; no obstante, el gobierno ha hecho nulos esfuerzos para coordinar una propuesta multilateral, imponiendo el control fronterizo nacional como único camino.

En este sentido, la iniciativa de licitar 15 aviones para la expulsión de migrantes, impulsada por el Departamento de Extranjería y Migración, conducirá al incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile, en tanto anticipa una respuesta jurídica equivocada, ya que los estándares de derechos humanos exigen a los Estados indagar todas las solicitudes de refugio. Cabe destacar que Chile en 2010 dictó una Ley de Refugio, que buscó adecuar la normativa interna para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile al suscribir y ratificar la Convención para el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta ley contempla una definición amplia de refugio y contiene, acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el principio de no devolución y la prohibición de rechazo en frontera, la no sanción por ingreso ilegal y la no discriminación. 

Por ende, en vez de incentivar la autodenuncia por ingreso clandestino de los migrantes venezolanos, el Gobierno debería promover la protección de quienes solicitan refugio en Chile, según le obligan las normas de derecho interno y de derecho internacional. Al respecto, las cifras son elocuentes: al 31 de diciembre del 2019 sólo 14 venezolanos han sido reconocidos como refugiados, mientras que ese mismo año ingresaron a Chile 16.933 personas declarando solicitud de refugio, de las que el 99% correspondía a venezolanos.

Por último, más allá de las obligaciones jurídicas asumidas por el Estado de Chile, se debería brindar ayuda humanitaria y protección a los migrantes que arriban desde Colchane, pues, parafraseando al presidente Piñera, no hay nada más perverso que negar la ayuda humanitaria y poner en riesgo la vida de tantas personas.

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Martina Cociña-Cholaky es docente en Universidad de O'Higgins. 

Marcos Andrade-Moreno es profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.