La lista es larga: activistas que protestaron en la catedral de Alcalá de Henares contra terapias para “curar” la homosexualidad; el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel,  por acoger una exposición que incluía la imagen de un Cristo a la parrilla; educadoras que imparten talleres de educación sexoafectiva –según ellos, de “ideología de género”–, o incluso la directora de una escuela donde se realizan; feministas que convocan protestas “anticristianas”; el artista Drag Sethlas por recitar “frases blasfemas” en una actuación; alcaldes que colgaron la bandera LGTBI –un gesto que “no se puede permitir porque solo representa a una parte de la ciudadanía”–; los que han retirado cruces “utilizando como excusa la Ley de Memoria Histórica”; el artista Abel Azcona, por una obra que denuncia los abusos sexuales en la Iglesia católica; una veintena de clínicas en las que se practican abortos, a las que acusan de ofrecer publicidad engañosa que “incita” a abortar.

Desde su creación en 2008, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha iniciado ya más de medio centenar de procesos judiciales. No es la única, pero sí la principal organización ultraconservadora que recurre al sistema judicial para incidir en la vida pública. Aunque, en la práctica, lo consigue más a base de titulares que de sentencias favorables.

“En España vemos una especie de cruzada jurídica por parte de grupos próximos a la extrema derecha, vinculados a un extremismo religioso, para intentar imponer su visión del mundo, desde una posición de patrimonializar los derechos y las libertades, y poniendo en cuestión derechos de las mujeres y de las personas LGTBI”, advierte María José Fariñas, catedrática de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba.

Un informe sobre protección contra la LGTBIfobia, presentado este año por varias organizaciones feministas –que prefieren no ser mencionadas para evitar sobreexponerse al hostigamiento del ultracatolicismo– ante el experto independiente de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, señala la judicialización como una de las las principales estrategias que usan los grupos ultraconservadores que dicen luchar “contra la opresión y las imposiciones derivadas de la ‘ideología de género’”.

Abogados Cristianos abre litigios, de manera masiva, con el argumento de defender derechos –la libertad religiosa, por ejemplo–. Pero su objetivo nada tiene que ver con el de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que utilizan el litigio estratégico como herramienta. Mediante los tribunales, estas últimas pretenden cambiar leyes, políticas y prácticas y obtener reparación, tras violaciones de derechos humanos. Así, por ejemplo, en la sección española de Amnistía Internacional dicen haber participado en tan solo cuatro en los últimos años: por la sustracción de bebés durante el franquismo, por déficits de la justicia frente a la protección de las víctimas de violencia machista, por la vulneración del derecho a la vivienda en España y por el comercio de armas utilizadas para cometer crímenes de guerra.

“Los grupos ultracatólicos se plantean denunciar como una estrategia de visibilidad pública para situar mensajes integristas, por lo que las causas que abren, más que para defender derechos, son para hacer retroceder derechos adquiridos, empezando por la educación sexual, así como otros derechos sexuales y reproductivos”, explica Aintzane Márquez, abogada de Women’s Link Worldwide.

Tanto a un lado como al otro del Atlántico, los fundamentalistas están unidos por su oposición al derecho al aborto o al reconocimiento de la diversidad de género y sexual y en su defensa de una visión cristiana conservadora y rigorista que se propone “restaurar el orden natural” de la sociedad. Un ‘sentido común’ compartido por organizaciones como Abogados Cristianos, European Centre for Law and Justice, Alliance Defending Freedom –con vínculos en la antigua administración Trump; el expresidente norteaméricano se estrenó cerrando el grifo de los fondos norteamericanos de cooperación para promover los derechos sexuales y reproductivos– u Ordo Iuris, que impulsó la última restricción al derecho al aborto en Polonia que, a principios de este año, fue ilegalizado, incluso en caso de malformación fetal.

Buscar en juzgados lo que no hay en las leyes

Para Sílvia Aldavert, coordinadora de la asociación Derechos Sexuales y Reproductivos, Abogados Cristianos es “el brazo jurídico de organizaciones fundamentalistas de gran calibre como HazteOír y CitizenGo”. Aldavert relaciona el reiterado recurso a la vía judicial con el avance político de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI y con que estos activistas ultras no están consiguiendo cambiar las leyes. Uno de los puntos de inflexión en la estrategía estuvo marcado por la fallida contrareforma de la ley del aborto que impulsó Gallardón. “Lo que hicieron fue apostar por abrir procesos judiciales para debilitar económicamente a las organizaciones que trabajan para garantizar el aborto y los derechos sexuales y reproductivos”, explica Aldavert.

Se han dedicado como mínimo, 707 millones de dólares entre 2009 y 2018 a intentar derogar leyes que protegen derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI en Europa

La Federación Estatal de Planificación Familiar, por ejemplo, fue protagonista de uno de los pocos casos denunciados por los ultracatólicos que ha tenido repercusiones legales. Tras una denuncia por publicitar anticonceptivos en su revista –prohibido por ley al ser un fármaco que requiere prescripción facultativa–, esta ONG fue sancionada. En 2016, basándose en esta sanción, el Ministerio de Interior, comandado entonces por Jorge Fernández Díaz, revocó la consideración de utilidad pública a esta asociación, lo que tiene un impacto significativo a la hora de recibir financiación de las administraciones. Según Aldavert, las organizaciones ultra, económicamente muy fuertes, buscan los agujeros legales a través de los que puedan poner demandas para desgastar a las organizaciones feministas, con mucha menos capacidad económica.

Un informe elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos identifica que, como mínimo, 707 millones de dólares, procedentes de Europa, Estados Unidos y Rusia, se han dedicado entre 2009 y 2018 a intentar derogar leyes que protegen derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI en Europa. El informe considera que esta cifra es apenas “la punta del iceberg”, ya que los grupos fundamentalistas generan fondos “aprovechando el apoyo de las élites sociales y económicas, la financiación estatal y de redes religiosas”.

Su fe como marco de lo público

Recientemente, la Audiencia de Málaga ha confirmado la condena por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos a una de las activistas que participó en la procesión del Chumino Rebelde, una protesta feminista por la que fue multada con 2.700 euros. “Utilizan el proceso como pena; buscan disuadir a las activistas, que con estas querellas afrontan procesos que pueden durar años, suponen gastos económicos y un considerable desgaste; a la vez que, con esta instrumentalización del derecho de acceso a los tribunales, buscan destruir o limitar derechos y libertades y promueven valores conservadores, agitando como si fuesen un movimiento social”, analiza la investigadora especializada en extrema derecha y género Nuria Alabao.

Los fallos judiciales favorables a Abogados Cristianos son pocos. La gran mayoría de sus denuncias son inadmitidas, archivadas o resueltas con fallos absolutorios. “Prácticamente no han encontrado ningún guiño en los órganos jurisdiccionales”, remarca Igor Minteguia, profesor del área de derecho eclesiático del Estado de la Universidad del País Vasco. Ahora bien, pese a quedar a menudo en papel mojado, los procesos de judicialización no resultan inocuos. “Cada vez que se querellan, se habla de sus planteamientos, y supone un goteo que va calando en parte de la sociedad, a la vez que crea cierto ambiente de miedo o, por lo menos de precaución, ante las posibles consecuencias que puedan tener nuestras manifestaciones o nuestras expresiones”, explica Minteguia.

Las denuncias por supuestos delitos contra los sentimientos religiosos han ido en aumento en la última década de la mano de colectivos ultracatólicos. “No vamos por buen camino”, afirma la jueza María del Prado Escoda, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia en Cataluña, al observar cómo aprovechando este tipo penal se judicializan situaciones que “forman parte de la libertad de expresión y de información”.

A principios de año, la Comisión de Justicia del Senado aprobó una moción por la que insta al Gobierno a impulsar el procedimiento para la “modificación sustancial y en su caso derogación” del artículo 525 del Código Penal, que tipifica la ofensa a los sentimientos religiosos. El servicio de prensa del Ministerio indica que, hasta el momento, no se han dado pasos en esta dirección.

“Todo lo que es molesto no tiene que ser sancionado con el código penal, que está previsto para castigar los ataques más graves contra los bienes jurídicos más protegidos. En un estado aconfesional, no tendría que tener cabida un castigo penal por ofender sentimientos religiosos”, considera Escoda. También apunta que haría falta una “redacción muy cuidadosa” para garantizar que la ofensa a sentimientos religiosos solo se aplicase en casos muy concretos y considera básico que los jueces lo apliquen “con cirugía fina”, para no generar un “efecto de desaliento y que la gente termine callando, o incluso que el profesorado acabe no haciendo su trabajo adecuadamente por temor a una querella”.

En marzo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pidió al Ministerio de Justicia la despenalización de la ofensa a los sentimientos religiosos. “La derogación de un artículo que pena la libertad de expresión puede ser una conquista para la disidencia política, cuya principal herramienta de protesta es podernos expresar. Ahora bien, la extrema derecha va a seguir utilizando otras herramientas jurídicas para la criminalización, en general y en concreto del movimiento feminista, del cual quiere manchar la imagen pública para intentar frenar su masividad y su capacidad de crítica profunda”, advierte la abogada Pastora Filigrana, abogada de las activistas del caso de la procesión del Coño Insumiso de Sevilla, que fueron absueltas.

En este caso, como sucede en otros, junto al delito de ofensa a los sentimientos religiosos, numerosas querellas de Abogados Cristianos incluyen la acusación de delito de odio. Un delito introducido a escala europea para proteger a colectivos vulnerabilizados frente a manifestaciones que inciten a la violencia y supongan discriminación, por ejemplo, por razones de género, etnia o religión. 

Querella, titular, escaño

Según la guía de delitos de odio elaborada por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, “quienes no profesan ninguna religión (agnósticos o ateos), así como quienes profesan la religión católica (confesión religiosa mayoritaria en España), deben ser considerados grupos dominantes y, por ello, carentes de características propias que los hagan especialmente vulnerables”.

“Hay un maridaje peligroso entre determinados medios de comunicación, grupos ultracatólicos y partidos de extrema derecha, que saben que simplificar da réditos electorales y que, cuando se vinculan a valores esenciales como la familia, juegan con los sentimientos de la gente, con el miedo, con alarmar”, plantea Fariñas ante la creciente fuerza institucional ganada por la ultraderecha en España y a escala global, aupada económica y discursivamente desde organizaciones ultracatólicas. Por ejemplo, Vox es apoyado abiertamente por Hazte Oír, que pidió el voto para este partido en las últimas elecciones generales.

El Foro Parlamentario Europeo alerta de que con una estrategia “cuidadosamente orquestada”, dentro de la cual se contempla recurrir a los tribunales, los grupos fundamentalistas cristianos están logrando resultados concretos en algunos lugares de Europa. Además de la restricción del aborto, prácticamente total, en Polonia, menciona la prohibición expresa del matrimonio igualitario en países centroeuropeos y alerta de que hay “una docena de iniciativas a nivel nacional y de las instituciones europeas que se proponen limitar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI”.