Supongo que todos ustedes están al tanto de que por fin se ha desbloqueado la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Se trata de la cuota que corresponde nombrar al Congreso de los Diputados. En principio, es una buena noticia, pues el bloqueo institucional a la renovación de cargos que ha impuesto el PP desde que está en la oposición, es una anomalía y una flagrante violación de las reglas y espíritu del sistema constitucional. No es la primera vez que el PP practica un bloqueo prolongado. Lo hizo también cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno. No hace falta extenderse mucho en las razones del bloqueo: sus autores quieren impedir un cambio en la “sensibilidad” del órgano del que se trate, ya sea el TC, el Consejo General de Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas. Puesto que el bloqueo solo beneficia a la derecha, atribuir la exclusiva responsabilidad del mismo al Partido Popular es la única interpretación con sentido.

Para los olvidadizos: la renovación de los cuatro magistrados del TC nombrados por el Congreso requiere una mayoría cualificada, en concreto de 3/5 (210 diputados). La suma de los diputados del PSOE y PP da 209. Con un diputado adicional ya tienen una mayoría suficiente.

La renovación de los cuatro magistrados del TC  requiere una mayoría cualificada, en concreto de 210 diputados. La suma de los escaños del PSOE y PP da 209

El pasado 2 de noviembre, en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, se produjo una votación única sobre los cuatro candidatos pactados entre PSOE y PP. Aparte de estos dos partidos, Podemos fue la otra fuerza que se sumó al voto favorable. Ponderándose el voto en función del tamaño de los distintos grupos parlamentarios, la propuesta salió adelante con 242 votos a favor, 12 abstenciones y ningún voto en contra (los grupos minoritarios no quisieron participar en la votación en signo de protesta).

El último paso consiste en una votación en el pleno de la cámara, secreta y separada para cada uno de los cuatro candidatos, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. En principio, se espera que gracias al voto favorable de los diputados de los tres grupos, PSOE, PP y Podemos, se obtenga una mayoría similar, por encima de los 240 votos.

Los cuatro nombres elegidos se han pactado en secreto entre PSOE y PP. Los intereses de Podemos han sido defendidos por el negociador del PSOE, Félix Bolaños. Juan Ramón Sáez, quien fue vocal en el Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001 a propuesta de Izquierda Unida, es el magistrado que va por la cuota de Podemos.

La polémica ha saltado por los dos candidatos propuestos por el PP, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Ambos han mantenido estrechas relaciones con el Partido Popular. En el caso de Arnaldo, además de participar en múltiples seminarios de FAES, ha cultivado amistades peligrosas con políticos corruptos como Ignacio González y Jaume Matas. La prensa se ha hecho eco también de algunas irregularidades administrativas (como compaginar su puesto de letrado en Cortes con negocios privados). Aunque no es este el lugar para entrar en un examen pormenorizado, permítanme que señale que, tras haber repasado sus principales publicaciones, no parece que este catedrático tenga mucho que aportar a la interpretación de la Constitución. Lo más seguro es que su nombramiento contribuya a lo que parece una imparable degradación del TC.

Los nombramientos de Espejel y Arnaldo son una más de las provocaciones del Partido Popular, cuyo interés máximo es tener magistrados leales en el TC. Que estas dos personas puedan llegar a ser magistrados del TC sólo se explica por esa perversión de la ley que consiste en reemplazar el consenso parlamentario que se pretende al exigir una mayoría cualificada de 3/5 por el llamado “intercambio de cromos”, en el que cada uno de los dos grandes partidos cierra los ojos ante los nombres que propone su rival. En lugar de buscar candidatos cuyos méritos innegables les haga aceptables para todas las partes, cada partido busca a los suyos y aplica un criterio de reciprocidad: yo no objeto a los tuyos si tú no objetas a los míos.

El “intercambio de cromos” es una de esas prácticas que han dado mala fama al llamado “régimen del 78”. Se basa en acuerdos opacos entre los dos partidos dominantes en los que se pone de lado una consideración imparcial de los méritos que reúnen los candidatos. Es una manifestación muy clara de dominio partidista de una institución que no es partidista en su definición. Por supuesto, la orientación ideológica de los magistrados es una cuestión fundamental, pero sólo debería operar como criterio una vez haya quedado claro que los candidatos tienen una alta cualificación profesional y técnica que les permitirá enriquecer con sus puntos de vista la interpretación constitucional.

El “intercambio de cromos” es una de esas prácticas que han dado mala fama al llamado “régimen del 78”. Se basa en acuerdos opacos entre los dos partidos dominantes

No es demasiado sorprendente que PSOE y PP continúen con este juego, llevan haciéndolo décadas con resultados menguantes. Lo que sí que llama la atención es que Podemos se haya unido sin apenas debate al respecto. Ha sido un rito de iniciación en el sistema. Resulta sencillo imaginarse las justificaciones de Podemos ante su participación en el juego del “cambio de cromos”: es imperativo desbloquear el TC; a corto plazo, se gana un magistrado de izquierdas cuya voz será importante cuando se traten cuestiones difíciles como el aborto o la eutanasia; el coste de admitir a alguien como Arnaldo es menor frente al beneficio conseguido; al fin y al cabo, la responsabilidad es del PP por proponer a candidatos tan inadecuados; a veces hay que transigir, el purismo sólo conduce a la melancolía; etc.

Sin embargo, Podemos llegó a la política española denunciando estas prácticas podridas. Su mensaje era que tales prácticas habían acabado configurando una oligarquía política, económica y mediática que estrangulaba la justicia social y el progreso del país. La aspiración era romper esos vicios. Si Podemos no hubiera apoyado el pacto PP-PSOE sobre la renovación del TC, que, recuérdese, es un pacto parlamentario, sin relación con la actividad ejecutiva de la coalición de Gobierno, los dos grandes partidos habrían tenido que asumir un coste notablemente mayor por mantener el juego de cromos.

La entrada en la política institucional de una fuerza como Podemos tenía que traducirse en una intransigencia radical frente a los vicios del bipartidismo. La renovación del TC es uno de esos terrenos en los que puede verse la utilidad y necesidad de una fuerza que critique con dureza el establishment. Ciertamente, denunciar el juego de cromos puede, a corto plazo, prolongar el dominio conservador del TC, pero es la única manera de revertir la decadencia del tribunal. Cada vez que el TC baja un peldaño en su prestigio institucional, se hace menos incómodo (y menos anómalo) incluir a magistrados como Arnaldo. Los diputados de Podemos no pueden votar a favor de Espejel o Arnaldo, por mucho que consigan que entre un magistrado de izquierdas en el TC. Es una indignidad política.