Acabamos 2021 con un acuerdo sobre la reforma laboral entre el Gobierno de España, los sindicatos y las organizaciones empresariales después de nueve largos meses de negociaciones dirigidas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El resultado es una nueva legislación laboral que tiene como objetivos fundamentales afrontar las dos principales anomalías del mercado de trabajo español: la temporalidad y la precariedad asociada. No se entiende esta reforma sin la mención al diálogo social, que había venido dando frutos durante la pandemia en forma de políticas de protección social como los ERTEs, la subida del salario mínimo interprofesional, la herramienta de igualdad retributiva o la Ley Rider. Aquél no debe ser juzgado por fetichismos ideológicos, sino por sus resultados concretos. La reforma laboral es así el culmen de esa serie de políticas laborales, que reequilibra la relación entre el trabajo y el capital, y, al mismo tiempo, un punto de partida más sólido para abrir nuevos horizontes y seguir conquistando derechos. 

Por su trascendencia y significado político la reforma laboral se ha convertido también en una suerte de parteaguas de la legislatura: el Gobierno saldrá muy reforzado o muy debilitado del embate. Todos los actores políticos lo han leído así y, por ello, absolutamente todos se han posicionado para dejar su sello. En la derecha, PP y Vox se han opuesto enérgicamente entre acusaciones de entreguismo al jefe de la patronal, mientras que Ciudadanos se ha movido de forma más inteligente, viendo una oportunidad para sacar cabeza a nivel mediático. En la izquierda, se ha puesto el foco insistentemente en algunos elementos no abordados de la contrarreforma laboral del PP, como el altamente simbólico de la indemnización por despido improcedente de 45 días, a pesar de no recogerse en el programa de gobierno. También, especialmente desde el nacionalismo vasco –PNV y Bildu, impulsados por ELA y LAB–, se reclama la primacía del convenio autonómico sobre el estatal.

Este cambio de paradigma laboral se inscribe en una gestión de la pandemia diferente a la vuelta de tuerca neoliberal que se dio en la crisis de 2008

La reforma, que aún debe superar una ardua negociación y el trámite parlamentario para ser aprobada, supone un cambio de tendencia respecto de las políticas laborales de las últimas cuatro décadas, al menos por dos motivos. En primer lugar, en materia de contratación hay que retrotraerse a los años ochenta de la “modernización” socialista para comprender la magnitud del cambio. Es entonces cuando se impone el modelo de la precariedad que arrastramos hasta hoy: la generalización de los contratos temporales en sustitución de los indefinidos como mejor antídoto frente al desempleo y la idea de que era mejor un mal empleo que no tener ninguno. Ahora, por el contrario, la presunción de que el contrato será indefinido, la limitación de las modalidades de contratación disponibles y el refuerzo de la inspección de trabajo ponen las bases de un modelo basado en la protección social. En segundo lugar, la recuperación de la centralidad de la negociación colectiva, la de la ultraactividad de los convenios, eliminada unilateralmente por la contrarreforma laboral del PP en 2012, y la derogación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector en materia salarial suponen una victoria de las organizaciones sindicales, a las cuales rehabilita como representantes renovados y útiles del mundo del trabajo. Con ello se acaba con las dos palancas que activaron la política de devaluación salarial puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy durante la anterior crisis y se abre la vía para una política de rentas basada en la prosperidad compartida, dotando a los sindicatos de una vía a través de la cual canalizar la conflictividad laboral requerida para equilibrar la balanza.

Este cambio de paradigma laboral se inscribe en una gestión política y económica de la pandemia radicalmente diferente a la vuelta de tuerca neoliberal que se dio en la crisis financiera de 2008. Las políticas de austeridad y de recortes en bienes y servicios públicos para “calmar” a los mercados financieros, y una devaluación interna vía costes laborales para aumentar las exportaciones han dejado paso durante la crisis del coronavirus a una flexibilización de reglas fiscales europeas para generar deuda cuasi mancomunada –los fondos Next Generation– y, además de realizar inversiones sociales masivas para rescatar a trabajadores y empresas, y avanzar en la transformación de la economía de la UE en clave social, verde y digital.

Hoy es ya casi una verdad histórica que la gestión neoliberal de la crisis del 2008 en Europa fue un desastre social y profundamente ineficiente en términos económicos. Por ejemplo, en España: mientras en la crisis anterior se tardaron casi doce años en recuperar las cifras de empleo, en la crisis de la pandemia se han tardado prácticamente dos años. Siguiendo la célebre tesis de Karl Polanyi en la Gran Transformación, podemos entender el neoliberalismo como el regreso de la vieja utopía liberal de que el mercado autorregulado aspirase a ser la institución básica de la organización social. Ello generaba lo que él denominaba un “doble movimiento”: por un lado, una ampliación de la esfera de influencia del mercado – convirtiendo hasta la tierra, la fuerza de trabajo y el dinero en mercancías – y, por otro, una reacción “instintiva” de la sociedad en clave de autodefensa o autoprotección ante el desgarro comunitario causado por la expansión del mercado a todos los ámbitos de la vida. Ahora que se ha puesto de moda hablar de un “momento laborista” como una suerte de superación de la fase 15M-Podemos, la perspectiva de Polanyi nos ayuda a ver las cosas de manera diferente. La gestión neoliberal de la crisis del 2008 dio lugar en España a una primera reacción social de autoprotección con distintas expresiones: algunas de carácter laboral como las huelgas generales de 2010 y 2012 promovidas por las centrales sindicales mayoritarias, y otras de carácter más político como el movimiento ciudadano y popular del 15M, las mareas o el propio Podemos. 

Las izquierdas deben aprovechar el marco intervencionista generado por la pandemia en la sociedad y en la economía y dirigirlo hacía los retos que tenemos que afrontar

Con el shock económico y social provocado por el virus, ese movimiento defensivo de la sociedad frente a los imperativos mercantilizadores adopta forma de políticas gubernamentales de protección social a lo largo y ancho del globo. Recordemos que, tal y como afirma Adam Tooze en su último libro sobre la crisis del coronavirus, se produjo un parón incomparable a cualquier período anterior y que en términos de destrucción económica y social solo es comparable a la devastación que produjo en Europa la II Guerra Mundial. A los millones de infectados y los miles de fallecidos había que sumarle una economía frenada en seco debido a los cierres y los confinamientos dirigidos a parar la expansión del virus. Tras haber parado lo peor del golpe sanitario, económico y social gracias al intervencionismo estatal, lo que está en juego ahora es consolidar ese nuevo paradigma de trabajo decente, relaciones más igualitarias y el cuidado del planeta. Esto implica de manera imprescindible proteger de las fuerzas del mercado la tierra, la fuerza de trabajo y el dinero. Y ello solo será posible recordando, como decía Toni Domènech, que las olas de los movimientos populares son como las oceánicas. Aquellas que vienen de muy lejos y en aparente calma tienen una tremenda fuerza a la hora de llegar a su destino.

Ante esto, las izquierdas deben aprovechar el marco intervencionista generado por el impacto de la pandemia en la sociedad y en la economía y dirigirlo hacía los retos que tenemos que afrontar. El combate contra la desigualdad socioeconómica, la necesaria transición ecológica que mitigue los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de la democracia sólo podrán darse desde unas instituciones inclusivas y protectoras que demuestren su utilidad ante las derivas nihilistas o represoras que surgen como falsos atajos. Hace falta construir un proyecto cultural, social y político que avance desde el keynesianismo tecnocrático que ha hecho frente a la pandemia a un nuevo sentido de época que asiente las bases del contrato social del siglo XXI.  

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Mario Ríos es analista político y profesor asociado en la UdG y en la UB.

Rodrigo Amírola, licenciado en filosofía por la UCM, es asesor de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.