Uno de los calcos más productivos que ha generado Estados Unidos es la llamada “cultura de la cancelación” (cancel culture), una expresión que nació en el seno de las redes sociales entre colectivos desfavorecidos y se utilizó, entre otras cosas, para denunciar el racismo, y que poco a poco se fueron apropiando los sectores más retrógrados de la política norteamericana, como lo han hecho con muchas estrategias de comunicación propias de las luchas sociales de las izquierdas. De hecho, fue el propio Trump el que popularizó el término, degradándolo hasta perder su sentido original mientras acusaba a quienes cuestionaban sus constantes mentiras de una supuesta censura que lo transformaría en “víctima”, la categoría social de los vulnerables que, a fuerza de insistir, se ha diluido en el magma mediático tanto como la noción de verdad. No deja de ser paradójico que el incitador del asalto al Capitolio, realizado con la intención de boicotear los resultados de unas elecciones donde no hubo fraude, saliera victorioso del procedimiento de impeachment, probablemente vuelva a presentarse a los comicios presidenciales en 2024 y, además, se declarase “cancelado”, como pronto aprendieron a hacer sus seguidores. Esa derecha yanqui ya no pertenece a ningún punto del espectro político sino directamente al de la megalomanía, el fanatismo genocida y el odio, hasta el punto de que se habla tranquilamente, en medios tan mayoritarios como The New York Times, de posible guerra civil.

Muchos son los “cancelados” de la historia; a la mayoría, por la propia lógica del fenómeno, no los conocemos. En EE.UU. se podría fácilmente aludir a la estela de asesinatos de personas negras que componen sus cimientos nacionales, o a las mujeres que son maltratadas o aniquiladas a diario por sus parejas sin que esto forme parte del debate público, ni exista una categoría legal y social como la de violencia de género. En España, tras años estudiando los exilios de 1939, me revelaron una triste verdad: que cientos de obras no fueron reeditadas, que a montones de autoras y autores se los tragó el olvido, porque debajo de unos pocos grandes nombres (Alberti, Ayala) reverberó un campo cultural riquísimo al que seguramente jamás tendremos acceso. Utilizar alegremente el término “cancelación” es adueñarse de forma ilegítima de la condición del débil. Es lucir su dolor como eslogan para la autopromoción y, en muchos casos, la medra profesional, aprovechándose de la conflictividad algorítmica en que se dirimen nuestros mensajes y, de paso, ocupando el espacio político que debería estar destinado a fines, si no más nobles, al menos más democráticos. A veces, estas estratagemas vienen convenientemente engalanadas de protecciones legalistas como la libertad de expresión, que debe, en toda lógica, ser defendida, hasta el momento en que un grupo de personas, normalmente los de abajo, deja de tener derecho a ella, y entonces, ah, ya sí, quién ha cancelado a quién: será difícil averiguarlo cuando, precisamente, se les ha retirado la voz.

Mientras más presión social se fragua para mitigar los efectos de una desigualdad rampante, más se blindan los privilegios de las élites y se bloquea, de facto, la participación política de los más vulnerables

Hace unos días fue noticia el caso de la profesora Amy Wax, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Wax aseguró que EE.UU. “estaría mucho mejor con menos asiáticos” y repudió abiertamente la inmigración de estos, lo cual generó una serie de quejas entre el alumnado y, más tarde, por todo el país. No es la primera vez que las declaraciones de Wax saltan a la prensa: en 2017 afirmó que no había visto jamás a un estudiante negro graduarse entre el 25% mejor de su promoción, y rara vez entre el 50%, datos que son falsos. La respuesta del centro, en ambas ocasiones, no ha pasado de una tenue reprimenda y un reajuste en la carga lectiva que, para más inri, la libera de muchísimo trabajo. Este ejemplo representa la tónica dominante de una cultura que favorece el statu quo y, paradójicamente, mientras más presión social se fragua para mitigar los efectos de una desigualdad rampante, más se blindan los privilegios de las élites y se bloquea, de facto, la participación política de los más vulnerables. En el caso del racismo y los ambientes educativos, podría citar los nueve estados que han aprobado algún tipo de ley para prohibir que se enseñe teoría crítica racial –un corpus derivado de la filosofía que hace hincapié en las prácticas de colonialidad embebidas en las instituciones, aunque la mayoría de los censores no sepa qué es–, o los veinte estados donde se han redactado propuestas de ley similares, aún en proceso.

Pero voy a ir más allá: el odio y el fanatismo que nombraba al principio se han asentado deliberadamente en el núcleo del Senado norteamericano, que recientemente rechazó ampliar el ya mermado derecho al sufragio, más amenazado ahora que hace cincuenta años. La próxima vez que haya elecciones, miles de ciudadanos anónimos, algunos de los cuales creen vivir en una democracia, se quedarán sin poder depositar su papeleta en las urnas porque los representantes políticos de su estado han decidido erigir una burocracia infranqueable, cerrar centros electorales, o prohibir que a las personas que esperan horas en la cola para votar se les dé agua o comida, como hizo Georgia hace unos meses. No les otorgarán espacios radiofónicos ni televisivos, no les concederán premios por haber batallado valerosamente contra las hordas de la corrección política, porque habrán sido, realmente, cancelados. He ahí el meollo de este debate, problema tan banalizado como crucial: quién gana y quién pierde en esta historia de abusos, violencia y desaparición efectiva de poblaciones enteras, en el mejor caso como sujetos políticos; en el peor, directamente, como cuerpos vivos.