Vamos a establecer, para empezar, cuatro cosas (que los lectores pueden rastrear en los medios que han seguido el caso por el lado informativo, especialmente Público y El Salto). María Sevilla no denunció a su expareja, los indicios de abuso sexual fueron notificados por instancias médicas y profesionales. María Sevilla desobedeció, al cabo de varios años de sobreseimientos de las denuncias y relatos de su hijo, sin que se tomasen medidas, y se escondió con su nuevo compañero y sus dos hijos. El hijo de María Sevilla fue arrancado de su lado, de noche, con un aparataje policial digno de un comando terrorista. María Sevilla recibió una sentencia de dos años y cuatro meses de cárcel, más cuatro años de retirada de patria potestad, por “sustracción” de su hijo.

Una quinta cosa, también comprobable de forma rápida: María Sevilla ha sido brutalmente criminalizada por los medios todo este tiempo, por políticos y altavoces no solo de ultraderecha, como “secuestradora de niños”, “denunciante en falso”, “madre desnaturalizada” y otras mil cosas; mientras, las instituciones competentes continúan desoyendo los informes que ponen en duda que el “bien superior del menor” esté resguardado en la situación actual, el niño conviviendo con su progenitor en exclusiva desde la detención en abril de 2019. 

Baste decir que el indulto concedido recorta la pena original en cuatro meses (por lo que podrá abandonar la cárcel) y, eso sí, le devuelve la patria potestad de su hijo, el que le relató abusos sexuales de su padre durante años.

Un caso entre mil

Hay dos vectores que atraviesan el caso y a la opinión pública, a tomar en cuenta: María Sevilla y otras mujeres llevaron al Congreso, de la mano de Podemos, la necesidad de poner luz sobre qué sucede a quienes, menores de edad, denuncian los abusos sexuales intrafamiliares, a menudo a manos de sus progenitores varones, y cuál es el camino que espera a las madres que creen a sus hijos y denuncian en su nombre: hasta ese momento había poco más que un informe firmado por Save The Children (2017), que aseguraba que el 70% de las denuncias presentadas sobre Abuso Sexual Infantil (ASI) acaban sobreseídas; la organización estima que solo se denuncia en el 15% de los casos. 

El corporativismo antifeminista de ciertos medios y la campaña difamatoria se ha reavivado hoy, a cuenta del indulto

Se dieron algunas reuniones entre 2017 y 2018 con políticos del ala progresista, y en 2019 tuvieron lugar las detenciones de María y otras mujeres, en algunos casos sin ninguna vinculación, de un supuesto caso “Infancia Libre”. Se las trató de “organización criminal” durante meses, y finalmente el caso fue desmontado y archivado por la Fiscalía en enero de 2020. Eso no impidió a los medios y portavoces de ultraderecha continuar en sus términos: madres secuestradoras, feminazis manipuladoras y denuncias falsas. El corporativismo antifeminista de ciertos medios y la campaña difamatoria se ha reavivado hoy, a cuenta del indulto.

El otro vector es el propositivo, que ha tardado en llegar. Por la vía del gobierno de coalición con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, pero sobre todo por la vía de organizaciones feministas sensibles al tema, se ha podido dar voz pública a algunas de las violencias desatendidas que viven las mujeres denunciantes de malos tratos o abuso machista, y especialmente sus hijos: finalmente se ha podido visibilizar la violencia vicaria. Pero, en el tema concreto de los menores abusados en el entorno familiar hay, todavía, un gran agujero negro en los procedimientos, sobre todo cuando los denunciados son los progenitores. 

Hay 6.000 denuncias de abuso sexual infantil cada año, de las cuales el 84% son por de parte de conocidos, y casi la mitad son familiares

Aún escasos de estudios a conciencia que muestren esta casuística, se sabe que hay alrededor de 6.000 denuncias de abuso sexual infantil cada año, de las cuales el 84% son de parte de conocidos, casi la mitad por parte de familiares. Que son los menores o sus madres los que denuncian el abuso (33,8% y 28% respectivamente) y que las instrucciones duran alrededor de dos años (todos estos datos del último informe de Save The Children). Lo que no terminamos de ver con claridad es qué sucede con las denuncias (ese 15% que se formaliza). Los sobreseimientos no suponen “inocencia” per se sino “falta de pruebas”. Para los antifeministas y la ultraderecha, son automáticamente “denuncias falsas”. 

Todas las asociaciones feministas (168) que han firmado a favor del indulto a María Sevilla saben que esos datos esconden una realidad brutal: los niños no son creídos, la denuncia solo inicia un camino de revictimización en el que tienen que contar innumerables veces sus abusos delante de extraños, y las madres son puestas en cuestión y tomadas por manipuladoras, en una sistemática aplicación del síndrome de alienación parental (SAP), prohibido por las instancias judiciales y psicológicas pero utilizado de facto. Las mujeres que se ponen delante de estas denuncias acaban criminalizadas, con arrancamientos de custodias, arruinadas por costas judiciales y, en los peores casos (Sara B.B., María y otras), en la cárcel. 

Solo la puntita

En diciembre del año pasado, varias relatorías de la ONU lanzaron una llamamiento al gobierno con un comunicado: “El sistema judicial de España no protege a los niños de padres abusivos, afirman expertos de la ONU”, que recogía un buen número de casos de madres denunciantes de abuso sexual intrafamiliar (ASI) y malos tratos con su correspondiente judicialización, con graves consecuencias para las madres y los niños. Los relatores especiales señalaban algunos de los males que ya intentaban hacer visibles las madres de Infancia Libre hace cuatro años: los procesos son largos, tienen poco en cuenta a los menores, no se les protege de los adultos denunciados, y a menudo terminan en arrancamientos de las madres y criminalización. Desde luego que este toque ha pesado en el indulto.

A los de Vox y sus acólitos les da lo mismo si son las restricciones por la pandemia o el reparto de fondos europeos para la recuperación, todo tema es bueno para atacar al gobierno. Pero los escasos mecanismos de defensa de algunas mujeres que se atreven a traspasar la línea de la obediencia son un caballo de batalla mucho más virulento (o lo va a ser) no solo contra la coalición de gobierno, sino contra cualquiera que ose ponerse del lado de estas madres. Desde 2019 hasta ahora no solo hemos visto a varias mujeres espectacularmente detenidas y criminalizadas, con la connivencia de los medios, hemos visto a una ultraderecha creciendo a paso de gigante en la opinión pública contra la Ley de Violencia de Género. Contra ella, van a por cualquier avance en derechos para las mujeres o los niños en clave feminista.

La ultraderecha tiene muchos frentes abiertos pero le importa muchísimo estar en la salvaguarda de la imagen del pater familiae

María Sevilla es un caso mediático de forma interesada: porque es una mujer que ha llevado al debate público el vergonzante trato que recibe el abuso sexual intrafamiliar (llamémosle incesto de una vez) en los juzgados, porque ha puesto de relieve el sesgo patriarcal que rige las denuncias de ASI y el escarmiento contra las mujeres que creen a sus hijos, porque la reacción antifeminista no tolera que una madre desobediente (lo que Montero llamó “madre protectora”) pueda quedarse sin castigo. La ultraderecha tiene muchos frentes abiertos pero le importa muchísimo estar en la salvaguarda de la imagen del pater familiae.

Rafael Marcos, la expareja de Sevilla, anda revolucionando a los medios de ultraderecha y a las asociaciones antiLVG contra el indulto a María Sevilla. Convocó una concentración contra el Ministerio de Igualdad a la que han acudido, según convocantes, 500 personas, aunque no se ven más de 200 en las fotos. Promueve un crowdfunding totalmente opaco en la web de ANAVID (asociación que niega la violencia machista y la llama “doméstica”) para costear la demanda que pretende presentar contra Irene Montero y otras portavoces que, por fin, alzan la voz en favor de María. Junto a estos, youtubers comprobados antifeministas, voces como la de Carlos Herrera, y asociaciones que proliferan en los últimos tres años contra los avances de las leyes que protegen la libertad sexual de las mujeres o ansían derogar la LVG.

No se trata de que lo diga Irene Montero, se trata de que a un montón de mujeres y niños les va la vida en ello. La próxima vez que veas que encarcelan a una madre que ha denunciado abusos sexuales a uno de sus hijos, pregúntate por qué.