1- Hola. Hace escasas horas el Gobierno anunció, sorpresivamente, el ERE para el delito de sedición. Lo que es a) bueno. Si bien, b) sorpresivo. En democracia, y en la vida, las sorpresas, los secretos, la labor hecha entre pocos, acostumbran a contener menos inteligencia y juego de piernas que la elaborada de manera más colectiva y con mayores y más amplios puntos de vista. Empecemos, no obstante, por a), alehop, que el b) ya nos caerá en la frente a lo largo del periplo. 

2- Es bueno pelarse el delito de sedición. Carece de traducción directa en Europa. Los que saben de derecho comparado explican que es un delito más español que un coche en doble fila. Ignoro, no obstante –lo veremos en breve–, si hubiera sido mejor y más astuto, esperar al pronunciamiento europeo sobre la sentencia del TS al pack Procés. En todo caso, no esperar a la justicia europea es comunicar a la justicia europea, al mundo –y, glups, a la justicia esp–, que la sentencia del TS es un pasote. La Justicia Europea, en todo caso, hará acuse de recibo de esa sensación del Ejecutivo. Por lo mismo, la modificación del código penal del delito de sedición es una desautorización del Ejecutivo al TS. Con todas las letras. Plantea en Esp y en Europa –me parece que de manera no muy meditada por el Ejecutivo; veremos– un conflicto entre poderes, ante un Judicial que está muy flamenco, soberanista y a su bola. Que se escaquea de instancias superiores y desprecia tradiciones exteriores, que ya son locales. Y, con todo ello, hace trampas. Ejerce la política con cotidianidad. Exemplum: plantea delitos de rebelión para que un asunto no sea juzgado en su sitio, sino en el TS, y ahí aplica, con profundos saltos y lagunas, el delito de sedición, ese fósil, que habla de los fósiles mentales de la derecha esp y de su primo de Zumosol, el Deep State. 

3- El Ejecutivo y el Judicial han entrado, sea como sea, en colisión. Lo que, por otra parte, era cuestión de tiempo si pensamos que el Judicial no es neutral. En Estados desbordados por la extrema derecha neoliberal –USA, Brasil…– es parte activa en la política, y un sujeto que, tarde o temprano en este siglo XXI, participará en la anulación de unos resultados electorales o de una convocatoria electoral. La Justicia Esp, inquietante ya en Europa, está, no obstante, a varias casillas de estas posibilidades. Pero su juego, snif, consiste en recorrer casillas. No renovar el CGPJ, o que Feijóo se haya rajado de ello a estas alturas, supone un de-oca-a-oca formidable. Veremos en breve, no obstante, como va la relación Ejecutivo-Judicial tras el sedicioncídio del Ejecutivo. Y lo veremos en la Sala III del TS, me temo, donde se acometió la rareza –tal vez, la rareza democrática– de admitir a trámite los recursos particulares contra los indultos del Procés. Y dónde sigue ese trámite, hasta que anulen los indultos –algo probable, tras lo improbable de haber admitido los recursos–, o no.  

4- Pero aquí hemos venido a reír y ser felices, por lo que nos podremos en lo mejor. Y, desde ese punto de vista, ¿qué pasa ahora con los usuarios del delito de sedición? Depende. Si has sido juzgado, condenado y, provisionalmente, indultado, la cosa consiste en que tus abogados acudan con flores al TS / que madre nuestra es. Y allí soliciten un Plan Renove para las condenas –inciso; aprovechando que el Pisuerga pasa por donde quiere: sólo un Tribunal puede modificar o anular una condena, o estamos perdidos; esa es la prueba y esencia de que la anulación de sentencias de la Ley de Memoria es un camelo, por cierto; fin del inciso–. Como recordarán, en la sentencia del TS se optó por el modo concurso ideal –esto es agrupar los chorrocientos años de condena de todos los delitos convocados, sin especificar cuántos años correspondían a cada uno de ellos–. Para el caso que nos ocupa, el TS debería calcular los años de inhabilitación por malversación que les quedan a cada uno, una vez desaparecida, zas, su condena por sedición. Ojo, que también es posible que, al estar tan relacionados, en la sentencia, los delitos de sedición y malversación, el TS vea que al caer uno cae el otro. O no. También es posible que los creadores de la reforma –no se pierdan el punto 9; socorro– modifiquen además el delito de malversación, esa fantasía húmeda de la derecha cat, esp o marciana. Spoiler: en todo caso, y sea como sea, a los políticos ya condenados no les quedará mucha inhabilitación, pasado el trámite.

El objetivo gubernamental parece ser el de que nadie supere los años de cárcel cumplidos por los ya condenados. Que fueron muchos años, demasiados

5- Para los usuarios del delito de sedición exiliados, hay dos itinerarios. El primero sería para los exiliados que no eran Govern. Ese es el caso, me temo, de Marta Rovira, que no tiene cargos por malversación. En cuanto se materialice el cambio en el Código –unos tres meses–, puede volver. Lo lógico es que su abogado contacte previamente con el TS para que no sea detenida, sino que acuda por su propio pie al TS a declarar, como en su día hizo la exconsellera Meritxell Serret. Allí se tramitará su posible delito de no-sedición. Pringará de alguna forma. Eso deben tenerlo presente todos los que quieran volver. El objetivo gubernamental –vete a saber cuál es, glups, el judicial– parece ser el de que nadie supere los años de cárcel cumplidos por los expresos ya condenados. Que fueron, por otra parte, muchos años, demasiados, para tan poco: mentir como unos posesos. En el caso de los exiliados que fueron Govern –Puigdemont, Comín, Puig, Ponsati– la cosa, como su nombre indica, se complica. Su destino gira en dos partidas. Partida 1), o el Europarlamento. Allí se decidirá si tres de ellos pierden o mantienen su inmunidad, una baza importante para su futuro. Partida 2), el TJUE, donde se debe contestar la pregunta del TS/Llarena, sobre si es aplicable, o no, una euroorden en Bélgica. Por la respuesta del abogado del TJUE, parece que lo haría afirmativamente. Pero eso, aclarando el asunto, no aclara del todo el asunto. ¿Qué delito elegiría esta vez Llarena para sus ya tradicionales Euroódernes Llarena? ¿Seguiría con Rebelión, ese llenapistas de la extrema derecha esp, pero ese fracaso europeo? ¿Malversación, ese delito que supone una vuelta inmediata de los exiliados, pero que no se eligió en su día, porque a Llarena & Asociados les parecía poca condena y poco patriótica? ¿Desórdenes públicos, esa cosa tan cutre como para tener una estrellita en el Paseo de la Fama Judicial? Conviene apuntar aquí, no obstante, y a modo de indicio del futuro, lo que señala el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva: “la sedición desaparece, pero no su contenido (…). Continuará siendo delito en otras figuras delictivas del Código Penal, que probablemente no serán solo los delitos de desórdenes públicos (…), y la ley penal ofrece muchas posibilidades, que incluso podrían sorprendernos”. Vamos, que la Justicia esp, poco previsible –lo peor que le puede pasar a un/a novio/a y a una Justicia– puede ser aún más impredecible cuando acometa delitos de para-sedición.

6- La reforma, así, al tacto, parece la vuelta a la política de los presos ya juzgados, en segundo lugar, de Marta Rovira y, en tercero, de Puigdemont & The Belgettes que, no obstante –diría, ya veremos–, necesitarían igual del plus de un Gobierno de coalición, sensible al indulto, en el momento de su hipotética futura condena. Está por ver si la reforma es una ayudita para las causas a ciudadanos anónimos –no son las 4.000 que vocifera el procesismo, pero son muchas, mayormente injustas y, aún más importante, con la presencia, en muchas ocasiones, de la Gene como acusación particular; la misma Gene que les prometió no solo Jauja, sino el perdón de los delitos; se dice rápido–. Aun así, puede ser un momento final para todo esto del Procés. Quiero decir, a su judicialización, no a su tontería identitaria, sentimental y cursi, que vino para quedarse, como sucede en todas las sociedades castigadas por el neoliberalismo. Rotas, a la intemperie. Veamos una foto-finish de este momento final. ¿Dónde están, de qué viven los presos y exiliados en este momento, lo dicho, final?

La foto-finish no resulta muy edificante. Habla de una sociedad corrupta, de una política corrupta, también desde hace décadas, y de la gestión de sentimientos

7- Quim Forn es abogado para Mediapro, empresa que coló, fuera del Portal de la Transparència de TV3, una serie documental sobre el juicio, a 400.000 euros el capítulo –precio más de ficción que de documental, ese género por el que se suele pagar en canales 1.000 euros por programa–. Jordi Sánchez, después de abandonar JxC, parece estar inactivo tras años de hiperactividad: se ha publicado que, en su etapa ANC, cobró 250.000 euros de La Caixa, esa firma atemperadora de la política cat, a través de una universidad, para la que redactó informes –estableciendo la fusión fría, como poco, a tenor del precio–. Raül Romeva mantiene cargos en ERC, y su esposa, sin carrera política previa, hoy es eurodiputada –sueldo base del gremio: 8.995,39 euros; hay días que no los gano–. Ese sueldo base es lo que cobran los desplazados en Bélgica, salvo Lluís Puig, que no sé lo que hace, si bien no parece vivir de la chatarra que recoge en un carrito. Ese es el vaso de Marta Rovira, que en todo caso cobra del partido. En el caso de Puigdemont, y si no tiene separación de bienes, se le agrega al sueldo de diputado unos 6.000 euros mensuales por el trabajo de su esposa en un programa semanal para un canal de TV de la Diputación de Barcelona. Como que el programa no habla de gatos, no es un fracaso que no lo vea ni el gato. Dolors Bassa trabaja para UGT y para la fundación de un hospital –no, no ha estudiado neurocirugía–. Josep Rull, hombre de posibles, trabaja en un bufete. Como Jordi Turull, con menos posibles, por lo que también sigue pluriempleado en política –sin cobrar, ahora que Laura Borràs ha impuesto su doctrina de abandonar el Govern, esto es, abandonar unos 20 millones de euros anuales para Junts––. Junto a Junqueras, son los dos líderes procesistas que siguen en la política, en vez de entender la indirecta. La tesitura contraria es Jordi Cuixart –ha marchado a Suiza, donde al parecer está instalando una fábrica de lo suyo, el empaquetado de productos– y Carme Forcadell –dicen que absolutamente desencantada de la política, su anterior oficio, en el que brilló con luz propia–. Salvo estos dos últimos, y algún otro caso, la foto-finish no resulta muy edificante. Habla de una a) sociedad corrupta, de una b) política corrupta, también desde hace décadas, y de la gestión de sentimientos, lo único que puede posibilitar que a) y b) tengan recorrido sólido desde los años 80 del siglo XX. 

8- Pues bien, esas personas se verán beneficiadas por una reforma del Código Penal. Algo imposible de realizar sin unidad social al respecto en Cat. Lo que indica que la ha habido. Lo que habla bien de la sociedad. Y, más aún, de una gran parte de ella, que, aun despreciando a esta troupe, no ha querido acceder a la división social a través de un abuso judicial a unas personas que jamás tuvieron una idea abierta de sociedad. El precio que se paga contra el abuso y por la unidad social siempre es barato. Lo que nos lleva a la pregunta, dos puntos, ¿en verdad, siempre es barato? 

Comuns sigue sin defender a una parte importante de la sociedad, que no se diferencia de la otra por la lengua, sino por la idea de que la polarización no es obligatoria

9- Carlos Sánchez Almeida, abogado de delitos informáticos y persona relacionada con el 15m/sensible a la erosión de derechos, emite esta valoración de la reforma del Código Penal: “Aprobar leyes de desconexión que nunca se aplican y declarar la indepe en broma no será delito. Pero acampar en Sol, o enfrentarse a los Mossos cuando desalojan Plaça Catalunya, podrá suponer unos cinco años por desórdenes públicos agravados. Acampar, obstaculizar vías públicas, ocupar un banco en protesta por desahucios, invadir instalaciones o edificios ‘serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años’”. ¿Ha merecido la pena? No está claro. No lo está al aumentar la carga de delitos de manifestación, usados por la sociedad, y que pueden ser muy utilizados en breve, si los derechos se vuelven gaseosos –es decir, si el Gobierno tiene que elegir entre derechos y gas–. En la solución de un problema (de) político(s) no se ha sido simétrico con la sociedad. Se la ha sobreexpuesto, en beneficio de la política, que al parecer mola más que su contrario, la sociedad. La nueva política cat –que ha reivindicado la reforma– apunta a que ha sido reedificada sobre la vieja política. Confunde, al menos, la política con la sociedad, y solo exige sacrificios a esta última. Ha solucionado, precariamente, un problema local, perjudicando al grueso de las sociedades de todo el Estado. Por lo que he oído, sugieren, además, reformas para el delito de malversación, lo que significa no comprender a las derechas cat y esp. Comuns, que no entendió en 2017 que esto no era un proceso de autodeterminación, sino la construcción de un objeto con el que uno o dos partidos pretendían negociar con el Estado y, de paso, polarizar, asegurar el voto y el poder en una sociedad rota, sigue sin defender a una parte importante de la sociedad, que no se diferencia de la otra por la lengua, sino por la idea de derechos individuales, por la idea de que la polarización no es obligatoria. Con ello, el partido que fue ganador en Cat en dos elecciones generales, vuelve a ceder su lugar, hoy sumamente anecdótico, a otras formaciones, que saben gestionar más y mejor el olvido de la sociedad.

10- La conjunción de la Ley Mordaza, primera ley iliberal en Esp –no derogada el primer día de Gobierno de coalición a las 9 a.m.; se dice rápido–, con este agravamiento de los desórdenes públicos, y con unos jueces que, sin todo ello, ya han llegado a ese punto, en sentencias como la de Encerclem el Parlament, da miedo, y debería habérselo dado a los autores de la reforma que, aparte de salvar de la injusticia, justamente, a políticos injustos, deberían también haber defendido a la sociedad. La libertad no son cañas de cerveza, ni políticos celebrando cambios legales con cañas de cerveza. Es también una sociedad con el menor contacto posible con el Estado, en el trance de gestionar sus protestas. 

Rovira fue de las pocas personas que sabía que la DUI del 27-O era fake. Y a pesar de ello lloró mientras la leía

11- Todos mintieron por años. Junts y ERC. Mucho. Junqueres y Rovira, los primeros grandes jefes en verse solucionados por la reforma, deberían imprimir ejemplo al respecto, y teniendo en cuenta las mentiras vertidas. Junqueras mintió sobre la pertenencia de una Cat indepe a la UE, sobre la inoperatividad de multas y causas judiciales en la Cat posterior al 1-O, sobre el carácter negativo, catastrófico, de la huida de empresas. Rovira fue de las pocas personas que sabía que la DUI del 27-O era fake. Y a pesar de ello lloró mientras la leía, en modo infanta. No todo el mundo vale para eso. La sociedad ha encontrado desmesurado su castigo. Por lo que, una vez solucionado ese castigo aberrante, esos políticos deberían desaparecer de la política, precisamente por aberrantes. Por mentir. Porque solventar los abusos que sufrieron nos ha supuesto a todos someternos, gracias a otros genios, al abuso del agravamiento de los cargos por desórdenes públicos. Recientemente, no obstante, Junqueras y Rovira han renovado sus cargos en ERC, en modo búlgaro. Pueden ser los líderes con mayor permanencia en el cargo en este partido. Cat vive una crisis ética sin precedentes. La solución a la sedición, deseable, no deja de tener una materialización que habla de esa crisis absoluta, que afecta a la misma idea de autogobierno, a su utilidad, inteligencia y honestidad, tras 10 años sin actividad política, con un Govern actual sustentado en 33 diputados sin actividad política.