El fraude fiscal es un delito que afecta gravemente al conjunto de la sociedad, puesto que tiene una incidencia directa en elementos vitales para el buen funcionamiento de la democracia como la igualdad, la redistribución de la riqueza o la calidad de los servicios públicos. Además, tiene una peculiaridad muy importante: sus perjuicios se agravan conforme aumenta la posición socioeconómica de la persona –ya sea física o jurídica– que lo comete.

Con el propósito de analizar la situación del fraude fiscal en España, el Observatorio Social ‘la Caixa’ ha elaborado un informe centrado en el IRPF, “el impuesto progresivo y redistributivo por excelencia de nuestro sistema tributario”.

Antes de pasar a ofrecer los resultados del estudio, es importante acotar los límites del concepto “fraude fiscal”, que puede hacer referencia a diferentes comportamientos. En este caso, se utilizará una visión amplia que incluye la evasión, el delito clásico de no declaración; la elusión, que hace referencia a la búsqueda de vacíos legales para minimizar el pago de impuestos; y el vaciamiento de la base impositiva, una deficiencia en la normativa fiscal a la hora de valorar la dimensión de la renta a gravar.

Como primer acercamiento al problema del fraude fiscal, la autora explica que, a diferencia de lo que ocurre con los salarios de las clases trabajadoras, las rentas del capital y las generadas por el autoempleo no se encuentran bajo el ojo de las instituciones del Estado. Esa sensación de desatención por parte de las autoridades fiscales puede ser uno de los elementos que provoque que los salarios conformen el 80% de la recaudación del IRPF, mientras que su presencia en la Contabilidad Nacional desciende hasta el 70%.

Esos 10 puntos porcentuales de diferencia señalan directamente hacia un ocultamiento de las rentas del capital y del autoempleo bastante más grave de lo que podría parecer a primera vista, puesto que las mayores fortunas forman parte de ese sector y, por lo tanto, los impuestos que deberían pagar son muchísimo mayores que los que se retienen de las rentas salariales.

Los cálculos llevados a cabo al calor de la investigación arrojan una cifra difícil de digerir: el cumplimiento fiscal en el sector del capital financiero se sitúa entre el 50 y el 60%. Es decir, más de la mitad de las rentas extraídas del ámbito financiero se escapan de los mecanismos de gravamen.

Además, este tipo de rentas tienen una preponderancia muy clara en el fraude por excelencia: la ocultación en paraísos fiscales. Según estimaciones, el tamaño de estas evasiones en el exterior podría alcanzar el 30% del total de las rentas financieras declaradas. De nuevo, es vital enfatizar en que se trata de las grandes fortunas y, por ende, su contribución se traduciría en enormes cantidades de dinero. Para demostrar que esto es así, otro dato: las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían suponer el 61% de las rentas declaradas por el 1% más rico.

En definitiva, el informe demuestra que existe una relación directa entre nivel de renta y fraude fiscal. Cuanto mayor es uno, más probabilidades hay de que se incurra en el otro. Al final, esto se traduce en una pérdida gravísima de recaudación que, en 2017, ascendió hasta los 7.101 millones de euros, un 9% de la recaudación potencial por IRPF durante ese año y un 0,7% del PIB. Para poner en perspectiva las cifras, los presupuestos generales presentados para 2023 prevén un gasto de 7.049 millones de euros en Sanidad.

La buena noticia es que la opinión pública está empezando a no aceptar esta impunidad de las élites económicas: hasta un 70% de la población considera que el fraude fiscal no es justificable, una proporción que ha ascendido desde el 50% a principios de los años 80.