Servidora ya comentó, en el artículo que esta revista tuvo a bien publicar bajo el título “El poder de conocer nuestros derechos”, que  nunca está de más formarse e informarse sobre aquello que nos corresponde.

So pena de parecer pedante, con la que está cayendo (y la que va a caer), tampoco va a sobrar echar un vistazo a la Constitución Española, a la vez que revisamos el correo electrónico y las redes sociales. Al tiempo.

Esta, que lo es, repasa con especial atención nuestra norma fundamental, porque hoy más que nunca cobra sentido para quien escribe estas líneas.

Y no solo para comprender la gravísima quiebra de la separación de poderes que estamos presenciando, sino también para ser conscientes de que no podemos abstraernos totalmente de los hechos que suceden en lo que nos parecen instancias altas y lejanas, porque sorprende ver cómo afecta en mayor o menor medida, a nuestras vidas de ciudadanas de a pie.

Un ciudadano de a pie como el periodista y escritor oscense Moha Gerehou, que además es un hombre negro. Sí, no se me sorprendan, oscense, de la propia Huesca y negro.

Tal día como hoy, pero hace ya más de seis años, Moha Gerehou fue objeto de una subasta pública en la red social Twitter. Sí, no se me sorprendan de nuevo, en esta España nuestra, unos individuos de la peor ralea “subastaron un negro” al más puro estilo racista, pujando por él y representando que premiaban al mejor postor con disponer del cuerpo de Moha Gerehou, como antaño los esclavistas mercadeaban libremente con los cuerpos de las personas esclavizadas. Insisto en que la subasta se llevó a cabo de forma pública y las intolerables pujas, unidas a comentarios racistas, aberrantes y vejatorios, se publicaron a través de tuits a los que cualquier internauta podía tener acceso.

Todavía fue peor de lo que parece. Créanme.

Ante semejante atentado a su integridad física, y moral y como no podía haber sido de otra manera, Moha Gerehou denunció los hechos y se abrieron las diligencias previas correspondientes, para investigar la posible comisión de delitos.

Y resulta que “subastar a un negro”, aparte de ser un acto racista, inmoral e indecente, incurre en la comisión de delitos previstos y penados en nuestro Código Penal.

Así lo ha confirmado recientemente la Audiencia Provincial de Madrid  y lo ha ratificado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, condenando a dos de los tres denunciados, como autores penalmente responsables de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en los artículos 510.2.a) y 3 del Código Penal, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, previsto y penado en el artículo 173.1 del Código Penal.

Ahí es nada.

Los hechos terribles sufridos por Moha Gerehou, su familia y amigos, habrían quedado en un episodio racista impune más, de los muchos que a diario sufren las personas racializadas con rabia y miedo contenidos, como si no estuvieran tipificados como delito en el Código Penal. Y lo están, porque en democracia, el poder legislativo, articulado a través de la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado, decidió que así fuera. Esa misma actividad parlamentaria que se ha visto paralizada por mandato del Tribunal Constitucional, a requerimiento de los conservadores. Tal cual.

De igual modo, Moha Gerehou no habría tenido la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para obtener un mínimo de reparación por el tremendo daño sufrido, si nuestro texto constitucional, aprobado en democracia por las Cortes Generales y ratificado en referéndum por los ciudadanos españoles en 1978, no garantizara en su artículo 24.1 el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; aquel que garantiza obtener la tutela de los jueces y tribunales en el ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Es más, también garantiza la norma fundamental en su artículo 119, la gratuidad de la justicia para quienes no dispongan de recursos suficientes para litigar.

Estos derechos y garantías fundamentales deben ser velados por el Tribunal Constitucional, creado a estos únicos efectos, para ser garante e intérprete supremo de nuestra Constitución, a la que también está sometido para su formación, renovación y funcionamiento. O así era en el momento de escribir esta columna, veremos a ver.

Así las cosas, y en el escenario preocupante en el que nos situamos, entiendo también como fundamental el ser consciente (al menos) de cómo las decisiones de aquellos que elegimos en las urnas pueden marcar aspectos cotidianos y/o difíciles de nuestro día a día.

No hay mayor victoria, ni margen de actuación más amplio, para quienes quieren hacer saltar por los aires el sistema democrático, que la ignorancia de los ciudadanos por hastío de sus dirigentes, la creencia de que estos se encuentran en una esfera situada por encima del bien y del mal o la confrontación entre demócratas; todo ello permite que los que siempre tendremos enfrente, por ilegítimos unos y por indecentes otros, cabalguen rápido mientras otros ladran.

Como cualquier ciudadano que respeta el sistema y las decisiones judiciales, al periodista y escritor Moha Gerehou aún le queda esperar que la sentencia que condena a quienes hace más de seis años atentaron contra su integridad, se convierta en firme.

Servidora, también como una ciudadana más, permanece atenta y a la espera de que se solventen los ataques de los que está siendo objeto nuestro sistema democrático; el único sistema que con todos su fallos, otorga un mínimo de dignidad a sus ciudadanos.

Que no desvíen nuestra atención de lo fundamental. Por favor y gracias.