Con motivo de la Semana de Lucha contra la Pobreza Energética (del 17 a 23 de febrero de 2023), un equipo investigador del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) de BC3 ha publicado un estudio que formula una serie de indicadores para cuantificar la pobreza relacionada con el transporte en España. El análisis de esta problemática es fundamental, porque la falta de recursos para cubrir los gastos de movilidad puede limitar necesidades básicas como el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad o a participar de forma plena en la sociedad.

Si bien existen diferentes métricas y criterios, en general se considera que un hogar o individuo está en situación de vulnerabilidad si dedica más del 10% de sus ingresos al transporte, ya sea este público o privado. También se puede considerar a un hogar especialmente vulnerable si la proporción de gasto que dedica a satisfacer sus necesidades de movilidad está por encima del doble de la media nacional. Por último, otro de los criterios aplicables considera que un hogar se encuentra en una situación de vulnerabilidad al transporte si cumple simultáneamente con dos condiciones: a) su renta disponible después de restar los gastos de vivienda y transporte se encuentra por debajo del umbral de la pobreza (en España se fija en el 60% de la mediana nacional) y b) su gasto de transporte es superior a la mediana nacional de gasto.  

Los resultados del estudio mencionado revelan que para entre el 10 y el 14% de la población española el gasto en transporte supone una carga excesiva y para el 2-4% de la población, unos 500.000 hogares, los recursos que deben destinar a la movilidad los sitúan en un contexto de vulnerabilidad severa. Todos los indicadores muestran que los hogares rurales son significativamente más sensibles que los urbanos, ya que tienen mayor necesidad de movilidad y encuentran menos alternativas al transporte privado.  

Los hogares rurales son aquellos que viven en áreas diseminadas, en contraposición a los hogares urbanos, que se sitúan en áreas más densamente pobladas. Existe un amplio debate sobre el impacto de la transición energética en los hogares rurales ya que tienen diferentes necesidades energéticas y una mayor dependencia de los combustibles para el transporte privado. Estos hogares experimentan al mismo tiempo mayores necesidades de movilidad y una falta casi total de alternativa al transporte privado. La falta de accesibilidad dificulta que las personas que viven en zonas rurales participen en igualdad de condiciones en las actividades cotidianas, lo que puede contribuir a la desventaja o incluso a la exclusión social. Según algunos estudios, la tasa de hogares vulnerables al transporte en entornos rurales sería cuatro veces mayor que la de los hogares urbanos. Para afrontar el reto demográfico y diseñar políticas que contribuyan a garantizar una transición energética justa, es importante analizar las desigualdades territoriales en materia de vulnerabilidad al transporte. 

Otra dimensión relevante con respecto a la pobreza de transporte es la dimensión de género. Las mujeres dependen en mayor medida del acceso al transporte público debido a los menores niveles de propiedad de vehículos privados. Además, si bien no se ha podido estudiar a fondo, se sospecha que existen bolsas de “pobreza oculta” entres las mujeres que generan una menor movilidad por la incapacidad para pagar el transporte, y, en consecuencia, redundan en la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres con respecto a los hombres. 

Cabe concluir que en el contexto actual de transición energética, con la elevada inflación y los precios del combustible al alza, es especialmente importante identificar tanto a los hogares como a las personas individuales especialmente afectados por la vulnerabilidad al transporte para poder diseñar políticas eficaces que permitan mitigar los efectos adversos de esta falta de accesibilidad.