La ONG Save the Children ha publicado un informe titulado Aquí no hay quien viva, en el que analiza los efectos de la crisis de la vivienda en la infancia.  

Destaca que casi el 9% de los hogares con menores dependientes experimentan en España una situación de sobrecarga en la vivienda (es decir, tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a mantenerla, incluyendo gastos y suministros). Es el doble de la media de la Unión Europea y, entre los 27 Estados miembros, solo Grecia y Bulgaria registran niveles más altos.

España también es el tercer país de la UE con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago de la vivienda (6,5%). El problema es más acuciante en el caso de los hogares con menores: el 8,4% de ellos han experimentado esa situación. Es casi el doble de la media de la Unión.

Los hogares con menores que viven de alquiler sufren especialmente estas dificultades: según datos del INE, el 40% de ellos dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. El informe apunta que disfrutar de un alquiler social no libera necesariamente de la sobrecarga: un 20% de las familias en esta situación la sufren. Entre los hogares con menores que pagan una hipoteca, la proporción llega al 10%. Por supuesto, existen también hogares que son propietarios de su vivienda o bien han obtenido su cesión gratuita.

El 70% de los que alquilan a precio de mercado dedica una proporción excesiva de sus ingresos al pago de la vivienda

El problema de la sobrecarga es mayor entre los hogares que viven de alquiler y se sitúan por debajo del umbral de la pobreza: el 70% de los que alquilan a precio de mercado dedica una proporción excesiva de sus ingresos al pago de la vivienda. Los alquileres sociales o por debajo del precio de mercado no solucionan el problema: el 35% de los hogares por debajo del umbral de la pobreza que pagan este tipo de alquileres también sufren sobrecarga por ello.

Los hogares que experimentan sobrecarga con más frecuencia son aquellos formados por una persona adulta y al menos un niño o niña (un 44% de ellos tiene un gasto excesivo en vivienda), seguidos de aquellos con dos adultos y tres o más niños (26,3%).

El informe recuerda que la causa fundamental de esta situación es un aumento de los precios de la vivienda que no ha ido acompañado de un aumento de los salarios.

La comunidad autónoma de Baleares es la que ha experimentado un mayor aumento del precio de los alquileres desde 2015 y también aquella en la que más hogares con menores experimentan sobrecarga (más de un 30% de ellos). El informe sugiere que las presiones provocadas por los alojamientos turísticos han influido en esta situación. Canarias, Asturias, Andalucía y Madrid también registran altos porcentajes de familias con sobrecarga, mientras que el problema es menos frecuente en Castilla y León, Navarra o Aragón.

Más allá de los altos precios, el informe se fija en las condiciones en las que se encuentran las viviendas de las familias. Señala que un 20% de los niños y niñas de España viven en hogares con goteras, humedades y podredumbre. El 7,2% habita en hogares que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad. Y el 13,1% sufre la “pobreza energética” y, por lo tanto, no puede mantener su vivienda a la temperatura adecuada.

Solo el 16% de los hogares que padece temperaturas inadecuadas en invierno y retrasos en las facturas disfruta del bono social eléctrico

Los niños, niñas y adolescentes que viven en casas con humedad o moho tienen un elevado riesgo de desarrollar asma, así como otros problemas de salud en la infancia. Diversos estudios han encontrado también relaciones entre la calidad de la vivienda y los resultados escolares y el comportamiento. La pobreza energética produce un aumento de los problemas respiratorios, además de estrés y dificultades de salud mental.

Solamente el 16% de los hogares que padece temperaturas inadecuadas en invierno y retrasos en las facturas disfruta del bono social eléctrico, según una encuesta realizada por el INE en 2021.

Por último, la fundación FOESSA estima que el 4,3% de los hogares españoles habitan una vivienda “en precario”, en situación de inseguridad y riesgo de desahucio.

En 2022, se practicaron más de 35.000 desahucios en nuestro país. La mayor parte de ellos, más de 27.000, se debieron al impago del alquiler, y el resto al impago de cuotas hipotecarias.

El informe propone una serie de medidas para hacer frente a esta situación. Entre ellas, la ampliación del parque de vivienda social (muy por debajo de la media europea), mayor protección de los niños ante los desahucios, ampliación y automatización de las ayudas públicas a hogares vulnerables (con especial atención a los hogares monomarentales, los que más sufren la sobrecarga) o inversiones para mejorar la calidad del parque de viviendas.