Una aplicación que sirve tanto para realizar pagos como para registrarse en una red social. O mostrar certificados de vacunación, confirmar la mayoría de edad al comprar alcohol e, incluso, compartir diplomas educativos y el historial médico. En la cartera digital que impulsa la Unión Europea se podrán almacenar documentos e información tan diversa como las entradas para un concierto o el pasaporte, pasando por tu sueldo, estatura, recetas médicas o antecedentes penales. La cartera digital pretende reunir en una sola aplicación móvil toda aquella información que se pueda requerir en el día a día. Para acelerar trámites e impulsar la economía. Se espera que el año que viene el sistema esté disponible en todos los Estados miembros. 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo anunciaba así en 2020: “La Comisión propondrá una identidad electrónica europea segura. Una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo.” El objetivo es que en 2030 el 80% de los europeos utilice la cartera. 

Tras la propuesta presentada por el Parlamento Europeo, se espera que este año concluyan las negociaciones con los Estados miembros, posiblemente bajo la presidencia de España, durante la segunda mitad de 2023. A pesar de que el proyecto apenas ha recibido atención fuera de los ámbitos especializados, algunas voces alertan de que, sin suficientes garantías, la cartera digital podría poner en peligro la información personal de los ciudadanos y provocar un incremento de las identificaciones y los controles. 

“La naturaleza ubicua de este sistema crea una situación de panóptico en la que gran parte de nuestro comportamiento diario puede ser observado”, advierte Thomas Lohninger, director de epicenter.works, una organización ubicada en Viena y que tiene como objetivo la defensa de los derechos digitales. La particularidad de la cartera digital es que establece un solo sistema mediante el que acceder a toda clase de servicios, para los que ahora utilizamos diferentes métodos de identificación. Esto supone que gran parte del comportamiento diario, desde acceder al correo electrónico hasta comprar tabaco, pueda ser potencialmente rastreable. 

Por ello Lohninger aboga desde su organización para que el sistema no sea capaz de recopilar datos sobre los usuarios. “No debe existir la posibilidad de observar las transacciones. Esa es una de nuestras demandas centrales”. Aunque Lohninger reconoce que esta exigencia será difícil de conseguir, recuerda que esto sí se logró en 2021 cuando se introdujo el certificado covid europeo. Él participó en el borrador de la ley y la exigencia de que la aplicación no registrara los controles se mantuvo en el diseño final. 

Esta, sin embargo, no es la única amenaza para la privacidad, pues tanta información sensible centralizada en un mismo lugar puede llegar a ser especialmente vulnerable. “Estamos creando una superficie de ataque que incluye los datos financieros, médicos y la identidad de cientos de millones de personas de algunos de los países más ricos del mundo”, alerta Lohninger. Aquellos agentes interesados en adquirir esos datos tendrán que acceder a un solo sistema, al contrario que ahora donde la información está dispersa y descentralizada. Otro riesgo, además, es que si toda clase de transacciones dependen de una sola aplicación, si el sistema cae o es atacado, el bloqueo social y económico puede ser descomunal, señala Lohninger. 

Aquellos interesados en adquirir esos datos tendrán que acceder a un solo sistema, al contrario que ahora donde la información está dispersa y descentralizada

“Los teléfonos inteligentes no están hechos para guardar este tipo de información sensible con suficiente seguridad. Existe por tanto un gran riesgo de que haya accesos fraudulentos y fugas”, explica Patrick Breyer, eurodiputado por el Partido Pirata alemán. Desde el Parlamento Europeo, Breyer defiende que el sistema incluya garantías para proteger la información y el derecho al anonimato de los ciudadanos. Por ello, el código del software debe ser abierto, reclama Breyer, para que cualquier vulnerabilidad en el sistema pueda ser revelada a tiempo. 

Otro peligro inherente a la cartera digital es que, al hacer tan sencilla la entrega de datos personales, tanto el Estado como las empresas puedan exigir identificaciones donde ahora accedemos de forma discreta. “Las compañías son libres para pedir cualquier información a una persona y todo el que ha rellenado un formulario sabe que se suelen pedir muchos más datos de los necesarios”, recuerda Lohninger. Por ello el experto alerta sobre “escenarios de sobreidentificación”, donde cualquier tipo de entidad pueda aprovechar la cartera digital para realizar controles y acceder a la información.

“Es un gran peligro que compartir datos se vuelva tan fácil. Las empresas tratarán de recopilarlos. Normalmente, cuando rellenas un formulario, das la información que quieres sin que esta esté verificada. Este sistema puede cambiar eso, pues la información que se comparta estará tan verificada como tu pasaporte”, avisa Breyer. El eurodiputado recuerda que el derecho al anonimato, tanto en línea como presencial, es fundamental para la seguridad de minorías y activistas políticos. 

La cartera digital reunirá una cantidad insólita de información que se podrá compartir de forma inmediata. Ambos expertos señalan que esto puede suponer un incremento de las identificaciones. Sin necesidad de aventurarse a escenarios distópicos, es fácil imaginar cómo esta herramienta puede dar pie a nuevos controles y formas de discriminación. Si durante la pandemia descubrimos que es posible prohibir la entrada de personas sin vacunar, en el futuro, la información almacenada en la cartera creará la posibilidad de nuevas arbitrariedades. Podría haber lugares que exijan ciertas características inmunológicas o, quizá, tu historial penal. 

Aunque la Comisión Europea defiende el proyecto como una forma de dar más poder a los ciudadanos frente a las grandes compañías tecnológicas, lo cierto es que muchas de estas empresas desarrollan sistemas similares y ejercen presión para digitalizar y centralizar toda clase de transacciones. El lobby ID2020, creado por empresas como Microsoft, Mastercard o Facebook tiene como objetivo crear identidades digitales para “mil millones de personas en el mundo”, “empezando por las poblaciones refugiadas”, según una nota de prensa de Microsoft.

Aunque aún se sabe poco sobre qué compañías desarrollarán finalmente la cartera digital europea, algunas empresas ya han anunciado su participación. Thales, la multinacional tecnológica dedicada a defensa y seguridad, y que provee a Europa con la tecnología para vigilar sus fronteras, será parte del consorcio encargado del programa piloto. La americana Visa participará en el desarrollo de las funciones bancarias de la cartera.

Sabemos que cuando una herramienta se generaliza quien no la posee acaba en desventaja a la hora de acceder a servicios o derechos

Según la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo, y que ahora se negociará con la Comisión y el Consejo, el uso de la cartera digital será voluntario. Una manera de evitar la discriminación de aquellos ciudadanos que, por ejemplo, no dispongan de un teléfono inteligente. Pero la capacidad de elección, en la práctica, quizá no sea tanta, pues sabemos por experiencias anteriores que cuando una herramienta se generaliza, quien no la posee acaba en desventaja a la hora de acceder a servicios o derechos. No es obligatorio, por ejemplo, tener una cuenta bancaria electrónica pero, en realidad, no tenerla supone la exclusión de muchos servicios.

A pesar del inexistente debate público, el desarrollo de la cartera digital europea está en plena marcha y, según los objetivos del Consejo Europeo, su implantación deberá comenzar próximamente. “Te prometo que en tres años todo el mundo hablará de la cartera. Pero ahora mismo, cuando estamos a tiempo de decidir sobre este proyecto, casi nadie le dedica atención”, se lamenta Lohninger. El experto cree que el resultado final, las garantías y derechos que el proyecto incluya, dependerá de la atención mediática y social que reciba. Empecemos ahora por explicarlo para, después, preguntarnos el para qué y, sobre todo, a qué precio estamos dispuestos a perseguir un ideal de eficiencia.