Nadie llora por nosotras. O casi nadie. En 2013, el personal de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), los medios públicos gallegos, no aguantaba más. En una asamblea dominada por la indignación ante el tratamiento informativo de los casos de corrupción política de aquel momento, se decidió que la solución pasaba por denunciar desde dentro la situación de forma constante. Se quería transmitir a la sociedad que no estaba todo perdido, que en la CRTVG hay profesionales comprometidas dispuestas a denunciar que las reglas del juego no se cumplen. Han transcurrido diez años en los que hemos visto pasar desde un blog de denuncia (Eunonmanipulo, que llegó a publicar en dos años más de 800 ejemplos de manipulación informativa en la Televisión de Galicia y en la Radio Galega), paros de dos horas, jornadas de huelga (en mayo habrá otras dos) y manifestaciones, incluidas concentraciones de protesta ante el Parlamento de Galicia y ante el Senado. También la constitución del colectivo Defende A Galega y sus casi 258 venres negros. ¡258! concentraciones de personal con camisetas negras, que han exhibido como muestra de solidaridad cientos de personajes públicos. 

La maldita sensación es que estamos peor que nunca y que nadie, o casi nadie, llora por nosotras, porque han conseguido domeñar el sistema de medios hasta quitarle trascendencia y repercusión a la disidencia, a las “alborotadoras”, a las trabajadoras que protestan cada viernes desde hace cinco años de forma ininterrumpida y a las que la dirección les niega representatividad. “Si ocurriese en TV3, apareceríamos en las principales cabeceras de Galicia”, se escucha por los pasillos de los medios públicos. Nadie llora por la CRTVG. 

La situación es delirante. Censura, autocensura, prácticas sistemáticas de manipulación, vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión (tal y como reconoció en una sentencia el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), injerencias políticas y desmantelamiento de recursos. Siguen sin reabrirse las delegaciones de Pontevedra y Ferrol, cerradas hace 13 años, y las que se mantienen se están vaciando de contenidos. Hay más: trato degradante e irrespetuoso hacia trabajadoras de larga y reconocida trayectoria y humillación personal y laboral. ¡Castigos a las levantiscas! “Prefieren gente dócil y sin criterio”, dijo la periodista Mayte Cabezas, una de las últimas trabajadoras represaliadas, en una celebrada entrevista antes de la jornada de protesta ante el edificio del Senado. 

Siguen sin reabrirse las delegaciones de Pontevedra y Ferrol, cerradas hace 13 años, y las que se mantienen se están vaciando de contenidos

Las profesionales son las primeras víctimas de la precarización. La diputada socialista Noa Díaz denunció que “la situación de precariedad laboral en la CRTVG es endémica. Necesita de una solución inmediata porque hay problemas estructurales serios que afectan a la calidad del servicio”. 

La junta de gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia lleva tiempo difundiendo –la última vez en marzo– las numerosas quejas y solicitudes de amparo recibidas por culpa de los traslados forzosos del personal entre los diferentes puestos de la Corporación. Una semana antes la dirección había anunciado limitaciones para la celebración de asambleas en las instalaciones de la CRTVG. 

Pese a las precarias condiciones de trabajo y a la degradación de los derechos laborales básicos (la CRTVG acumula más de 400 sentencias por uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal y cesión ilegal de trabajadoras), la víctima principal es la confianza ciudadana en sus medios de comunicación. No hay share que aguante esta deriva, por mucho que el presidente Rueda, y antes el presidente Feijóo, amparen y justifiquen la práctica diaria de la manipulación con los porcentajes de audiencia, que lo que certifican más bien es la profesionalidad, pese a todo, de la gente de la CRTVG. La portavoz del comité intercentros, Raquel Lema, asegura que “no es una cuestión estrictamente laboral, como defiende la dirección de la Corporación, sino que afecta al conjunto de la población y a su derecho a la información”.

El colectivo Defende A Galega afirmaba en marzo de 2022 que “la Radio Galega y la Televisión de Galicia están cada vez más lejos de contribuir a la formación de una opinión pública plural y más atentas a guiarla hacia una opción política concreta”. Este colectivo recibió en 2019 el premio Xosé Couso de Libertad de Prensa, creado por el Colexio de Xornalistas y el Club de Prensa de Ferrol, y concedido mediante votación entre los mil profesionales colegiados. Los Telexornais omitieron la noticia y el director general lo justificó en sede parlamentaria. “Entre la protección del legítimo derecho a la información y la protección de la marca y de la reputación de la propia organización de la CRTVG se tomó en consideración esta última”, dijo el máximo responsable de esa organización. Una forma involuntaria de demostrar que el galardón estaba más que justificado.

Alfonso Sánchez Izquierdo (Sidi Ifni, 1949) irrumpió en la dirección general de la CRTVG en 2009, un mes y doce días después de acceder Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta de Galicia. Aquella elección no fue votada en el Parlamento, pese a las reiteradas exigencias en esa dirección del PP al anterior gobierno de coalición de PSOE y BNG. “Feijóo puso a dedo a Sánchez Izquierdo en 2009 y fue prorrogado en el cargo ad vitam aeternam a través de una ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Xunta aprobada en 2015, un subterfugio legal que tanto vale para modificar casi por completo la ley de montes como para blindar al director general de la CRTVG en su cargo en contra de lo que dice la propia ley”, denunció la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Olalla Rodil. Feijóo vuelve a formular ahora esas mismas exigencias como jefe de la oposición en Madrid.

Galicia ha legislado sus propias soluciones para asegurar la independencia de sus medios, garantizar el pluralismo y el consiguiente acceso universal a la información y crear un entorno favorable y amable para el desarrollo y consolidación de unos medios públicos que ayuden a la articulación de una sociedad democrática y diversa. Pero todo ha quedado en papel mojado. Después de años de iniciativas, promovidas desde el Colexio de Xornalistas hasta por las decenas de miles de firmas precisas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular, y como consecuencia de deliberaciones de comités de expertos, dos años después de la llegada de Sánchez Izquierdo, se aprobó la llamada Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. La aprobaron en comisión las tres fuerzas parlamentarias, PP, PSdeG y BNG, aunque finalmente el BNG retiró su apoyo en la cámara. “Una ley muy cumplida”, según defendió en sede parlamentaria el director general de la CRTVG. “Es verdad que hay tres aspectos claves que no se han cumplido”, se contradijo Alfonso Sánchez ante los miembros de la comisión de control. Una ley criticada por las profesionales de la CRTVG en el llamado Telexornal do Toural, un informativo a pie de calle organizado por el comité de empresa para denunciar que el texto, por aquel entonces en fase de elaboración, abría la puerta a la privatización de la parrilla y dejaba en manos de los políticos el diseño y el funcionamiento del Consello de Informativos. Un órgano que debería velar por la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad de los servicios informativos. Tampoco se cumple que la elección del director general de la compañía se haga con la aprobación de los dos tercios de los votos del Parlamento, y que su mandato no se solape con el del gobierno.

Doce años después, el porcentaje de producción propia cae ejercicio tras ejercicio y no hay rastro ni del Consello de Informativos ni del Estatuto Profesional. En noviembre de 2018, el director general comentó en el Parlamento que el Consejo de Administración trabajaba en el borrador. Justo un año después, en noviembre de 2019, la diputada del Partido Popular Raquel Arias confirmó que se trabajaba en la puesta en marcha de un Consello de Informativos que funcione de verdad y con total independencia, no al estilo del de RTVE. La nostálgica oposición echa de menos unos medios públicos sesgados que estén al servicio de sus ideas, como aquella CRTVG del bipartito PSOE-BNG. Mientras se avanza desde hace cuatro años y medio en el borrador del Consello de Informativos y del Estatuto profesional, la labor que deberían llevar a cabo estos órganos la suplen voluntariosas profesionales y el propio comité de empresa.

¡Catorce años de sanchezizquierdismo! Va a ser muy duro recuperar los medios públicos o lo que quede de ellos cuando el veterano periodista ourensano abandone la planta noble de San Marcos, sede de la Corporación. Es un director general que debería haber sido sustituido hace ya cuatro años. Según se recoge en el artículo 23.3 de la ley “muy cumplida excepto en tres asuntos claves”, “el cargo de directora o director general tendrá una duración de cinco años, y podrá ser reelegida o reelegido en el cargo una vez por un período de idéntica duración”. Y añade en el artículo 23.4, “agotado el mandato, la directora o director general continúa en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de la nueva persona elegida para el cargo”. Y en esas estamos. Las cuentas no le salen al Partido Popular, que para elegir sucesor o sucesora de Sánchez Izquierdo necesitaría 50 apoyos en primera votación y 45 en segunda votación. El PP tiene 42 diputados. ¿Con quién pactar la sucesión? Ahora mismo parece imposible el acuerdo.

El relevo, sin embargo, llegará más temprano que tarde y el guía espiritual y brazo ejecutor de esta degradante situación se retirará definitivamente a sus cuarteles de invierno. Nos imaginamos con alborozo el día en el que la CRTVG tenga la oportunidad de rectificar el mal paso de estos largos años de sanchezizquierdismo, una travesía en el desierto que ha llevado a los medios públicos de Galicia a perder su condición fundacional de pilar básico de la sociedad. Tampoco nadie llorará por su él ni por su legado. O casi nadie.

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Alfonso Hermida es periodista y redactor de la TVG, actualmente en excedencia.